Calderón cambió el derecho constitucional a una
vivienda en negocio de empresas recuperadoras de deuda: Castillo Juárez
* Por la aplicación de una política antipopular en la materia, unas 110 mil familias perderán sus viviendas, alerta
* Infonavit vendió a las recuperadoras alrededor de 55 mil créditos, pero al 10 por ciento de su valor, asegura
* Exige la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda que se practique una auditoría a las finanzas del Infonavit
El gobierno espurio de Felipe Calderón convirtió el derecho constitucional del pueblo de México a una vivienda en un negocio que beneficia a particulares y ha puesto en marcha una política “perversa” en la materia, que consiste en autorizar créditos impagables, para despojar posteriormente a las familias de su patrimonio y entregárselo a inmobiliarias rapaces, aseguró la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo Juárez.
Detalló que el organismo de vivienda Infonavit vendió el año pasado un promedio de 55 mil créditos, cantidad que representa el 50 por ciento de su cartera vencida, a empresas recuperadoras de deuda, entre ellas la trasnacional CAPMARK y SCRAP2, pero al 10 por ciento del valor total.
Durante la movilización contra la política mercantil del Infonavit y FOVISSSTE, que se realizó por la avenida Insurgentes, informó que las mencionadas firmas ya revendieron los 55 mil créditos pero a un precio mil veces superior al autorizado a los propietarios originales.
Ante un importante número de ciudadanos que participaron en la concentración, Castillo Juárez subrayó que el Infonavit ha perdido la orientación social que le dio origen. “A partir de la bursatilización de la cartera y con el objeto de mantenerlo financieramente sano, vende la deuda vencida del 6 al 10 por ciento de su valor a empresas administradoras, sin que los acreditados sean notificados de ello”, explicó.
De manera ventajosa, enfatizó la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, las empresas favorecidas revenden las viviendas al 300 por ciento de su costo real y se preguntó: “¿Es realmente un saneamiento financiero o un magnífico negocio para unos cuantos?”.
Informó que al Consejo de Defensa de la Vivienda han llegado familias desesperadas por el acoso extrajudicial del cual son víctimas de parte de despachos jurídicos, que reciben un porcentaje por cada vivienda desalojadas.
“El fondo del problema es la acumulación de riqueza por despojo, puesto que los inmuebles recuperados son revendidos a precios sobrevaluados”, insistió.
A nombre del Consejo de Defensa de la Vivienda, Castillo Juárez demandó una suspensión inmediata de la cartera vencida a administradoras de deuda, un alto total a los desalojos y a los actos de amenaza extrajudicial y practicar a una auditoría a las finanzas del Infonavit
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