Ciudad de México, 15 de agosto de 2007
Servicio informativo núm. 166
http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com
Sumario:
I. Convocan el gobierno legítimo y el Consejo de Defensa de la Vivienda a Marcha contra la Política del Infonavit
II. Augura Di Costanzo que con la reforma fiscal calderonista habría una caída en la recaudación
III. Cuatro ciudadanos españoles logran acreditar su legal estancia en México y Calderón no logra acreditar su legítima estancia en la Presidencia de la República
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CONVOCAN EL GOBIERNO LEGÍTIMO Y EL CONSEJO DE DEFENSA DE LA VIVIENDA A MARCHA CONTRA LA POLÍTICA DEL INFONAVIT
“El gobierno espurio ha convertido el derecho humano a la vivienda en un negocio. Ha diseñado una política perversa en vivienda que consiste en otorgar créditos impagables con el fin de despojar a la gente de su techo y revenderlo a través de particulares. El año pasado, el INFONAVIT vendió aproximadamente 55 mil créditos, la mitad de su cartera vencida, a empresas recuperadoras de deuda, como la trasnacional CAPMARK y SCRAP2, a 10% de su valor, quienes la están revendiendo a más de 1000% a sus propietarios originales”.
Con estas consideraciones como base, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México y el Consejo de Defensa de la Vivienda han convocado a la Marcha contra la Política del Infonavit, para el lunes 20 de agosto, a las 10:00 de la mañana, que partirá del Parque Vito Alessio Robles, esquina Insurgentes, junto a Núcleo Radio Mil, a seis cuadras del metro Viveros, Línea 3, y se dirigirá a las oficinas del Infonavit, ubicadas en Barranca del Muerto y Manuel M. Ponce.
En dicha movilización se demandará alto a la venta de cartera vencida, tregua judicial y un programa de restructuración a favor de los deudores, así como poner freno a la corrupción con que se maneja el Infonavit.
Asimismo, en la marcha se canalizará a los asistentes que así lo deseen para recibir la asesoría jurídica gratuita que brinda el gobierno legítimo en materia de vivienda.
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AUGURA DI COSTANZO QUE CON LA REFORMA FISCAL CALDERONISTA HABRÍA UNA CAÍDA EN LA RECAUDACIÓN
“Si bien es cierto que las adecuaciones a la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) que actualmente se discuten en la Cámara de Diputados son positivas, ya que la inclusión de la deducibilidad de los salarios y las prestaciones sociales podrían atenuar los nefastos impactos que este impuesto tendrá sobre la economía, en el fondo lo que se ha puesto de manifiesto es el temor y la falta de responsabilidad de Calderón y Carstens de incluir en la reforma fiscal las modificaciones necesarias en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que las grandes empresas y grupos empresariales ‘holdings’ paguen impuestos”.
Así lo manifestó Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo, quien señaló que el problema de la CETU no es sólo el sesgo antiempleo.
“El tributo que se propone se aplica sobre los ingresos y no sobre las utilidades, lo que puede convertirlo en un impuesto “confiscatorio”, ya que en muchos caso el impuesto a pagar sería más alto que las utilidades obtenidas por las empresas, en especial las pequeñas y medianas”, recordó el funcionario lopezobradorista.
“Otro punto que vale la pena considerar es que la CETU, al no limitar la depreciación acelerada de activos, en apariencia aumenta la base gravable de los contribuyentes al impedir la deducción de cualquier gasto que no sea materia prima y depreciación. Sin embargo, deja abierta la puerta para que empresas con suficiente capacidad económica reduzcan la base gravable mediante deducción inmediata de las compras de activos fijos, así como de cualquier compra que aumente sus inventarios. Este sesgo no sólo permitirá a grandes contribuyentes mantener sus prácticas y aprovechar los resquicios de la ley para no pagar impuestos, sino que además las facilita ,permitiendo esta deducción con mucha mayor libertad que en el régimen actual”, agregó.
