La ley Televisa y el Congreso discriminan a los indígenas

Impidió el Congreso a indígenas tener estaciones de radio y televisión: SCJN El pleno de la Corte desecha por mayoría de ocho votos establecer ''efectos'' en sus resoluciones y remitirá el caso de la ley Televisa al Ejecutivo y al Legislativo; concluyen ministros el análisis ANDREA BECERRIL, JESUS ARANDA Por no cumplir el mandato constitucional de establecer las normas legales necesarias para que pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a estaciones de radio y televisión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formuló ayer una severa crítica al Congreso de la Unión. Al concluir el análisis de la acción de inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, la Corte determinó por mayoría de ocho votos que no establecerá ''efectos'' en sus resoluciones y dejó en manos del Legislativo y del Presidente ("espurio") de la República las acciones derivadas de sus sentencias. Un caso concreto es la posible remoción de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), asunto que, a juicio del ministro Mariano Azuela, le toca resolver a Felipe Calderón. Clara omisión legislativa Aunque por razones de técnica jurídica no se declaró inconstitucional la ley Televisa en este punto, la mayoría de los ministros señaló que era clara la omisión de diputados y senadores de la pasada legislatura, quienes en 2002 aprobaron la reforma indígena y no cumplieron lo que ellos mismos plasmaron en la Carta Magna. ''Hagamos evidente en la sentencia que el legislador lleva seis años violando la Constitución e infligiendo una nueva herida a los pueblos indígenas, a los que se les crea una expectativa en la Constitución que luego no se cumple'', sostuvo Genaro David Góngora Pimentel. En el proyecto de resolución, Sergio Salvador Aguirre Anguiano proponía invalidar por omisión el artículo 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), debido a que éste no establece las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Aguirre Anguiano explicó ayer en la sesión que esa disposición quedó plasmada en el artículo segundo de la Constitución en el año 2002, cuando se reformó la Carta Magna en materia indígena, y que la oportunidad para cumplir con ese precepto fue, precisamente, la legislación impugnada. La discusión se centró más en aspectos de técnica jurídica sobre la imposibilidad de que la Suprema Corte declare inconstitucional una disposición no establecida en la ley impugnada. La mayoría de ministros consideró que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para demandar al Congreso por omisiones legislativas e inclusive el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, advirtió que si se declaraba la omisión la Corte estaría invadiendo facultades del Poder Legislativo. ''He sostenido reiteradamente que en la acción de inconstitucionalidad la SCJN no puede enjuiciar la omisión legislativa, hacerlo sería ir contra texto expreso de la Constitución'', además de que el máximo tribunal no le puede ordenar al Congreso o al Ejecutivo la aprobación de leyes determinadas. Al igual que en otros temas, Aguirre Anguiano defendió su postura e insistió en que no encontró en la LFRT las referencias a los pueblos indígenas establecidas en la fracción séptima, segundo párrafo, del artículo segundo constitucional. ''Pienso entonces que la deuda a cargo del legislador federal sigue pendiente, ¡y la estableció la Constitución!'', y que no sería la Corte la que le fije el calendario legislativo al Congreso, sino la propia Carta Magna. Añadió: ''Ya llegó ese momento, ya legisló, ya se le venció el plazo y ya se olvidó de cumplir con aquello que la Constitución le había encargado''. Reprochó a sus compañeros que analizaran el tema desde el punto de vista de la técnica misma y no para el servicio del hombre. ''Siempre estamos entre las dos puntas de la pinza: o somos activistas o somos medrosos y tímidos''. Insistió en declarar inconstitucional la omisión de los legisladores, que dejó a los pueblos y comunidades indígenas sujetos a un régimen discriminatorio, con requisitos financieros y legales que no podrán cumplir por su situación de vulnerabilidad. ''De aceptarse esto, algo estaremos haciendo por los pueblos indígenas y las comunidades. Los trancos que hay que dar están fuertes, se