Critica AMLO a Gordillo por regalar 59 Hummers; Calderón, rehén de la maestra

■ El titular del Ejecutivo, incompetente ante la crisis, señala; demanda espacio a Televisa

Rosa Elvira Vargas (Enviada)

La Jornada

Tangamandapio, Mich., 12 de octubre. Convencido de que México “atraviesa ya una de las peores crisis de su historia”, frente a la cual Felipe Calderón Hinojosa “no tiene capacidad ni tamaños”, Andrés Manuel López Obrador alertó que se mantiene la pretensión de privatizar la industria petrolera nacional. Y desde aquí solicitó también a la empresa Televisa le abra tiempo para exponer a los mexicanos su visión sobre la situación que vive el país.

“Estoy seguro de que cuando llegue de regreso al Distrito Federal tendré ya la respuesta a mi solicitud”, afirmó.

En cada plaza donde estuvo este domingo, el político tabasqueño criticó acremente a Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por regalar a los dirigentes seccionales del gremio 59 lujosas camionetas Hummer. Consideró que se trata de una muestra de “gran inmoralidad”, y a ella la definió de “cínica y prepotente”.

Explicó el proceder de Gordillo: al haber ayudado “a la realización del fraude electoral en 2006, tiene agarrado a Calderón; es su rehén y él en pago le ha entregado la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Lotería Nacional y el ISSSTE”.

Acusó que la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, sólo es un “florero, un adorno”, y realmente no dirige la educación.

Frente a simpatizantes de Cotija, Villamar, Chavinda, Jacona, Tangancícuaro y el propio Tangamandapio, López Obrador simplemente cerró toda posibilidad al gobierno federal de resolver la debacle económica que se avecina porque, aseveró, está lleno de “pirruris inexpertos”, que están en el cargo sólo porque juegan futbol y disfrutan “momentos de esparcimiento” con Calderón.

Resaltó que la crisis toma a México en un momento particularmente vulnerable, pues ya antes del estallido del problema financiero en Estados Unidos, el país tenía el menor crecimiento económico del continente, aun debajo de Haití, y aseguró que “a nosotros esta crisis no nos hubiese agarrado tan debilitados si no nos hubiesen robado la Presidencia”.

Aseguró que sólo del movimiento que encabeza “depende que podamos sacar al pueblo de la pobreza y la marginación”.

México se está hundiendo, señaló, “porque no se han hecho los cambios requeridos, y no se harán tampoco”.

De nuevo llamó “burro y pelele” a Calderón Hinojosa. “No se le puede llamar de otra manera; no es para insultarlo. Lo conozco de cerca; sé que no tiene capacidad. Y no digo mentiras, por eso no han podido destruirnos”.

Leer màs

Maestros de Oaxaca se enfrentan a granaderos afuera de Gobernación

de la redacción

* Instalan un plantón permanente frente a la dependencia

México, D.F., 3 de marzo (apro).- Dispuestos a enfrentar el cacicazgo de Elba Esther Gordillo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación maestros de la Sección 22, de Oaxaca, protagonizaron un enfrentamiento con granaderos cuando intentaban llegar a la sede de la dependencia.

La policía capitalina informó de la detención de Fernando Mendoza López.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), los manifestantes llegaron desde temprana hora, derribaron las vallas metálicas y las utilizaron de manera horizontal contra los granaderos, para avanzar hacia el inmueble de Gobernación.

Mendoza López, de 49 años de edad, quien dijo pertenecer a la Sección 22 del magisterio, fue señalado como quien instigaba a sus compañeros desde el equipo de sonido instalado en una camioneta, con placas de Oaxaca, para abrirse paso con las estructuras metálicas.

Mendoza López fue remitido a la 50 agencia del Ministerio Público.

Asimismo, los maestros instalaron un plantón permanente frente a la Secretaría de Gobernación, hasta que la dirigente sindical emita la convocatoria para la renovación del comité seccional.

Los manifestantes acusaron a la presidenta del SNTE del paro de labores en 13 mil 500 escuelas del estado de Oaxaca.

La víspera, maestros disidentes aprobaron la creación de una junta nacional de gobierno sindical que aglutine a los opositores de la lideresa, e iniciar la batalla “decisiva” por la democratización del gremio.

Reunidos en el Tercer Encuentro Nacional de Dirigentes del SNTE, al que asistieron líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Distrito Federal, valle de México, Chihuahua y Morelos, entre otros, se acordó organizar un congreso nacional de bases que permita formar un órgano de gobierno que represente los intereses de la base magisterial.

Entre los acuerdos destaca la solicitud de una auditoría de los recursos económicos otorgados al Sindicato magisterial mediante programas de apoyo y capacitación para los docentes, entregados a Gordillo por la Secretaría de Educación Pública (SEP), de lo que, aseguraron, “nunca ha rendido cuentas”.

Artemio Ortiz Hurtado, líder de la Sección 18 del SNTE en Michoacán, aseguró que Gordillo “ha controlado el destino de por lo menos 150 millones de pesos mensuales producto de las cuotas de un millón de maestros, recursos que ha manejado en beneficio propio y de los suyos. Creemos que ha llegado el momento de que rinda cuentas. Estamos seguros de que no podrá dar la cara ni a las leyes ni a los mexicanos; muchos menos a los docentes”.

