ISA Servicio informativo núm. 474

Ciudad de México, 12 de julio de 2008

Servicio informativo núm. 474

Sumario:

I. Llaman dirigentes sociales y políticos a impulsar un plan de acción emergente por la amnistía general y la libertad de los presos y la presentación de los desparecidos políticos

II. “Estamos preparados y no vamos a permitir que se viole la Constitución, que se privatice la industria petrolera y que se profundice la corrupción”: AMLO

III. La nueva Ley del ISSSTE está plagada de ilegalidades que dañan gravemente a las instituciones del país, declara el gobierno legítimo de México
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LLAMAN DIRIGENTES SOCIALES Y POLÍTICOS A IMPULSAR UN PLAN DE ACCIÓN EMERGENTE POR LA AMNISTÍA GENERAL Y LA LIBERTAD DE LOS PRESOS Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DESPARECIDOS POLÍTICOS

Al Frente Nacional Contra la Represión:
Al Diálogo Nacional:
Compañeros y compañeras:

Resulta evidente que pese a que hay una creciente movilización social y reclamo de derechos, al mismo tiempo se ha venido fortaleciendo también un marco de represión, autoritarismo y violencia que enfrenta la protesta social, que busca intimidar para desalentarla y que apuntala el carácter policiaco del Estado. Además de la represión directa, el incremento de presos políticos, el regreso de la práctica de la desaparición forzada de personas, ese carácter se refleja en reformas legales autoritarias (la ley Gestapo, por ejemplo), en campañas mediáticas que justifican la criminalización de la protesta y la solidaridad social, así como la institucionalización de la tortura y en general la militarización del país.
Pensamos que es urgente una campaña nacional desde el Frente Nacional contra la Represión (FNCR) pero también desde otros referentes de la lucha social actual, para enfrentar y revertir la dinámica autoritaria estatal. Sobre varios aspectos se han emprendido luchas, como es contra la reforma judicial o contra la tortura, pero pensamos que se requiere una campaña especial que reimpulse la lucha central que se propuso el FNCR al fundarse por la libertad de todos los presos y desaparecidos políticos, alrededor de la bandera de una amnistía general.
El reclamo de una amnistía engloba la situación de todos los presos y desaparecidos políticos, independientemente del estado de su proceso penal, sean perseguidos, dentro o fuera del país, con órdenes de aprehensión, presos o sentenciados, así como desaparecidos políticos. La amnistía es una respuesta política para reclamar la libertad de todos los presos y desaparecidos políticos. Por supuesto, como ya se ha explicado ampliamente, la amnistía no quiere decir impunidad para los responsables en los diversos niveles de gobierno por la represión, la violación de derechos humanos de presos y perseguidos políticos o por la realización del crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada de personas. Se trata de obligar a una respuesta política, por medio de la amnistía, para lograr la liberación de presos y desaparecidos políticos.
Luchar por la amnistía es también una bandera política que engloba la situación de todos los presos y desaparecidos, pero que no olvida que el objetivo central es lograr la libertad y presentación de aquellos. Puede ser que al ir creando la fuerza social necesaria en torno a este reclamo, algunos presos o desaparecidos vayan logrando su libertad aunque no se apruebe una amnistía general, ya sea federal o en cada uno de los estados donde hay presos políticos. Pero la lucha pro la amnistía general nos une a todos en un solo reclamo.
Para relanzar una campaña por la amnistía es que proponemos este plan de acción. En primer lugar para el FNCR que tendrá en estos días una asamblea especial, pero también a las organizaciones y movimientos del Diálogo Nacional que preparan un paro cívico nacional, así como en cualquier otro referente de coordinación de la lucha social. Es una propuesta de plan de acción que aunque consideramos urgente implementarlo, debemos construirlo, pensarlo y diseñarlo entre todos. Algunas tareas podemos o estamos ya realizando desde nuestras respectivas organizaciones o ámbitros donde nos movemos, pero para mayor efectividad necesitamos acordarlo y construirlo conjuntamente como una campaña general del FNCR y el conjunto de movimientos sociales y referentes que los coordinan.
Como se recordará, durante varios meses el FNCR fue elaborando un proyecto de ley de amnistía a nivel federal para presos, perseguidos y desaparecidos políticos, en discusión en equipos, en foros y en visita con algunos presos políticos. Finalmente ese proyecto se presentó como iniciativa de ley ante los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista estuvieron de acuerdo en apoyar esta iniciativa y en abril la Diputada Aleida Alavez la presentó en tribuna a nombre de los grupos parlamentarios del FAP y del FNCR.
