Descarta la comisión que los tiros contra las víctimas fueran hechos a corta distancia
Los civiles atacados por soldados en Sinaloa no dispararon armas: CNDH
Demanda a la Secretaría de la Defensa explicar situación de los efectivos
involucrados
EMIR OLIVARES ALONSO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que sus investigaciones sobre el ataque de militares a la familia Esparza Galaviz en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa,
revelan que los agredidos "no dispararon armas de ningún tipo", además de que los tiros en su contra "no fueron efectuados a corta distancia", como han afirmado las autoridades.
El primero de junio, Adán Abel Carrillo Esparza conducía una camioneta cuando soldados le ordenaron detenerse en un retén, en el contexto de los operativos militares contra la delincuencia organizada.
La versión oficial señala que el conductor no se percató de la orden, por lo que los militares dispararon al vehículo, con lo que
provocaron la muerte de Griselda Galaviz Barraza, de 25 años; Alicia Esparza Parra, de 17, y los niños Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de siete, cuatro y dos años, respectivamente. Además resultaron heridos el conductor, de 29 años; Teresa Flores, de 16, y José Carrillo Esparza, de cinco.
Tras una queja interpuesta, la CNDH investiga el caso, por lo que ha solicitado a la Dirección General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "explicar si se inició alguna averiguación previa en el fuero militar y, en tal caso, el delito o delitos que se investigan, así como los responsables, las diligencias realizadas hasta el momento y otros aspectos indispensables para esclarecer por completo lo ocurrido", debido a que hasta ayer la dependencia no había hecho públicos esos datos.
La comisión reveló que por conducto de visitadores trató de realizar exámenes toxicológicos a los presuntos responsables del ataque, pero la Sedena no lo permitió, con el argumento de que serían sus propios investigadores los que harían esas pruebas, por lo que la CNDH solicitó copia certificada del resultado de las mismas.
En un comunicado de prensa, el organismo encabezado por José Luis Soberanes informó que
su personal inspeccionó de manera ocular el lugar de los hechos y recabó evidencias, entre ellas cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica, que serán sometidos a exámenes de laboratorio.
La comisión también solicitó que las autoridades militares informen sobre los fundamentos y motivos, la normatividad o las directivas que facultaron a los soldados a colocar un retén en el lugar de los hechos, así como una copia certificada de la orden respectiva.
Por otra parte, personal de la CNDH elaboró actas circunstanciadas y cuenta con fotografías y videograbaciones de entrevistas con familiares y otras personas que colaboraron en el transporte de los cadáveres y el rescate, auxilio y traslado de los heridos.
El organismo destacó que de acuerdo con
el testimonio del conductor de la camioneta no era visible ningún retén ni señalización con la cual se indicara a los automovilistas que debían detenerse. El jefe de familia sostuvo ante el personal de la CNDH que desde la oscuridad le ordenaron que se detuviera al mismo tiempo que recibía disparos de arma de fuego.El organismo consideró que "todas las autoridades, incluidas las militares, deben informar con suficiencia a la ciudadanía acerca de los procedimientos utilizados en carreteras y caminos por el personal que efectúa revisiones, incluso sorpresivas, de vehículos y personas al amparo de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Estas medidas de información a la ciudadanía deben comprender la descripción de los avisos y cualquier otro tipo de señalización preventiva, los procedimientos habituales de una inspección y los que deben seguirse, eventualmente, para la remisión de personas y objetos y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente".
La CNDH también solicitó informes del caso a la PGR, la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, la procuraduría estatal, el Hospital General de Culiacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y la Cruz Roja Mexicana.
