José Luis Soberanes Fernández, titular de la CNDH, durante la conferencia de prensa que ofreció ayer Foto: Cristina Rodríguez El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, "tiene responsabilidad directa en las violaciones a derechos humanos cometidas por policías ministeriales, la ex procuradora y servidores públicos estatales durante el conflicto magisterial y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), porque de él dependen la procuraduría estatal y la Secretaría de Seguridad Pública" de la entidad, aseveró ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández. El ombudsman subrayó que deben ser el Congreso local, el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que investiguen la responsabilidad del gobernador en el conflicto. El titular de la CNDH presentó ayer de manera pública la recomendación 15/2007, relativa a las violaciones de derechos humanos en contra de maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca e integrantes de la APPO por policías ministeriales, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), militares, agentes del Ministerio Público, la ex procuradora, directores de penales y otros funcionarios estatales. La recomendación se turnó al presidente de la mesa directiva del Senado, a los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Educación Pública y Seguridad Pública, así como al gobernador del estado y a 19 presidentes municipales de esa entidad. Las graves violaciones de derechos humanos incluyen tortura, homicidio, irregular integración de averiguaciones previas, dilación en la procuración de justicia, ataques a la propiedad privada, afectación a la integridad física, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, incomunicación y ataques a la libertad de reunión, entre otras. Soberanes Fernández destacó que como los hechos ocurrieron en el gobierno de Vicente Fox, la administración de Felipe Calderón "no tiene por qué cargar con ellos. Más le vale al gobierno actual, en ese sentido, entrar en limpieza, aceptar la recomendación y proceder jurídicamente en contra de los responsables, porque yo no le vería caso a tratar de solapar a las autoridades del anterior régimen". El ombudsman puntualizó que durante varios meses del año pasado la población de Oaxaca sufrió serios atentados contra sus derechos humanos: "primero, la pasividad gubernamental y después las acciones desproporcionadas de algunas autoridades generaron un ambiente en el que la ciudadanía se vio atrapada por la violencia política, sin que se le otorgara la seguridad que es el deber primario de cualquier Estado proporcionar". Y acusó: en el desalojo del 14 de junio de 2006 se transgredió el derecho de reunión en agravio de integrantes sección 22 del SNTE por el ejercicio indebido de autoridad del director de Seguridad Pública del estado. "El desalojo se efectuó a las cuatro de la mañana, mientras los maestros dormían". Dio cuenta de que 162 personas fueron detenidas arbitrariamente por policías ministeriales de Oaxaca y elementos de la PFP; 157 fueron retenidas de manera ilegal por agentes preventivos y elementos de la corporación federal. Los agentes del Ministerio Público que intervinieron en la integración de las averiguaciones previas incurrieron en violaciones en los casos de 152 personas; 141 estuvieron incomunicadas por elementos de la PFP y autoridades de los penales de Tlacolula y Miahuatlán. Denunció que 50 personas fueron detenidas el 29 de octubre, el primero y el 2 de noviembre de 2006 por elementos de la PFP y fueron retenidas en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 15, en San Juan Bautista la Raya, Xoxocotlán, Oaxaca. Noventa y ocho más presentaron lesiones "que no correspondían a mecanismos de disuasión, sujeción o sometimiento; los responsables fueron elementos de la PFP, policías ministeriales y preventivos de Oaxaca; 13 personas fueron torturadas por elementos de la primera corporación y agentes de los otros dos cuerpos. Soberanes resumió: la sociedad, en general, vio trasgredidos sus derechos a la información y la libertad de expresión por acción u omisión, debido a un ejercicio indebido de la función pública imputable a agentes policiacos. Además, subrayó, la ex procuradora de Oaxaca trasgredió los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las poblaciones de los municipios de Oaxaca y áreas conurbadas. En el caso del homicidio del periodista Bradley Roland hubo irregular integración de la averiguación previa, se observaron anomalías en interrogatorios superficiales o no realizados, diligencias inoportunas o erradas y una consignación endeble. El presidente de la CNDH solicitó que se giren instrucciones para que las instalaciones militares no sean utilizadas para retener a civiles señalados como probables responsables de cometer actos ilícitos que no corresponden al fuero militar. A los titulares de Defensa y Marina les solicitó que proporcionen, cuando les sea solicitada, información veraz y oportuna. Al gobernador se le recomendó "iniciar procedimientos administrativos contra funcionarios de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado; iniciar averiguaciones penales contra servidores de la procuraduría estatal y de la Secretaría de Protección Ciudadana. "Iniciar procedimiento administrativo contra Lino Celaya, porque cuando fue secretario de Protección Ciudadana violentó los derechos humanos de 141 personas, al enviarlos al penal de Nayarit, y contra la ex procuradora Lizbeth Caña, por dilación en la procuración de justicia, y si hay delito, iniciarle averiguación previa". |
APPO: el ombudsman se quedó corto
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Oaxaca, Oax., 24 de mayo. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a garantías individuales que perpetraron policías federales y estatales "se quedó corta", porque debió realizar una investigación más amplia para documentar todo lo sucedido durante la jornada de lucha del magisterio y del pueblo, "la cual no ha concluido todavía", afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz dijo aceptar la recomendación de la CNDH, y destacó que analizará con los integrantes de su gabinete los señalamientos, con el propósito de investigar a fondo los hechos y, en caso de alguna responsabilidad, "aplicar todo el peso de la ley" a los servidores públicos responsables.
