Ciudad de México, 18 de febrero de 2009
Servicio informativo núm. 632
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Sumario:
I. El gasto de Obama y el de México, por Rogelio Ramírez de la O
II. Razones para no votar, por José Antonio Crespo
III. La iniciativa de Calderón, por Laura Itzel Castillo
IV. Plutocracia en crisis, por Luis Linares Zapata
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EL GASTO DE OBAMA Y EL DE MÉXICO
por Rogelio Ramírez de la O
(publicado en El Universal el 18 de febrero de 2009)
El miedo a la nacionalización de los bancos, que ya se materializó en la realidad, llevó al secretario del Tesoro de la administración del presidente Obama, Timothy Geithner, a un planteamiento poco claro sobre cómo va a estabilizar el sistema financiero, y sirvió de mal precedente para el anuncio del paquete de estímulos fiscales por 787 mil millones de dólares que aprobó el Congreso.
Fue evidente a lo largo de la presentación que hizo Geithner sobre el rescate de bancos que su preocupación era no causar zozobra en Wall Street, la comunidad con la que trató rutinariamente y a la que debía haber regulado con más rigor desde 2003, cuando asumió la presidencia del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Su estrategia tiene muchas preguntas sin contestar. Según esto, los bancos van a trabajar con los reguladores para establecer los faltantes de capital de cada banco.
Someterán a los balances pruebas de deterioro de la cartera vencida, para determinar la necesidad de más capital. Se entiende, pero no lo aclaró, que si el banco falla esta prueba el gobierno pondrá el capital que falta, y presumiblemente los accionistas verán su participación accionaria diluida y el gobierno será dueño de la mayoría del capital.
Pero nadie puede decir cómo se van a valuar los precios de los créditos vencidos que supuestamente se quieren vender. Es más, el alto desempleo seguramente va a causar que una cartera que hoy pasa la prueba de ser recuperable en unos cuantos meses no la pase.
La otra parte de la estrategia estadounidense es el gran paquete de estímulo fiscal que incluye ayuda (por ejemplo, a los desempleados), reducción de impuestos (sobre todo a los que menos ganan) y gasto público (por ejemplo, para la modernización de la red eléctrica y la infraestructura).
La estrategia de Obama ha sido buscar que los dos partidos, el Demócrata y el Republicano, estén unidos en circunstancias tan difíciles, pero los republicanos no apoyaron el paquete. Por la suavidad con la que el presidente los ha tratado, no culpándolos directamente de la crisis, parecería que espera que la crisis se profundice y entonces se verá obligado a tomar decisiones muy graves. De ahí la necesidad de establecer el precedente de haber sido suave con los republicanos.
Todo lo anterior es mala noticia para México. Hasta hoy aquí sólo hemos visto el comienzo de lo que será recordado como la peor pulmonía económica en décadas. La excusa del gobierno de que esta crisis fue causada en el exterior no va a resistir el escrutinio público cuando se conozca el uso sin precedente que ha hecho de los recursos que tuvo.
Sus ingresos aumentaron entre otros motivos por el alto precio del petróleo en 593 mil millones de pesos tan sólo en los dos años hasta 2008. Pero de cada aumento que tuvo, 60 centavos los dedicó al gasto corriente, el cual no crea riqueza permanente. Este vicio de gastar mal en realidad viene desde Fox. Así, el ingreso desde 2000 aumentó a 2008 en mil 669 miles de millones (140%). El gasto corriente aumentó en 956 mil millones (134%). La inversión física directa fue 77 mil millones en 2000, 96 mil millones en 2006 y 59 mil millones en 2008.
Hoy el país más poderoso del mundo trata de sacar adelante su economía, utilizando el gasto en infraestructura y el apoyo a la población, y aun así será muy difícil superar los problemas. Aquí el gobierno ya utilizó en el gasto corriente lo mejor de su aumento de recursos. Por el contrario, los petroleros y los ingresos tributarios van a caer y no tendrá con que enfrentar la crisis.
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Razones para no votar
por José Antonio Crespo
(publicado en Excélsior el 16 de febrero de 2009)
Las condiciones políticas que hoy prevalecen no parecen incentivar suficientemente el sufragio. Algunas posibles razones de ello son las siguientes:
A) Se calcula que existe una franja de entre 20 y 30% del padrón electoral (hoy formado por 77 millones de electores) que nunca acude a las urnas, independientemente de las condiciones políticas vigentes, de quiénes sean los candidatos o de lo que está en juego en cada elección. A esos ciudadanos no les interesa la política, no creen en ella ni en sus actores, no tienen mucha información ni la buscan. Lo que ocurra o deje de pasar en la vida pública les tiene sin cuidado.
