ISA Servicio informativo núm. 578

Ciudad de México, 8 de noviembre de 2008
Servicio informativo núm. 578

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Promueve López Obrador el Programa en Defensa de la Economía Popular durante su recorrido por municipios michoacanos

II. Crisis, por Alejandro Encinas

III. Populismo oligárquico, por José Luis Piñeyro

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PROMUEVE LÓPEZ OBRADOR EL PROGRAMA EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR DURANTE SU RECORRIDO POR MUNICIPIOS MICHOACANOS

Ante el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de que el Producto Interno Bruto (PIB) de México sólo repuntará 1.9 por ciento este año y 0.9 por ciento el siguiente, Andrés Manuel López Obrador vaticinó que desgraciadamente se agravará más la situación económica del país y dejará en la pobreza a un mayor número de familias mexicanas.

El presidente legítimo de México mencionó que la crisis económica, política y social que prevalece en la nación se debe al mal gobierno del Felipe Calderón y a la aplicación de una política económica neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos y que deja en la pobreza a millones de familias mexicanas.

Durante el recorrido por cinco municipios de la región Tierra Caliente de Michoacán, López Obrador señaló que “el presidente pelele desaprovechó, como lo hizo Vicente Fox, los precios altos del petróleo en los mercados internacionales para impulsar la economía y crear empleos, y sólo lo utilizó para pagar salarios a la alta burocracia”. Por ello, propuso a Felipe Calderón que en vez de rescatar a los banqueros, a los empresarios, ayude al pueblo de México con el Programa de Defensa de la Economía Popular, el cual ya fue entregado a los legisladores del Frente Amplio Progresista en la Cámara de Diputados.

El presidente legítimo de los mexicanos dio lectura a las 18 acciones del programa de apoyo a la economía popular: establecer precios de garantía a productores del campo, construcción de tres refinerías para dejar de importar la gasolina y aplicar un programa de construcción de caminos de concreto.

López Obrador continuó con la lectura del programa de referencia: se debe construir infraestructura en los pueblos y regiones del país para generar empleos y reactivar la economía, echar andar el programa de mejoramiento, ampliación y construcción de viviendas y dar apoyos a adultos mayores, madres solteras y discapacitados.

“Otras acciones que proponle Programa de Defensa de la Economía Popular —dijo— es darle los ahorros a los ex braceros, otorgar becas mensuales a todos los estudiantes de preparatoria, que se entregue atención médica y medicamentos gratuitos a la gente e instalar comedores o cocinas económicas en zonas pobres, así como bajar los precios de la gasolina, el diesel, el gas y la luz, y proteger los fondos de pensiones de los mexicanos.

En otro tema, el presidente legítimo de México señaló que el Movimiento en Defensa del Petróleo impedirá que los potentados entreguen en lotes las tierras y las aguas del Golfo de México para que empresas extranjeras exploren y exploten el petróleo. “Los vendepatrias quieren dividir la zona petrolera del Golfo de México en 110 parcelas, cada una de 5 mil kilómetros cuadrados, y otorgar concesiones por más de 20 años a empresas extranjeras para explotar el petróleo”, detalló al comentar que el movimiento vigilará que no se cometa un nuevo atraco a la nación.

En el recorrido del viernes 7 de noviembre, López Obrador indicó que después del fraude electoral decidió luchar por el pueblo de México porque los de arriba quieren seguir manteniendo sus privilegios y por ejemplo “los potentados andan de lambiscones con Felipe Calderón, porque forma parte de la misma mafia de la política”.

En Carácuaro, visitó la iglesia donde ejerció como cura José María Morelos y Pavón. A la entrada se lee una placa que dice: “En este templo ejerció de 1798 a 1810 el esclarecido cura José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación”.

Tanto en Carácuaro, Nocupétaro de Morelos y Turicato, como en Tacámbaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro invitó al pueblo de Michoacán a participar el próximo domingo 23 de noviembre en la marcha-mitin que se llevará a cabo del Ángel de la Independencia a Bellas Artes, con la intención de reiterar la decisión de los mexicanos de defender la economía popular y el petróleo.

Para este sábado, 8 de noviembre, López Obrador visitará los municipios de Tumbiscatio de Ruiz, Arteaga, Churumuco de Morelos, La Huacana y Ario de Rosales.

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CRISIS
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 8 de noviembre de 2008)

Esta semana se llevó a cabo la novena edición del Foro de Biarritz, espacio de reflexión política al que concurren ex presidentes, dirigentes políticos, académicos y autoridades de diferentes órdenes de Europa y América Latina.

