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miércoles, 30 de abril de 2008

ISA Servicio informativo núm. 407

Ciudad de México, 30 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 407

Sumario:

I. Mujeres sin miedo, V y última, por Laura Itzel Castillo

II. Segunda fase de la crisis, por Rogelio Ramírez de la O

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MUJERES SIN MIEDO, V Y ÚLTIMA

Por Laura Itzel Castillo

(publicado en El Gráfico el 30 de abril de 2008)

La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer ha sido larga y, desde luego, no ha terminado. Aún hoy se nos descalifica por ser la vanguardia del movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Pero tampoco hay que asombrarse: el machismo no distingue colores. Las expresiones misóginas se dan en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales del país. El parlamento no podía ser la excepción, como ha quedado claro en estos días.

Repasemos brevemente la historia reciente: los derechos políticos de la mujer, promovidos por el general Lázaro Cárdenas y aprobados por el Congreso durante su administración, simplemente quedaron congelados al omitirse la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Fue aquélla una decisión política altamente discriminatoria.

La lógica imperante entonces era que estos derechos se irían reconociendo paulatinamente. El conservadurismo de Manuel Ávila Camacho detuvo cualquier iniciativa al respecto. El liberalismo de Miguel Alemán Valdés, apenas alcanzó para otorgar el voto femenino a nivel municipal. Ocurrió en 1946 con la reforma al artículo 115 constitucional.

Fue hasta 1953, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, cuando finalmente se reconocieron los derechos políticos de la mujer mexicana. Para ello fue necesario modificar el artículo 34 constitucional. Sin embargo, el ejercicio del sufragio se inscribió en el contexto de un sistema monopartidista. Así, la incorporación a los cargos públicos siguió siendo lenta, limitada e inequitativa.

Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal, en 1954. Diez años después, en 1964, fueron electas las primeras senadoras. El nivel de atraso en México resulta evidente si se toma en consideración que después de la Primera Guerra Mundial, muchos países reconocieron el derecho de la mujer a votar y ser votada.

Así ocurrió en Estados Unidos, Canadá, Austria, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Rusia y Suiza, entre varios más.

Hasta ya muy entrada la segunda mitad del siglo XX, la equidad de género fue una aspiración sin sustento en nuestro país. La mínima representación parlamentaria no logró modificar ese estado de cosas. Fue necesario que surgiera un movimiento feminista, y que éste actuara de manera articulada en el contexto de una serie de cambios culturales, para ubicar en el centro del debate no sólo los derechos políticos, sino también otros como los reproductivos y sexuales.

Durante las últimas décadas, muchas mujeres nos hemos ido incorporando a la lucha por la democracia, bajo la premisa de que para lograr la igualdad de género y eliminar la cultura patriarcal, se requiere vencer al régimen autoritario en el poder, ayer bajo las siglas del PRI, hoy transformado en una sociedad mercantil llamada Acción Nacional. Y en esas estamos.

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SEGUNDA FASE DE LA CRISIS

Por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal el 30 de abril de 2008)

La segunda fase de la crisis de crédito de Estados Unidos toma a México desprevenido, como lo tomó la primera fase, el año pasado, pues su meta de crecimiento se mantiene en 2.8% y considera a su programa de 10 puntos como una política contracíclica. En realidad, dicho programa aumenta el gasto público, pero sus efectos sobre la economía son mínimos y se ven superados por los efectos negativos del IETU, entre ellos la inflación, según Banxico.

La crisis estadounidense, hasta ahora circunscrita al sector financiero, se ha extendido al ciudadano común. Los impactos reales están en el aumento de la tasa de desempleo a 5.1%, el alza alarmante en el costo de nuevos financiamientos para empresas e individuos, la continua caída de precios de las casas, la reducción del consumo y la pérdida de confianza. Lo único que ha impedido que la economía estadounidense se derrumbe es el dólar barato, mismo que permite un repunte de exportaciones.

Pero este repunte será temporal porque el resto del mundo ya comenzó a desacelerarse. Sólo dos ejemplos: España e Inglaterra tienen un problema aún mayor al estadounidense en su sector de bienes raíces y tendrán muy bajo crecimiento.

En México las empresas apenas comienzan a reconocer esta nueva fase de debilidad. Varias de ellas se preguntan cómo, si México recibe ingresos petroleros de 30 mil millones de dólares en 2007 y 2008 por encima del monto presupuestado por el Congreso, esto no se refleja en sus ventas. Y tienen razón, pues la única explicación es que el gobierno no lo está gastando eficazmente.