Presentamos ahora el plan con el propósito de que se vaya consensando y acordando en amplia consulta con organizaciones, personas y movimientos sociales interesados y comprometidos con esta causa. Lo hacemos ahora porque el primer problema que vemos es la necesidad de posicionar en la opinión pública la necesidad de una amnistía o de la libertad de los presos y desaparecidos políticos. Se requiere un esfuerzo especial para, de entrada, combatir la versión oficial que niega la existencia de presos y desaparecidos políticos. Hay en la actualidad muchas expresiones y movimientos de lucha social en torno a importantes temas, lo que nos permite ser optimistas en cuanto a la existencia de una sensibilidad necesaria para comprender la lucha contra la represión. Pero al mismo tiempo sabemos que hay fechas y momentos en que la atención pública está legítimamente concentrada en otros temas. Es el caso hoy del movimiento nacional por la defensa del petróleo. Estamos en la fase del debate público, todavía en julio. El 27 de julio será la consulta, sobre todo en el DF y otros estados del centro del país. Habrá dos momentos más para llevar a cabo la consulta en el resto del país. Finalmente al iniciarse septiembre, con el periodo ordinario de sesiones del Congreso se reiniciará la disputa en torno a la pretendida privatización. En esas fases el centro de la atención estará en ese movimiento.
Por eso es que pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo especial para relanzar la lucha por la amnistía y colocarla en la opinión pública en la segunda quincena de agosto, especialmente alrededor del 28 de agosto en que se cumplen 30 años de la histórica huelga de hambre de las madres de desaparecidos políticos en que posteriormente se aprobó la Ley de Amnistía de aquel año de 1978.
Teniendo su punto más alto en la segunda quincena de agosto, con el aniversario de la huelga de hambre del 28, nos proponemos colocar la demanda de amnistía en la movilización nacional que implique el paro nacional si éste se realiza el 1 de septiembre, como está hoy propuesto. Nuevos esfuerzos de coordinación proponemos para el 2 de octubre en que se cumplen 40 años de la matanza de Tlatelolco y el 10 de diciembre, día universal de los derechos humanos.
La propuesta de plan de acción concreto sería el siguiente:
1. Presentar la propuesta en la asamblea del 19 y 20 de julio en Oaxaca pero especialmente en la asamblea nacional del FNCR del 20 de julio.
2. Acelerar la recolección de firmas de apoyo a la amnistía para publicar el manifiesto al inicio de agosto.
3. Realizar las reuniones y contactos necesarios con periodistas, intelectuales, artistas y editorialistas para explicar la necesidad de la amnistía y conseguir el apoyo para posicionar en la opinión pública el tema.
4. Realizar en la Cámara de Diputados, en universidades, escuelas y foros sindicales o sociales mesas redondas y conferencias explicando la necesidad de la amnistía y su carácter.
5. Manifestación del FNCR local en Ciudad Juárez el 23 de agosto.
6. Además del acto central a realizarse en el zócalo de la Ciudad de México para conmemorar los 30 años de la huelga de hambre en Catedral de las madres de los desaparecidos, organizar simultáneamente en todas las ciudades donde se pueda, especialmente donde haya secciones del FNCR, actos aunque sean simbólicos por la amnistía.
7. Defender en el programa de lucha del Diálogo Nacional la demanda de la amnistía en la realización del paro nacional del 1 de septiembre.
8. Continuar desde la segunda quincena de agosto la visita a presos políticos en las diversas cárceles del país, con el objetivo de prestarles solidaridad y cobertura, así como para explicar el sentido de la amnistía, como han venido haciendo el diputado José Antonio Almazán, la diputada Aleida Alavez y la Senadora Rosario Ibarra buscando la colaboración de más legisladores solidarios. Con el apoyo del editor Fernando Valdés, se puede realizar en el penal de la Ciudad de México donde estuvo preso, una conferencia a favor de la amnistía, en el espacio que él ha conseguido ahí.
9. Coordinarse desde todas las ciudades que corresponda con la oficina y el equipo de la Senadora Rosario Ibarra para elaborar el censo de presos, perseguidos y desaparecidos políticos, su nombre, estado del proceso, cargos, penal donde se encuentren, grupos solidarios o abogados defensores, etc.
10. Convocar y realizar caravanas por la amnistía y la libertad de los presos y desaparecidos desde todas las ciudades que se pueda con el objetivo de llegar a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre cuando se cumplan los 40 años de Tlatelolco.
Realizar en octubre nueva asamblea de balance de esta fase de la lucha para actualizar un plan de acción durante octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre, día universal de los derechos humanos.
En este plan de acción habrá que integrar la decisión que tomen los compañeros, especialmente de los FNCR a nivel estatal en la presentación de iniciativas de ley de amnistía a nivel local, ya sea en el estado de México, Guerrero, Chiapas o alguno otro. Un proyecto de ley de amnistía para el estado de México está ya preparado, que beneficiaría especialmente a los compañeros presos de Atenco, y que podría presentarse en tribuna el miércoles 30 de julio, al terminar el presente periodo de sesiones del Congreso local, para que la campaña general por la amnistía de agosto le sirva de apoyo . El equipo legal del FNCR que elaboró los proyectos a nivel federal y para el estado de México podría colaborar para otros proyectos de ley a nivel local.
En un plan de acción habrá que tomar en cuenta la evolución que tome el diálogo de la Comisión de Mediación entre EPR y la Secretaría de Gobernación para la presentación de los miembros del EPR desaparecidos desde el año pasado. Hay que seguir con atención este proceso pues implica obligar al gobierno federal a discutir y reconocer la existencia de desaparecidos políticos que persistentemente se ha negado a reconocer.
México, D. F. julio de 2008.