B) Otros ciudadanos, que en general sí tienen incentivos e interés por sufragar, y que lo hacen de manera regular, podrían no votar en esta ocasión por considerar que los partidos no se diferencian suficientemente. Se han decepcionado de todos, por diversas razones. A ninguno lo ven como realmente superior o más prometedor o ni siquiera menos malo que los demás. En tales condiciones, no se le ve sentido votar por alguien. El costo del sistema electoral y de partidos a nivel nacional —más de mil millones de pesos cada mes durante este año—, lejos de estimular la participación —como sostienen los partidos—, podría constituir otro motivo más de indignación, y el consecuente alejamiento de las urnas.
C) En el caso concreto de México, un ciudadano podría negarse a votar por el PAN, tras haber constatado su ineptitud, su mojigatería y, sobre todo, su claudicación democrática. Pero podría no querer tampoco sufragar por el PRD, dada su estridencia hacia fuera y divisionismo hacia adentro. Podría concluir que ninguno de esos dos partidos —antiguos impulsores de la democracia— ha combatido desde el poder la corrupción y la impunidad. No han llamado a cuentas a los corruptos en sus respectivas jurisdicciones, pero además muchos de los funcionarios surgidos de sus filas han incurrido en ilícitos. El corporativismo que tanto el PRD como el PAN criticaron al PRI en su momento, ha sido revivido por ambos, con aparatos propios o con alianzas inconfesables.
D) Pero, igualmente, un ciudadano podría ser reacio a sufragar por el PRI al no haber visto una genuina renovación en su ideario, su estructura o comportamiento político. Y quizá no vean con entusiasmo un retorno del tricolor, como si su pasado se hubiera volatilizado. Votar por el PRI podría ser visto como una virtual claudicación social a la democracia. Por lo cual, muchos decepcionados con el PAN y el PRD probablemente tampoco vean al PRI como una buena opción para entregarle su voto.
E) Podría igualmente considerar un elector que los partidos emergentes sólo representan negocios particulares, concentrados en hacer fortuna para sus miembros. La naturaleza mercenaria del Partido Verde, el corporativismo del Panal, la trayectoria errática y oportunista del PT y de Convergencia, o el porrismo del PSD pueden no constituir muy buenas razones para sufragar por ellos.
F) Es posible también que algunos ciudadanos, tras la elección de 2006, hayan sido decepcionados por las autoridades electorales que, habiendo acumulado suficiente confianza y credibilidad, fallaron en el momento clave de aquel proceso. Podría ser que esos ciudadanos hayan visto perder al IFE y al TEPFJ la imparcialidad que esencialmente mostraron antes de 2006, al negarse a transparentar la elección, mostrando sesgos en sus juicios y resoluciones, los cuales terminaron por favorecer al PAN. Muchos ciudadanos podrían no ver mucho sentido en asistir a las urnas en tanto no constaten un cambio de fondo de los organismos encargados de imprimir certeza e imparcialidad a los comicios, mientras vean en su conformación la mano interesada de los partidos.
G) Menos aún ahora que el IFE desistió de sancionar (con votación dividida, de cinco a cuatro) a las televisoras, por las deliberadas interrupciones a la programación, responsabilizando de eso al propio Instituto. Algunos consejeros consideraron que no se cometieron faltas a la ley, o bien que sí las hubo pero que desaparecieron al prometer las televisoras no volverlas a cometer. Tesis que invita a infringir las leyes sin recibir sanción por ello, si se promete solemnemente, con la mano sobre La Biblia, no volver a hacerlo. Antes, el IFE se quejaba de no tener tarjetas rojas; ahora que las tiene, prefiere hacerlas perdedizas para no tener que usarlas. ¿Y así quiere recuperar la credibilidad perdida? En la sesión correspondiente (13/feb/09) el PT, el PRD y el PSD se pronunciaron por aplicar las sanciones que marca la ley; el Partido Verde salió a defender a capa y espada a las televisoras (refrendando su carácter mercenario), y los demás partidos (el PAN y el PRI incluidos) prefirieron guardar prudente silencio. No es que los partidos le tengan miedo a los consorcios mediáticos… es mera precaución. El fallo favorece desde luego a las televisoras, no tanto por el dinero ahorrado (once millones entre ambas), sino porque debilita al IFE y a la ley electoral. Su lance para sabotear la reforma en esta materia fue todo un éxito. El Instituto sale debilitado (y, peor aún: autodebilitado). Si encima fuera cierta la versión de que Gobernación presionó con evidente éxito a los consejeros, la cosa sería más dramática. El gobierno se habría doblegado, de nuevo, a las televisoras, y el IFE, al gobierno. Alentador panorama, que no invita precisamente a acudir a las urnas.