nos va a acusar de activismo, pero tratándose de pueblos y etnias prefiero eso a que se nos ataque de medrosidad''. En esta ocasión, Góngora coincidió con la tesis de Aguirre Anguiano y recalcó que se puede discriminar no sólo mediante un trato desigual. ''En el caso de los indígenas, la discriminación viene del trato igual que se les da en la ley, no se trata de que la norma los excluya, como aquí se ha dicho''. Aliviar la opresión Detalló que la Constitución obliga a que se distinga a las comunidades indígenas y el legislador tome acciones que disminuyan su desigualdad, porque se trata de un grupo social que históricamente ha padecido injusticias. ''No se trata, como aquí también se ha dicho, de que la ley diga que los indígenas puedan tener medios de comunicación, sino que se establezcan políticas concretas para lograr que su situación de opresión se alivie''. Planteó al pleno que, si había tanta preocupación por el peligro de invadir la esfera del Legislativo, no fijaran efectos ni los obligaran a legislar, pero que al menos en la resolución final sobre la llamada ley Televisa, quedara claro que el Poder Legislativo lleva seis años violando la Constitución. Al final Góngora, Aguirre, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de declarar inconstitucional por omisión el artículo 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión, pero los restantes cinco ministros votaron en contra. En la sesión de la Suprema Corte estuvieron presentes los ex senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Dulce María Sauri Riancho y César Raúl Ojeda Zubieta. Los ex legisladores coincidieron por separado en que si bien no se logró la invalidez de esa norma, fue evidente que los ministros condenaron la irresponsabilidad de un Poder Legislativo que olvidó y discriminó a los pueblos indígenas. ''Hubo una condena para quienes en la pasada legislatura actuaron con doble vara al privilegiar y dar canonjías a las dos grandes cadenas televisoras y una absoluta omisión hacia los indígenas'', para los que no se encontró espacio alguno ni ocasión para darles lo que por derecho les corresponde, sostuvo Corral. ''Yo celebro que en la Corte se hable de radios comunitarias, porque hace todavía unos meses eran parte de la conjura comunista, eran clandestinas, pero hoy los ministros, aunque no haya una sentencia, le han dicho al Congreso que haga su trabajo''. Ayer los ministros resolvieron por mayoría de ocho votos contra uno -el de Góngora- que la sentencia definitiva no incluirá ''efectos'' vinculantes para ninguna autoridad, ya que se limitará a establecer la inconstitucionalidad o no de cada artículo impugnado. Góngora proponía que la Corte sí estableciera los ''efectos'' de sus resoluciones, y en el caso específico de la integración de la Cofetel, se estableciera ''dejar insubsistentes'' los nombramientos que se hicieron -a partir de la promulgación de la ley Televisa- de los comisionados y renovar por completo este organismo desconcentrado. Ello obedece a que la Corte ya invalidó los artículos que daban facultades al Senado para objetar la designación presidencial de integrantes de la Cofetel, así como la prohibición de que participaran en el proceso de selección quienes formaban parte de esa comisión antes de la reforma legal. Azuela dejó en claro que el Presidente es quien debe remover a los comisionados de la Cofetel, luego de que desapareció del marco jurídico la norma que permitió la integración actual de ese órgano. Por su parte, el ex senador Bartlett consideró que hay que tomar la palabra a Azuela y demandar al Ejecutivo federal que nombre nuevos comisionados. Previamente, el pleno convalidó la constitucionalidad del artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el argumento de que no se impide al Ejecutivo remover ''por causa grave, debidamente justificada'' a los integrantes de la Cofetel. Este artículo no estaba incluido en la demanda, pero fue abordado con base en la suplencia de la queja. Debido al festejo del día anterior por parte de los demandantes, el ministro presidente pidió evitar ese tipo de manifestaciones. Los ex senadores se acercaron a Ortiz Mayagoitia para ofrecer disculpas. Hoy concluye el debate con la votación definitiva y la declaración de los artículos de esa legislación que violan la Carta Magna.