Trini Ramírez (Atenco), Flavio Sosa (Oaxaca), Senadora Rosario Ibarra, Diputada Aleida Alavez, Diputado José Antonio Almazán, Diputado Germán Rufino Contreras, Damián Camacho (Atenco), Benito Colín (PPT), José de Jesús Mena (sección XVII-CNTE), Edgard Sánchez (PRT), Paty Jiménez (COMO), Germán Mendoza Nube, José Alberto Vázquez Cruz, Lic. Leonel Rivero, José Luis Sánchez Campos, Rosa Nelly de la Vega Urrutia, Frank Martínez Rodríguez, Heriberto Salas Amac (FPDT), Manuel Aguilar Mora (LUS), José Luis Hernández Ayala (MUS), Pedro Galicia Jiménez (Atenco), Ma. de la Luz Del Valle Medina (Atenco), Angélica Miguel Piña (FPDT), Leticia Martínez Gallegos (MEP), José Martínez Cruz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos), Arturo Mellado Alzaga, Alfonso Sánchez Mimbrera (Sección XVIII SNTE, Michoacán), Juan Calvo (MEP), Ismael Contreras (movimiento magisterial Edo Mex), Soledad del Rocío Ramos (COMO Barricadas)
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“ESTAMOS PREPARADOS Y NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VIOLE LA CONSTITUCIÓN, QUE SE PRIVATICE LA INDUSTRIA PETROLERA Y QUE SE PROFUNDICE LA CORRUPCIÓN”: AMLO
Desde el corazón de la Sierra Gorda de Querétaro, Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y la mayoría de los mexicanos “no vamos a permitir que se transe con el tema del petróleo con los bandidos de cuello blanco, ni con la mafia de la política, ni con el ladronzuelo de Felipe Calderón”.
El pueblo organizado y alrededor de 200 mil brigadistas de todo el país “estamos preparados y no vamos a permitir que se viole la Constitución, que se privatice la industria petrolera y que se profundice la corrupción” en la estructura de la paraestatal y en el territorio nacional, aclaró el presidente legítimo de México.
En relación con la propuesta que hizo el dirigente interino del PRD, Guadalupe Acosta, a las dirigencias del PRI y del PAN, para consensuar una propuesta de reforma energética, sin que se privatice Petróleos Mexicanos, López Obrador adelantó que “el movimiento que está en contra de la privatización del petróleo no va a permitir que se cometa un nuevo atraco a la nación. Eso ya lo decidimos”, puntualizó.
En entrevista que concedió al término de una asamblea informativa con habitantes del municipio de Jalpan de Serra, López Obrador manifestó que el Movimiento en Defensa del Petróleo va a esperar los resultados de la consulta popular sobre el petróleo que se realizará en tres etapas, a partir del próximo 27 de julio, “pero al mismo tiempo ya estamos preparados para defender el patrimonio nacional y evitar que el gobierno espurio de Felipe Calderón deposite la industria petrolera en manos de compañías extranjeras”.
Cuando los reporteros le preguntaron si era el momento oportuno para establecer acuerdos en materia de reforma energética, López Obrador dejó en claro lo siguiente: “en el caso del petróleo, el único entendimiento que puede haber es el retiro de las iniciativas de reformas privatizadoras que violan la Constitución”, y subrayó que en la defensa del petróleo no habrá ni un paso atrás.
Nuevamente se le insistió en que se podría concretar un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país. “No vamos a permitir que se transe con el tema del petróleo, con los bandidos de cuello blanco, ni con la mafia de la política, ni con el ladronzuelo de Calderón”, reiteró.
Luego se le preguntó si no son confiables las cúpulas tanto del Revolucionario Institucional como de Acción Nacional. El presidente legítimo de los mexicanos afirmó que ambos partidos no son confiables y lo han demostrado en el pasado, cuando “se pusieron de acuerdo” para aprobar en el Congreso el rescate bancario, el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el incremento a nuevos impuestos y las reformas a la Ley del ISSSTE.
“Entre el partido tricolor y el partido blanquiazul —agregó— no hay diferencia alguna y las franquicias de ambos institutos políticos ya las compraron y pertenecen ahora a los potentados, a una minoría rapaz, que impuso a Calderón en la Presidencia de la República”.
Mencionó también que “el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se convirtió ahora en asesor del presidente pelele en materia de reforma energética” y recordó que “hace dos semanas Salinas de Gortari y el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño, dialogaron por espacio de 45 minutos en el diseño de una nueva estrategia para imponer las reformas privatizadoras de Calderón. Nada más que no van a poder los mafiosos de la política aprobar una reforma que viola la Constitución”, insistió al declarar que el actual sistema político y económico “es perverso” porque sólo permite sobrevivir a la mayoría de la población, sin ninguna posibilidad de progreso.
Acompañado por legisladores y dirigentes locales del PRD, PT y Convergencia, aseguró que Pemex representa un negocio jugoso e importante, porque mueve la economía y el comercio mundial, además de que es un recurso energético clave, que ambicionan las grandes corporaciones extranjeras.
Tanto en los municipios de Pinal de Amoles, como en Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, expuso que actualmente el precio del barril de petróleo se cotiza en 130 dólares, mientras que su producción tiene un costo de 4 dólares. En Pinal de Amoles, el presidente legítimo de los mexicanos denunció que Calderón es el principal promotor de la reforma privatizadora, en complicidad con las cúpulas panista y priista. “El presidente usurpador quiere violar la Constitución, privatizar Pemex y garantizar manos libres en la comisión de actos de corrupción, pero la gente está consciente, se da cuenta y no apoya ninguna reforma privatizadora”, a pesar de que el gobierno calderonista ha gastado más de 500 millones de pesos en spots de televisión, con la intención de manipular la conciencia ciudadana”, destacó.
En Landa de Matamoros, el presidente municipal de extracción panista, Norberto Jiménez Otero, dio la bienvenida a López Obrador y le expresó su respeto. En correspondencia, el presidente legítimo de México agradeció al alcalde sus palabras y la respetuosa recepción.
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LA NUEVA LEY DEL ISSSTE ESTÁ PLAGADA DE ILEGALIDADES QUE DAÑAN GRAVEMENTE A LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS, DECLARA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO
El proceso de imposición de la nueva Ley del ISSSTE ha estado plagado de procedimientos ilegítimos e ilegales que dañan gravemente las instituciones del país, aseguraron las secretarias de Salud, Asa Cristina Laurell y de Trabajo, Bertha Elena Luján Uranga, del gobierno legítimo de México.
Las funcionarias lopezobradoristas detallaron que el pasado 27 de junio salió publicado en el Diario Oficial un decreto firmado por Felipe Calderón y Agustín Carstens que modifica el reglamento referido al “derecho de opción” de los artículos quinto y séptimo transitorios de la ley del ISSSTE.
En el mencionado decreto, explicaron, se modifica además el plazo fijado en la ley para que los trabajadores opten entre el bono de pensión o mantenerse en un régimen semejante al anterior. “Con esta disposición, el presidente espurio y su secretario de Hacienda violan el artículo 49 de la Constitución, ya que no tienen facultad para legislar o cambiar las leyes. Esta facultad le corresponde únicamente al poder legislativo, en este caso, el Congreso de la Unión”, afirmaron las secretarias del gobierno legítimo de México.
Señalaron que “la violación a la Carta Magna es ya una actuación reincidente del presidente usurpador. La propuesta de reforma energética de Felipe Calderón es el ejemplo más escandaloso y documentado. Parece que ni siquiera hay preocupación de conducirse conforme a la ley cuando están en juego intereses económicos privados”, sostuvieron.
Comentaron que la razón de prolongar el plazo de opción es que sólo 5 por ciento de los trabajadores habían hecho su elección el 30 de junio; “esto significa que la mayoría se había quedado en la alternativa que más le conviene, esto es, el régimen anterior modificado, que les proporcionará una pensión más favorable que el bono y el sistema de cuentas individuales administradas por el Pensionissste o una Afore. La ampliación del plazo sólo se explica porque va a permitir a las dependencias presionar a los trabajadores para que opten por el bono”, mencionaron Bertha Elena Luján Uranga y Asa Cristina Laurell.
Por tal razón, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que tome medidas contundentes para revertir la conducta ilegal de Calderón y Carstens de modificar el reglamento sobre el “derecho de opción” de los artículos quinto y séptimo transitorios de la ley del ISSSTE. “El Poder Legislativo no puede callar ante una intromisión ofensiva en su ámbito de actuación, es decir, el de legislar”, expresaron al participar en una conferencia de prensa en instalaciones de la Cámara de Diputados el pasado jueves 10 de julio.
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Premeditadamente anticonstitucional

