AMLO en el Zócalo: Imagenes y palabras de Lorenzo Meyer

Lorenzo Meyer Zocalo con AMLO




http://www.youtube.com/watch?v=eQiORJCJr4o

Video: Carmen Aristegui en la Plaza José Martí

(10/01/2009) (Patto, Ara, Calvinus, Druida, Cheetos)

ISA Servicio informativo núm. 577

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2008
Servicio informativo núm. 577

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Calderón carece de capacidad para enfrentar los graves problemas nacionales, declara López Obrador

II. Juan Camilo Mouriño, por Miguel Ángel Granados Chapa

III. 1938 y 2008: una comparación, por Lorenzo Meyer

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CALDERÓN CARECE DE CAPACIDAD PARA ENFRENTAR LOS GRAVES PROBLEMAS NACIONALES, DECLARA LÓPEZ OBRADOR

Al iniciar la gira de trabajo por 23 municipios de Michoacán, Andrés Manuel López Obrador indicó que la crisis económica, política y social que prevalece en el país se debe a que los potentados no aceptaron que en el 2006 se iniciarán los verdaderos cambios. “Y actualmente —señaló—, el gobierno usurpador en vez de aplicar un programa para frenar la crisis económica y la carestía de la vida, pretende entregar lotes, parcelas del territorio nacional para que empresas extranjeras exploren y exploten el petróleo”.

Asimismo, el presidente legítimo de México afirmó que Calderón en vez de defender al pueblo, rescata a los grandes empresarios y prueba de ello es que Nacional Financiera dio un préstamo de mil millones de pesos a la empresa Vitro, ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Durante las seis asambleas informativas que sostuvo este día, López Obrador recordó que el pasado martes entregó el Programa de la Defensa de la Economía Popular a los legisladores del Frente Amplio Progresista en la Cámara de Diputados. En las plazas principales de cada municipio de la tierra del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, explicó que propuso a los diputados del PRD, PT y Convergencia establecer precios de garantía en beneficio de los productores rurales y construir tres refinerías para dejar de importar las gasolinas; “solicitamos que se instrumente un programa de construcción de caminos de concreto para crear empleos, utilizando mano de obra y menos maquinaria, orientado a los municipios de zonas marginadas; e impulsar la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos”.

Frente a los habitantes de Angangueo, Ocampo, Zitácuaro, Jungapeo, Tuxpan y Uruapan, López Obrador los invitó para que participen el próximo 23 de noviembre en la marcha-mitin que se realizará del Ángel a la Independencia a Bellas Artes para defender el petróleo y la economía popular.

Al término de la reunión informativa con los habitantes de Angangeo, el presidente legítimo de México visitó la Escuela Primaria “Isaac Arriaga”, donde los maestros y estudiantes le solicitaron su ayuda para que reparen las instalaciones del centro educativo.

Ante el llamado de la comunidad estudiantil y magisterial, López Obrador se comprometió a hablar con el gobernador del estado, Leonel Godoy, para que atienda la petición y brindó unas palabras a las niñas y niños de la primaria: “me dio gusto estar con ustedes y no se olviden de decirle a sus padres que estamos luchando para que en México haya justicia”.

En otro orden de cosas, López Obrador se congratuló por la decisión de los estadounidenses de dar un giro político con la elección del senador demócrata Barack Obama como su nuevo presidente. Al conceder una entrevista expresó: “yo creo que fue muy bueno el triunfo de Barack Obama, es muy refrescante y muy alentador, porque hasta en Estados Unidos quieren el cambio”.

Sin embargo, aclaró, “México vive una crisis económica, política y social, porque los potentados, los que se creen amos y señores, impidieron que en el país se llevaran a cabo los cambios necesarios para sacar adelante el pueblo mexicano. Con el fraude electoral de 2006, Felipe Calderón fue impuesto en la Presidencia de la República, resultó ser un inepto y no tiene capacidad para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales”.

Los representantes de los medios de comunicación le preguntaron su opinión sobre cuál debe ser el perfil del nuevo secretario de Gobernación. “Lo primero es que se aclare la muerte de Juan Camilo Mouriño, que se realice una profunda investigación y, sobre todo, que se informe a la gente sobre el caso”, demandó.

Para mañana, el presidente legítimo de los mexicanos visitará los municipios de Carácuaro, Nocupétaro de Morelos, Turicato, Tacámbaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro.

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JUAN CAMILO MOURIÑO
por Miguel Ángel Granados Chapa
(publicado en Reforma el 6 de noviembre de 2008)

Eficaz desde la discreción de la Oficina de la Presidencia, exponerlo a la atención pública en la Secretaría de Gobernación en enero pasado mostró la vulnerabilidad del amigo de Calderón, al punto de que quizá estaba próximo a ser relevado

Excepto Héctor Pérez Martínez, nunca murió un secretario de Gobernación en el desempeño de su delicada función, hasta que Juan Camilo Mouriño perdió la vida al caer el avión en que viajaba con José Luis Santiago Vasconcelos. Pérez Martínez había sido gobernador de Campeche, el estado adoptivo del ahora finado sucesor suyo. Secretario de Gobernación de Miguel Alemán, y tempranamente señalado como precandidato presidencial, sólo despachó en Bucareli 14 meses y medio, pues falleció de muerte natural el 13 de febrero de 1948.

Mouriño permaneció menos tiempo en esa oficina que su virtual paisano. Nombrado secretario el 16 de enero pasado, apenas duró 300 días en el cargo. Habría sido más breve su desempeño si la fragilidad política que padeció desde su nombramiento no la hubiera suplido el firme apoyo que le brindó el presidente Felipe Calderón que en su responso del martes encomió en su amigo y colaborador virtudes que una amplia gama de voces públicas no vieron nunca o habían dejado de ver en él.

