Senadores del PAN por la puerta de atrás

De la Lámpara de Diógenes:

Un pequeño grupo de brigadistas acompañó a Claudia Sheinbaum hasta la calle de República de Perú, y ahí hasta la calle de Allende donde fueron recibidas por un retén de granaderos de la Seguridad Pública del Gobierno del D.F. (SSP-GDF). Mientras Claudia hablaba por teléfono otro grupo de granaderos de la SSP-GDF llegó para intentar "encapsular" a las brigadistas que se replegaron hacia la esquina para poder bloquear el acceso al recinto.




La resistencia civil pacífica en defensa del petróleo, encabezada en las calles por mujeres, logró que los senadores del PAN tuvieran que llegar en un autobús escoltado por la Policía Federal Preventiva (PFP) y con el apoyo de los granaderos de la Secretaría de SSP-GDF hasta la entrada trasera de una sede alterna, ubicada en la calle de Donceles, teniendo para esto que atravesar a pie un estacionamiento, cruzar varios edificios hasta salir a la calle de Belisario Domínguez .




Segundos más tarde, alrededor de las doce y media del día, apareció por la calle de Allende un autobús de pasajeros precedido por un vehículo de la PFP cuyos elementos grababan a las brigadas.



Las valientes mujeres y algunos compañeros prácticamente se tiraron al paso de estas, pero inmediatamente fueron removidos de la vía por los elementos de la SSP-GDF impidiendo a toda costa contacto con la PFP, manteniendo a las brigadistas "encapsuladas" en la esquina hasta que los senadores del PAN acabaron de descender del autobús.

Video de la acción.

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Más fotografías en la Lámpara de Diógenes.

ISA Servicio informativo núm. 400

Ciudad de México, 17 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 400

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. La privatización petrolera: el inicio­, por Lorenzo Meyer

II. “Darle tiempo al debate y negárselo a las descalificaciones”, propone el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo

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LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA: EL INICIO­
por Lorenzo Meyer­
(publicado en Reforma el 17 de abril de 2008)

­El logro del presidente Lázaro Cárdenas de 1938 está en duda con el debate-iniciativa del gobierno sobre el artí­culo 27 constitucional­

Antecedentes necesarios­
Los clásicos creí­an que la historia se moví­a en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere, tení­an razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.

Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto polí­tico no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es polí­ticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el gobierno el 8 de abril es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espí­ritu del artí­culo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espí­ritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.­

En 1916, en el párrafo IV del artí­culo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, lí­quidos o gaseosos". Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros paí­ses periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, lí­quidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos". Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, tratándose del petróleo: "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado"; esto último fue una reacción contra los cinco "contratos riesgo" otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.­

En el origen ­
Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida polí­tica mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así­ se puede apreciar la magnitud de lo que hoy está en juego.­

Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podí­a dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la Tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que habí­a de valioso en el subsuelo —plata y oro—, tení­an que pagar regalí­as. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española —entre otras cosas, las riquezas del subsuelo— pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los “jugos de la tierra”, es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocí­a por las chapopoteras.­

La revolución industrial y el motor de combustión interna le darí­an al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los paí­ses industriales —en este caso la francesa—, elaboró una ley minera que, en su artí­culo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarí­an de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el paí­s de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su artí­culo cuarto no dijo ya nada con relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podí­a explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.­

Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habí­an empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900, Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder polí­tico decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometí­a ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los “criaderos o depósitos de combustibles minerales” eran “propiedad exclusiva” del superficiario. Esta ley hecha en ví­speras de la Revolución permanecerí­a en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringí­a pero no anulaba los derechos del superficiario si los habí­a adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.­

Legitimidad­
Cuando se inició la privatización del petróleo no se tení­a idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podí­a tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino especí­ficamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 habí­a empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo “Dos Bocas” y se puso en acción al “Potrero del Llano”, todo el mundo supo que México era paí­s petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, “El Águila”, naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.­

La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es el petróleo la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del paí­s requerí­a de las nuevas fuentes de energí­a, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurí­dica al capital que tení­a la tecnologí­a y el empuje para hacerlo.­

Algunas conclusiones­
El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñe, y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase polí­tica, Pearson hizo miembros del consejo de administración de “El Águila” al hijo de Porfirio Dí­az —“Porfirito” —, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquí­a. En fin, que las decisiones hechas en nombre del “interés general” escondí­an la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces crí­ticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los cí­rculos del poder económico y polí­tico, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.­

Pese a la letra y espí­ritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economí­as centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180°. Y es ese giro lo que hoy está en juego.

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“DARLE TIEMPO AL DEBATE Y NEGÁRSELO A LAS DESCALIFICACIONES”, PROPONE EL COMITÉ DE INTELECTUALES EN DEFENSA DEL PETRÓLEO

Al Poder Legislativo
A la opinión pública

Ante un triunfo de la civilidad, la saludable aceptación en el Congreso de la Unión de la propuesta del debate nacional del Frente Amplio Progresista sobre los temas energéticos, queda señalar algunas certidumbres y sugerencias:

El debate necesita el tiempo justo y el primer debate debe ser sobre cuál es el tiempo justo.