Álvaro Cepeda Neri

Es muy cierto que Calderón y los de la elite calderonista son egresados de la Escuela Libre de Derecho, fundada por los últimos porfiristas del ala derechista-conservadora y cuyo primer director fue el ultra Jorge Vera Estañol; son educados en el seudoderecho natural o jusnaturalismo para combatir al Estado como estructura jurídica de derecho positivo y escrito, que hace posible los fines (a partir de las constituciones de 1857 y 1917) democráticos, republicanos y laicos para la tarea de constituir una sociedad abierta. El primer rector de la Libre de Derecho (repárese en lo de libre... ¡del derecho!), Luis Méndez, fijó la ideología para profesores y alumnos: "Dios, autor de las buenas leyes e inspirador de las buenas obras, haga que esta institución viva y prospere".

Las "materias grises" que a marchas forzadas redactaron las cinco partes de la iniciativa (de contrarreforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos), siguiendo los lineamientos de Calderón, Germán Martínez, Daniel Cabeza de Vaca, Javier Lozano Alarcón y la bendición de Morales Lechuga –actual rector de la Libre de Derecho, dentro de cuyos muros se fraguó la contrarreforma–, tuvieron la genial idea de sacarle la vuelta a la Constitución, respecto a lo dispuesto en sus artículos 25, 27 y 28, para así andar cacareando que no se tocaría a la ley fundamental y simular que no hay intención de reformarla ni de privatizar la explotación y comercialización de ese recurso no renovable, que "nos escrituró el Diablo" y que los panistas, mediante sus exorcismos, quieren entregarlo a los empresarios extranjeros y a los que encabeza la familia de Mouriño Terrazo.

Salvo que tras el debate –conquistado en el estira y afloja de una parte de la oposición legislativa (Partido del Trabajo, Convergencia y la mayoría de las facciones del Partido de la Revolución Democrática)– y el toma y daca contra el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, más el Nueva Alianza, se eche abajo, totalmente, la contrarreforma calderonista y se presente una reforma democrática y republicana para apuntalar la propiedad del petróleo (y demás fuentes energéticas) a favor de la nación mediante el Estado, como lo exige la Constitución, no será necesario recurrir, simultáneamente, a las dos vías para decidir sobre la constitucionalidad de la contrarreforma. De lo contrario, la oposición y los ciudadanos tendrán que presentar, ante la Suprema Corte, como tribunal constitucional, la controversia y las demandas de amparo para impugnarla y que ese órgano colegiado resuelva judicialmente. La otra vía es la del juicio político, porque Calderón ha presentado ante el Congreso una iniciativa premeditadamente anticonstitucional.

Las cinco partes de la iniciativa para contrarreformar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos conducen a la privatización o, al menos, a una semiprivatización que le arrebataría ese patrimonio a la nación y marginaría a los órganos federales del Estado de su administración, legislación y resolución judicial (propone Calderón que los tribunales internacionales se encarguen de esos problemas). Calderón, cuando menos, presume de tener una licenciatura en derecho... ¡natural!, que de todas maneras no lo exime de saber que su propuesta, al sacarle la vuelta a la Constitución para dizque no modificar en nada el artículo 27, es pura simulación. Y por eso pasan por encima de la Constitución, como derecho positivo vigente. Sus leyes reglamentarias no deben ir más allá de lo establecido en los 136 artículos de la norma constitucional, ni en lo procesal ni en sus contenidos o fines.

Sin embargo, la propuesta derechista y conservadora de Calderón (con Mouriño como el poder empresarial tras el trono sexenal) busca ir más allá de los principios sancionados por nuestra ley fundamental, para desnacionalizar el patrimonio petrolero y ponerlo en manos de inversionistas: explotación y comercialización de capitales trasnacionales y del "capitalismo de rapiña" nativo, en el esquema de una "modernización" que despoje a la nación, al Estado y a la sociedad, de un recurso no renovable que con todo y los biocombustibles todavía es vital para la economía mundial.

Los panistas-calderonistas, políticamente conservadores y, convictos y confesos, afiliados al neoliberalismo económico –fundamentalistas religiosos y creyentes del derecho natural para servir a su dios y al libre mercado empresarial–, por conducto de Calderón, como titular del Poder Ejecutivo en funciones de presidente, a sabiendas, a pesar de su jusnaturalismo, de que su haz de cinco partes de la iniciativa es anticonstitucional, fue presentada al poder Legislativo (éste puede y debe constituirse en cámara acusadora y la otra en tribunal para el caso de juicio político) y ha de ser rechazada en su totalidad y, en última instancia, llevada ante la cúpula del Poder Judicial Federal para que éste con sus facultades de tribunal constitucional conozca la inconstitucionalidad de la contrarreforma.