Por su parte, Ezequiel Rosales, dirigente de la Sección 22, explicó que el campamento ubicado en el tramo de las calles Atenas a Paseo de la Reforma se mantendrá hasta que la dirigencia del SNTE les entregue la convocatoria para la renovación del comité.

Precisó que el objetivo de la movilización es que las autoridades de la Secretaría de Gobernación obliguen a la presidenta del SNTE a emitir la convocatoria para la elección de comité seccional de Oaxaca, así como de otras secciones.

El también secretario de Organización de esa sección sindical responsabilizó a Gordillo Morales de cualquier acción en contra de los maestros, y afirmó que en más de ocho ocasiones han tocado las puertas de la dirigencia nacional del SNTE para solicitar esa convocatoria sin recibir respuesta.

Añadió que hasta el 30 de marzo de 2004 hubo elección de dirigentes seccionales en Oaxaca, pero Gordillo, dijo, modificó los estatutos para crear la figura de presidenta y prolongar al mismo tiempo su periodo al frente del Comité Ejecutivo Nacional, así como de los dirigentes estatales.

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=57560

CNDH: "responsabilidad directa" de Ulises Ruiz por la represión en Oaxaca VICTOR BALLINAS José Luis Soberanes Fernández, titular de la CNDH, durante la conferencia de prensa que ofreció ayer Foto: Cristina Rodríguez El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, "tiene responsabilidad directa en las violaciones a derechos humanos cometidas por policías ministeriales, la ex procuradora y servidores públicos estatales durante el conflicto magisterial y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), porque de él dependen la procuraduría estatal y la Secretaría de Seguridad Pública" de la entidad, aseveró ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández. El ombudsman subrayó que deben ser el Congreso local, el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que investiguen la responsabilidad del gobernador en el conflicto. El titular de la CNDH presentó ayer de manera pública la recomendación 15/2007, relativa a las violaciones de derechos humanos en contra de maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca e integrantes de la APPO por policías ministeriales, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), militares, agentes del Ministerio Público, la ex procuradora, directores de penales y otros funcionarios estatales. La recomendación se turnó al presidente de la mesa directiva del Senado, a los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Educación Pública y Seguridad Pública, así como al gobernador del estado y a 19 presidentes municipales de esa entidad. Las graves violaciones de derechos humanos incluyen tortura, homicidio, irregular integración de averiguaciones previas, dilación en la procuración de justicia, ataques a la propiedad privada, afectación a la integridad física, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, incomunicación y ataques a la libertad de reunión, entre otras. Soberanes Fernández destacó que como los hechos ocurrieron en el gobierno de Vicente Fox, la administración de Felipe Calderón "no tiene por qué cargar con ellos. Más le vale al gobierno actual, en ese sentido, entrar en limpieza, aceptar la recomendación y proceder jurídicamente en contra de los responsables, porque yo no le vería caso a tratar de solapar a las autoridades del anterior régimen". El ombudsman puntualizó que durante varios meses del año pasado la población de Oaxaca sufrió serios atentados contra sus derechos humanos: "primero, la pasividad gubernamental y después las acciones desproporcionadas de algunas autoridades generaron un ambiente en el que la ciudadanía se vio atrapada por la violencia política, sin que se le otorgara la seguridad que es el deber primario de cualquier Estado proporcionar". Y acusó: en el desalojo del 14 de junio de 2006 se transgredió el derecho de reunión en agravio de integrantes sección 22 del SNTE por el ejercicio indebido de autoridad del director de Seguridad Pública del estado. "El desalojo se efectuó a las cuatro de la mañana, mientras los maestros dormían". Dio cuenta de que 162 personas fueron detenidas arbitrariamente por policías ministeriales de Oaxaca y elementos de la PFP; 157 fueron retenidas de manera ilegal por agentes preventivos y elementos de la corporación federal. Los agentes del Ministerio Público que intervinieron en la integración de las averiguaciones previas incurrieron en violaciones en los casos de 152 personas; 141 estuvieron incomunicadas por elementos de la PFP y autoridades de los penales de Tlacolula y Miahuatlán. Denunció que 50 personas fueron detenidas el 29 de octubre, el primero y el 2 de noviembre de 2006 por elementos de la PFP y fueron retenidas en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 15, en San Juan Bautista la Raya, Xoxocotlán, Oaxaca. Noventa y ocho más presentaron lesiones "que no correspondían a mecanismos de disuasión, sujeción o sometimiento; los responsables fueron elementos de la PFP, policías ministeriales y preventivos de Oaxaca; 13 personas fueron torturadas por elementos de la primera corporación y agentes de los otros dos cuerpos. Soberanes resumió: la sociedad, en general, vio trasgredidos sus derechos a la información y la libertad de expresión por acción u omisión, debido a un ejercicio indebido de la función pública imputable a agentes policiacos. Además, subrayó, la ex procuradora de Oaxaca trasgredió los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las poblaciones de los municipios de Oaxaca y áreas conurbadas. En el caso del homicidio del periodista Bradley Roland hubo irregular integración de la averiguación previa, se observaron anomalías en interrogatorios superficiales o no realizados, diligencias inoportunas o erradas y una consignación endeble. El presidente de la CNDH solicitó que se giren instrucciones para que las instalaciones militares no sean utilizadas para retener a civiles señalados como probables responsables de cometer actos ilícitos que no corresponden al fuero militar. A los titulares de Defensa y Marina les solicitó que proporcionen, cuando les sea solicitada, información veraz y oportuna. Al gobernador se le recomendó "iniciar procedimientos administrativos contra funcionarios de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado; iniciar averiguaciones penales contra servidores de la procuraduría estatal y de la Secretaría de Protección Ciudadana. "Iniciar procedimiento administrativo contra Lino Celaya, porque cuando fue secretario de Protección Ciudadana violentó los derechos humanos de 141 personas, al enviarlos al penal de Nayarit, y contra la ex procuradora Lizbeth Caña, por dilación en la procuración de justicia, y si hay delito, iniciarle averiguación previa".