Reseña y fotos pendientes de la conferencia de " El Físgon" en la UAM-X

El Jueves pasado se llevo acabo la Conferencia “Los Empresarios en el Poder” A cargo de Rafael Barajas “El fisgón” en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

Después de una semblanza de la trayectoria del caricaturista, dio inicio la conferencia.

El primer punto que toco fue “La guerra contra el narcotráfico”; explico la importancia del narcotráfico, ya que se encuentra en una de las principales 3 fuentes de divisas del país junto con: el petróleo y las remesas, por lo cuál es un gran negocio, y el hecho de que sea ilegal eleva mucho más el costo de la droga.

Pero entorno al narcotráfico gira otros factores como lo son el Político, el Policiaco y el Empresarial que ayudan a su sustento y por supuesto Estados Unidos que es el principal consumidor.

Mencionó que la economía esta regida por la droga, citó casos especiales como Vietnam y los plantíos en Camboya, el caso Irán – Contra, y la reciente introducción del cultivo de amapola por parte del ejercito estadounidense en Afganistán.

Criticó el uso del ejército para la supuesta “lucha contra el narcotráfico”, ya que como mencionó es la última carta que debe usar el gobierno, pues su uso provoca violencia. El gobierno espurio se ha valido de esto para ganar una legitimidad que no ganó en las urnas, haciendo una campaña publicitaria para manipular a las masas, la técnica es buscar un enemigo en común para unir al pueblo en contra de este y para Calderón su pretexto fue el narcotráfico, para así conseguir la militarización del país y nadie diga nada, al contrario acostumbrarse.

Se refirió a México como el país de los monopolios, pues hay monopolios en la producción de cementos (CEMEX) , maíz ( Monsanto- Maseca), Telefonía ( Telmex-Tecel), y el dúopolio Televisivo ( Televisa y TV Azteca).

Monopolios que fue evaden impuestos o hacen un pago mínimo de estos, grandes monopolios y dio ejemplos como: Bimbo con el 3.2%, Grupo CARSO 3.7% y grupo ALFA pagó menos de 8 mil pesos el año pasado, mientras los maestros (haciendo referencia a los de la UAM) pagaron 25 % de su ingreso.

Acerca del Estado Benefactor, mencionó que a partir de la implantación del modelo neoliberal y TLC (Tratado de Libre Comercio) se ha deteriorado y el golpe más fuerte para que desaparezca por completo es la Ley del ISSSTE, ya que el Estado deja tener alguna obligación con el trabajador. El salario mínimo y el fraude electoral del 2 de Julio de 2006, son otra evidencia que el Estado Benefactor -que surgió en los años 30- esta en decadencia. Por lo contario el proyecto de FECAL da beneficios a un grupo empresarial convirtiendo su gobierno en un régimen de “Liberalismo Autoritario” pues es violento y ocupa al ejercito para sus fines; como antecedente más cercano a este régimen cito el caso de Chile con Augusto Pinochet.

Concluyó diciendo que los movimientos sociales -Atenco, Oaxaca, Minera Sn Xavier-son criminalizados por el gobierno “usurpador”, mientras los delincuentes de “cuello blanco” viven en total impunidad.