Calderón transita en el filo de ser destituido por causa grave: traición a la patria, ya que pretende interrumpir la vigencia de la Constitución, en lo dispuesto por su artículo 27, privatizando la riqueza –ya muy mermada por la corrupción y el abuso presidencial para saquearla– de los yacimientos y la industria petrolera. Es a todas luces anticonstitucional su propuesta y la debe conocer el tribunal constitucional para que jurídicamente se establezca esa anticonstitucionalidad con la que el PAN y Calderón, con sus corifeos, cómplices y socios, quieren privar a la nación de ese patrimonio expropiado en 1938, por decisión y apoyo patriótico del pueblo que respaldó la determinación política, democrática y republicana de Lázaro Cárdenas. Necesitamos, pues, una segunda expropiación a 70 años de la primera. La alternativa es: contra la Constitución o con ella.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de junio de 2008 | Año 7 | No. 104

Versión estenográfica: 3 y 4 foro de debate petrolero Análisis Constitucional de la Iniciativa de Reforma Energética”

Versión estenográfica del Tercer Foro de debate “Análisis Constitucional de la Iniciativa de Reforma Energética”, convocado por las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos, presidida por el C. Senador Francisco Labastida Ochoa, realizada en el edificio de Xicoténcatl 9, patio central, el martes 20 de Mayo por la mañana. (10:00 horas)

http://www.senado.gob.mx/reforma_energetica/content/foros/docs/20mayo2008_5.pdf

Versión estenográfica del Cuarto Foro de debate “Análisis Constitucional de la Iniciativa de Reforma Energética”, convocado por las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos, presidida por el C. Senador Francisco Labastida Ochoa, realizada en el edificio de Xicoténcatl 9, patio central, el jueves 22 de Mayo por la mañana. (10:00 horas)

http://www.senado.gob.mx/reforma_energetica/content/foros/docs/22mayo2008_2.pdf

Iniciativa energética permite violar la Constitución: CCS

En su participación en el debate sobre la reforma energética, el fundador del PRD acusó al gobierno de Calderón de presentar un diagnóstico “falaz, pretendidamente catastrófico” de Pemex.

La Jornada On Line
Publicado: 13/05/2008 12:22

México, DF. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sostuvo hoy martes que la propuesta de reforma petrolera presentada por el Ejecutivo en el mes pasado no propone reformar la Constitución, pero “simplemente, sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación”.

Al participar en el debate sobre energía, con el primer tema "Los principios que deben regir la reforma energética en México", Cárdenas sostuvo que el artículo cuarto de esta iniciativa, de aprobarse, abriría el paso franco para la violación de la Constitución, lo cual, aseveró, “resulta tanto y más grave todavía que reformarla”.

Argumentó que a través de las reformas propuestas por el Ejecutivo a la ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, se pretende cambiar el marco regulatorio que actualmente rige a la industria petrolera.

Agregó que el diagnóstico ofrecido por la Secretaría de Energía (Sener) sobre Pemex y la industria petrolera presenta una “visión falaz, pretendidamente catastrófica de Pemex y las actividades que realiza, destacando supuestas ineficiencias y carencias en su capacidad de ejecución, falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas”.

Sin embargo, apunta que el diagnóstico no ofrece “las razones de cómo y por qué se llegó a esta indebida situación”.

Aseveró que el gobierno debió presentar más bien una propuesta de plan de desarrollo, plan de trabajo o plan de negocios de Petróleos Mexicanos y de la industrias petrolera y energéticas, y señalar con precisión las actividades a realizar, su dimensión y los tiempos de ejecución y los recursos necesarios para ello.

Estableció que proporcionar esta información es obligación del gobierno “y contribuiría de manera positiva al debate petrolero”.

Sostuvo que los objetivos, a su juicio, que deberían asignarse a Pemex “son los devolver a la industria petrolera y Pemex mismo el papel de impulsores del crecimiento económico y la industrialización, motores de la formación de capital nacional, proveedores de energéticos baratos para la economía del país, contribuyentes a una balanza de pagos sana, convirtiendo a Pemex con esa visión en un ente productivo de alcances globales, que obtenga sus ingresos principales de la venta de productos con alto valor agregado, tecnología y capacidad empresarial".

ISA Servicio informativo núm. 417

Ciudad de México, 10 de mayo de 2008
Servicio informativo núm. 417

Sumario:

I. La Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, como es el caso del futuro de la industria petrolera, señala López Obrador

II. Sería una tontería vender Pemex, por ser sustento y columna vertebral de la economía nacional: Bátiz

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LA CONSTITUCIÓN PERMITE LAS CONSULTAS PÚBLICAS CUANDO SE TRATA DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA LA NACIÓN Y PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, COMO ES EL CASO DEL FUTURO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR

Al reiterar la necesidad de combatir la corrupción en Pemex para evitar que Mouriño y Felipe Calderón realicen negocios en la paraestatal al amparo del poder público, el presidente legítimo de México afirmó que Calderón es un inepto y resultó un rotundo fracaso en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, como lo demuestra la ola de ejecuciones registradas en un importante número de ciudades del país.

En entrevista que concedió al término de una reunión informativa con brigadistas de comités en defensa del petróleo de los cinco municipios de Baja California Sur, calificó de una farsa la resolución a favor de Mouriño de la comisión legislativa investigadora de los delitos de tráfico de influencias en los negocios del funcionario calderonista.