“En otras palabras —dijo—, la CETU, como está, ofrece la posibilidad de que las grandes empresas y aun las no tan grandes, se cuestionen si prefieren pagar impuestos al fisco o bien comprar otro terreno”.
El responsable de la política hacendaria del gabinete legítimo enfatizó que la deducción en un primer año de todo el valor de activos fijos no guarda ninguna relación con la realidad económica, pues los activos fijos se deprecian a lo largo de varios años. “Desde el punto de vista legal, la CETU aún y cuando se permita la deducción de los salarios y prestaciones sociales, no es un gravamen proporcional y equitativo, en virtud de tener una tasa única; luego entonces, la autoridad, en caso de que el contribuyente se inconforme a través del recurso de amparo, tendrá muchas dificultades para hacer valer la proporcionalidad y equidad establecida en el 31 Constitucional”, señaló.
“Un elemento adicional —aseveró— se daría por la propia Suprema Corte de Justicia, que podría señalar que gravar las mismas operaciones o transacciones que el impuesto al valor agregado, es decir, la enajenación de bienes, la prestación de servicios o arrendamiento de estos, se declarara inconstitucional”.
De acuerdo con este análisis, Di Costanzo auguró que la recaudación se desplomará: “Los parches que se le están haciendo a la CETU necesariamente se traducirán en una menor recaudación; de hecho, se estima que la inclusión de una menor tasa, que podría ser de entre 12% y 14%, combinada con la deducibilidad de los salarios y las prestaciones sociales, implicarían una recaudación menor en casi 90 mil millones de pesos, es decir 1% del PIB, lo que afectaría el margen de maniobra de las finanzas públicas y las Participaciones Federales a las Entidades Federativas, que necesariamente verían disminuidos sus ingresos y prácticamente se les estaría obligando a poner un impuesto adicional a la gasolina y al resto de los productos gravados con IEPS (Tabacos, Bebidas Envasadas, etc). Si a esto se añade que a Pemex se le tendría que destinar y garantizar recursos, entonces la recaudación obtenida neta para el gobierno federal sería de menos de la mitad de lo previsto originalmente (entre 1% y 1.4% del PIB), con lo que la supuesta reforma fiscal generaría más distorsiones en la economía que los beneficios recaudatorios que estaría generando”.
Para Mario Di Costanzo, esto pone de manifiesto que tanto Calderón como Carstens están eludiendo su verdadera responsabilidad con el país y con las finanzas públicas “al no ir de manera directa a cerrar los huecos que actualmente tiene la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como son la consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos y las operaciones en la Bolsa de Valores, así como el pago de dividendos y regalías”, y recordó que la propuesta del gobierno legitimo le garantizaría al Estado recursos por un monto equivalente a 3% del PIB, sin crear distorsiones en la economía y sin incrementar la carga fiscal actual a ningún agente económico.
Finalmente, el secretario lopezobradorista señaló que ante este panorama “tanto Calderón como Carstens buscarán chantajear y presionar al Congreso para aprobar la reforma fiscal basada en la CETU, al presentar el 8 de septiembre próximo un presupuesto que afectará fundamentalmente los programas sociales y de desarrollo de infraestructura, para lo que proyectarán un gasto neto total de sólo 2.3 billones de pesos, lo que apenas significará un crecimiento real de 1.5%, en donde los servicios personales, el gasto corriente y el pago de intereses de la deuda absorberán entre 60% y 70% del gasto total y programas sociales como Procampo, Apoyo a Pueblos Indígenas, Programa Carretero, Oportunidades y los destinados a las universidades públicas registrarán reducciones reales con respecto a lo asignado en el presente año, tratando de condicionar el incremento de las asignaciones presupuestarias a la aprobación de la reforma fiscal, en los términos planteados originalmente”.
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CUATRO CIUDADANOS ESPAÑOLES LOGRAN ACREDITAR SU LEGAL ESTANCIA EN MÉXICO Y CALDERÓN NO LOGRA ACREDITAR SU LEGÍTIMA ESTANCIA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
El pasado 5 de agosto, cuatro ciudadanos españoles y uno mexicano fueron detenidos por la policía en el centro histórico de Oaxaca. ¿Bajo qué cargos?: “por escandalizar en la vía pública”, manifestó Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección Ciudadana de la entidad.
Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné fueron objeto de agresiones físicas y sexuales por parte de elementos policiacos durante su detención y traslado a la estación migratoria de Iztapalapa en la Ciudad de México. En el trayecto les robaron dinero, pasaportes y formas migratorias, precisamente los documentos que después les impedían comprobar su legal estancia en este país.
Curiosamente, una de las detenidas, la abogada Laia Serra, forma parte de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), ONG que en diciembre de 2006 estuvo en Oaxaca y elaboró un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el conflicto magisterial-popular.
Este hecho evidencia cuanta razón tiene el antropólogo Gilberto López y Rivas cuando expresa: “El autismo o aislamiento patológico del individuo que se encierra en sí mismo con pérdida de contacto con la realidad parece caracterizar a Calderón […] Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han observado puntualmente la naturaleza represiva del gobierno federal y de los estados, de las fuerzas armadas y policiales; de la impunidad con la que se violentan los derechos humanos en México” (La Jornada, 10 de agosto de 2007).
Las voces solidarias no se hicieron esperar
Rosario Ibarra, presidente del Comité Eureka y, como senadora de la República, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia en contra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, por la —a todas luces ilegal— detención. Tenían más de cuatro días privados de su libertad sin que las autoridades comprobaran su calidad migratoria, con lo que habrían cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público. No existía orden de aprehensión, no fueron detenidos en la comisión de algún delito ni habían infringido la normatividad de migración, hecho que podría ser corroborado por la propia autoridad migratoria o con el requerimiento de información al consulado o embajada de España.
Finalmente, los cuatro catalanes fueron liberados el 13 de agosto tras cinco días de reclusión en la estación migratoria de Iztapalapa. El INM informó de lo anterior, “una vez que se pudo comprobar su ingreso legal a territorio nacional, a través del Sistema Integral de Operación Migratoria, de los expedientes migratorios que obran con motivo de la emisión de las FM3 y de la verificación de las FMT que les fueron proporcionadas […] El INM ha actuado en todo momento con estricto apego a derecho, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley General de Población y con pleno respeto a los derechos humanos de los españoles, quienes recibieron un buen trato durante su estancia en la estación migratoria”.
La voz de los detenidos
En la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, frente a las sedes de la Generalitat de Cataluña y del ayuntamiento, se escuchó la voz de los cuatro catalanes detenidos antes de ser liberados del Centro de Internamiento de Inmigrantes, a través de una carta que también se leyó en una concentración en la ciudad de Lleida: “Hemos vivido en carne propia tan sólo el portal del horror experimentado por todas aquellas personas reprimidas y torturadas”; “basta de represión en Oaxaca” y “exigimos la liberación de los cuatro catalanes detenidos en México” fueron las dos consignas que se corearon en ambas concentraciones.
Calderón, el autista
Mientras tanto, Calderón se encierra en sí mismo porque es consciente de una sola realidad: su gobierno no es legítimo; por eso echa mano de su aparato represor y se encierra en su pequeño reino. Debe preguntarse a sí mismo ¿quién te hizo presidente?, ¿quién te hizo rey? Es evidente que no tiene la facultad de exorcizar sus miedos, y ésta es la cualidad básica de los principios de legitimidad.
De ahí su irritación —y la de sus esbirros— ante la voz y la mirada de quienes no se inmutan, a pesar del uso sistemático de la violencia, para denunciar las arbitrariedades de este gobierno cuyo objetivo es conservar el poder. Calderón sólo encuentra una vía para acreditar su legítima estancia en la Presidencia de la República, y ésta consiste en expresar frente al espejo: “La legitimidad soy YO”.