Golpe a Ley Televisa

Sin licitación, las grandes televisoras no podrán acceder a servicios de telecomunicación Golpe contundente a la ley Televisa; la SCJN anula cuatro artículos más La subasta pública origina que los medios electrónicos se entreguen al mejor postor, señala JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó ayer un golpe definitivo a la ley Televisa, al invalidar cuatro artículos que permitían a las dos grandes televisoras incrementar su poder económico al acceder a servicios adicionales en telecomunicaciones sin licitación y sin el pago obligado al Estado por el uso del espectro radioeléctrico, además de obtener concesiones por 20 años, con la posibilidad de refrendarlas de manera automática. Por unanimidad, los nueve ministros declararon inconstitucional el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), ya que vulnera seis preceptos de la Carta Magna que tienen que ver con los principios de libertad de expresión, igualdad, rectoría económica del Estado sobre un bien público, utilización social de los medios de comunicación y la prohibición de monopolios. El Congreso, en evidencia Invalidaron también el artículo 17-G, por considerar que la subasta pública, como elemento determinante para el otorgamiento de concesiones, origina que los medios de comunicación se entreguen al mejor postor. Hubo coincidencia entre los ministros en que la concentración de los medios en pocas manos distorsiona el derecho a la información. Durante el debate, varios magistrados pusieron en evidencia la mala actuación del Congreso al otorgar, a través de la llamada ley Televisa, privilegios indebidos al duopolio televisivo. El ministro Genaro Góngora Pimentel incluso se preguntó ''hasta qué punto es válido'' que en una nación pluricultural, con 103 millones de habitantes, el Poder Legislativo impulse que los empresarios de la televisión abierta ''maximicen sus ganancias'' y con ello impidan el acceso efectivo de los diversos grupos sociales a los medios de comunicación. ''La renuncia del Estado al espacio radioeléctrico necesario para concretar los derechos fundamentales de expresión, información y prensa, a través de un acuerdo secretarial y su elevación a rango legal en el artículo 28 impugnado, es inconcebible en una democracia'', recalcó Góngora Pimentel. Se refirió a la ''multiplicación de los panes y los peces'' en las reformas a la LFRT y la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, toda vez que con el pretexto de la reconversión tecnológica digital los legisladores permitieron que, además del negocio original de la radiodifusión, los dueños de las dos grandes cadenas televisoras tendrán hasta 65 por ciento del espectro para utilizarlo en otros servicios de telecomunicaciones, como Internet, telefonía móvil, transmisión de datos y voz, entre otros. Ello, ''gracias a los avances tecnológicos, a la visión del secretario de Comunicaciones y Transportes (Pedro Cerisola, quien expidió el sexenio pasado el acuerdo de convergencia) y a la actuación del legislador que acorazó el acuerdo y lo llevó a nivel legal a través del artículo 28 impugnado''. Insistió: ''Dado que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y finito, y los medios masivos de comunicación son una actividad de interés público, el Congreso debe vigilarla y proteger el debido cumplimiento de su función social con miras a que haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas, lo cual debe prevalecer sobre la conveniencia mercantil de los concesionarios''. Al continuar la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa, la ministra Olga Sánchez Cordero recalcó que el artículo 28 referido vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo primero de la Constitución, al establecer un trato de privilegio a los concesionarios actuales en relación con los permisionarios de estaciones oficiales y quienes prestan servicios de telecomunicaciones, y respecto de cualquier interesado en incursionar en el mercado de la radiodifusión. Ello debido a que, añadió, los concesionarios pueden acceder a las telecomunicaciones mediante la simple presentación de una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública que se establece en la Ley Federal de Telecomunicaciones para quienes, por el contrario, pretenden incursionar en la radio y la televisión. Aunado a ello, los concesionarios no necesariamente deberán cubrir una contraprestación al Estado por los servicios adicionales de telecomunicaciones, dado que el pago de ésta se establece como mera posibilidad. Sánchez Cordero coincidió con el proyecto de su compañero Sergio Salvador Aguirre Anguiano e inclusive citó partes del documento, entre éstas aquella que establece que el trato discriminatorio pone en riesgo la rectoría económica del Estado y dificulta su papel como garante frente a la sociedad entera de los derechos a la libertad de expresión e información. Discriminación, agregó, que no solamente supone una ventaja netamente económica para los concesionarios de los servicios de radiodifusión y que de manera por demás evidente repercutirá en la determinación de todo aquello que debe entenderse como mercado relevante y poder sustancial en ese sector, sino que, además, perturba la libre concurrencia y la sana competencia. Lo establecido en el artículo 28, reiteró, incide en la función que el Estado tiene encomendada como guardián de la libertad de expresión y del derecho a la información, función que supone el fomento de la pluralidad y diversidad en la conformación de los medios de comunicación masiva, con el objetivo irrenunciable de generar una sociedad más integrada, más educada y