Ciudad de México, 14 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 290
Sumario:
I. Pronunciamiento de diputados federales perredistas: No a la violación de las garantías individuales y los derechos humanos
II. La derecha contra los derechos humanos, por Martí Batres
III. El Estado policiaco, por Luis Javier Garrido
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Pronunciamiento de diputados federales perredistas:
NO A LA VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS DERECHOS HUMANOS
El 12 de diciembre, en el marco de una reforma a diversos artículos constitucionales en materia judicial, se aprobaron modificaciones que vulneran gravemente garantías individuales consagradas desde 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atentan contra derechos humanos reconocidos universalmente. Con ello, y so pretexto del combate a la delincuencia organizada, se avanza en la conformación de un estado policiaco y en la criminalización de las luchas sociales.
En la discusión del Dictamen a favor de estas reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, el PRD solicitó en dos ocasiones moción suspensiva, primero para aclarar dudas y corregir el texto y la segunda para proponer discutir estas reformas en el siguiente periodo ordinario de sesiones, argumentando que “Nos interesa discutir con la sociedad, tomar en cuenta los puntos que ahí están y que son fundamentales. No queremos frenar una reforma que nos parece fundamental para el país, lo que nos está preocupando enormemente es que se judicialice la protesta, los movimientos sociales, y que sigamos teniendo presos políticos en este país”. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría de la Cámara de Diputados.
En la discusión en lo particular se presentaron 42 reservas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 73 y dos transitorios, con el propósito de corregir errores, enriquecer los contenidos y fundamentalmente evitar que bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada se afecten las garantías individuales y los derechos humanos, colocando prácticamente en la indefensión a los ciudadanos mexicanos ante el Estado y sus autoridades. Sin embargo, la validez de los argumentos sustentados se topó con una intransigencia inadmisible de parte de la mayoría del PRI y del PAN, que ni siquiera aceptaron la discusión de los artículos reservados.
Dentro de las inconstitucionales reformas aprobadas, destaca un nuevo párrafo incorporado al artículo 16:
“La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente”.
Salta a la vista la total indefensión en la que se coloca a la ciudadanía frente a los actos de las autoridades policiacas, brindándole con ello una total discrecionalidad e impunidad a quienes promueven la construcción de un Estado policiaco y la criminalización de las luchas y protestas sociales.
Por ésta y muchas más razones que están contenidas en las decenas de Reservas que hicimos a artículos específicos, votamos en contra de estas reformas constitucionales. Por ello mismo, llamamos al pueblo de México a expresar su rechazo, a la Cámara de Senadores a corregir estas garrafales violaciones a las garantías individuales y a defender juntos la democracia hoy gravemente amenazada por quienes ante la inconformidad, la protesta y la lucha social no tienen más respuesta que la represión y la violencia.
Aleida Alavez Ruiz, José Antonio Almazán González, Carlos Altamirano Toledo, Maribel Luisa Alva Olvera, Silbestre Alvarez Ramón, Juan Dario Arreola Calderón Modesto Brito González, Amador Campos Aburto, Maricela Contreras Julián, Othón Cuevas Córdova, Mario Enrique Del Toro, Daisy Selene Hernández Gaytán, Javier Hernández Manzanares, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Juan Dario Lemarroy Martínez, Ana Yurixi Leyva Piñón, Santiago López Becerra, Alejandro Martínez Hernández, Carlos Roberto Martínez Martínez, Octavio Martínez Vargas, Marcos Matías Alonso, Carlos Ernesto Navarro López, Concepción Ojeda Hernández, Antonio Ortega Martínez, Isidro Pedraza Chávez, Miguel Ángel Peña Sánchez, Celso David Pulido Santiago, Odilón Romero Gutiérrez, Alejandro Sánchez Camacho, David Sánchez Camacho, Miguel Ángel Solares Chávez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, María Elena Torres Baltasar, Víctor Gabriel Varela López, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Pedro Landero López, Carlos Sánchez Barrios, Juan Manuel San Martín Hernández, César Flores Maldonado, Joaquín C. De los Santos Molina, Aurora Cervantes Rodríguez, Víctor Aguirre Alcalde, Irineo Mendoza Mendoza, Mario Vallejo Estevez, Rafael Villicaña García, Humberto Alonso Razo, Raúl Ríos Gamboa, Rosa Elva Soriano Sánchez, María Soledad López Torres, Francisco Santos Arreola, Fernando Mayans Canabal, José Jaques y Medina, Jaime Espejel Lazcano, Fausto Mendoza Maldonado, Erick López Barriga, Victorio Montalvo Rojas, Rosario Ortiz Magallón, Alliete Bautista Bravo, Salvador Ruiz Sánchez, Martín Zepeda Hernández, Moisés Dagdug Lutzow, Guadalupe Flores Salazar, Pablo Trejo Pérez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Benjamín Hernández Silva, Armando Barreiro Pérez, José Antonio Saavedra Coronel, Alma Lília Luna Mungia, Juan Hugo De la Rosa García ,
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LA DERECHA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
Por Martí Batres Guadarrama
Publicado en El Gráfico, el 14 de diciembre de 2007)
Para entender qué está pasando en el gobierno federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Congreso de la Unión, es necesario partir de un diagnóstico político fundamental: la derecha domina, por las buenas o por las malas, en los tres poderes del Estado. Eso quiere decir que el sistema procura el neoliberalismo en lo económico, la desigualdad en lo social y el autoritarismo en lo político.