El gasto público corriente aumentó en 154 mil millones de pesos en el primer año de la administración (2007), a pesar de que en 2006 ya había aumentado en 100 mil millones. Así, en sólo dos años, este gasto, del cual casi la mitad son salarios, aumentó en 254 mil millones de pesos, casi cuatro veces lo que se espera obtener del IETU. Más aún, sigue aumentando en 2008 en 8% en términos reales, lo que representará 120 mil millones de pesos más. En suma, 374 mil millones más en sólo tres años.

Habrá quienes digan que el Congreso es corresponsable de este gasto porque lo aprueba cada año y tendrán razón. Pero no hay que olvidar que al jefe del Ejecutivo le corresponde proponer al Congreso y luego persuadirlo de los cambios en la asignación del gasto.

La opinión pública no tiene detalles más que anecdóticos del gasto del gobierno. Los empresarios, en cambio, se enteran de contratos, gastos de los gobiernos estatales, aumentos a sindicatos como el de maestros, o hasta costos de la publicidad gubernamental. Una de sus quejas constante sigue inexplicablemente desatendida, la falta de insumos energéticos competitivos.

Por eso es que sus expectativas han comenzado a deteriorarse. Sus márgenes de utilidad están apretándose por el alza alarmante de sus costos de insumos. Con la feroz competencia en varios mercados, la única forma de crecer es con mayores porcentajes de mercado, es decir, quitándole ventas a los competidores. Pero eso requiere más inversiones, lo que a la larga bajará su rendimiento por capital invertido. Las menores utilidades de la Bolsa en el primer trimestre son el primer anuncio de una baja más prolongada. Las empresas con deudas altas se verán en serios problemas y varias de ellas tendrán que vender activos.

La clase media está muy endeudada y sus pagos por servicio de deuda ocupan una mayor parte de su ingreso, justo cuando la inflación de alimentos le hace perder entre 4% y 10% del ingreso disponible. Sus oportunidades de empleo ya se frenaron y en el segundo habrá despidos.

Cada gobierno en el mundo está respondiendo a esta segunda fase de la crisis estadounidense. Estados Unidos regresó 168 mil millones de dólares de impuestos a los contribuyentes.

Lo que sugiere el sentido común es que en México el gobierno debería reducir su gasto burocrático; aprovechar bien el ingreso petrolero; fijar precios competitivos de los energéticos; y ser innovador impulsando la producción de alimentos.

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miércoles, 23 de abril de 2008

ISA Servicio informativo núm. 403

Ciudad de México, 23 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 403


Sumario:

I. La minoría de la minoría, por Alejandro Encinas

II. Mujeres sin miedo IV, por Laura Itzel Castillo

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LA MINORÍA DE LA MINORÍA

por Alejandro Encinas Rodríguez

(publicado en El Universal el 22 de abril de 2008)

La toma de las tribunas en el Congreso de la Unión por legisladores del Frente Amplio Progresista ha desatado una de las más virulentas campañas de encono desde las estructuras del poder. La pretensión de privatizar la industria y la renta petrolera nacional despierta hoy las tentaciones más autoritarias en la ya de por sí deteriorada situación política del país.

A quienes disienten de esta iniciativa se les califica con epítetos irresponsables: “golpistas”, “fascistas”. Bajo el argumento de que estas acciones buscan “cancelar el ejercicio de la razón de ser del Congreso”, se les pretende equiparar con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta.

No voy a debatir en torno a estos epítetos que caen por su propio peso: los golpes de Estado se dan desde estructuras del poder, no por la manifestación de integrantes del mismo Poder Legislativo. Cuando la confrontación se da desde la sociedad y desde la oposición por la vía pacífica se llama resistencia civil, cuando se da por la vía violenta se llama revolución. Fascismo se denomina a regímenes políticos autoritarios y totalitarios en ejercicio del poder. Querer equiparar a los disidentes políticos de la izquierda con sus más claros perseguidores resulta más que absurdo.

Me ocupan afirmaciones como las del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, en el sentido de que “no vamos a permitir que unos violentos, que unos rijosos que están violentando el país, se salgan con la suya”, o la de un comunicador de la televisión quien afirma que el día en que un grupo de legisladores tomó las tribunas del Congreso “quedará en la memoria histórica como el día en que la minoría de una minoría secuestró el Congreso... impidiendo por la fuerza el ejercicio que es base de la democracia, la libre discusión de las ideas, el respeto a los demás, el derecho a disentir (sic)... violentó el principio democrático del ejercicio de las mayorías pasando por encima de ellas, usurpando (sic) lo que no les dio la sociedad”.

La primera, porque da cuenta del inequívoco rumbo de mayor confrontación política a la que se encamina el país y al aliento de los sectores más conservadores de nuestra sociedad, que impulsan de nueva cuenta la guerra sucia desde los medios de comunicación, llegando al extremo en una radiodifusora de dar a conocer “llamadas del público” que sugieren modificar la frase que en décadas anteriores alentó la derecha de: “haz patria, mata un chilango”, por “haz patria, lincha un perredista”.