Cercanos durante menos de 10 años (se hicieron amigos a partir de 2000, cuando fueron diputados federales en el numeroso grupo panista en la LVIII Legislatura que encabezó el ahora Ejecutivo), Mouriño desplazó en el ánimo de Calderón a panistas de cuño más antiguo, amigos también de más vieja data del ahora presidente de la República. Pero, si se atiende a los chismes palaciegos que alcanzaron estatus público en semanas recientes, Calderón había llegado al punto de prescindir de su colaborador querido. Apenas el 30 de octubre Mouriño mismo había salido al paso del persistente rumor que lo colocaba ya fuera del palacio de Covián. Dijo que seguía en su cargo, “trabajando con la misma convicción, con el mismo nivel de compromiso y con la misma decisión, de ser parte de esta generación política llamada a transformar el país y de un gobierno que trabaja todos los días por conseguirlo”.

La proximidad de Calderón y Mouriño, expresada continuamente durante el primer lustro de esta década, no interrumpida sino afianzada en el año y medio del infortunio político del ahora Presidente (el que medió entre su renuncia a la Secretaría de Energía y su triunfo en la contienda por la candidatura presidencial del PAN) había llegado a su culminación. Fue manifiesto el poder que Calderón le confirió al reconstruir la Oficina de la Presidencia, dotada de mayores facultades formales y reales que la ejercida al máximo por José Córdoba en tiempos de Carlos Salinas. Actuaba desde allí como una suerte de vicepresidente o jefe del gabinete, no sólo del staff personal que rodea al Ejecutivo, sino del integrado conforme a la Constitución. Paradójicamente, su fuerza decisoria decayó al ser nombrado secretario de Gobernación, no obstante que la intención presidencial pareció la contraria para situarlo como el principal aspirante a la todavía remota sucesión presidencial de 2012.

Al salir de la eficaz discreción con que se movía en Los Pinos y quedar expuesto a la atención pública como miembro formal del gabinete, se discutió su nacionalidad. Nacido en Madrid en el seno de una familia gallega (que retornó a su solar nativo después de construir una fortuna enorme en menos de tres décadas y que ayer se afanaba en llegar a las exequias de su hijo sobresaliente) no quedaba clara su elegibilidad como secretario de Estado, pues la Constitución es rigurosa respecto de la nacionalidad de tales colaboradores del Ejecutivo. Explicado formalmente el cumplimiento del requisito constitucional quedó claro también el ambiguo uso del doble pasaporte que poseyó por lo menos durante el tiempo de sus estudios en la Universidad de Tampa. Permaneció por lo tanto vigente la duda de su idoneidad para un cargo que reclama experiencia y conocimiento profundo de la historia y la política mexicana.

Fue de mayor gravedad y trascendencia el descubrimiento de un conflicto de intereses que protagonizó siendo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara. Lo documentó la reportera Ana Lilia Pérez en la revista Contralínea, apenas al mes siguiente del nombramiento de Mouriño. Pero le dio proyección política y tono denunciatorio la exhibición de los contratos hecha en asamblea pública por Andrés Manuel López Obrador, que entregó la documentación a diputados que sólo la manosearon. Pero fue inequívoco, reconocido a la postre por el propio secretario, el hecho de que Mouriño representaba ante Pemex los intereses de su familia, dedicada entre otros giros al transporte y venta de combustibles, al mismo tiempo que en su función legislativa se ocupaba de temas relacionados con esa empresa pública.

Mouriño trastabilló. Dejó ver sus inseguridades, y quedó inhabilitado para la gran operación política en que debía participar: concertar con el PRI la reforma energética. Durante sus meses en la Oficina de la Presidencia había mostrado capacidad para entenderse y aun hacer amistad con los dirigentes reales y formales del antiguo partido del gobierno, con los que departía socialmente. Pero ya no pudo figurar en el largo proceso de la reforma, en que aparecieron protagonistas indeseables y no previstos en la negociación original.

Dejado al margen de ese proceso, no estuvo lejos de la atención pública. Requerida información sobre la fortuna de su padre, la Procuraduría General de la República buscó proteger la reputación de la familia negando acceso a un expediente que finalmente debió entregar al IFAI. En eso estaba Mouriño a la hora de su muerte.

Cajón de Sastre

Nunca se ha reconocido que fueron provocados (quizá porque no lo fueron) accidentes de aviación en que murieron miembros de la clase política. El más antiguo en nuestra memoria es el de Gabriel Ramos Millán, álter ego del presidente Miguel Alemán desde sus días de estudiantes y de fraccionadores en Cuernavaca y la Ciudad de México. Murió el 26 de septiembre de 1949, al estrellarse cerca del Popo el avión de pasajeros en que también viajaba Blanca Estela Pavón. Respecto al accidente en que al llegar a Monterrey murieron, el 4 de junio de 1969, Carlos Madrazo y su esposa, muy tardía y vagamente su hijo Roberto lo ha definido como atentado. Lo hizo después de su derrota en 2006, sin que se animara a denunciarlo legalmente o a demandar una investigación de que se encargara una comisión independiente.

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1938 Y 2008: UNA COMPARACIÓN
por Lorenzo Meyer
(publicado en Reforma el 6 de noviembre de 2008)

Nota de Inicio. Una felicitación a unos Estados Unidos que, finalmente y como conjunto, superaron el racismo. Enhorabuena.

Espíritu. En su mensaje de ocho minutos en cadena nacional del 28 de octubre, Felipe Calderón felicitó a los legisladores por “el patriotismo, la visión y la altura de miras” que, según él, habían mostrado al aprobar una legislación que, en su letra, es diferente a la que él había presentado al Poder Legislativo en abril, y que pretendía legalizar la inversión privada en exploración, extracción, refinación, ductos, almacenamiento y transporte de los recursos petroleros. La reacción del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo logró cambiar bastante los términos de la legislación, aunque no necesariamente su espíritu.

Hacer de una necesidad una virtud es una característica del discurso político. De ello es ejemplo lo dicho por “Los Pinos” en torno al petróleo. Quizá llevado por el entusiasmo de haber visto el fin del largo y complicado proceso por el que atravesó su paquete de iniciativas de ley, Calderón declaró que la reforma aprobada era la más importante en materia de petróleo desde 1938. Sin embargo, “Los Pinos” tomaron como punto de referencia para su argumento una circunstancia histórica que en realidad no favorece la comparación. Y es que el ánimo que hace 70 años movió al presidente Lázaro Cárdenas a resolver de tajo la disputa entre el Gobierno mexicano y las empresas petroleras norteamericanas y angloholandesas mediante la nacionalización de la industria petrolera, es opuesto al que hoy domina en la casa presidencial, en el Congreso, en los partidos y entre los “factores de poder” que pretenden dirigir las actuales circunstancias.