En entrevista, Ulises Ruiz sostuvo que antes de que se emitiera la recomendación se reunió con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, para expresarle su "absoluta disposición" a realizar una indagatoria puntual sobre los acontecimientos.
Sin embargo, advirtió que no comparte los señalamientos sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos "cuando son politizadas". Aseguró que "todas las áreas de mi gobierno están abiertas a facilitar lo necesario para que se investiguen los acontecimientos y se proceda conforme a derecho. Pero si no hubiera responsabilidades, pues que queden las cuestiones objetivamente vistas y no politizadas".
De su lado, el portavoz de la APPO expuso que el ombudsman evidenció la "actuación autoritaria y fascista" del ex presidente Vicente Fox Quesada; del ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza y del ex secretario de Seguridad Pública Federal, ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así como "del tirano" Ulises Ruiz Ortiz "y sus cómplices", por "mandar a detener y encarcelar injustamente, y sobre todo a matar a alguien" tan sólo "por pensar diferente y no postrarse a sus designios.
"Son múltiples violaciones a los derechos humanos y evidentes los delitos que cometieron los policías federales y estatales para reprimir a un movimiento social que lo único que quiere es un mejor Oaxaca", asentó.
Ante esto, exigió que las recomendaciones sean atendidas "y se castigue a los responsables de los delitos de lesa humanidad" cometidos en contra del pueblo oaxaqueño. "Tienen que ser castigados e ir a prisión, porque son unos criminales, no como los 26 compañeros que aún están en las cárceles", remarcó.
Sin embargo, discrepó de la recomendación de la CNDH por reportar solamente a 12 de 27 fallecidos y ninguna persona desaparecida durante el conflicto político social, así como por atribuir toda la responsabilidad al gobierno de Fox Quesada, dejando de lado a Felipe Calderón.
"Lamentablemente no dio cuenta de todas las víctimas, de los 30 desaparecidos y de otros tantos exiliados, a pesar de los testimonios y pruebas entregadas a la CNDH, las cuales también fueron dadas a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que sí las reconoció", asentó.
Sobre Calderón, declaró que "también es responsable, porque la sangrienta represión del 25 de noviembre fue decidida ya por él y su gabinete de seguridad".
López Martínez también llamó a los turistas nacionales e internacionales a cancelar sus boletos para las presentaciones de la Guelaguetza, que se llevaría a cabo en julio próximo y es organizada por el gobierno estatal, porque será boicoteada, y los convocó a asistir al festival popular alternativo, al cual han convocado la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la APPO, el cual será gratuito.
En tanto, el presidente de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco Marqués, demandó a los tres niveles de gobierno garantizar la celebración de las festividades de la Guelaguetza, por ser "inaceptable que un reducido grupo de personas atente contra las tradiciones".
Señaló que el año pasado, por el conflicto político social en Oaxaca, la cifra de visitantes bajó a un millón 892 mil, cuando en 2005 se había recibido a 2 millones 100 mil turistas.
Mientras tanto, el secretario de Justicia y Seguridad del "gobierno legítimo" de México, Bernardo Bátiz, se comprometió a explorar la posibilidad de que el Gobierno del Distrito Federal "reciba, mientras dura el proceso penal, a los presos de la APPO que están dispersos en (diversos) reclusorios (del país), los cuales han sido maltratados". La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra de Piedra, propuso que las violaciones a las garantías individuales de los detenidos se denuncien ante organismos internacionales.