La segunda, porque busca encubrir la demanda y el propósito fundamental de los legisladores del FAP, la de garantizar un debate nacional sobre las iniciativas que buscan privatizar una industria de la nación; porque el ejercicio del derecho a disentir se pretende presentar como el mayor de los retrocesos en la vida democrática del país provocado por “una minoría” que, por pequeña que fuese, tiene ese derecho, y porque quien está detrás de esta campaña es justamente la minoría menor de nuestra sociedad, que sería, sin duda, la beneficiaria de la privatización petrolera.

Me refiero no sólo a las grandes corporaciones multinacionales o a las que se han conformado en el país, sino a personajes con nombre y apellido, cuyas fortunas dan cuenta tanto de la enorme concentración del ingreso nacional como de la mayor desigualdad social registrada en la historia del país.

De acuerdo con la revista Forbes, los 10 mexicanos con mayor fortuna personal (Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Jerónimo Arango, Isaac Saba, Roberto Hernández, Emilio Azcárraga, Alfredo Harp Helú y Lorenzo Zambrano) acumularon una riqueza conjunta de 96 mil millones de dólares, lo que representa 10.2% del PIB del país, de los cuales sólo Slim representa 6.3% del PIB, al concentrar 60 mil millones de dólares.

Esta es la verdadera minoría de la minoría, la eventual beneficiaria de la privatización de un recurso estratégico vital para el desarrollo del país y que ha sido dilapidado irresponsablemente por los gobiernos priístas y panistas para justificar su privatización; no los legisladores del FAP, que al igual que los estudiantes en 1968 demandan el diálogo, el debate público y el refrendo sobre uno de los grandes temas de la agenda nacional.

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MUJERES SIN MIEDO IV

Por Laura Itzel Castillo

(publicado en El Gráfico el 23 de abril de 2008)

Las mujeres mexicanas irrumpieron en el ámbito público durante la Revolución. Participaron activamente en grupos opositores y en el proceso armado. Fueron conocidas de manera genérica como Adelitas. De ahí el nombre que hemos adoptado, hoy, las brigadas femeninas de la resistencia civil pacífica en defensa del petróleo.

La Revolución proporcionó experiencia y conciencia política a miles de mujeres. Surgieron entonces algunas organizaciones como Las Hijas de Cuauhtémoc, que se unieron a Francisco I. Madero y llevaron a cabo diversas acciones políticas. Este grupo, junto a otras asociaciones más, participó en el Primer Congreso Feminista, de 1916, que se pronunció por otorgar el voto a la mujer.

Un año después, Hermila Galindo, secretaria de Venustiano Carranza, llevó una propuesta en ese sentido al Congreso Constituyente, pero fue rechazada. Los legisladores estimaron que, como las actividades femeninas estaban sujetas al hogar y a la familia, todavía no habían desarrollado su conciencia política. Sin embargo, este mismo argumento fue desechado cuando se discutió limitar el derecho al voto de los hombres analfabetas, ya que ello “contravenía los ideales que dieron origen al movimiento armado”.

A pesar de la discriminación, en la década de los 20 se consolidó el movimiento organizado de mujeres en demanda del sufragio. Hubo reformas en Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla. No sólo se reconoció el derecho a votar sino también a ser votadas. Esta segunda aspiración resultó efímera y difícil, pues en la mayoría de los casos no se validaron los registros y mucho menos los triunfos femeninos a ningún cargo de elección popular.

En 1935 se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización plural que aglutinó a más de 50 mil afiliadas pertenecientes a 80 organizaciones. Por el PNR, abuelo del PRI, hubo destacadas personalidades como Matilde Rodríguez, esposa del general Francisco J. Múgica. También militantes comunistas como Refugio García, Adelina Zendejas y Frida Kalho, entre otras.

El presidente Lázaro Cárdenas, haciendo eco de este movimiento, envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 34 de la Constitución, a fin de otorgar los derechos ciudadanos a las mujeres. A pesar de ser aprobada, la reforma no se publicó en el Diario Oficial porque parte del oficialismo consideraba al sector femenino “susceptible de ser controlado corporativamente”, como ocurría con campesinos y obreros.

La lucha sería todavía larga. Primero por el sufragio y luego por la igualdad jurídica. La primera se resolvió 18 años después, y la segunda 39 años más tarde. Y es que después del voto, decían los oscurantistas, las mujeres querrán acceder al poder. El asunto puede resumirse con una cita del escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El hombre tiene miedo a la mujer sin miedo”. Y sigo con el tema en mi próxima colaboración.

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