Indicadores. La decisión tomada en marzo de 1938 por Lázaro Cárdenas fue la culminación de un largo proceso que se inició cuando el presidente Francisco I. Madero chocó con el Gobierno norteamericano por haber decretado un impuesto de veinte centavos por tonelada al petróleo exportado. La insólita decisión del presidente Cárdenas dio al Estado mexicano el control pleno de la explotación de los hidrocarburos mediante la expulsión de las empresas privadas extranjeras, fue, ésa sí, una determinación realmente “patriótica, visionaria y con altura de miras”.

El espíritu del 38 significó usar todo el poder del régimen, mediante la nacionalización, para acabar de tajo con las prolongadas controversias legales y políticas entre las empresas extranjeras y el Gobierno mexicano en torno al Artículo 27 y sus leyes reglamentarias. Ese impulso fue también el que alimentó la resistencia a las presiones externas e internas que desencadenó el decreto expropiatorio del 38. La posición inicial de Washington fue que si no se daba marcha atrás o se procedía a pagar de inmediato los bienes nacionalizados, la acción de México dejaría de ser una expropiación para transformarse en una confiscación, situación contraria al derecho internacional y que permitía a Estados Unidos actuar en consecuencia. La voluntad y la habilidad de Cárdenas y del grupo que le rodeó, terminaron por escribir la que quizá ha sido la página más brillante del nacionalismo mexicano. En contraste, la actual reforma petrolera y la clase política que la diseñó y avaló, apenas si lograron insertar un pie de página más en el largo y tortuoso proceso de abandono del viejo proyecto nacionalista; un abandono donde el vacío dejado por el nacionalismo que fue, no ha sido sustituido por algo equivalente o mejor.

En contraste con el espíritu del 38, el que presidió la actual reforma petrolera es uno pobre, que busca disfrazar sus objetivos por carecer éstos de legitimidad a ojos de parte de la opinión pública. La propuesta original para modificar tanto la ley reglamentaria del Artículo 27 como la de Pemex mismo, tuvieron como meta sustituir lo que aún queda del propósito de hacer de esa gran empresa estatal un símbolo de la determinación mexicana de manejar por sí y para sí su recurso natural más estratégico, por un nuevo marco jurídico inspirado en la ideología e intereses económicos de quienes desean que prevalezca un entorno donde la lógica del mercado global determine la asignación de los recursos económicos.

Desde la óptica privatizadora, Pemex es una empresa ineficiente en extremo y la única vía realista para enmendarla es abrirla a la influencia benéfica de la competencia directa y asociación con las grandes petroleras internacionales. Desde esta perspectiva, Pemex debe regirse por las reglas del mercado mundial, producir lo más que pueda para ese mercado y usar sus beneficios para fortalecer las finanzas públicas y evitarle al Gobierno el duro proceso de disminuir el gasto público y/o tener que llevar a cabo una auténtica reforma impositiva.

Juego Sucio. Aunque no se compartan estas premisas y valores, es posible entender el contexto ideológico y político en que surgió la propuesta de reforma petrolera de abril, pero lo que no se puede justificar ni aceptar es el espíritu que dominó al final del proceso reformista, al que se le puede calificar de inspirado por quien no apuesta a un juego limpio. Como se recordará, al término del complicado y tenso proceso legislativo, se intentó hacer pasar de manera subrepticia un cambio en el contenido de la exposición de motivos que había sido enviada por el Senado a la Cámara de Diputados en relación a la ley reglamentaria del Artículo 27 y a la de Pemex. Alguien, sin anunciarlo, cambió la redacción original de la exposición de motivos. Y la razón de tal transformación obedeció a principios poco claros: si bien una modificación a la redacción misma de la ley hubiera obligado a los diputados a devolver el documento a la Cámara de Senadores y a reabrir el encarnizado debate, una modificación a la exposición de motivos no.

Sin embargo, como cualquier exposición de motivos es parte integral y fundamental de la ley, puede ser la base para interpretar “lo que el legislador quiso decir” en relación a cualquier ambigüedad. En suma, en esa introducción está “el espíritu de la ley” y es ahí donde buscó hacer su nido en San Lázaro la mala fe, (véanse los detalles en Reforma y La Jornada, del 29 de octubre).

La modificación intentada no era insignificante, pues pretendía ser el sustento legal para volver a permitir, en el futuro, lo que ya se había autorizado en el sexenio de Miguel Alemán, pero que se había clausurado en 1970: los “contratos riesgo” con empresas particulares. Como se sabe, esos contratos, siempre controvertidos y combatidos por el ex presidente Cárdenas, permitieron que cinco empresas norteamericanas pudieran explorar y extraer petróleo en el Golfo de México con base no en una remuneración fijada de antemano sino en un porcentaje de lo extraído.

El intento por cambiar, sin la debida discusión, dicha exposición de motivos podía acarrear consecuencias. La modificación ampliaba la posibilidad de llevar a cabo “contratos incentivados” entre Pemex y empresas particulares, a las que se ofrece no sólo una suma fijada inicialmente sino incentivos o “compensaciones adicionales” según su desempeño. Como ello era lo que revivía el espíritu de los contratos riesgo, y tras varias consultas que incluyeron al titular de Gobernación, los líderes del PAN y del PRI aceptaron cortar por lo sano y cancelaron dichas modificaciones dentro de las exposiciones de motivos.

Finalmente, el incidente relatado no pasó a mayores, pero eso no le resta importancia, pues mostró la naturaleza del espíritu del legislador, uno empeñado en lograr a la oscuridad de las Cámaras lo que no se alcanzó a la luz del día. Evidentemente, lo anterior obliga a seguir de cerca y con la ayuda de especialistas, la forma como va a operar la nueva legislación, pues por ahora y en el caso del petróleo, es difícil confiar en el “espíritu del legislador” y en los encargados de interpretarlo.

