ISA Servicio informativo núm. 124

Ciudad de México, 2 de julio de 2007
Servicio informativo núm. 124

Sumario:


I. Difunde el gobierno legítimo la iniciativa de reforma fiscal que presentó desde abril pasado para contrastarla con la propuesta calderonista

II. Las voces legítimas

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DIFUNDE EL GOBIERNO LEGÍTIMO LA INICIATIVA DE REFORMA FISCAL QUE PRESENTÓ DESDE ABRIL PASADO PARA CONTRASTARLA CON LA PROPUESTA CALDERONISTA



En momentos en que el gobierno de facto de Felipe Calderón ha difundido la idea de que su propuesta de reforma fiscal recoge las propuestas del PRD sobre la materia, el gobierno legítimo de México, a través de su Secretaría de la Hacienda Pública, ha puesto a disposición de la ciudadanía el texto íntegro de la propuesta de “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria”, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Trabajo, a fin de que las divergencias de proyectos de la derecha y de la izquierda puedan contrastarse y se comprenda la postura de cero negociación a la que ha llamado el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, a los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista (FAP).

Cabe recordar que dicha iniciativa legislativa fue presentada desde el pasado abril y apareció publicada en la Gaceta Legislativa el día 24 de ese mes. En ella, como ha señalado en recientes foros Mario Di Costanzo, secretario hacendario del gobierno lopezpobradorista, se propone modificar cuatro mecanismos que la ley permite y mediante los cuales las grandes empresas eluden el pago de impuestos: el Régimen de Consolidación Fiscal, que permite juntar las contabilidades de varias empresas de un mismo dueño para que si una empresa tiene ganancias y otra pérdidas, se pueda eludir de esa manera el pago de impuestos; la Depreciación Acelerada de Activos, la cual funciona cuando una empresa sabe cuáles son sus utilidades y en lugar de pagar los impuestos correspondientes, adquiere bienes (puede ser la compra un terreno, un edificio, una casa, autos, etc.), que se deducen de lo que se tendría que pagar al fisco; realizando acciones de compra-venta en la Bolsa de Valores, sin pagar impuestos por tales transacciones, como sucedió con la venta del banco Banamex recientemente; mediante donativos y redondeos, los cuales son deducibles de impuestos.

Los cálculos estimados por la Hacienda Pública que encabeza Mario Di Costanzo señalan que por dichas prácticas no se pagan aproximadamente 300 mil millones de pesos al fisco cada año. Por ello, la propuesta del gobierno legítimo es reducir el gasto superfluo, bajar los sueldos de funcionarios y gastos superficiales, con lo cual se estaría ahorrando una suma de 100 mil millones de pesos. Respecto a los ingresos, la propuesta busca la derogación de estos regímenes de consolidación y depreciación, y limitar las inscripciones a las operaciones de Bolsa y los donativos, así como mecanismos que garanticen la transparencia fiscal.

La propuesta del gobierno legítimo —ha señalado el área de comunicación de la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno legítimo— hace posible evitar que se sigan evadiendo impuestos como hasta ahora lo han hecho los grandes monopolios, cifras que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer recientemente y que indican que grandes empresas llegaron incluso a pagar ¡74 pesos al año!

Di Costanzo ha subrayado que el gobierno calderonista no incluye ni por equivocación algo de la propuesta que presentaron el FAP y el gobierno legítimo, pues su reforma no toca la elusión fiscal. El entramado del CETU es solamente para aparentar que se modifica la manera de pagar impuestos pero en realidad no es así, pues no termina con la consolidación ni reduce el sueldo de funcionarios, ni permite el ahorro, ni toca los aspectos que actualmente permiten la evasión, previamente citados.