Estos días se han distinguido por sólidas y lamentables campañas de odio y por la personalización al extremo del conflicto. Nos importa sobremanera destacar que el centro y la razón de todo es el carácter de la reforma del cual dependerá gran parte del destino próximo de México. Aunque ningún debate lo signifique todo, éste, ya propuesto y aceptado, sí clarificará lo suficiente las condiciones de la reforma a Pemex. No sólo hay que darle tiempo al debate, hay que negárselo a las descalificaciones tan innecesarias, y hacerlo todo en el clima de serenidad exigible y evidente. Las razones trascienden siempre a las presiones y éste es nuestro compromiso.

Es indispensable que no sólo el Poder Legislativo, encargado de la última forma legal del proyecto, sino la sociedad civil en sus muy variados sectores discuta y adquiera, durante el debate, muchísimos elementos de juicio, hasta ahora monopolizados por quienes creen monopolizar a los expertos. Como se ha probado, expertos los hay en ambos lados de la polémica y a ellos les corresponderán los cuestionamientos centrales, pero a todos nos corresponde participar, en la medida de nuestras posibilidades, en el proceso de ciudadanización que va de lo que no se nos ha permitido conocer a lo que necesitamos saber para ser parte activa y no meramente contemplativa o rezongona de la nación.

Para que el debate sea efectivamente nacional y efectivamente local, requiere de la intervención de la radio y la televisión. Sin esto sería un diálogo entre expertos o inexpertos sin las repercusiones mínimas, salvo, como se ha visto, el saqueo de los recursos nacionales.

La experiencia histórica impulsa la exigencia de tiempo justo para el debate. Hemos visto y lo hemos resentido profundamente cómo, de qué forma, al arrinconar a la ciudadanía y al concentrar todo en unos cuantos delegados de todavía menos personas, se cometen atentados auténticos como Fobaproa, el IPAB, el rescate de las carreteras y demás privatizaciones. ¡Cómo hubiera hecho falta un debate nacional en torno al Fobaproa!

Un resultado positivo ya innegable: Se vive en el orden nacional y como exigencia inaplazable, la exigencia de debates que contrarresten y trasciendan el desánimo y el aplazamiento de la ciudadanización. Ese vigor comunitario no debe perderse. Ir al debate en los tiempos que el debate mismo exige es un procedimiento civilizado y racional.

15 de abril de 2008.

ATENTAMENTE

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Fernando del Paso, Héctor Díaz-Polanco, Margo Glantz, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Héctor Vasconcelos.

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RadioAMLO Informa:

Hoy siendo las 5:20 PM en la Ciudad de México en las inmediaciones del Senado de la República, las brigadas procedieron a retirarse en completo orden y calma.

Ahora debemos concentrarnos en la difusión de la información, como encomendó Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México el pasado domingo 13 de Abril en el Zócalo capitalino.

De cualquier forma debemos estar al pendiente con nuestras coordinadoras y coordinadores de brigadas; por supuesto en radioAMLO estaremos informando lo que acontezca en los siguientes días.

Gracias

Atentamente Equipo RadioAMLO

La izquierda se levanta

www.radioamlo.org

47 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO EN PLAYA GIRON

ASISTE EL ACTO POLITICO CULTURAL PARA CONMEMORAR EL 47 ANIVERSARIO DEL
TRIUNFO EN PLAYA GIRON

SABADO, 19 DE ABRIL, 4-7PM
EXPLANADA DEL CENTRO CULTURAL JOSE MARTI
Metro Hidalgo, esq. Reforma con Balderas
Ciudad de México

MANIFIESTO A LA NACIÓN

COMUNICADO

México, D.F., 16 de abril de 2008.

COM_005

FRENTE AMPLIO PROGRESISTA

(PRD, CONVERGENCIA, PT)

MANIFIESTO A LA NACIÓN

La iniciativa de reformas de la industria petrolera, enviada al Senado por el ciudadano Felipe Calderón, ha provocado una ruptura física del Congreso. La mayoría, comprometida con el proyecto de reformas, pretende enclaustrar el debate dentro de los muros del parlamento mientras que el Frente Amplio Progresista, con el apoyo del Movimiento en Defensa del Petróleo, exige un debate nacional, abierto y suficiente.

Lo que está en juego es una riqueza que es propiedad de la nación y una actividad económica que es de la exclusiva competencia del Estado mexicano. Tan importante tema no puede ser abordado como si se tratara de un asunto menor del Poder Legislativo ni mediante acuerdos en la oscuridad por parte de los políticos de ese peculiar mecanismo de mayoría parlamentaria conocido como PRIAN, el cual no opera con acuerdos programáticos sino con base en concesiones mutuas que nunca son del conocimiento del pueblo.