“Los legisladores de la mencionada comisión investigadora fueron designados por el propio Mouriño, en sus oficinas de la Secretaría de Gobernación, y se formó a la medida de los intereses del propio Mouriño y de Calderón. Ahora, hay que buscar un mecanismo para traerlos a mecate corto, tanto a Mouriño como a Calderón”, propuso.

Sin embargo, López Obrador aclaró que el delito de tráfico de influencias en el que incurrió Mouriñó Terrazo no prescribe. Todavía “hay delitos que perseguir porque Mouriño y Calderón son socios en el negocio del petróleo”, agregó.

El caso Mouriño no está cerrado y “nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón”, adelantó, y subrayó que es necesario transferir a Pemex los recursos excedentes captados por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, para evitar que Calderón, Mouriño y socios los utilicen de manera discrecional.

A pregunta expresa que le hicieron los reporteros, el presidente legítimo de los mexicanos hizo énfasis en que el movimiento nacional en defensa del petróleo se conduce y se conducirá de manera pacífica.

También informó que ha visitado en diversas ocasiones los cinco municipios de Baja California Sur y que en esta ocasión fue para sostener una reunión informativa con los brigadistas de los comités en defensa del petróleo, porque “no queremos la privatización del petróleo, no queremos que se entregue este recurso a extranjeros”.

En las asambleas informativas con los brigadistas de los estados de Baja California Sur y Baja California, López Obrador reiteró “la necesidad de someter a una consulta popular la denominada reforma energética que impulsa el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón”.

Mediante un acuerdo de los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias se podría concretar que el pueblo de México expresara su aprobación o rechazo a la mencionada propuesta, explicó. Expresó que la Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, además de que en la mayoría de las leyes fundamentales de los estados ya está prevista la figura de referéndum, el plebiscito y la consulta popular.

En otro orden de ideas, López Obrador destacó la importancia de tomar en cuenta la propuesta hecha por su correligionario, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como una alternativa de solución al conflicto interno en el PRD.

De acuerdo a la agenda de trabajo, López Obrador no tendrá actividades públicas este 10 de mayo, y se reunirá el domingo con los integrantes de las brigadas en defensa del petróleo de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

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SERÍA UNA TONTERÍA VENDER PEMEX, POR SER SUSTENTO Y COLUMNA VERTEBRAL DE LA ECONOMÍA NACIONAL: BÁTIZ

Palabras del secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez, en el simposio Petróleo y Seguridad Energética, que organiza la Comisión de Energía y Desarrollo del Frente Amplio Progresista en la Antigua Escuela de Medicina

Los proyectos de dos leyes completas y tres reformas a otras, que se ha llamado en su conjunto “Reforma Energética”, no son sino una apertura para que las poderosas empresas petroleras privadas tengan acceso, propiedad y control de refinerías, oleoductos y pozos petroleros en tierra firme y en el mar.

El proyecto en su conjunto es una acción mal intencionada, mentirosa, encaminada simultáneamente a pasar por encima de preceptos constitucionales vigentes y a engañar a la opinión pública diciendo lo contrario de lo que se pretende hacer; se basa en una aplicación equívoca de preceptos constitucionales vigentes de clara interpretación, para entregar, al menos en parte, por lo pronto en parte, el patrimonio mexicano en materia de hidrocarburos.

Al percatarse, quienes proponen la supuesta reforma, que no podrían modificar directamente artículos constitucionales por la ola de descontento que tal intención despertó en la opinión pública ante la sola mención de la posibilidad, buscaron entonces, mediante un proceso acelerado, aprobar las reformas a las leyes secundarias, tan rápidamente, que cuando se iniciara el debate de las mismas ya estarían aprobadas y en vigor; de nueva cuenta.

Sin embargo, toparon con una barrera decidida a evitar el atropello y se frustró la intentona con la huelga y toma de tribuna que los legisladores del Frente Amplio Progresista con toda oportunidad efectuaron y con la salida a la calle del pueblo organizado, con la avanzada de las brigadas blancas de las Adelitas, ejemplo de patriotismo y valor civil.

Gracias a esas acciones, la opinión pública tomó conciencia y se interesó vivamente en el tema, se salvó en parte la barrera de desinformación de los medios electrónicos de comunicación y se puso el asunto en el centro de la atención nacional.

Que el proyecto es mal intencionado salta a la vista con el cotejo entre lo que dice el texto constitucional en los artículos 25, 27 y 28 y lo que se propone en las pretendidas reformas.

En la Constitución todo lo relacionado con el petróleo y los demás hidrocarburos queda reservado a la propiedad y control de la Nación; en cambio, en los proyectos enviados al Legislativo, claramente se rompe con este principio y, de ser aprobados, parte de la propiedad y el control de la industria petrolera podrían entregarse a las grandes corporaciones petroleras trasnacionales; para eso son el proyecto, las prisas y la propaganda.

El desconocimiento de la Constitución podemos encontrarlo desde la conceptualización y la terminología empleadas. A reserva de puntualizar las contradicciones entre la Ley Suprema y las nuevas reglas propuestas por Felipe Calderón, es importante destacar la confusión en la terminología y en los conceptos que pueden percibirse desde la lectura de las exposiciones de motivos.

En la propuesta de una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en el primer párrafo de la exposición de motivos, se dice que “México ha reafirmado su rectoría sobre el petróleo y el control de la entidad paraestatal” que lo maneja; los o el autor de la iniciativa desconocen el significado que el constituyente permanente da al termino “rectoría”; en el artículo 28 constitucional, se distinguen con claridad los conceptos de rectoría, que se deja como función del Estado sobre las áreas prioritarias de la economía, entre las que no está el petróleo y control y propiedad, que se aplican a las áreas estratégicas, entre las que sí se encuentra el petróleo.

El artículo 28 de la Constitución dice textualmente: “Las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”, y agrega enseguida: “el Estado ejercerá en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación…”, aquí la Constitución permite que otros, empresas o personas privadas o entidades sociales, intervengan a través de concesiones o permisos, sólo que con algunas prevenciones y cuidados.