En suma, por alguna de las razones aquí expuestas, o por una combinación de ellas, muchos ciudadanos podrían decidir que no vale mucho la pena concurrir a las urnas, lo cual implicaría legitimar un sistema partidario que no muestra voluntad de cambio democrático, que no desea compartir su poder con los ciudadanos a quienes dice representar.
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LA INICIATIVA DE CALDERÓN
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 18 de febrero de 2009)
La propuesta de reforma a la Ley del Infonavit enviada por Calderón al Congreso recientemente es una propuesta anticonstitucional y contraria a los tratados que sobre derechos humanos ha firmado el Estado mexicano.
En sus 37 años de vida, el Infonavit ha atendido a menos de 5 millones de derechohabientes: alrededor de 130 mil familias por año, lo que representa un porcentaje mínimo en función de la demanda.
Actualmente cotizan 14 millones de trabajadores por la vía de la aportación patronal, como parte del sistema de previsión social contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
La aportación patronal se ubica en 5% del salario base de cotización del trabajador (destinada exclusivamente a la vivienda). En cambio, el proyecto calderonista contempla que disminuya paulatinamente, hasta llegar a 1% en 2017. El 4% restante deberá aportarse a la pensión de retiro a través de las Afores, es decir, al sistema bancario comercial.
Esto significa quitarle al Infonavit 80% de las aportaciones patronales, lo cual propiciará la descapitalización del Fondo Nacional de Vivienda y en consecuencia su evidente debilitamiento.
Con el modelo implementado desde hace ya largos años, ha quedado demostrado que los que salen perdiendo son los trabajadores. Ahora se pretende orillarlos a decidir entre obtener un crédito para vivienda o tener una raquítica pensión.
En la Ley del Infonavit vigente se asienta que el instituto es “un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En la exposición de motivos del proyecto de modificación se hace énfasis en la necesidad de “fortalecer” a la institución como “autoridad fiscal autónoma”. También se prevé que pueda endeudarse con terceros, garantizando este endeudamiento con los ahorros de los trabajadores.
De aprobarse la propuesta calderonista se encarecería el crédito para el derechohabiente, que por mandato constitucional debe ser suficiente y accesible.
Con la redistribución de las aportaciones patronales hacia las subcuentas de vivienda y de retiro, se pretende atender a los trabajadores con ingresos de tres salarios mínimos, quienes no han podido ser sujetos de crédito, pero sí han contribuido con sus aportaciones al sistema de financiamiento de vivienda de los que perciben más de cinco salarios mínimos.
La iniciativa contempla tomar hasta 30% del ahorro para el retiro del empobrecido trabajador, con el fin de dar el enganche de su departamento a una desarrolladora inmobiliaria. De aplicarse este esquema se cumpliría el anhelado sueño de estas empresas: tener al alcance de su mano al sector de la población que podrían enganchar más fácilmente. Sí, a este segmento que cada día será más amplio.
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PLUTOCRACIA EN CRISIS
por Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 18 de febrero de 2009)
Más que un Estado fallido, lo que aqueja a esta atribulada república es la profunda y ramificada crisis del modelo de gobierno, de producción, convivencia y de inserción en la globalidad. Pero, además de estas realidades, que se observan aun sin quererlo, la larvada conformación de una plutocracia en mucho parasitaria y, por tanto, retardataria, ha venido poniendo su pesado grano de arena para acrecentar los problemas e injusticias que brotan por doquier.
De varias maneras, este tinglado sui generis ha ejercido su negativa influencia sobre toda clase de instituciones. Pretenden, y lo han logrado, hacerlas funcionar de acuerdo con sus muy particulares intereses hasta doblegarlas en toda ocasión o lugar. Los privilegios que ha acumulado este ralo conjunto de familias en el transcurso del último medio siglo son de una magnitud casi sin parangón con otras naciones (Rusia está peor). Los múltiples efectos que irradian sobre el desarrollo de personas, grupos, clases sociales, leyes, empresas, valores o tribunales es descomunal, tal como si hubieran sido diseñados o entrenados para su deleite y acumulación de riquezas y poder.