Es indispensable un consenso sobre el método para tratar el tema petrolero. Sin embargo, la mayoría parlamentaria pretende imponer, con el solo numero de sus legisladores, un mecanismo excluyente de las opiniones existentes en la sociedad mexicana: las de los ciudadanos, técnicos petroleros, economistas, politólogos, ingenieros y juristas. Se quiere reducir al mínimo el lapso para examinar un proyecto de reformas, el cual, de aprobarse, sería violatorio de la Constitución, lesionaría los intereses del pueblo de México y comprometería el futuro de la nación.

Nuestra protesta en el Congreso se dirige en contra de un abierto intento de violación de la Carta Magna y a favor de un debate nacional que dure cuatro meses, sobre el cual seguiremos insistiendo.

La escisión física del Congreso entre la mayoría y la minoría es consecuencia de la exigencia de Felipe Calderón de que su proyecto privatizador se procese con rapidez y la ciudadanía no tenga ninguna intervención en las trascendentales decisiones que lesionarían a todo el pueblo mexicano y a las futuras generaciones. Así, con el acuerdo del PRIAN para preparar un dictamen de reforma petrolera en 50 días

--en pleno receso del Congreso, que dura cuatro meses--, la ciudadanía tendría menos posibilidades de pronunciarse sobre tan importante tema.

El FAP no desconoce la existencia de una mayoría integrada por el PAN y el PRI, pero lo que no puede admitir es que los asuntos más delicados de la nación se traten con prisas y mayoriteos automáticos. Nuestro derecho a protestar no ha atropellado el derecho de esa mayoría política denominada PRIAN a tomar sus decisiones, pues ésta ha sesionado sola para no aprobar prácticamente nada, mientras sus integrantes se desgarran las vestiduras cuando en otras ocasiones también han protestado con los mismos métodos –incluso más fuertes—que los ahora usados por el FAP.

Poderosos intereses acechan la riqueza petrolera mexicana. Se busca compartir los ingresos del petróleo con grandes empresas trasnacionales y monopolios mexicanos. Hasta hoy, los ingresos petroleros han sido malgastados, dilapidados y robados. Pemex está siendo reducido en sus actividades a tal punto que México es el único país del mundo que no vende refinados en el mercado internacional sino que tiene que comprar más del 40 por ciento de la gasolina que consume. La exploración ha sido detenida mientras la petroquímica se encuentra en una grave crisis. Durante más de dos décadas, el país no ha tenido política petrolera, en tanto que otras naciones han desarrollado su capacidad técnica y productiva. Los responsables de esta situación son los mismos que ahora pretenden entregar nuestro petróleo a compañías privadas, principalmente trasnacionales.

Calderón dice que busca el fortalecimiento de Pemex, pero propone quitarle la refinación, los ductos, el almacenamiento y la explotación de viejos y nuevos yacimientos. La tesis política central del gobierno es que Pemex es un organismo irreformable en su corrupción e ineficacia, por lo que todas las actividades petroleras nuevas deben ser asignadas a capitalistas privados, especialmente extranjeros. Pero es absolutamente inaceptable la renuncia a reformar Pemex para acabar con viejos vicios que han sido la base del enriquecimiento de políticos, líderes sindicales y empresarios inescrupulosos. Pemex tiene ganancias brutas anuales de 76 mil millones de dólares mientras Calderón afirma que no se cuenta con los recursos financieros necesarios para desarrollar la industria petrolera, pero oculta al país el déficit del gobierno y la forma de su financiamiento. El FAP sostiene, junto con millones de mexicanos, que bajo ninguna circunstancia la nación ha de renunciar a la administración y disfrute de su riqueza petrolera, la cual debería ser la más poderosa palanca del desarrollo económico y social de México.

Los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista constituimos la minoría del Congreso, pero ésta es una minoría digna que apela a la opinión ciudadana, a los sentimientos e intereses de la nación, en lugar de reducirse a las oscuras componendas tan criticadas y despreciadas por nuestro pueblo.

Es por esto que el FAP reta a la mayoría parlamentaria (PRIAN) a someter sus decisiones sobre la industria petrolera a votación de todo el pueblo para que, mediante referéndum, la ciudadanía pueda decidir el futuro de esa riqueza de la nación. Sí, es verdad, esa misma mayoría se ha opuesto siempre a integrar en la legislación el derecho del pueblo al referéndum sobre las resoluciones del Poder Legislativo, pero el Congreso puede hacer las reformas necesarias para que, a partir de ahora, los ciudadanos adquieran el derecho de votar las leyes del Congreso que fueran objetadas por una parte del electorado, como ocurre desde hace mucho tiempo en los países democráticos. Así que no cabe el pretexto de que el referéndum no está ahora en la ley.

El Frente Amplio Progresista agradece el aliento ciudadano expresado en las calles de varias ciudades del país, especialmente en la capital. Hace también un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas a sumarse a un esfuerzo patriótico para detener el proyecto de reformas de Calderón, cuyo contenido es antinacional y antipopular, y para promover una política petrolera al servicio de la patria.

FRENTE AMPLIO PROGRESISTA

Grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo en el Senado y en la Cámara de Diputados

Momento en que Claudia lucha con las adelitas

Por Druida

Les dejamos el video. Sigan al tanto de la información en Radio AMLO.