Por ello, ve necesario impulsar estrategias para evitar que la reforma fiscal de Calderón sea puesta en marcha, por lo que resaltó la importancia de la organización ciudadana para contenerla. En esa lógica se enmarca la decisión de informar a la ciudadanía que se ha puesto a su disposición la iniciativa fiscal que presentó el gobierno legítimo de México y los diputados del Frente Amplio Progresista, misma que estará disponible tanto en la versión íntegra del documento como en una presentación en diapositivas que fue presentada al Senado. Tales materiales pueden ser consultados en http://www.secretariadelahaciendapublica.blogsp
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LAS VOCES LEGÍTIMAS

Los espacios editoriales de distintos funcionarios del gobierno legítimo, así como de otros analistas certeros de la realidad mexicana nos han llevado esta vez a escoger los siguientes para formar nuestras voces legítimas de esta semana.

Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno lopezobradorista, hace una crítica al proyecto político y a la reforma fiscal de Felipe Calderón, mismo tema que ocupa a Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública, quien plantea las incongruencias esbozadas en el proyecto de reforma hacendaria del equipo económico calderonista, misma que no apunta a mejorar la administración tributaria ni el gasto público. Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad, reflexiona en torno del artículo 97 constitucional que faculta a la Suprema Corte de Justicia para que integre comisiones investigadoras de violación a garantías individuales en los casos de San Salvador Atenco, de la periodista Lydia Cacho, la represión en contra del pueblo de Oaxaca y el caso de Aguas Blancas. Considera que éste es un avance en “el camino” a la democracia.

José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, aborda el porqué amplios sectores de la población siguen y apoyan a López Obrador; alejado de un análisis apegado a estereotipos de líderes carismáticos (weberianos) o iluminados, Ortiz señala que este actor social encabeza un movimiento que no escinde la ética de la política. Finalmente, Luis Javier Garrido hace un balance a un año del fraude electoral del 2 de julio de 2006. Argumenta por qué el gobierno calderonista ha fracasado en su intento por legitimarse ante los hombres del poder económico y político a nivel nacional e internacional, “a pesar de las drásticas medidas antipopulares”, estrategia que le ha valido la animadversión social.

Bajo la responsabilidad del servicio de noticias ISA, presentamos aquí las voces legítimas seleccionadas y el resumen de sus escritos.



Luis Linares Zapata. Reformita y proyectito

Cierta sustancia comienza a definir la administración del Presidente del oficialismo: la estrecha envergadura de su proyecto político y lo reducido (o convenenciero) de sus publicitadas reformas. La reforma fiscal, tan cacareada desde Los Pinos, avanza entre los legisladores convertida en artificiosa miscelánea, y el horizonte que ésta revela se cataloga como el de una continuidad temerosa.

Los nada sorprendentes cambios fiscales, pues son ya moneda conocida en otras haciendas públicas del ancho mundo, tratan de dar vuelta tanto a los numerosos agujeros impositivos que acarrea el ISR como a los negados gravámenes que, al menos en pequeños montos, pesarán sobre los asalariados. A estos últimos les afectará, aunque lo nieguen, la eliminación del llamado subsidio al trabajo. En ambos casos se argumentan y publicitan logros que están lejanos de ser realidad positiva. En cambio, sí traerán aparejados protestas y efectos indeseados. La llamada contribución empresarial de tasa única (CETU) dejará ir a los causantes mayores, que la evadirán con sendos procesos de ingeniería, y caerá como pesado fardo, hasta incautatorio, sobre los medianos y pequeños negocios. Al final del día, una burocracia ya bien cebada por los enormes salarios y desmedidas prestaciones de sus altos niveles esperará, con la debida impaciencia, el botín que ya vislumbra cercano.

El PRI, conducido por sus líderes de ocasión en esta maraña de compromisos personales, identificaciones ideológicas derechistas, y forzado por las siempre presentes complicidades grupales, ya ha rubricado su participación. A cambio le serán concedidos ciertos reclamos que solicita, en especial los tocantes a la independencia de Pemex que, se dirá una vez más, con enérgica entonación de voz, ¡no se privatizará!