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Servicio informativo núm. 166
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Sumario:
I. Convocan el gobierno legítimo y el Consejo de Defensa de la Vivienda a Marcha contra la Política del Infonavit
II. Augura Di Costanzo que con la reforma fiscal calderonista habría una caída en la recaudación
III. Cuatro ciudadanos españoles logran acreditar su legal estancia en México y Calderón no logra acreditar su legítima estancia en la Presidencia de la República
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CONVOCAN EL GOBIERNO LEGÍTIMO Y EL CONSEJO DE DEFENSA DE LA VIVIENDA A MARCHA CONTRA LA POLÍTICA DEL INFONAVIT
“El gobierno espurio ha convertido el derecho humano a la vivienda en un negocio. Ha diseñado una política perversa en vivienda que consiste en otorgar créditos impagables con el fin de despojar a la gente de su techo y revenderlo a través de particulares. El año pasado, el INFONAVIT vendió aproximadamente 55 mil créditos, la mitad de su cartera vencida, a empresas recuperadoras de deuda, como la trasnacional CAPMARK y SCRAP2, a 10% de su valor, quienes la están revendiendo a más de 1000% a sus propietarios originales”.
Con estas consideraciones como base, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México y el Consejo de Defensa de la Vivienda han convocado a la Marcha contra la Política del Infonavit, para el lunes 20 de agosto, a las 10:00 de la mañana, que partirá del Parque Vito Alessio Robles, esquina Insurgentes, junto a Núcleo Radio Mil, a seis cuadras del metro Viveros, Línea 3, y se dirigirá a las oficinas del Infonavit, ubicadas en Barranca del Muerto y Manuel M. Ponce.
En dicha movilización se demandará alto a la venta de cartera vencida, tregua judicial y un programa de restructuración a favor de los deudores, así como poner freno a la corrupción con que se maneja el Infonavit.
Asimismo, en la marcha se canalizará a los asistentes que así lo deseen para recibir la asesoría jurídica gratuita que brinda el gobierno legítimo en materia de vivienda.
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AUGURA DI COSTANZO QUE CON LA REFORMA FISCAL CALDERONISTA HABRÍA UNA CAÍDA EN LA RECAUDACIÓN
“Si bien es cierto que las adecuaciones a la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) que actualmente se discuten en la Cámara de Diputados son positivas, ya que la inclusión de la deducibilidad de los salarios y las prestaciones sociales podrían atenuar los nefastos impactos que este impuesto tendrá sobre la economía, en el fondo lo que se ha puesto de manifiesto es el temor y la falta de responsabilidad de Calderón y Carstens de incluir en la reforma fiscal las modificaciones necesarias en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que las grandes empresas y grupos empresariales ‘holdings’ paguen impuestos”.
Así lo manifestó Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo, quien señaló que el problema de la CETU no es sólo el sesgo antiempleo.
“El tributo que se propone se aplica sobre los ingresos y no sobre las utilidades, lo que puede convertirlo en un impuesto “confiscatorio”, ya que en muchos caso el impuesto a pagar sería más alto que las utilidades obtenidas por las empresas, en especial las pequeñas y medianas”, recordó el funcionario lopezobradorista.
“Otro punto que vale la pena considerar es que la CETU, al no limitar la depreciación acelerada de activos, en apariencia aumenta la base gravable de los contribuyentes al impedir la deducción de cualquier gasto que no sea materia prima y depreciación. Sin embargo, deja abierta la puerta para que empresas con suficiente capacidad económica reduzcan la base gravable mediante deducción inmediata de las compras de activos fijos, así como de cualquier compra que aumente sus inventarios. Este sesgo no sólo permitirá a grandes contribuyentes mantener sus prácticas y aprovechar los resquicios de la ley para no pagar impuestos, sino que además las facilita ,permitiendo esta deducción con mucha mayor libertad que en el régimen actual”, agregó.
“En otras palabras —dijo—, la CETU, como está, ofrece la posibilidad de que las grandes empresas y aun las no tan grandes, se cuestionen si prefieren pagar impuestos al fisco o bien comprar otro terreno”.