El Gran Ausente en el Debate. Antes de 1938 el sindicalismo petrolero era ya un actor destacado en la industria, pero su importancia se disparó a partir de la constitución del sindicato nacional (SNTPRM) y de la expropiación. En poco tiempo, la organización se convirtió en una base de apoyo del PRI y del presidencialismo autoritario. Desafortunadamente, ese notable aumento de fuerza política fue acompañado de otro: el de la corrupción. Hoy, ninguna reforma de Pemex tiene sentido si no se aborda el tema de un sindicato que ha hecho suya una parte sustantiva de la riqueza que es de todos. Sin embargo, ni los legisladores, ni tampoco el Movimiento en Defensa del Petróleo han querido tomar al toro sindical por los cuernos. Y mientras eso no se haga, ni Pemex ni la democracia mexicana serán lo que deben ser.

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ISA Servicio informativo núm. 454

Ciudad de México, 21 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 454

Sumario:

I. Lo que el viento, el TEPJF y el IFE se llevaron, por Lorenzo Meyer

II. Acta por acta, por Carmen Aristegui F.

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LO QUE EL VIENTO, EL TEPJF Y EL IFE SE LLEVARON
por Lorenzo Meyer
(publicado en Reforma el 18 de junio de 2008)

Una herencia de desconfianza fue el resultado del proceso electoral del 2006, las élites que debían organizar y vigilar esos comicios no estuvieron a la altura que se requería

Lo que se perdió

En una sociedad tan material, cultural y políticamente dividida como es hoy la mexicana, un mínimo sentido de responsabilidad obligaba a sus élites a ser en extremo cuidadosas con los pocos elementos de unión de sus integrantes. A partir del 2000, uno de esos elementos fue un consenso significativo sobre las reglas formales del juego político, las democráticas. Sin embargo, seis años después, ese consenso desapareció porque los encargados de sostener las reglas no supieron estar a la altura de su responsabilidad y lo que era el gran acuerdo nacional se lo llevó el viento político.

Responsabilidades

Ese viento político nació de las viejas inercias, de los intereses creados, de la indiferencia de una buena parte de la ciudadanía y del miedo, voracidad y cortedad de miras de las minorías rectoras. Lo tan duramente ganado, que funcionó relativamente bien entre 1997-2000 y seis años más tarde se desvaneció, fue el consenso sobre la credibilidad de las instituciones electorales federales mexicanas.

La responsabilidad fundamental por la reaparición de la desconfianza en el voto la tuvieron sus guardianes: el presidente de la República, el Instituto Federal Electoral (IFE) y, desde luego, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las dos últimas instituciones dotadas en exceso de recursos públicos pero finalmente carentes del sentido de su responsabilidad histórica, ética y profesional.

Lo que buscó y encontró Crespo

La prueba contundente —aritmética, jurídica y moral— de las graves fallas del IFE y del TEPJF se encuentra en el libro que acaba de publicar José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Random House, 2008). Esta obra ya ha sido reseñada por otros colegas en estas mismas páginas, pero su importancia es tal que se justifica volver e insistir sobre sus tesis y su significado político e histórico.

El razonamiento de Crespo para condenar sin apelación al TEPJF, al IFE y a todos los que interesadamente sostuvieron como válidas las decisiones de esas dos instituciones que dieron el triunfo al candidato del PAN en el 2006 es claro. Parte del examen de más de 60 mil actas de escrutinio —que equivalen a la mitad de los 300 distritos electorales en los que se encuentra dividido el país— y tras constatar la cantidad de errores aritméticos que contienen —la inconsistencia entre el total de votantes en la casilla, el total de boletas encontradas en la urna y la votación total emitida, incluidos los votos nulos o por candidatos sin registro más los de los representantes de casilla y funcionarios electorales— llega a la única conclusión posible: con esos datos no es posible saber con la certeza que la ley y el sentido común requieren, quién ganó la elección presidencial del 2006. Y sin certeza, la elección no cumplió su función básica: dotar de legitimidad al jefe del Poder Ejecutivo y a su gobierno.

Dada la pequeña diferencia en votos entre el primer y segundo lugar en la contienda —233 mil 831 sufragios de un total de 41 millones 557 mil 430—, los errores aritméticos de las actas —316 mil 539— superan la diferencia y son determinantes. Pero si a lo encontrado en una mitad de las actas se le añade una proyección sobre de la otra mitad, el gran total es de casi tres veces la diferencia oficial de votos entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo que no se hizo

Entre el IFE y el TEPJF sólo abrieron el 18.5 por ciento de los paquetes impugnados, pero la letra y espíritu de la ley, además de lo espeso del ambiente de sospecha que ya se respiraba, debieron llevar al recuento del otro 81.5 por ciento de los paquetes. De haber ocurrido lo anterior se corría el riesgo de tener que anular la elección. Sólo una decisión tan drástica hubiera podido asegurar el sostenimiento de la credibilidad del resultado ante la oposición, pero finalmente los “guardianes de la legitimidad electoral” optaron por otra vía y a la que no tenían derecho: condenar pero sin consecuencia la intervención de Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial por empañar la elección pero finalmente dar por buena la victoria del candidato del PAN a pesar de la ausencia de certeza.

La negativa de la autoridad electoral a anular la elección o a proceder al recuento de los votos de manera inmediata (pues el paso del tiempo aumentaba las posibilidades de manipulación de esos 41.5 millones de boletas) dejó a las actas de escrutinio como los únicos documentos con valor oficial a los que los estudiosos podían tener acceso para hacer una evaluación objetiva de la elección. Y ésa fue justamente la tarea que se impuso Crespo a partir de que en diciembre del 2006 el IFE puso en línea todas las actas de escrutinio.