El Frente Amplio Progresista, en cambio, tiene por delante un trabajo fino de acuerdos internos y definiciones futuras. Nada hay en la tal reforma fiscal que se parezca a la oferta hecha durante la pasada campaña por López Obrador, menos aún respecto de lo que ha ido surgiendo en la difícil ruta para construir la nueva República que se ambiciona. El gobierno legítimo ha marcado con claridad su derrotero: no negociará algo diseñado desde fuera y para perjuicio de las mayorías nacionales. No se trata ya de los sectores marginados de la población, esos de varias maneras resultarán afectados y habrá que defenderlos de otras maneras, sino de las clases medias, del aparato productivo nacional y de las posibilidades de salida para una economía asfixiada e inconexa.

Los recursos públicos necesarios para impulsar el crecimiento y el justo desarrollo no se conseguirán sin afectar, con la dureza necesaria, a los evasores y delusores actuales. Se tiene que hacer el esfuerzo por desterrar la corrupción, aumentar, con decisión y método, la recaudación y, sobre todo, gastar e invertir con transparencia y para beneficio del pueblo. El CETU bien puede ser confiscatorio e inconstitucional. Los amparos no se harán esperar y Calderón tendrá que sumar tales protestas a su otra fallida reforma (ISSSTE). En lugar de proponer atajos debería de una buena vez cancelar privilegios fiscales. Bien podría, por ejemplo, imaginar cómo gravar (ISR) los flujos de efectivo, señal inequívoca de utilidades (o pérdidas) y simplificar la recaudación. Ya no puede ni debe verse a empresas que no contribuyen pero compran todo y de todo pues tienen abundantes tesorerías o fortunas que crecen en desmesura amparadas en transacciones de bolsa inventadas, mientras los funcionarios públicos canturrean con las bolsas repletas.


Mario Di Costanzo. ¿Una reforma fiscal para los pobres?

En materia tributaria la reforma atenta gravemente contra las personas físicas y más aún contra aquellas que perciben menores ingresos, por ello es altamente regresiva y de ser mayoriteada por el PRI y por el PAN daría la posibilidad de recurrir al derecho de amparo en virtud de que contraviene lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución.

De ser aprobada la propuesta calderonista, las personas que reciban ingresos diferentes a salarios, y que perciben por ejemplo 20 mil pesos mensuales de ingresos tengan un incremento en su carga fiscal hasta de 2.72 por ciento, lo que equivale a pagar 544 pesos más de lo que pagan en la actualidad, o bien una persona que recibe 35 mil pesos mensuales pagará 848 pesos más de lo que paga ahora.

Sin embargo, una persona que gana 500 mil pesos al mes tendrá un incremento en su carga fiscal de sólo 0.17 por ciento, y al pagar sólo 848 pesos más de lo que actualmente paga, esta situación es altamente desproporcionada si lo comparamos con las personas que se encuentran en rangos de entre 15 y 40 mil pesos mensuales de ingreso.

Otro elemento importante es que al eliminar el crédito al salario y sustituirlo por el subsidio al empleo se afectará también a los trabajadores de menores recursos y con menos prestaciones, ya que estos trabajadores estarían recibiendo menos efectivo en relación con la ley actual.

De esta manera, un trabajador que percibe dos salarios mínimos (3 mil pesos) y que con la ley actual recibe un crédito al salario de 274 pesos, recibe un ingreso neto de 3 mil 274. Sin embargo, con la propuesta de la nueva ley, y a pesar de tener el subsidio al empleo recibirá 3 mil 237 pesos, es decir, 37 pesos menos que ahora, esta situación se mantiene hasta los trabajadores que perciben hasta 8 mil pesos mensuales, ya que estos últimos recibirán hasta 151.33 pesos menos que lo que perciben ahora.