En el marco de una entusiasta expectativa por el triunfo de Obama en Estados Unidos y el cambio político y cultural que esto puede significar, los debates se centraron en la crisis económica que vive el mundo y los alcances que significan el fin de una era que ha dado cuenta del fracaso de las políticas neoliberales y, en especial, de las políticas de integración comercial, que han sido incapaces de hacer compatibles crecimiento económico y bienestar.

Durante los trabajos de este foro se insistió en que ha quedado atrás la falsa idea de que mercado y democracia eran complementarios, ya que la democracia procura la justicia social, en tanto que al mercado no le interesa el desplazamiento social, la inequidad ni la concentración del ingreso, por lo que el modelo de globalización seguido hasta ahora, profundiza la dependencia en los países en desarrollo y la división internacional del trabajo, en la que unos países se especializan en ganar y otros en perder, lo que genera mayores asimetrías económicas y sociales entre éstos.

Al mismo tiempo, la crisis que han provocado las grandes potencias del mundo ha puesto en evidencia otras crisis: la de los inmigrantes que, más allá de la caída en las remesas, criminaliza a los trabajadores migrantes en América y Europa, en un sistema en el que todas las mercancías circulan libremente menos el trabajo; la crisis en la seguridad ciudadana, convertida en crisis hemisférica frente al crimen organizado; crisis en la seguridad alimentaria; en la seguridad ambiental frente al cambio climático, entre otras.

En México hemos convivido por generaciones con la crisis, sin que hasta ahora se haya construido una salida duradera a la misma. Se han adoptado políticas paliativas que de manera ortodoxa han insistido en más de lo mismo, que atienden los grandes agregados económicos y olvidan la condición humana, sin alcanzar, como sucedió en el resto de América Latina, niveles de crecimiento que pudieran enfrentar en mejores condiciones esta crisis.

Esta nueva situación requiere construir nuevas visiones y paradigmas que permitan competitividad económica con inclusión social, que pongan en el centro de una nueva estrategia a la gente y su bienestar, y que a partir del fracaso de experiencias anteriores, avancen en la construcción de un sistema de protección social que no dependa del mercado; de un Estado sólido que garantice el bienestar colectivo, regule al mercado y promueva una verdadera integración económica que, más allá del comercio, reconozca las asimetrías existentes y cree mecanismos de compensación que permitan crecimiento con desarrollo y, con ello, el abatimiento de la pobreza y la desigualdad.

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POPULISMO OLIGÁRQUICO
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 8 de noviembre de 2008)

La mejor radiografía de un gobierno municipal, estatal o nacional es el tipo de presupuesto público; allí se nota cuáles son las prioridades a satisfacer vía el tamaño del gasto en seguridad pública, social, educativa, laboral, económica o ambiental.

La radiografía del esqueleto gubernamental se complementa con una tomografía de la nación mexicana en la actual crisis económica. Aquí se muestran los órganos internos del cuerpo social, cuáles son prescindibles y cuáles generan la riqueza sanguínea que los recorre y reproduce el organismo societal. No son los micro, pequeños y medianos empresarios, tampoco los trabajadores urbanos y mucho menos los campesinos, que son desechables dentro de ciertos límites; los primeros alimentan la ilusión de que echándole muchas ganas pueden llegar a ser Carlos Slim o al menos ser proveedores de algún monopolio, el resto tiene que vender lo único que les sobra, mano de obra; alguien tiene que trabajar después de todo.

Los imprescindibles para el funcionamiento social son los monopolios comerciales, industriales, bancarios y financieros, como lo muestran las recientes acciones del gobierno federal.

Veamos. Aunque Comercial Mexicana fue el ariete de la especulación contra el peso que disparó la paridad peso-dólar a 13 pesos, ya recibió rescate gubernamental vía Nacional Financiera por 3 mil millones de pesos para pagar a sus proveedores, cantidad que es ¡una décima parte! de los 30 mil millones de pesos destinados a empresas con problemas financieros.

En la fila de espera siguen monopolios como Soriana, Cementos Mexicanos, Grupo Carso, Grupo Saltillo, Vitro, entre otros. En contraste, el desgobierno de Calderón anunció el “generoso” crédito de 5 mil millones de pesos para apoyar a ¡400 mil micro, pequeñas y medianas empresas! Pero hasta el próximo año; éstas sí pueden esperar.