Nuestro autor no llevó a cabo el estudio de todos y cada uno de los documentos anteriores porque con la mitad tuvo resultados más que suficientes para sostener su argumento central. En efecto, con el examen del 50 por ciento de la enorme documentación el resultado fue contundente: los errores aritméticos totales pueden llegar a sumar casi tres veces la diferencia que separó al ganador oficial de la elección de su competidor más cercano: AMLO. La tesis de Crespo se resume así: “si [en la democracia] por un voto se gana o se pierde [en condiciones como las del 2006], basta uno solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o que no se hubiera considerado en el cómputo total, para generar incertidumbre sobre quién ganó”. En tal caso había que volver a llevar a cabo la elección o proceder a examinar todas las irregularidades. Sin embargo, esa conclusión fue rechazada por el TEPJF con lo que su dictamen quedó envuelto en la sospecha y tuvo consecuencias de largo plazo.

Falta imperdonable

Aquí es necesario advertir que Crespo no avala la tesis de AMLO en el sentido de que en el 2006 se cometió un gran fraude, aunque tampoco niega su existencia, simplemente sostiene que en el material que él revisó no hay pruebas contundentes al respecto.

Crespo está dispuesto a explicar la discrepancia en las cifras de las boletas como resultado de meros errores sin pizca de dolo, pero eso no les quita su efecto negativo. Sin embargo, ya no es posible eliminar el dolo como explicación en la decisión del presidente del IFE de dar por ganador a Calderón el 6 de julio ni la aún más importante decisión posterior, final e inapelable, del TEPJF, de dar por válido el triunfo del panista pese a la existencia evidente de datos cuantitativos que hacían imposible sostener lógicamente su decisión.

Las sospechas despertadas por la forma en que fueron nombrados los consejeros del IFE que organizó las elecciones del 2006 y la mediocridad e inconsistencias en el razonamiento de los miembros del TEPJF han significado un retorno a los orígenes. En efecto, en las postrimerías de la época colonial tuvo lugar la primera elección moderna en lo que sería México, y se desarrolló según los lineamientos de la Constitución de Cádiz de 1812. El proceso llevó al triunfo de aquellos candidatos no deseados por el virrey y a partir de entonces todas las elecciones posteriores fueron más o menos manipuladas y no sirvieron ni para descifrar “los sentimientos de la nación” ni para legitimar a la autoridad.

La manipulación electoral terminó por crear un resentimiento tal que el levantamiento encabezado en 1910 por Francisco I. Madero en contra del primer régimen estable del México independiente se pudo justificar con el simple lema de “sufragio efectivo, no reelección”. El siglo XX transcurrió haciendo efectivo únicamente el medio —la no reelección— pero no el fin —el sufragio efectivo.

La largamente esperada aparición de elecciones competidas, libres y en condiciones de relativa equidad en nuestro país, finalmente tuvo lugar entre 1997 y 2003, pero casi de inmediato empezó la regresión. La falta de alternancia en un buen número de estados aunada al frustrado desafuero en 2004-2005 de AMLO —el líder más popular de la oposición— fueron el anuncio de lo que ocurriría después: la recuperación del PRI a nivel estatal y la voluntad de las derechas —Presidencia, PAN, sector empresarial, Iglesia Católica, el duopolio televisivo, la oligarquía sindical— de impedir, a como diera lugar, la alternancia hacia la izquierda.

Ganar a costa de perder el largo plazo

El trabajo de José Antonio Crespo fundamenta, de manera concluyente, la gran falla del 2006. La derecha se mantuvo en el poder y ganó en el corto plazo mediante el “haiga sido como haiga sido”, pero destruyó la única base del consenso democrático de una sociedad dividida. A la larga, no sólo el país, sino hasta la derecha van a salir perdiendo.

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ACTA POR ACTA
por Carmen Aristegui F.
(publicado en Reforma el 19 de junio de 2008)

Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.

Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008). La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas.

Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico. Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que —como nunca— polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse. Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo, y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.

¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso, por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso. Con un solo elemento, Crespo demuestra que el tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético.

El tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo —entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados— el tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final. Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador. Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al tribunal a declarar nulas las elecciones.

Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.

José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: “El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad”. Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.

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Circulo de Estudios de la ENCB-IPN con Lorenzo Meyer

Los círculos de estudios nos envían la siguiente invitación:

El círculo de estudios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB) invita a la conferencia magistral:

"La evolución de las políticas nacionalistas en el petróleo" Impartida
por el Dr. Lorenzo Meyer.

Fecha: Miércoles 21 de mayo de 2008 a las 2:00 pm.

Sede: Auditorio del departamento de Bioquímica.

Entrada libre.

Informes: circulo.estudios.encb@gmail.com

Atte.: Circulo de Estudios de la ENCB-IPN

Petróleo, elites y sociedad

Lorenzo Meyer

15/05/08


“POR PRIMERA VEZ LA POLITICA PETROLERA REBASA A LA ELITE DEL PODER”

Lorenzo Meyer

La Teoría y la Realidad. Desde 1938 es un lugar común afirmar que los mexicanos, todos, somos los dueños del petróleo que hay en nuestro país. Qué justamente el hacer propiedad pública un recurso natural que antes lo fue de un puñado de extranjeros, fue el principal resultado de la expropiación y nacionalización de tan importante y cada vez más valioso combustible fósil.

Sin embargo, en la práctica el mexicano común y corriente difícilmente se ha sentido copropietario de una industria en cuyo manejo nada ha tenido que ver. Se necesita de un verdadero esfuerzo de imaginación para que el ciudadano común se piense a sí mismo como copropietario de un petróleo que hoy supera ya la barrera de los cien dólares por barril. En la práctica, sólo una minoría ha tenido razones objetivas para sentir que el petróleo era suyo: los miembros del sindicato de trabajadores de PEMEX (en particular sus dirigentes), los técnicos y altos mandos de la empresa y, por encima de todos, el presidente de la República. Y es que hasta ahora han sido sólo ellos los que han tomado las decisiones en la materia.

Desde el inicio de la actividad petrolera, todo lo concerniente a su explotación y sus beneficios ha sido asunto de pocos. En apenas dos ocasiones la sociedad sólo ha sido tomada en cuenta como algo más que meros observadores o consumidores: inmediatamente después de la expropiación de marzo de 1938 y en la actualidad.