Bernardo Bátiz Vázquez. La Corte y su facultad investigadora

En el camino a la democracia se avanza, pero lamentablemente también se retrocede; lo importante debe ser que los avances sean mayores y más significativos que los retrocesos. Dentro de los pasos positivos (están) las recientes determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, fundadas en el artículo 97 de la Constitución, mediante las cuales este tribunal ha ordenado que se integren comisiones investigadoras de violación a garantías individuales.

Emilio Rabasa en La Constitución y la dictadura decía que al Poder Judicial le falta la potestad de tomar decisiones libres, de ejercer la voluntad como lo hacen los otros dos poderes, porque no representa directamente al pueblo sino que sólo cumple la voluntad del Poder Legislativo, aplicando e interpretando la ley.

Y aun cuando en términos generales esto parece ser así, la realidad es que el Poder Judicial tiene la potestad de tomar decisiones y ejercer la voluntad a que se refiere Rabasa, cuando integra la ley al aplicarla a los casos concretos; la ley se complementa con su interpretación en la práctica; el magistrado que la aplica acaba de construirla y, con ello, llena necesidades reales de momentos, circunstancias y casos específicos. Es cierto que la facultad investigadora que el artículo 97 da a la Suprema Corte ha sido poco estudiada y poco ejercida en el pasado. Se emparenta con el Protocolo de Roma que crea la Corte Penal Internacional y al que México ya se adhirió, en que ambas instituciones son instrumentos que permiten que los poderosos no queden impunes como suele suceder.

La Corte Penal Internacional puede juzgar a quienes ya fueron juzgados en sus países, pero que no fueron condenados a pesar de evidencias de culpabilidad, por ser personajes poderosos a los que los tribunales comunes no se atreven a tocar; el caso de la facultad del 97 es parecido: sirve para que un poder con toda la autoridad moral que debe tener la Suprema Corte (aunque no siempre hace honor a él) investigue atropellos de los gobernantes que no son investigados, porque quienes podrían hacerlo, están bajo su poder o su control.

Ciertamente, la conclusión de la investigación que lleve a cabo la comisión que integre la Corte no tiene efectos vinculatorios, es decir, no obliga como una sentencia, pero quien abusó de su poder, como los gobernadores y funcionarios que serán investigados, de resultar responsables, tendrán que alejarse de la vida pública, como ya ha sucedido, y su desprestigio afectará a su partido en los próximos comicios; algo es algo.



José Agustín Ortiz Pinchetti. Ética, política y AMLO

Mientras usted lee esta nota, miles se concentran en el Zócalo capitalino para celebrar la vitalidad excepcional de AMLO como político y también de un movimiento cuyo sentido más profundo es unir la ética con la política.

Uno podría pensar que toda esta multitud está equivocada. Muchos comentaristas aconsejaron a su líder y a sus seguidores olvidar el agravio, reconocer la derrota y negociar con astucia y obtener así múltiples ventajas. Aconsejan mandar de vacaciones los principios, como hizo el PAN con Salinas. Hoy alegres dan por muerto a Andrés Manuel.

Sin embargo, tengo malas noticias para los que piensan que “la moral o es un árbol de moras o sirve para pura...” Tomemos el caso de Salinas: hizo un fraude y luego se “legitimó” con golpes espectaculares. Si en lugar de intentar construir un emporio de trillones de dólares y pretender convertirse en el jefe máximo, se hubiera autocontenido y cumplido su promesa de reforma política que le recomendaban sus compañeros, hoy sería figura central en la vida pública y no estaría en los márgenes oscuros de la política.

Elba Esther Gordillo es, como dice Arnaldo, una violadora contumaz de la ética y “sigue vivita y coleando”. Pero aún no se dice la última palabra. ¿Y Calderón? Maquiavelo decía que un gobernante tiene que contar con el consenso de su pueblo. Un 40 por ciento cree que se robó la elección. No ha podido “legitimarse”.