sobre todo más justa. Juan N. Silva Meza, por su parte, consideró que el citado artículo también atenta contra la garantía de seguridad jurídica, pues no establece con claridad la regulación en la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones. A su vez, Mariano Azuela también puso énfasis en los privilegios que el Congreso dio a las dos televisoras y subrayó que la Constitución tiene ''un centro'' y es el ser humano; en este sentido, ''el gran compromiso del cuerpo legislativo'' es crear condiciones propicias para el pleno desarrollo de la persona, lo que no se cumple en la ley impugnada. Igualmente, el ministro Sergio Valls hizo un reproche velado a los diputados y senadores que avalaron la ley Televisa, al preguntar si el argumento de que se fomentará la convergencia tecnológica es suficiente para pasar por alto el principio constitucional de igualdad, para que ''aquellos sujetos no contemplados en el artículo 28, soporten un trato discriminatorio al tener que someterse a reglas distintas en situaciones iguales''. Al momento de la votación hubo unanimidad en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 28 de la LFRT, pero Góngora Pimentel anunció que hará un voto concurrente, toda vez que, a su juicio, debe considerarse que con la digitalización se ''va a liberar espacio radioeléctrico'' que sería aprovechado por los concesionarios sin haber tenido necesidad de licitar el uso de éste. Sergio Salvador Aguirre Anguiano le contestó que no coincidía, ya que no se necesita comprometer un criterio técnico de la Suprema Corte, y explicó que en su proyecto el enfoque es que lo que se ''libera'' es el uso del espacio y que éste para ser concesionado requiere de licitación. Al inicio de la sesión los ministros confirmaron su intención de declarar inconstitucional el artículo 17-G de la LFRT, que preveía la subasta pública como el mecanismo preferente para el otorgamiento de concesiones. Sobre este tema, Valls recalcó que si el criterio económico es el que prevalece, ya que accederían a los medios los que tengan más dinero, esto lleva a la concentración de la radio y la televisión en pocas manos, y ello permite a quienes tienen el control de los mismos ''manipular, moldear a la opinión pública en función de sus intereses e impedir que el público pueda contribuir de manera significativa al debate político''. Por ello, precisó que el argumento toral para invalidar el 17-G es evitar los monopolios. Aquí también hubo unanimidad de nueve votos para declarar la inconstitucionalidad de este precepto. Después, el pleno pasó a la discusión de otro de los artículos de la ley Televisa, que garantiza a las televisoras el predominio en el mercado; se trata del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que permite concesiones por 20 años. Ahí, Azuela reveló otra irregularidad legislativa, dentro de lo que el ex senador Manuel Bartlett considera ''las marrullerías de la mayoría que aprobó por consigna la ley''. Destacó que en la iniciativa original que Vicente Fox envió al Congreso en 2005, se precisaba que las concesiones serían ''hasta por 20 años'', pero en el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, con el pretexto de que se harían sólo cambios de técnica legislativa y ortográficos, resulta que se hizo una modificación y quedó finalmente que las concesiones serían ''por 20 años''. Azuela resaltó que no fue ningún cambio menor, y que además, cuando el Estado dice ''hasta, todavía ejerce autoridad'', pero al comprometerse a un plazo de 20 años pierde el control sobre el bien público. Góngora Pimentel hizo por su lado un análisis detallado sobre legislaciones de otros países en materia de concesiones y concluyó que el promedio mundial de éstas es de 10 años, periodo que tendría que ser referente para el caso de México. Valls argumentó que la inversión que lleven a cabo los concesionarios para entrar a la tecnología digital no es pretexto para que el Estado pierda el control sobre un bien del dominio público. La única que se manifestó en contra del proyecto fue Margarita Luna Ramos, quien sostuvo que no encontró razones por las cuales una concesión de 20 años sea inconstitucional, además de que, a su juicio, se pone en riesgo la inversión que ya realizó el concesionario y las fuentes de empleo creadas. Azuela le contestó que, para empezar, en esos niveles no se hacen ''inversiones a la aventura'', y luego en forma didáctica le hizo notar que es algo similar al ejemplo de un papá que le dice a su hijo: ''te voy a dar 100 pesos'', lo que es diferente a decirle: ''te voy a dar hasta 100 pesos'', y el vocablo ''hasta'' condiciona que el hijo demuestre que estudió, tuvo respeto a sus padres, etcétera. En ese ejemplo, agregó, el ''Estado papá, cuando dice hasta, todavía ejerce autoridad'' que puede decidir si la inversión es por ocho, diez o 20 años por los que tiene la concesión. Al invalidar el artículo 28, los ministros también declararon inconstitucional el 28-A, en el que se establecían disposiciones referentes al primero. Luego de discusiones, cambios al proyecto y adiciones no contempladas originalmente, el ministro ponente, Aguirre Anguiano, comentó que a su propuesta original le ocurrió lo mismo que al ''aparato destructor de bombas, de los que se manejan a control remoto'', y que le tocó observar en París, luego de que se hizo estallar un artefacto: ''Salió el aparatejo maltrecho, con las ruedas deshechas, pero caminando por sí mismo''. Los ministros discutirán hoy temas relacionados con la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y las radios comunitarias, pero lo medular de la ley Televisa ya quedó fuera.