Para entender la importancia que hoy reviste la participación masiva en la formulación de la política petrolera, hay que contrastarla con lo ocurrido en el pasado.

El Principio. Las primeras leyes mexicanas sobre hidrocarburos se formularon en un ambiente donde los ciudadanos eran una auténtica minoría. Al privatizarse el petróleo en 1884 casi nadie en México tenía idea de su importancia. Cuando se aprobaron las últimas legislaciones petroleras en el porfiriato -1892, 1901 y 1909- ya había una vaga conciencia del valor de los hidrocarburos pero sólo entre las élites. En esas legislaciones, y además del presidente Porfirio Díaz, apenas si participaron en su formulación funcionarios de la Secretaría de Fomento, la Academia Mexicana de Jurisprudencia y algunos geólogos, más los empresarios extranjeros dueños de los terrenos petroleros recién adquiridos. Como en muchas otras áreas, la sociedad fue una simple espectadora de la formulación de una política oligárquica que privatizó y extranjerizó de arriba a abajo a esta industria recién nacida.

Revolución y Petróleo. Fue la coincidencia de tres factores lo que llevó a cuestionar el marco legal de la actividad petrolera en el segundo decenio del siglo XX mexicano: a) el despegue de la industria, b) la caída del régimen de Díaz y c) las apremiantes necesidades económicas de los gobiernos que le sucedieron y que vieron en la producción y exportación de petróleo una posible fuente de recursos fiscales.

Francisco Madero y, sobre todo Venustiano Carranza, decidieron gravar más allá de lo simbólico a la actividad petrolera bajo el argumento de que el Estado mexicano debía recibir regalías del petróleo de la misma manera que lo hacía de la explotación de los minerales. La revolución había acabado con el crédito del gobierno; la lucha a muerte entre facciones rivales hacía depender la victoria o la derrota de recursos para la compra de armas, el pago a los ejércitos y el mantenimiento de los servicios públicos mínimos. Sacar más recursos a la prospera actividad petrolera se convirtió en asunto, literalmente, de vida o muerte para el gobierno.

La política para modificar el marco legal de los hidrocarburos y lograr mayores recursos para el Estado desembocó en la redacción del párrafo IV del artículo 27 de la constitución del 1917, que devolvió a la nación la propiedad original del petróleo, lo que a su vez permitió exigir regalías a las empresas. Esta política fue diseñada por Carranza y sus aliados políticos como el general Cándido Aguilar, algunos abogados como Luis Cabrera o Pastor Rouaix, por los miembros de la Comisión Técnica del Petróleo de 1915 y la Comisión Técnica sobre la Nacionalización del Petróleo de 1916.

Cuando en Querétaro, el constituyente abordó esta problemática prácticamente no se suscitó ninguna discusión y el petróleo se volvió al dominio de la nación, tal y como Carranza y los suyos deseaban. El problema se presentó al intentar poner en práctica la disposición que anulaba toda la legislación privatizadora de los últimos 40 años. Carranza, basado en las facultades hacendarias extraordinarias, intentó en 1918 sentar las bases prácticas de la nacionalización del petróleo –aumentar los gravámenes-, pero la oposición cerrada de las empresas petroleras y del gobierno norteamericano se lo impidieron. El presidente no intentó llevar el tema a la plaza pública, simplemente heredó el problema a sus sucesores.

Obregón administró la imposibilidad de hacer realidad la reforma petrolera. En virtud de los Acuerdos de Bucareli de 1923, sostuvo que la nueva legislación no se aplicaría a los campos petroleros descubiertos y trabajados por las empresas antes de 1917, pero éstas tenían que demostrar que efectivamente ya habían empezado a explotar el petróleo antes de que entrara en vigor la nueva constitución. Los norteamericanos ni aceptaron ni rechazaron la posición mexicana, simplemente asentaron la reserva de todos sus derechos en ese campo. Un empate.

Calles sí fue más lejos y logró que el congreso pasara la primera ley reglamentaria del petróleo, pero de nuevo topó con el rechazo de los intereses petroleros, que no aceptaron que se limitaran a cincuenta años sus derechos sobre los depósitos de petróleo que habían descubierto y trabajado antes de 1917. La tensión aumentó hasta casi llegar al estallido. El presidente, inmerso en la guerra cristera, movilizó al ejército en la zona petrolera pero no a la sociedad. Finalmente cedió e hizo que su congreso pasara una ley petrolera que previamente había sido revisada por la embajada norteamericana.

La Movilización Social. La decisión del presidente Cárdenas de expropiar y nacionalizar la industria petrolera en 1938 fue producto de una estrategia novedosa: la de llevar hasta el final un conflicto obrero patronal, donde el gobierno se situó claramente del lado del sindicato petrolero (SNTPRM). La decisión de chocar con las empresas petroleras recibió el apoyo de Lombardo Toledano y la CTM y del círculo cardenista: particularmente del general Francisco J. Mújica y de un manojo de colaboradores, como Jesús Silva-Herzog o Ramón Beteta.

La sociedad mexicana no esperaba la expropiación del 18 de marzo de 1938, pero una vez tomada tan histórica decisión, el general Cárdenas, y por primera vez en esta complicada historia política, decidió llamarla para defender la decisión tomada. Cárdenas logró lo que se propuso: el PRM, sus organizaciones corporativas y muchos ciudadanos le apoyaron al punto de hacer comprender a Estados Unidos que el costo de echar por tierra la expropiación equivaldría a lanzar a México a la desestabilización en vísperas de un nuevo conflicto mundial.

El Momento Actual. La política del petróleo nacionalizado volvió a ser como había sido: diseñada y llevada a cabo por unos cuantos. Las decisiones las toman: el presidente, el director de PEMEX, el secretario de Hacienda, los líderes del STPRM y unos cuantos más. Fue en este ambiente donde, entre otras cosas, se desarrolló la paraestatal y también su corrupción.