Los políticos corruptos pueden mantener influencia, seguir impunes, pero no despiertan la confianza en nadie. Cuando, como en México, la violación sistemática de la ética se convierte en una estructura cultural y toda la clase política se pervierte y se desprestigia, los efectos no paran ahí, el país sufre un daño devastador.

En contraste: ¿por qué la gente se entusiasma con AMLO? No sólo es un político hábil, un excelente organizador y comunicador dotado de una capacidad sobrehumana para el trabajo. No lo siguen por ser un iluminado. No es un orador deslumbrante. Lo que sucede es que la gente cree en él: le tienen una firme confianza porque ha demostrado en su accidentada carrera que es un hombre que ajusta sus actos a la ética: no miente, no engaña y no roba. En contraste con el cinismo y la descomposición de nuestra vida pública, despierta una fuerte esperanza de que las cosas puedan cambiar.


Luis Javier Garrido. A un año

A un año del fraude electoral del 2 de julio de 2006, el gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa ha ido de fracaso en fracaso, y a pesar de haber tomado, como se esperaba, drásticas medidas antipopulares que le han concitado un importante repudio social, no ha logrado alcanzar un respaldo real más que de los grupos minoritarios que colaboraron al fraude para seguir haciendo prevalecer sus privilegios.

El panismo carece de un proyecto nacional y sus gobiernos a nivel local o nacional no pasan de ser más que remedos y secuela de los peores gobiernos de la experiencia priísta, los de la tecnocracia que se apoderó del aparato estatal de México en 1982.

Las dos administraciones panistas que sucedieron evidenciaron muy rápidamente su ineptitud para actuar en función de los intereses nacionales, que subordinaron mucho más que en el pasado a los intereses de las trasnacionales y de unos cuantos grupos de traficantes de influencias —aquellos que financiaron y organizaron el fraude de 2006—, y en consecuencia no sólo han actuado en contra de los intereses populares, sino que también lo están haciendo en contra de la propia libre empresa a la que pretendían iban a favorecer.

El mayor fracaso del PAN y de Calderón no está nada más en el desastroso manejo de la economía y en su subordinación a los reclamos de Washington para controlar estratégicamente el país y adueñarse del petróleo y los recursos no renovables, sino en el ámbito de la política, pues el futuro del gobierno ilegítimo está en manos de los priístas que colaboraron al fraude y pasa por el mantenimiento de las estructuras antidemocráticas del pasado: los fraudes electorales, el corporativismo y el control totalitario de la televisión.

Los panistas que ocupan desde 2000 los principales cargos de la administración, surgidos de cuadros del empresariado, de las organizaciones clericales y del yunquismo, no tienen ética alguna ni más vocación por el poder que en función de enriquecerse y, en el mejor de los casos, de hacer valer las exigencias de la extrema derecha, su preocupación central es apoderarse cada vez más del poder político e ir excluyendo gradualmente del mismo no sólo a los sospechosos de tener compromisos sociales o ideas “de izquierda”, sino también a sus aliados priístas.

La reconversión panista del régimen pasa necesariamente por la consolidación de una elite corrupta impune y por lo mismo la tarea que cumple Calderón con mayor atingencia, a través de Eduardo Medina (titular de la PGR) y de Germán Martínez (Secretario de la Contraloría), es encubrir los múltiples actos de corrupción no sólo de la mafia de Salinas, señalada por su vinculación al narcopoder, sino de la familia de Vicente Fox. Nada están haciendo para investigar, no se diga la utilización de los excedentes petroleros para beneficio del grupo foxista y de grupos privados, sino el escandaloso enriquecimiento de la familia de Fox, que le está permitiendo erigir un centro de actividades en su rancho.

La disputa que se está dando por la nación un año después del fraude es, por lo mismo, muy clara y en este escenario no se puede olvidar que no sólo están en riesgo los recursos estratégicos de México, sino que en las cárceles hay presos políticos de la APPO, de Atenco y del zapatismo, y que ésa es una afrenta para todos los mexicanos.


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