Todavía no nos recuperábamos de la violación tumultuaria a la señora Ernestina Asencio —mujer, indígena y adulta mayor— por elementos del ejército mexicano, y cuyo caso en vez de merecer justicia fue ignorado por las instancias correspondientes, cuando ya teníamos encima la resolución de la Corte exonerando al góber precioso y aplastando los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
La memoria nos remite inmediatamente a Atenco y a Oaxaca. En el primer caso, los luchadores sociales del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra de ese lugar, detenidos por la autoridad, fueron condenados a más de 60 años de prisión. En el segundo, los privados de su libertad fueron llevados a prisiones de alta seguridad.
Ahora nos desayunamos con la noticia de que con la supuesta reforma judicial, aprobada en fast track por la Cámara de Diputados, la autoridad podrá realizar cateos sin orden de aprehensión, también detenciones arbitrarias y espionaje telefónico, entre otras graves modificaciones de orden legal.
Estas reformas contravienen las garantías individuales consagradas en la Constitución, contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y violentan los numerosos tratados internacionales que ha firmado nuestro país en materia penal, de justicia y de derechos humanos.
Caminamos aceleradamente hacia un régimen policiaco. No es una reforma de justicia ni de seguridad pública. Es una contrarreforma política.
Un gobierno profundamente cuestionado en su legitimidad, surgido de las elecciones más sucias de la historia moderna, ahora va a poder espiar, catear, detener y encerrar a discreción. Esperemos lo peor.
Nos dicen que debe ser así porque los jueces niegan las órdenes de aprehensión o de cateo para perseguir a los narcotraficantes. Pero resulta que la propia Procuraduría General de la República, en los últimos siete años, se ha metido a la lucha entre narcos, y ha tomado partido en favor de unos y en contra de otros. La corrupción y descomposición no es ajena a los cuerpos de poder que ahora tendrán tremendas atribuciones para meterse impunemente en la vida de los ciudadanos. Muchos inocentes podrían ser afectados, mientras desde el poder se chantajea y se pacta con los verdaderos delincuentes. La ciudadanía pagará la ineficiencia y la colusión de las autoridades.
Ya nada más falta “la gran reforma estructural” para que el gobierno de Calderón se pueda meter a las sábanas de cualquiera, alegando orden, honradez y ornato.
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EL ESTADO POLICIACO
por Luis Javier Garrido
(publicado en La Jornada, el 14 de diciembre de 2007)
La sumisión del gobierno de facto de Calderón a los dictados de la administración de Bush, que pretende se apruebe una contrarreforma judicial que atenta contra los derechos individuales de los mexicanos, abre una nueva dimensión a las luchas sociales en México.