Hoy y por segunda vez en la historia centenaria de nuestro petróleo, la formulación de la política petrolera ha vuelto a ser asunto de muchos. El acicate han sido las iniciativas de ley de Felipe Calderón para aumentar el espacio a los intereses privados en el petróleo –refinación, ductos, transporte, almacenamiento, etc.- y el contragolpe de la oposición de izquierda, que ha echado mano de la movilización en las calles para frenar este proyecto.

Inédito. A diferencia de lo ocurrido en 1938, hoy la movilización que busca revertir el proceso de privatización, se ha iniciado antes de que se tome la gran decisión. Ya no se busca refrendar lo hecho por la élite sino adelantarse e incidir en el proceso mismo de toma de decisiones.

Por primera vez en materia petrolera la presencia masiva de ciudadanos y el debate público anteceden a la toma de las decisiones. Y la razón es que ya hay suficientes ciudadanos como para hacerse presentes al lado de las minorías de siempre. Está por verse cuan efectiva resulta su presencia, pero el desafío es claro: se trata ya no sólo de vencer sino de convencer, pues de lo contrario la disputa por el petróleo sólo ahondará la polarización mexicana.

No aceptaremos privatización: Ortiz Pinchetti; Pemex para los mexicanos: Meyer

¿Cuánto faltaría para dejar de ser un país y convertirnos en una colonia si perdemos el dominio del petróleo?, cuestionó a nombre del "gobierno legítimo".

La Jornada On Line
Publicado: 13/05/2008 13:58

México, DF. Es evidente que la iniciativa de reforma para el sector energético presentado por Felipe Calderón es violatoria de la Constitución, cuyo propósito es consumar "el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional", aseveró a nombre del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador, José Agustín Ortiz Pinchetti.

Durante su participación en el primer foro del debate sobre la reforma en la materia, el titular de Relaciones Políticas del gabinete "legítimo", lamentó que por ignorancia, los defensores de la propuesta del Ejecutivo no perciban que ésta implica violar y privatizar el recurso.

Hizo énfasis en la postura encabezada por el movimiento de López Obrador que defiende los siguientes puntos:

a) Los principios de dicha iniciativa energética revelan que se trata de una contrarreforma petrolera.
b) El intento de privatización es inconstitucional.
c) El verdadero problema de Petróleos Mexicanos está en la corrupción, por lo cual debe resolverse este problema.
d) La propuesta es que México sí tiene los recursos necesarios para la industria petrolera.

Nunca aceptaremos semejante agravio a la nación, dijo. La iniciativa de Calderón no tienen ningún propósito para fortalecer a Pemex, sino entregarlo a "los grandes tiburones de aguas profundas". En contraparte, anunció que en los próximos días "el gobierno legítimo" presentará su propuesta de reforma "actualizada y detallada" en la materia.

Debemos convertir a Pemex en un motivo de orgullo nacional: Meyer

El historiador Lorenzo Meyer hizo un llamado a retomar las lecciones del pasado y fortalecer Petróleos Mexicanos (Pemex) con recursos de y a favor de la sociedad mexicana.

"Se tienen los recursos y si se tiene la voluntad, se puede fortalecer a Pemex para los mexicanos", dijo.

En su participación en el inicio del debate sobre la reforma energética, señaló que es primordial incluir en la discusión de la reforma petrolera tres temas fundamentales: el nacionalismo, la exportación y la participación ciudadana.

En México, dijo, no es posible separar el petróleo del nacionalismo desde principio del siglo XX y refirió que fueron Manuel González y Porfirio Díaz quienes cedieron el derecho de la nación a los privados por una razón muy similar a las aducidas actualmente: el país lo requiere, se necesita inversión para explotar el hidrocarburo.

La Revolución, dijo, estalló justo cuando se dio el auge de la producción petrolera, y avanzó con el deseo de recuperar la industria. En 1938, un entorno favorable y la voluntad política de soberanía permitieron la expropiación del 18 de marzo.

En ese momento, recordó, también se decía que no había tecnología y que se requería de la participación privada y extranjera. Sin embargo, se llegó a dominar esta tecnología y se desarrolló la industria.

México, señaló, tiene ahora la necesidad y oportunidad de vivir un nacionalismo defensivo y “hacer de Pemex una empresa que sea motivo de verdadero orgullo nacional”, en provecho de los mexicanos.

Sobre este punto, recordó que antes de la expropiación, el país destinaba a exportación el 99 por ciento de la producción de crudo y sólo el 1 por ciento se empleaba para necesidades internas. Pero en 1938, la balanza empezó a cambiar y el petróleo se convirtió en un producto para México.

Con Luis Echeverría, dijo, se regresó a la dinámica de país exportador, y cuestionó si era conveniente seguir vendiendo el energético al extranjero en lugar de reservarlo para consumo interno.

Asimismo cuestionó que el sistema fiscal esté apoyado totalmente en Pemex en lugar de reforzar la recaudación. Se depende de un sector del que la experiencia en otros países muestra que es posible prescindir, dijo.

“Nos hicimos dependientes de la exportación porque no se ha querido hacer frente a la reforma fiscal”, dijo, y cuestionó que si es justo este uso del petróleo.

Como último punto abordó la necesidad de que la sociedad participe en la reforma energética.

La nacionalización del petróleo, sostuvo, es la único gran proceso político donde la sociedad ha tenido una participación directa. Lázaro Cárdenas fue el primero en introducir a la sociedad en una gran reforma, por eso el mexicano se siente dueño del petróleo, dijo.

Ahora, la sociedad entró a la discusión de la proyectada reforma energética antes de que se presentara la iniciativa. Sin embargo, añadió, faltan medios para que esta participación sea más directa.

Audios de Algunas Participaciones en el Debate

Participación del Sr. Agustín Ortiz Pinchetti y el Dr. Lorenzo Mayer en el inicio de los foros de debate Sobre la Reforma Energética, con el tema: "Los Principios que deben Regir la Reforma Energética en México".