Como colmo del sueño guajiro, la Secretaría de Economía fijó para el año 2030 la meta de establecer en México un mercado similar al de la Unión Europea, donde las pequeñas y medianas empresas representan 20% de las unidades productivas; hoy en el país éstas son 4.2% de un total de 4 millones 100 mil unidades (EL UNIVERSAL, 4/XI/08). Primero habría que desmonopolizar la economía y no reforzar esta tendencia. En fin, prometer o soñar no cuesta nada.

Sobre los trabajadores urbanos y rurales, una muestra de para quién gobierna Calderón es la actitud asumida frente a las administradoras de fondos para el retiro (afores). Éstas, además de que nos cobran de las más altas comisiones del mundo por el manejo de cuentas individuales de pensión (han obtenido mil 330 millones de dólares por cobro de comisiones: José Setinsleger, “México: la gran estafa de las afores”, en La Jornada, 22/X/08), hoy, como resultado de inversiones de alto riesgo en el casino financiero internacional, reportan pérdidas de 53 mil millones de pesos que afectan severamente a los pensionados.

La tardía y tibia respuesta gubernamental no evitó que lo que se perdió se recupere o sancionar a los responsables (Alberto Barranco, “Rescatan a las afores”, El Universal, 30/X/08).

Ante propuestas de cobro de comisiones basadas en rendimientos o rendimientos mínimos como en otros países, se dice que no es rentable para las afores. Es correcto pensarnos a futuro como Europa, pero no hoy en concreto. Pensiones, becas, alimentos y salud gratuitas es populismo; rescate bancario, carretero, azucarero y financiero, ayer como hoy, son rescates, no populismo.

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ISA Servicio informativo núm. 527

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2008
Servicio informativo núm. 527

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Sumario:

I. 40 años después, por Alejandro Encinas

II. Inseguridad, ¿provisional?, por José Luis Piñeyro

III. ¿Ahora terrorismo?, por Pablo Moctezuma Barragán

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40 AÑOS DESPUÉS
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 27 de septiembre de 2008)

Amanecía el 2 de octubre de 1968. Los diarios anunciaban: “Crecimiento mayor a 7% en 68”; “Cancela Nixon su visita a México”; “La UNAM reanuda labores y estudiantes asamblea”. Un desplegado clamaba: “México entero con Díaz Ordaz”.

Ningún medio daba cuenta de la reunión que sostendrían representantes del gobierno federal y del Consejo Nacional de Huelga, ni de la concentración que se celebraría en Tlatelolco en respuesta a la advertencia de Díaz Ordaz: “No queremos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario... Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”. Para su gobierno existía un plan internacional de subversión, concebido en La Habana y en Praga, en el que participaron mexicanos de organizaciones políticas de izquierda como el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Comunista, entre otros.

En conferencia de prensa, el 27 de julio, tras los primeros actos de represión, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y Alfonso Corona del Rosal, regente del DF, atribuyeron los sucesos a “agitadores de ideología comunista” que se proponían “desprestigiar a México” aprovechando la cercanía de los Juegos Olímpicos. El gobierno no entendía que el movimiento estudiantil canalizaba la asfixia impuesta por un régimen autoritario que en las últimas décadas, al cobijo de un crecimiento económico sostenido y una falsa estabilidad política, impedía cualquier espacio de participación política al margen del aparato de control corporativo del poder.

Las heridas derivadas del aplastamiento a la huelga ferrocarrilera de 1959, de la represión al movimiento magisterial en los 60 y del asesinato de Rubén Jaramillo y su familia continuaban abiertas.

El 13 de septiembre se realizó la marcha del silencio y se demandó el dialogo público. El 14, el CNH recibió un comunicado oficial que aceptaba el diálogo, pero la noche del 18 el Ejército tomó CU y luego el Casco de Santo Tomás. La represión aumentó.

La mañana del 2 de octubre se celebró el encuentro entre gobierno y estudiantes. El primero no aceptaba condiciones —el diálogo público—. Ante la eventualidad de romper pláticas, aceptaron consultar con Díaz Ordaz la propuesta. Por la tarde la respuesta: la matanza en Tlatelolco. El 3 de octubre, la prensa acreditaba: “Recio combate al dispersar el Ejército un mitin de huelguistas”; “Tlatelolco, campo de batalla”; “Durante varias horas terroristas y soldados sostuvieron recio combate”.