"Un nuevo socialismo llama a la puerta en AL"

DE LA REDACCION (La Jornada)

Con todos los matices y limitaciones, los cambios político-electorales en América del Sur están impactando las relaciones de poder en la geopolítica mundial, aseveró el internacionalista Oscar González, quien identificó una división electoral en la región, donde se percibe, por un lado, naciones con gobiernos de centro izquierda, y otros con ideología de centro derecha.

Señaló que día a día se definen con mayor claridad y de manera ineludible los bandos y los intereses. Las oligarquías, las clases privilegiadas y explotadoras van quitándose las máscaras. Ya no aparecen ni les importa aparecer como los defensores de la democracia y los derechos humanos. Van a lo suyo, el lucro y la acumulación, con todo y contra todo, empresarios delincuentes y delincuentes políticos, y así van alcanzando su declinación moral y sus límites definitivos.

Al participar en la conferencia Los avances hacia la independencia e integración en Sudamérica y el Caribe y la reacción hostil de Washington, organizada por la Casa Lamm y La Jornada, el ex embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas señaló que dos ejes separan hoy a América Latina: uno de centro izquierda que va desde Cuba -como referente mayor y fundamental- hasta Brasil, pasando por Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Nicaragua. Por el lado contrario, un eje de centro derecha que engloba a Colombia, Perú y México.

Dijo que lo que estas divisiones de electores, de ideologías y de intereses están mostrando son por lo menos dos cosas: primero, que las elecciones no son ya instrumento para la legitimación automática del poder de las burguesías, el pueblo organizado ha aprendido a ganarlas; y segundo, que un nuevo socialismo está tocando a nuestras puertas. La gente se está dando cuenta de lo que es la democracia burguesa y lo que puede ser la democracia popular.

En el foro, realizado la noche del lunes, en el que también participaron Angel Guerra y José Steinsleger, Oscar González dijo que esta batalla ideológica se dirime en gran medida en las pantallas de televisión y en los medios de comunicación masiva. Por ello, argumentó, el avance del poder popular y democrático pasa necesariamente por la recuperación de la propiedad social de los medios. Sin ella no hay posibilidad alguna ni capacidad para hacer efectivos, reales y plurales, los derechos humanos a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión.

Los casos de Venezuela y México están en el orden del día, dijo ante un auditorio repleto en la Casa Lamm. Se refirió a la campaña que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión de México, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Grupo de Diarios de América hicieron en contra de la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión. Pero señaló que finalmente la decisión del gobierno del presiente Hugo Chávez es soberana.

Mientras, en México se discute la inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, ante los reclamos sociales de una democratización del espectro radioeléctrico nacional. Pero la respuesta de Felipe Calderón -no lo llamó presidente- "fue dura, pues mientras no se autorizó un canal televisivo al Gobierno del Distrito Federal, sí puso en marcha ahora el canal 28, propiedad de los Vázquez Raña, y se coloca al frente de los noticieros a personajes de dudosa calidad".

En tanto, Angel Guerra, quien también coordinó la mesa, consideró que la lucha contra el imperialismo se está dando con fuerza en América Latina, aunque reconoció que el avance se ha dado en parte por la resistencia iraquí, que ha mantenido muy ocupado a Estados Unidos en Medio Oriente, además de que la revolución cubana ha jugado y tiene un papel importante en la inspiración en esta lucha.