La rectoría es una función desde afuera de las empresas u organismos sobre los que ésta se ejerce, en la Constitución se refiere a las áreas prioritarias, en las que podrán otorgarse concesiones o permisos; las empresas concesionarias o permisionarias, actuarán con autonomía y por su propia cuenta, pero bajo la vigilancia externa del Estado sobre ellas; eso es precisamente la rectoría, que evitará que el empleo de esos permisos y concesiones vaya en contra del interés nacional.

En cambio, en las áreas estratégicas, definidas por los artículos 25 y 28, no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos, ni siquiera la de compartir actividades con otras entidades que no sean las del Estado mismo. Con claridad que no requiere más interpretación que la literal, se establece que en las áreas estratégicas que por cierto no constituyen monopolio, las funciones que el Estado ejerce son en primer lugar exclusivas.

Es decir, sin que se permita en ellas alguna injerencia extraña, mucho menos concesiones o permisos y por la misma exclusividad, ni siquiera contratos para la explotación ni participación ajena y enseguida, con la literalidad de los textos constitucionales, bajo la propiedad y el control del Estado, que por ello tiene mucho más que tan sólo rectoría.

Sobre el petróleo, México no reafirma, como expresa erróneamente la exposición de motivos, rectoría alguna, porque sobre el petróleo la intervención del Estado mexicano es directa, va más allá de la simple rectoría y lo que ejerce es de manera exclusiva, la propiedad misma y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan y que no son otros que Pemex y sus subsidiarias.

Si el legislador constitucional hubiera pretendido darle un tratamiento igual o semejante a las áreas estratégicas y a las prioritarias, no las hubiera distinguido con la precisión con que lo hace, ni hubiera sido tan enfático en declarar la exclusividad para el Estado, a través del gobierno federal, de las estratégicas, tanto en la propiedad como en el control de los organismos que se establezcan, que en realidad ya están establecidos y son Pemex y sus empresas subsidiarias.

Para mayor claridad, menciono textualmente lo que dice la Constitución, primero en el artículo 25 párrafo cuarto:

“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.

El siguiente párrafo aclara al anterior, al establecer textualmente lo siguiente:

“Así mismo podrá participar (el sector público) por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo” .

La distinción constitucional es nítida, en las áreas estratégicas, dentro de las que está el petróleo, el sector público, por conducto del gobierno federal, tendrá a su cargo de manera exclusiva la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan; en cambio, en las áreas prioritarias podrá participar por sí o con los sectores social y privado.

Por otra parte, el artículo 28 dispone:

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”

En este párrafo se reitera la exclusividad para el Estado de las áreas estratégicas a que ya antes había hecho referencia el artículo 25 y se les exceptúa de poder ser consideradas como monopolios.

El gobierno de facto encabezado por Felipe Calderón dice y reitera en forma machacona, en esa negación del debate que es la publicidad en los medios a favor de la iniciativa, que se pretende fortalecer a Pemex. Lo que se pretende en realidad es arrebatarle sectores importantes de su cadena productiva, entregándolo precisamente a empresas que son sus competidoras.

¿Cómo puede fortalecerse algo quitándole partes fundamentales de su estructura? ¿Cómo puede darse fortaleza a una entidad, abriendo las puertas a sus competidoras, para que tengan injerencia en su actividad exclusiva?

El concepto de estrategia proviene de la ciencia militar; un punto estratégico es el que da una ventaja frente al enemigo en una batalla o en una guerra; trasladado el concepto al campo de la economía y de la política, que es como lo emplea el constituyente, un área estratégica es aquella que le da al Estado mexicano una posición que le permite competir con alguna ventaja en el complejo mundo moderno de las relaciones internacionales.

Tanto en la guerra como en la política y la economía, ceder una posición estratégica significa, necesariamente, o una tontería o un acto de traición; los puntos estratégicos se defienden, se fortalecen, se atienden con todos los recursos que se requieran, pero nunca se abren ni se entregan al enemigo o al competidor.

Y eso precisamente es lo que se pretende llevar a cabo con las reformas propuestas; por ejemplo, en el artículo segundo de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos se dice que el Estado realizará las actividades que le corresponda en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo y los hidrocarburos, como si en esta materia existieran otras áreas que no sean estratégicas.

La Constitución no distingue, todo lo relacionado con el petróleo es estratégico y así es, por la importancia económica pero también geopolítica que tiene la industria que se ocupa de su extracción, transportación y venta; pero si esto no fuera así, antes de meter mano en este campo, tan delicado y sensible de nuestro sistema jurídico, debería de haberse intentado la reforma constitucional a la que no se atrevieron y a la que quieren tocar a trasmano y con los subterfugios de una reforma amañada.

En el artículo tercero se reitera el equívoco; pretende el proyecto que Petróleos Mexicanos ejercerá “la conducción central y la dirección estratégica” de la industria petrolera. No, Petróleos Mexicanos no tiene sólo facultades o funciones de conducción y dirección estratégica, tiene mucho más, es el titular mismo, con exclusividad y en nombre del Estado mexicano, de la propiedad y el control; todas las acciones que esta industria requiera, para estar en congruencia con la forma en que están redactados los preceptos constitucionales, deben estar precisamente en las manos de la paraestatal que tiene en exclusiva propiedad y control y que la ley suprema sustrae de la posible acción de empresas privadas; si dejáramos que se aprobara el artículo tercero como está, interpretándolo a contrario sensu, las empresas privadas podrían intervenir en todo lo que no fuera estrictamente “conducción central” y “dirección estratégica”.