Los Juegos Olímpicos se celebraron. Díaz Ordaz asumió la responsabilidad por los sucesos. Pero el país había cambiado, a pesar de la obstinación del régimen. Años después Echeverría insistiría: “La composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas... integrados por jóvenes surgidos de hogares en proceso de disolución, niños de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación que la generalidad, son estos grupos fácilmente manipulables”.

Pese a su miopía, el país cambió. Como estableció José Revueltas: “Nuestra sentencia ya está decidida de antemano. No depende de nuestros supuestos delitos. Nada tiene que ver con los principios constitucionales, con el respeto a la democracia, la ley o el derecho. Nada tiene que ver con la realidad, aunque sus efectos sean muy reales, en los años de cárcel que a cada uno de nosotros le corresponda. Está decidida porque ‘en el cielo de nuestro destino (político) con el dedo de Dios se escribió’... Y todos sabemos quiénes son ese Dios, quién es ese Tlacaltecuhtli sexenal, que ata los vientos y desata tempestades. Pero ¿podrá detener el tiempo de la historia?”. Cuarenta años después no pueden.

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INSEGURIDAD, ¿PROVISIONAL?
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 27 de septiembre de 2008)

Felicitaciones a Miguel Ángel Granados Chapa

Hay analistas que consideran que la inseguridad pública va a ser solucionada, pues es un fenómeno coyuntural y no estructural. Ningún indicio apoya esta visión defensora de la gubernamental guerra contra el crimen.

Por ejemplo, el narcotráfico ha realizado cambios cualitativos y cuantitativos muy importantes en su accionar, como son: el acto de terrorismo contra la población en Morelia es algo inédito; antes el temor se propalaba vía torturados o decapitados; el cambio en cantidad lo muestra el aumento anual de narcoejecutados, que para este año hasta hoy arroja 3 mil 330 personas; el incremento del control territorial en ciertas regiones y la presencia en todo el territorio; el aumento de la base de apoyo social, de la capacidad bélica (comandos paramilitares, mejor armamento y tácticas) y de infiltración en las instituciones del Estado, la economía (campo, comercio, industria y finanzas) y la sociedad al margen de la condición económica o social; el impulso a la drogadicción desde la infantil pasando por la juvenil hasta adultos y asimismo a la narcocultura.

Frente a este trágico escenario se insiste que las causas básicas de la criminalidad son la corrupción y la impunidad en ciertas instituciones del Estado, allí hay que dar la batalla para poder ganar la guerra anticriminal.

Otros analistas insistimos en que corrupción e impunidad no son las causas, sino los efectos de un régimen político presidencialista y autoritario que toleró, pactó o en el mejor de los casos controló al crimen profesional, el cual se ha fortalecido exponencialmente en los últimos 25 años al margen de gobiernos nacionales monopartidistas o de alternancia.

La respuesta gubernamental al panorama descrito ha sido el modelo incremental: a mayor delincuencia, mayor presupuesto para contar con más policías, mejor equipo y armamento y agentes judiciales (ministerios públicos, jueces, etcétera) con sueldos e instalaciones decorosos, cuando lo que se requiere no son más policías y jueces, sino mejores en el plano administrativo y operativo.

Según el cálculo de Pedro Peñaloza, de 1994 a 2007 se ha gastado la escandalosa cantidad de 94 mil 300 millones de ¡dólares! para combatir la delincuencia sin que esto haya significado una disminución sustancial del índice delictivo (La Jornada, 24/IX/08).

La propuesta de Calderón para el presupuesto federal de 2009 contempla un aumento de 20 mil 800 millones de pesos para seguridad pública, de un total de 102 mil millones, esto, en detrimento del gasto para educación, salud y seguridad social. La Secretaría de Seguridad Pública federal recibirá el mayor aumento: pasará de 20 mil 700 millones en 2008 a 31 mil millones en 2009.

Su titular, en la pasada comparecencia legislativa, ante las críticas sobre la situación de inseguridad sólo atinó a decir que “hay un rezago histórico en las policías. Tenemos un deterioro estructural de años en la parte del perfil del policía. Esto nos obliga a cambiar lo que hoy tenemos de fáctico y discrecional, en lo que el ingreso se limita sólo a una evaluación que es referencial y no obligatoria en todo el país”.

Lo histórico estructural es la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, los minisalarios, el desastre ambiental, la corrupción y la impunidad que reproduce de forma ampliada un sistema económico que genera inseguridad estructural. Los gobernantes sexenales priorizan la seguridad pública en detrimento de la seguridad social, laboral, educativa y ambiental. Urgen estadistas.

