Carreteras al pasado

Editorial
Carreteras al pasado

Por si quedara alguna duda
de la continuidad en las tendencias que orientan al grupo en el poder
desde hace tres o cuatro sexenios, el actual titular del Ejecutivo,
Felipe Calderón Hinojosa, dio a conocer ayer un plan para devolver a
manos privadas las carreteras que fueron concesionadas en tiempos del salinato,
llevadas a la bancarrota por la iniciativa privada
y posteriormente, en tiempos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox,
rescatadas y saneadas con dinero público.

Cuando gobernaba el
beneficiario de la "caída del sistema" de 1988, el desmantelamiento del sector
público -carreteras incluidas- se justificaba con los argumentos de que el
Estado es, por naturaleza, un administrador ineficiente y corrupto. Al amparo de
esos razonamientos, y en pleno auge de los postulados neoliberales, en los
sexenios salinista y zedillista fueron transferidas a inversionistas privados la
mayor parte de las empresas públicas del país -bancos, televisoras, líneas
aéreas, fundidoras, entidades de telecomunicaciones, ingenios, carreteras, los
despojos del sistema ferroviario- y si Pemex y la Comisión Federal de
Electricidad no corrieron la misma suerte ello no fue por falta de voluntad
privatizadora oficial, sino porque la sociedad manifestó, de muchas maneras, su
rotundo rechazo a un disparate semejante.

En la mayoría de los
casos, los bienes nacionales fueron vendidos a precio de ganga, las más
de las veces en el contexto de procesos turbios y casi siempre con
dedicatoria a empresarios afines al pensamiento oficial. Pero el
desmantelamiento del sector público, se decía, elevaría la eficiencia y
la rentabilidad de las entidades desincorporadas, impulsaría bajas de precios al
consumidor, fomentaría la competencia y acabaría con la corrupción en las
administraciones.

Ocurrió, también en la mayor parte de los casos, precisamente lo contrario.
El ejemplo más exasperante es el de los bancos, que fueron puestos en
manos de individuos inexpertos, ambiciosos y poco escrupulosos que se
concedieron a sí mismos créditos incobrables. La catástrofe financiera de
1994-1995 pilló a los banqueros en una situación insostenible y el Ejecutivo
federal no tuvo mejor ocurrencia, para sortear la situación, que imponer un
"rescate" que significó, en la práctica, el pago de deudas privadas con dineros
públicos y el peor saqueo de cuantos ha padecido el país en toda su historia.

El
"rescate bancario" -legalizado por panistas y priístas en el Congreso de la
Unión- evidenció, por otra parte, que la iniciativa privada no es
necesariamente una administradora más eficiente ni menos corrupta que el
gobierno. Otro tanto ocurrió con las carreteras concesionadas y con los
ingenios azucareros: la iniciativa privada los administró en forma pésima y unas
y otros fueron reabsorbidos, en situación de bancarrota, por el sector público.

Hoy, cuando los dogmas
privatizadores se baten en retirada en la mayor parte del continente, el
gobierno calderonista anuncia que las carreteras que quebraron en la década
pasada volverán a ser concesionadas. El argumento ya no se centra en las
deficiencias administrativas del Estado sino en la falta de dinero: "el
presupuesto no alcanza". Alcanzaría, sin duda, si
la administración pública adoptara una verdadera política de austeridad
-recortando a la mitad, por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios- y
si el grupo gobernante estuviera dispuesto a gravar de manera justa la riqueza
extrema y a cobrar los impuestos que los ricos del país no han pagado nunca;
para hacerse de los recursos que necesita el sector público bastaría, por
ejemplo, con eliminar las insultantes exenciones para las operaciones bursátiles
y los grandes conglomerados de medios electrónicos.

El
único motivo a la vista para esta regresión -hay que preguntarse en cuánto
tiempo volverá a ser necesario un "rescate carretero", y cuánto va a
costarle la operación a la sociedad- es el acatamiento irreflexivo de las
recetas emanadas del llamado Consenso de Washington. Esas recetas ya
arruinaron al país en el pasado reciente, y no hay razón para suponer que su
aplicación reiterada ofrezca una posibilidad de mejoría en el futuro