Disposiciones violatorias a los artículos 25 y 28 que establecen la distinción entre áreas prioritarias y áreas estratégicas y al 27 que reserva para la Nación el dominio directo sobre el petróleo, se encuentran en los cinco proyectos que integran la supuesta reforma energética; no sólo son los conceptos erróneos que se leen en las exposiciones de motivos, si no que artículos claramente contradictorios de los principios constitucionales, como el 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, que abre la puerta a que se den permisos a particulares para el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados y que permite en forma solapada que los particulares, sin distinguir si son nacionales o extranjeros, sean propietarios de refinerías, oleoductos y otras instalaciones que corresponden exclusivamente al sector público de la economía, esto es, al Estado.

Lo mismo sucede con el artículo 7 de dicha ley, que deja a los particulares la posibilidad de explorar campos petroleros; o el 12, que equipara a Pemex con una entidad del derecho privado; este espíritu de sacar a la paraestatal del ámbito del derecho público y de la jurisdicción nacional se manifiesta en diversas expresiones empleadas en los proyectos de nuevas disposiciones, que emplean, por ejemplo, como una regla para los trabajos y contratos relacionados con el petróleo y sus derivados la de “las mejores prácticas”.

Esto es, se pretende que en México se sigan esa “mejores prácticas” o sea lo que se usa en otros países, sin tomar en cuenta ni quién será el que califique cuáles son esas mejores prácticas y sin tomar en cuenta tampoco que las mejores prácticas en empresas privadas pueden ser unas, tendientes a la mayor explotación del petróleo con miras únicamente de mayor lucro, y otras muy distintas pueden ser prácticas más adecuadas para una entidad que, como Pemex, es una empresa estatal que se ha convertido, en la práctica, en el sustento y columna vertebral de la economía nacional.

Las mejores prácticas pueden ser, para las grandes corporaciones, las de una explotación indiscriminada para obtener de inmediato el mayor provecho posible, sin cálculos para el futuro y sin consideraciones de carácter político; en cambio, para la empresa mexicana las mejores prácticas debieran ser las de administrar con prudencia y con visión a largo plazo nuestra riqueza petrolera.

Otro término que se usa en forma reiterada en varias partes de los proyectos es el concepto de “criterio corporativo”, que se pretende sea el modelo que debe adoptar el Consejo de Administración de la paraestatal.

El criterio corporativo está tomado de una nueva rama del derecho denominada precisamente “derecho corporativo” y que se ocupa del estatuto jurídico de las grandes empresas trasnacionales, las relaciones entre sus accionistas, sus contratos, fusiones, escisiones, conflictos financieros y formas de evadir las cargas fiscales; el derecho corporativo pretende, según sus teóricos, estar por encima de la clasificación clásica que divide a las ramas del orden jurídico en derecho público, derecho privado y derecho social; el corporativo, dicen, es una rama nueva del derecho, que rompe con los esquemas anteriores y que constituye un derecho que excede los ámbitos nacionales y pretende validez de carácter internacional, sólo que en beneficio y provecho de las grandes corporaciones y de sus abogados que son los propulsores de esta nueva rama de la ciencia jurídica.

Aceptar expresamente en textos jurídicos nacionales que una empresa mexicana, de interés público, use criterios del derecho corporativo, es poner en juego la soberanía sobre nuestros recursos y entregar la interpretación y cumplimiento de los contratos a leyes y tribunales extranjeros.

Esta tendencia se refleja claramente en el proyecto de artículo 49 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos que permite convenir en la aplicación del derecho extranjero y sujetarse a la jurisdicción de tribunales de otras naciones. Ya sabemos que cuando se habla con esa generalidad de derecho y jurisdicción extranacional, van a ser las grandes potencias, como los Estados Unidos o Inglaterra o quizá alguna otra nación emergente, a las que en el fondo se está refiriendo el proyecto sin sentido de previsión y de protección mínima de nuestra soberanía en un tema tan controvertido y delicado, en el que tan fácilmente se resbala hasta el conflicto armado.

Otro vicio de la propuesta del ejecutivo de facto, es que pretende, de dientes para afuera, fortalecer a Pemex, pero lo que hace en realidad es multiplicar la burocracia con nuevos organismos como la Comisión del Petróleo o con el incremento del número de consejeros en el Consejo de Administración de la paraestatal mexicana, duplicando las funciones y creando un verdadero laberinto de disposiciones que pueden servir fácilmente para, en lo futuro, burlar las claras disposiciones constitucionales.

Es cierto, como dice la propaganda, que hay un tesoro que México debe buscar, pero no es cierto que esté en las profundidades del Golfo de México; el tesoro está en el Instituto Mexicano del Petróleo que ha sido abandonado y reducido a su mínima expresión y que hay que rehabilitar; el tesoro está en los pozos taponados y abandonados a lo largo de la costa del Golfo, que pueden volverse a explotar con poca inversión; el tesoro está en la capacidad, espíritu de trabajo y patriotismo de los técnicos, obreros y profesionistas mexicanos que han sido hechos a un lado para ser sustituidos con contratos muy jugosos para quienes los otorgan, con empresas extranjeras de todo tipo.

El tesoro está en los yacimientos en tierra firme y en aguas someras que pueden ser ya explotados ahora o a muy corto plazo o en aguas profundas que requerirán más de tiempo y más trabajo. El tesoro esta también en la convicción de muchos mexicanos de que somos tan capaces como cualquiera y que no necesitamos en forma insustituible ni de inversiones ni de tecnología que nos venga de fuera; tenemos que acabar con ese criterio timorato que piensa que sólo puede salir México adelante si nos vienen a ayudar y que no ven o no quieren ver que cada vez que tal cosa ha sucedido no hay ni solidaridad ni desinterés, si no afán colonialista y codicia desmedida.

Si evitamos, si el pueblo evita, con su participación y sus movilizaciones, el atropello a la Constitución que se pretende, también y con el mismo impulso, estaremos rescatando la confianza en nosotros, en nuestros recursos, en nuestro propio ingenio y fortaleza y en nuestro destino como nación independiente.

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