1. El albazo legislativo de fin de año de la alianza PRI-PAN en la Cámara de Diputados, aprobando al vapor el 12 de diciembre con el respaldo de un sector de la bancada del PRD un paquete de modificaciones constitucionales y legales en materia de justicia y de seguridad pública con el pretexto de crear las condiciones para luchar mejor contra “el narcotráfico y el crimen organizado”, constituye un serio retroceso institucional en la vida del país, pues al conferir a funcionarios del gobierno federal facultades inadmisibles en un régimen de derecho y cancelar derechos individuales fundamentales se sientan, en efecto, las bases para crear en México un Estado policiaco.
2. La aprobación de estos cambios aberrantes al marco constitucional del país por el Senado y las legislaturas locales (necesaria para que proceda una reforma de la Constitución) terminaría con el régimen de derecho en México, pues, por un lado, a) daría a los funcionarios federales atribuciones propias de un régimen dictatorial o de excepción, al permitirles allanar y catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión y, por el otro, b) cancelaría una garantía fundamental, la de seguridad jurídica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona si no media un mandamiento escrito, conforme al artículo 16 constitucional.
3. La bárbara decisión de los diputados, que no puede entenderse más que como un acto de irresponsabilidad o de sumisión a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por México.
4. La contrarreforma que ahora se busca imponer de improviso se había venido fraguando desde buen tiempo atrás con el argumento de que en virtud del NAFTA o TLC de América del Norte de 1993 era necesario homologar el derecho mexicano al estadunidense, a pesar de sus orígenes históricos distintos (de ahí la pretensión de sustituir los procesos escritos por los orales), pero fue reformulada en términos políticos más drásticos al subordinarse los gobiernos de Fox y de Calderón a la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Plan México o Iniciativa Mérida es una de sus vertientes, por lo que de llegar a aprobarse por el poder constituyente permanente sería un paso adelante en la integración de México a Estados Unidos.
5. El Plan México, que supone el dominio por parte de empresas trasnacionales de recursos básicos de nuestro país, y en particular de los energéticos, y el control permanente de agencias estadunidenses del territorio mexicano con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional, requiere, en la visión totalitaria de los republicanos estadunidenses, un control absoluto de las fronteras, los puertos, el espacio aéreo y el mar territorial de México, pero también de las personas; de ahí la pretensión de instaurar aquí mecanismos de control como los que de hecho mantienen en sus dos guerras en Asia: tanto en Afganistán como en Irak.
6 El gobierno espuriete de Calderón, obsesionado como está por el malestar social que despiertan sus políticas, y enfilado ya en la vía de criminalizar los movimientos sociales —como ha advertido al mantener detenidos a Flavio Sosa y sus compañeros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y a Ignacio del Valle y los campesinos de Atenco— vio por consiguiente en este proyecto un punto de apoyo para su esquema represivo, en el que prevé que el Ejército federal siga actuando como su policía política, en especial ante la crítica situación que se agravará en el campo en 2008, al entrar en vigor varios principios del TLC.
7. La afirmación oficial de que no hay guerra sucia en México se derrumba estrepitosamente todos los días, y los hechos siguen desmintiendo a la Secretaría de Gobernación, como señalaba Rosario Ibarra (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado) al recordar los casos de 30 desaparecidos, entre ellos 15 trabajadores petroleros de Cadereyta que se suman a los dos eperristas de Oaxaca (La Jornada, 12 de diciembre).
8. Resulta por ello una vergüenza que sólo 52 de los 127 diputados del PRD hayan votado en San Lázaro contra esta contrarreforma y que su propio coordinador, Javier González Garza, la haya avalado, pues los legisladores del sol azteca que en esta legislatura aprobaron ya el Cofipe parecen empeñados en demostrar a los mexicanos que por la vía institucional todos los caminos están cerrados por la corrupción de la “clase política”.
9. La contrarreforma judicial daría al traste con las posibilidades de que algún día exista un real Estado de derecho en México, pero tiene aún, sin embargo, un largo camino que recorrer para entrar en vigor y puede ser detenida por las opiniones de los juristas y las movilizaciones sociales, aunque es también la Suprema Corte de Justicia, que tanto se ha desprestigiado en los últimos tiempos, la que podría en uso de sus facultades declarar su improcedencia y erigirse en un verdadero órgano de control de la constitucionalidad del país.
10. El conflicto que se avecina de no dar marcha atrás el régimen en esta cuestión podría ser de enorme gravedad, pues las luchas sociales van a radicalizarse, a pesar del gobierno.
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