Analista Político Lorenzo Mayer




Analista Político. Lorenzo Mayer






Opiniones de la Senadora Yeidckol Polevnsky y del Diputado Dip. Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, en entrevista realizada por nuestros compañeros Clara y Ubuntu

Senadora Yeidckol Polevnsky Audio:






Diputado Dip. Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo Audio:

ISA Servicio informativo núm. 400

Ciudad de México, 17 de abril de 2008
Servicio informativo núm. 400

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. La privatización petrolera: el inicio­, por Lorenzo Meyer

II. “Darle tiempo al debate y negárselo a las descalificaciones”, propone el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo

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LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA: EL INICIO­
por Lorenzo Meyer­
(publicado en Reforma el 17 de abril de 2008)

­El logro del presidente Lázaro Cárdenas de 1938 está en duda con el debate-iniciativa del gobierno sobre el artí­culo 27 constitucional­

Antecedentes necesarios­
Los clásicos creí­an que la historia se moví­a en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere, tení­an razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.

Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto polí­tico no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es polí­ticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el gobierno el 8 de abril es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espí­ritu del artí­culo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espí­ritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.­

En 1916, en el párrafo IV del artí­culo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, lí­quidos o gaseosos". Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros paí­ses periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, lí­quidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos". Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, tratándose del petróleo: "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado"; esto último fue una reacción contra los cinco "contratos riesgo" otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.­

En el origen ­
Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida polí­tica mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así­ se puede apreciar la magnitud de lo que hoy está en juego.­

Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podí­a dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la Tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que habí­a de valioso en el subsuelo —plata y oro—, tení­an que pagar regalí­as. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española —entre otras cosas, las riquezas del subsuelo— pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los “jugos de la tierra”, es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocí­a por las chapopoteras.­

La revolución industrial y el motor de combustión interna le darí­an al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los paí­ses industriales —en este caso la francesa—, elaboró una ley minera que, en su artí­culo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarí­an de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el paí­s de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su artí­culo cuarto no dijo ya nada con relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podí­a explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.­

Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habí­an empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900, Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder polí­tico decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometí­a ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los “criaderos o depósitos de combustibles minerales” eran “propiedad exclusiva” del superficiario. Esta ley hecha en ví­speras de la Revolución permanecerí­a en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringí­a pero no anulaba los derechos del superficiario si los habí­a adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.­

Legitimidad­
Cuando se inició la privatización del petróleo no se tení­a idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podí­a tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino especí­ficamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 habí­a empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo “Dos Bocas” y se puso en acción al “Potrero del Llano”, todo el mundo supo que México era paí­s petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, “El Águila”, naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.­

La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es el petróleo la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del paí­s requerí­a de las nuevas fuentes de energí­a, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurí­dica al capital que tení­a la tecnologí­a y el empuje para hacerlo.­

Algunas conclusiones­
El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñe, y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase polí­tica, Pearson hizo miembros del consejo de administración de “El Águila” al hijo de Porfirio Dí­az —“Porfirito” —, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquí­a. En fin, que las decisiones hechas en nombre del “interés general” escondí­an la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces crí­ticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los cí­rculos del poder económico y polí­tico, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.­

Pese a la letra y espí­ritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economí­as centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180°. Y es ese giro lo que hoy está en juego.

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“DARLE TIEMPO AL DEBATE Y NEGÁRSELO A LAS DESCALIFICACIONES”, PROPONE EL COMITÉ DE INTELECTUALES EN DEFENSA DEL PETRÓLEO

Al Poder Legislativo
A la opinión pública

Ante un triunfo de la civilidad, la saludable aceptación en el Congreso de la Unión de la propuesta del debate nacional del Frente Amplio Progresista sobre los temas energéticos, queda señalar algunas certidumbres y sugerencias:

El debate necesita el tiempo justo y el primer debate debe ser sobre cuál es el tiempo justo.

Estos días se han distinguido por sólidas y lamentables campañas de odio y por la personalización al extremo del conflicto. Nos importa sobremanera destacar que el centro y la razón de todo es el carácter de la reforma del cual dependerá gran parte del destino próximo de México. Aunque ningún debate lo signifique todo, éste, ya propuesto y aceptado, sí clarificará lo suficiente las condiciones de la reforma a Pemex. No sólo hay que darle tiempo al debate, hay que negárselo a las descalificaciones tan innecesarias, y hacerlo todo en el clima de serenidad exigible y evidente. Las razones trascienden siempre a las presiones y éste es nuestro compromiso.

Es indispensable que no sólo el Poder Legislativo, encargado de la última forma legal del proyecto, sino la sociedad civil en sus muy variados sectores discuta y adquiera, durante el debate, muchísimos elementos de juicio, hasta ahora monopolizados por quienes creen monopolizar a los expertos. Como se ha probado, expertos los hay en ambos lados de la polémica y a ellos les corresponderán los cuestionamientos centrales, pero a todos nos corresponde participar, en la medida de nuestras posibilidades, en el proceso de ciudadanización que va de lo que no se nos ha permitido conocer a lo que necesitamos saber para ser parte activa y no meramente contemplativa o rezongona de la nación.

Para que el debate sea efectivamente nacional y efectivamente local, requiere de la intervención de la radio y la televisión. Sin esto sería un diálogo entre expertos o inexpertos sin las repercusiones mínimas, salvo, como se ha visto, el saqueo de los recursos nacionales.

La experiencia histórica impulsa la exigencia de tiempo justo para el debate. Hemos visto y lo hemos resentido profundamente cómo, de qué forma, al arrinconar a la ciudadanía y al concentrar todo en unos cuantos delegados de todavía menos personas, se cometen atentados auténticos como Fobaproa, el IPAB, el rescate de las carreteras y demás privatizaciones. ¡Cómo hubiera hecho falta un debate nacional en torno al Fobaproa!

Un resultado positivo ya innegable: Se vive en el orden nacional y como exigencia inaplazable, la exigencia de debates que contrarresten y trasciendan el desánimo y el aplazamiento de la ciudadanización. Ese vigor comunitario no debe perderse. Ir al debate en los tiempos que el debate mismo exige es un procedimiento civilizado y racional.

15 de abril de 2008.

ATENTAMENTE

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Fernando del Paso, Héctor Díaz-Polanco, Margo Glantz, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Héctor Vasconcelos.

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