El responsable de la política hacendaria del gabinete legítimo enfatizó que la deducción en un primer año de todo el valor de activos fijos no guarda ninguna relación con la realidad económica, pues los activos fijos se deprecian a lo largo de varios años. “Desde el punto de vista legal, la CETU aún y cuando se permita la deducción de los salarios y prestaciones sociales, no es un gravamen proporcional y equitativo, en virtud de tener una tasa única; luego entonces, la autoridad, en caso de que el contribuyente se inconforme a través del recurso de amparo, tendrá muchas dificultades para hacer valer la proporcionalidad y equidad establecida en el 31 Constitucional”, señaló.
“Un elemento adicional —aseveró— se daría por la propia Suprema Corte de Justicia, que podría señalar que gravar las mismas operaciones o transacciones que el impuesto al valor agregado, es decir, la enajenación de bienes, la prestación de servicios o arrendamiento de estos, se declarara inconstitucional”.
De acuerdo con este análisis, Di Costanzo auguró que la recaudación se desplomará: “Los parches que se le están haciendo a la CETU necesariamente se traducirán en una menor recaudación; de hecho, se estima que la inclusión de una menor tasa, que podría ser de entre 12% y 14%, combinada con la deducibilidad de los salarios y las prestaciones sociales, implicarían una recaudación menor en casi 90 mil millones de pesos, es decir 1% del PIB, lo que afectaría el margen de maniobra de las finanzas públicas y las Participaciones Federales a las Entidades Federativas, que necesariamente verían disminuidos sus ingresos y prácticamente se les estaría obligando a poner un impuesto adicional a la gasolina y al resto de los productos gravados con IEPS (Tabacos, Bebidas Envasadas, etc). Si a esto se añade que a Pemex se le tendría que destinar y garantizar recursos, entonces la recaudación obtenida neta para el gobierno federal sería de menos de la mitad de lo previsto originalmente (entre 1% y 1.4% del PIB), con lo que la supuesta reforma fiscal generaría más distorsiones en la economía que los beneficios recaudatorios que estaría generando”.
Para Mario Di Costanzo, esto pone de manifiesto que tanto Calderón como Carstens están eludiendo su verdadera responsabilidad con el país y con las finanzas públicas “al no ir de manera directa a cerrar los huecos que actualmente tiene la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como son la consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos y las operaciones en la Bolsa de Valores, así como el pago de dividendos y regalías”, y recordó que la propuesta del gobierno legitimo le garantizaría al Estado recursos por un monto equivalente a 3% del PIB, sin crear distorsiones en la economía y sin incrementar la carga fiscal actual a ningún agente económico.
Finalmente, el secretario lopezobradorista señaló que ante este panorama “tanto Calderón como Carstens buscarán chantajear y presionar al Congreso para aprobar la reforma fiscal basada en la CETU, al presentar el 8 de septiembre próximo un presupuesto que afectará fundamentalmente los programas sociales y de desarrollo de infraestructura, para lo que proyectarán un gasto neto total de sólo 2.3 billones de pesos, lo que apenas significará un crecimiento real de 1.5%, en donde los servicios personales, el gasto corriente y el pago de intereses de la deuda absorberán entre 60% y 70% del gasto total y programas sociales como Procampo, Apoyo a Pueblos Indígenas, Programa Carretero, Oportunidades y los destinados a las universidades públicas registrarán reducciones reales con respecto a lo asignado en el presente año, tratando de condicionar el incremento de las asignaciones presupuestarias a la aprobación de la reforma fiscal, en los términos planteados originalmente”.
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CUATRO CIUDADANOS ESPAÑOLES LOGRAN ACREDITAR SU LEGAL ESTANCIA EN MÉXICO Y CALDERÓN NO LOGRA ACREDITAR SU LEGÍTIMA ESTANCIA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
El pasado 5 de agosto, cuatro ciudadanos españoles y uno mexicano fueron detenidos por la policía en el centro histórico de Oaxaca. ¿Bajo qué cargos?: “por escandalizar en la vía pública”, manifestó Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección Ciudadana de la entidad.
Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné fueron objeto de agresiones físicas y sexuales por parte de elementos policiacos durante su detención y traslado a la estación migratoria de Iztapalapa en la Ciudad de México. En el trayecto les robaron dinero, pasaportes y formas migratorias, precisamente los documentos que después les impedían comprobar su legal estancia en este país.
Curiosamente, una de las detenidas, la abogada Laia Serra, forma parte de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), ONG que en diciembre de 2006 estuvo en Oaxaca y elaboró un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el conflicto magisterial-popular.
Este hecho evidencia cuanta razón tiene el antropólogo Gilberto López y Rivas cuando expresa: “El autismo o aislamiento patológico del individuo que se encierra en sí mismo con pérdida de contacto con la realidad parece caracterizar a Calderón […] Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han observado puntualmente la naturaleza represiva del gobierno federal y de los estados, de las fuerzas armadas y policiales; de la impunidad con la que se violentan los derechos humanos en México” (La Jornada, 10 de agosto de 2007).
Las voces solidarias no se hicieron esperar
Rosario Ibarra, presidente del Comité Eureka y, como senadora de la República, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia en contra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y de la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, por la —a todas luces ilegal— detención. Tenían más de cuatro días privados de su libertad sin que las autoridades comprobaran su calidad migratoria, con lo que habrían cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público. No existía orden de aprehensión, no fueron detenidos en la comisión de algún delito ni habían infringido la normatividad de migración, hecho que podría ser corroborado por la propia autoridad migratoria o con el requerimiento de información al consulado o embajada de España.
Finalmente, los cuatro catalanes fueron liberados el 13 de agosto tras cinco días de reclusión en la estación migratoria de Iztapalapa. El INM informó de lo anterior, “una vez que se pudo comprobar su ingreso legal a territorio nacional, a través del Sistema Integral de Operación Migratoria, de los expedientes migratorios que obran con motivo de la emisión de las FM3 y de la verificación de las FMT que les fueron proporcionadas […] El INM ha actuado en todo momento con estricto apego a derecho, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley General de Población y con pleno respeto a los derechos humanos de los españoles, quienes recibieron un buen trato durante su estancia en la estación migratoria”.
La voz de los detenidos
En la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, frente a las sedes de la Generalitat de Cataluña y del ayuntamiento, se escuchó la voz de los cuatro catalanes detenidos antes de ser liberados del Centro de Internamiento de Inmigrantes, a través de una carta que también se leyó en una concentración en la ciudad de Lleida: “Hemos vivido en carne propia tan sólo el portal del horror experimentado por todas aquellas personas reprimidas y torturadas”; “basta de represión en Oaxaca” y “exigimos la liberación de los cuatro catalanes detenidos en México” fueron las dos consignas que se corearon en ambas concentraciones.
Calderón, el autista
Mientras tanto, Calderón se encierra en sí mismo porque es consciente de una sola realidad: su gobierno no es legítimo; por eso echa mano de su aparato represor y se encierra en su pequeño reino. Debe preguntarse a sí mismo ¿quién te hizo presidente?, ¿quién te hizo rey? Es evidente que no tiene la facultad de exorcizar sus miedos, y ésta es la cualidad básica de los principios de legitimidad.
De ahí su irritación —y la de sus esbirros— ante la voz y la mirada de quienes no se inmutan, a pesar del uso sistemático de la violencia, para denunciar las arbitrariedades de este gobierno cuyo objetivo es conservar el poder. Calderón sólo encuentra una vía para acreditar su legítima estancia en la Presidencia de la República, y ésta consiste en expresar frente al espejo: “La legitimidad soy YO”.
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EL USO DE ESTE SERVICIO DE NOTICIAS ES ABSOLUTAMENTE GRATUITO Y AMPLIAMENTE PERMITIDO. PEDIMOS SOLAMENTE QUE EN TODOS LOS CASOS SE CITE A Servicio de Noticias ISA COMO LA FUENTE INFORMATIVA ORIGINAL Y NOS REPORTEN A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS SU UTILIZACIÓN A FIN DE PODER EVALUAR EL ALCANCE DE ESTE ESFUERZO INFORMATIVO.