APPO: el ombudsman se quedó corto

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO

Oaxaca, Oax., 24 de mayo. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a garantías individuales que perpetraron policías federales y estatales "se quedó corta", porque debió realizar una investigación más amplia para documentar todo lo sucedido durante la jornada de lucha del magisterio y del pueblo, "la cual no ha concluido todavía", afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz dijo aceptar la recomendación de la CNDH, y destacó que analizará con los integrantes de su gabinete los señalamientos, con el propósito de investigar a fondo los hechos y, en caso de alguna responsabilidad, "aplicar todo el peso de la ley" a los servidores públicos responsables.

En entrevista, Ulises Ruiz sostuvo que antes de que se emitiera la recomendación se reunió con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, para expresarle su "absoluta disposición" a realizar una indagatoria puntual sobre los acontecimientos.

Sin embargo, advirtió que no comparte los señalamientos sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos "cuando son politizadas". Aseguró que "todas las áreas de mi gobierno están abiertas a facilitar lo necesario para que se investiguen los acontecimientos y se proceda conforme a derecho. Pero si no hubiera responsabilidades, pues que queden las cuestiones objetivamente vistas y no politizadas".

De su lado, el portavoz de la APPO expuso que el ombudsman evidenció la "actuación autoritaria y fascista" del ex presidente Vicente Fox Quesada; del ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza y del ex secretario de Seguridad Pública Federal, ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así como "del tirano" Ulises Ruiz Ortiz "y sus cómplices", por "mandar a detener y encarcelar injustamente, y sobre todo a matar a alguien" tan sólo "por pensar diferente y no postrarse a sus designios.

"Son múltiples violaciones a los derechos humanos y evidentes los delitos que cometieron los policías federales y estatales para reprimir a un movimiento social que lo único que quiere es un mejor Oaxaca", asentó.

Ante esto, exigió que las recomendaciones sean atendidas "y se castigue a los responsables de los delitos de lesa humanidad" cometidos en contra del pueblo oaxaqueño. "Tienen que ser castigados e ir a prisión, porque son unos criminales, no como los 26 compañeros que aún están en las cárceles", remarcó.

Sin embargo, discrepó de la recomendación de la CNDH por reportar solamente a 12 de 27 fallecidos y ninguna persona desaparecida durante el conflicto político social, así como por atribuir toda la responsabilidad al gobierno de Fox Quesada, dejando de lado a Felipe Calderón.

"Lamentablemente no dio cuenta de todas las víctimas, de los 30 desaparecidos y de otros tantos exiliados, a pesar de los testimonios y pruebas entregadas a la CNDH, las cuales también fueron dadas a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que sí las reconoció", asentó.

Sobre Calderón, declaró que "también es responsable, porque la sangrienta represión del 25 de noviembre fue decidida ya por él y su gabinete de seguridad".

López Martínez también llamó a los turistas nacionales e internacionales a cancelar sus boletos para las presentaciones de la Guelaguetza, que se llevaría a cabo en julio próximo y es organizada por el gobierno estatal, porque será boicoteada, y los convocó a asistir al festival popular alternativo, al cual han convocado la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la APPO, el cual será gratuito.

En tanto, el presidente de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco Marqués, demandó a los tres niveles de gobierno garantizar la celebración de las festividades de la Guelaguetza, por ser "inaceptable que un reducido grupo de personas atente contra las tradiciones".

Señaló que el año pasado, por el conflicto político social en Oaxaca, la cifra de visitantes bajó a un millón 892 mil, cuando en 2005 se había recibido a 2 millones 100 mil turistas.

Mientras tanto, el secretario de Justicia y Seguridad del "gobierno legítimo" de México, Bernardo Bátiz, se comprometió a explorar la posibilidad de que el Gobierno del Distrito Federal "reciba, mientras dura el proceso penal, a los presos de la APPO que están dispersos en (diversos) reclusorios (del país), los cuales han sido maltratados". La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra de Piedra, propuso que las violaciones a las garantías individuales de los detenidos se denuncien ante organismos internacionales.