Conformada por un conjunto de herederos o beneficiarios de los favores gubernamentales, esta selección entre las elites nacionales fue ocupando el creciente hueco de poder que dejaba la decadencia de timoratos, maniobreros o enclenques políticos mexicanos. De simples acompañantes o cómplices del círculo decisorio de naturaleza pública, los ahora grandes barones del dinero fueron encaramándose sobre la casi la totalidad de los botones de mando del país. Armados con influyentes palancas que les acercan sus medios de producción y comunicación, no han dudado en emplearlos en aquellas ocasiones en que ven la oportunidad de acrecentar sus privilegios o amenazados sus intereses. Pueden, al mismo tiempo, detener inversiones cuantiosas para lograr legislaciones favorables, influir sobre sus contrapartes externas para que, desde los centros del poder mundial, presionen a los que se les oponen para inclinar la balanza en su favor. Recurren con frecuencia a los tribunales para modificar, con inusitada facilidad, alguna norma que les incomoda, pues conocen la debilidad del entramado judicial, característica tan general como dañina para la confianza ciudadana (véanse si no las últimas actuaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del IFE).
No hay, dentro de esta plutocracia ramplona y autoritaria, uno solo de sus miembros que no haya recibido, de manera indebida o ilegal, un cúmulo inmenso de favores públicos. Trátese de contratos por adjudicación, ventas de los bienes públicos a precios de regalo, protección contra la competencia, tarifas garantizadas, exenciones de impuestos, incrementos de precios, manipuleo de la fuerza laboral a través de sindicatos ahorcados por líderes venales o francos apoyos en efectivo que alcanzan cifras estratosféricas. Todas estas minucias han quedado documentadas con pavorosa precisión (el Fobaproa-IPAB fue, quizá, un punto medular en el proceso de su conformación, pero no el único).
Sucesivas administraciones priístas, de Díaz Ordaz a Zedillo, incluyendo a De La Madrid, López Portillo o Echeverría, dan fehaciente testimonio del fortalecimiento plutocrático a su paso por la crisis de crecimiento que aqueja, desde entonces, al país. Pero fue con Salinas (88-94) donde dio un salto descomunal. De uno, a lo máximo dos personajes adinerados a escala mundial (Forbes) se pasó a contar con veinte billonarios (en dólares).
La aparición de Fox con sus panistas y gerentes de poquísima monta fue la etapa de la consolidación plutocrática. La imagen de respetados caballeros que adquirieron sus integrantes llegó a ser irresistible para un ranchero rencoroso, de escasa capacidad mental, y ante ellos inclinó su torpe administración. Fox desgobernó para ellos con un celo inigualable; fueron su horizonte a imitar, sus guías y, sin discusión alguna, sus patrones. Esta plutocracia le impuso la tarea de parar la emergencia de la izquierda, con AMLO a la cabeza. Tarea a la que Fox dedicó todas sus energías de merolico profesional. En este periodo los plutócratas pusieron las bases de su actual crisis. Los dos últimos años con el señor Calderón, al más que dudoso frente del Ejecutivo federal, se han convertido en una pesadilla para ellos. Es su propia creación, lo impusieron contra todo consejo y visión y los ha llevado a ser exhibidos, ya sin tapujos, como el obstáculo por excelencia para el progreso de México.
El lema empleado durante la campaña electoral (Un peligro para México), esparcido por todos los rincones, condensa los temores que los invadían. Lo arriesgaron todo con tal de que AMLO no llegara a la Presidencia que el electorado le mandó. Intuyeron, y después llegaron a la seguridad, que Andrés Manuel no sería un político doblegado ante sus tajantes órdenes y los sujetaría a los intereses superiores de la Nación.
Ahora es un tanto tarde para los remiendos. La crisis que se abate ha puesto a esta República en un punto de desequilibrio mayor si no se dan los retoques necesarios con la vista puesta en las inclusiones, la apertura de oportunidades y la equidad. La informalidad es una medida de la incapacidad del gobierno para ejercer sus funciones de conductor. El crimen organizado reta a todos los niveles de poder e introduce temores generalizados, rayanos en el pánico. Un mayor descontrol de todo esto y México, en efecto, será un Estado fallido. Hace falta, por tanto, un tratamiento de choque, a fondo, totalizador, para que el aparato productivo vuelva a funcionar para el beneficio de todos. Los partidos, el Congreso, la administración de justicia, los poderes regionales, los sindicatos o el ejército, requieren un renfoque, un diseño para mitigar y trastocar las tragedias que se viven por todos los confines del país. De manera coincidente, un fenómeno esperanzador surge desde abajo de la sociedad. Por todos sus pueblos y calles aparecen personas y grupos de gentes que están dispuestas a cambiar el estado de cosas que ahorcan al México de estos aciagos días. También avanza, y se consolida, una organización, un movimiento social y político que puede encauzar y conducir esta energía colectiva para la transformación del país.
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