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¿AHORA TERRORISMO?
por Pablo Moctezuma Barragán

El acto terrorista de Morelia y el baño de sangre de los últimos tres meses coincide con el avance del Movimiento en Defensa del Petróleo y busca crear un clima de pánico entre la población que ayude a justificar la ingerencia norteamericana en un México “ingobernable”: impulsar la militarización y medidas fascistas de control sobre la población para cerrar el paso al movimiento democrático que busca transformar nuestro país en un México soberano, en el que podamos vivir en bienestar, paz y seguridad.

El lunes 23 de septiembre en una cena con la Foreign Policy Association en Nueva York, Felipe Calderón señaló que si EU y México quieren ganar la guerra deben trabajar juntos, como socios cercanos y recalcó que los grupos de delincuentes en México representan una amenaza para la seguridad nacional de EU. Al día siguiente en la ONU habló del terrorismo y dijo que en el mundo actual hay desafíos que no reconocen fronteras. Así dio otro paso para la integración y subordinación militar de México ante EUA.

En el pasado México ha sido un país con una política propia que era capaz de oponerse a Washington: se negó a romper relaciones con Cuba, promovió el Tratado de Tlaltelolco contra la proliferación de armas nucleares, se rehusó a colaborar en la invasión a Corea y luego a la República Dominicana, etc.

En las últimas décadas Washington impulsó políticas a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para desmantelar la soberanía económica y política de México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, significó la subordinación de nuestra economía, el ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte), la subordinación política. El neoliberalismo ha llevado gradualmente a la desintegración de México, en beneficio de EUA.

Fox y Calderón firmaron la integración en materia de seguridad y energética con George W Bush. Y muy agresivamente, EUA ha presionado a México para obligar a unirnos a su “lucha contra el terrorismo”, ayudar en sus guerras imperiales e implementar medidas fascistas que nieguen las garantías individuales.

Bush en 2002, al anunciar Las Estrategias de Seguridad de los EU, se adjudicó el derecho de actuar en todo el mundo para imponer la economía de mercado y garantizar la seguridad energética y atacar a quien considere una amenaza a sus intereses.

Luego del derrumbe de las Torres Gemelas, EUA organizó el Comando Norte en el año 2002. Este pretende incluir todo el territorio de América del Norte desde Alaska y Canadá hasta el sur de México, para “salvaguardar la seguridad de Norteamérica”.

Desde la firma del ASPAN el 23 de marzo de 2005, EUA ha insistido en incluir a México en el Comando Norte y en su “lucha contra el terrorismo”.

En México no se ha aceptado la integración al Comando Norte a pesar de los esfuerzos de Fox y Calderón en ese sentido. Y las presiones se han intensificado; en febrero de 2006, Negroponte, director de inteligencia de EUA, declaró: México junto con Haití se encuentra en la lista de países de alto riesgo, en cuanto a la penetración del narcotráfico y crimen organizado debido a la incapacidad del gobierno para combatir el clima de violencia e inseguridad que se ha hecho patente en la frontera norte, la cual es vulnerable a la penetración de terroristas.

Pero en aquellas fechas no podía hablarse de acciones terroristas en México. Aún así Bush y Calderón acordaron la Iniciativa Mérida o Plan México para subordinarnos militarmente a EUA.

Hoy, ante la situación mundial y de Latinoamérica los planes geoestratégicos de EUA incluyen necesariamente el control total de México. Como nunca antes les urge adueñarse de nuestro petróleo (Fox nos convirtió en el segundo proveedor de EUA), riquezas, población y territorio. Como plataforma para su lucha hegemónica.

En julio de 2008, luego de 58 años, EUA puso a funcionar la IV Flota Naval que cuenta con armas nucleares, para enfrentar la oposición de Venezuela, Bolivia, etc., en Latinoamérica y aspira a implementar bases militares en México. En Colombia ya tiene seis bases.

EUA haría cualquier cosa para crear el clima en el que nos incluyamos en “la lucha contra el terrorismo” que les ha servido de pretexto para invadir Irak y Afganistán e intensificar su guerra por el Imperio Mundial. Así se las gastan, recordemos los autoatentados para iniciar guerras: el acorazado Maine en Cuba, el golfo de Tonkin en Vietnam, hundimiento del Potrero del Llano y el Faja de Oro en el Golfo de México para integrarnos a la Segunda Guerra Mundial.

México y su pueblo —consciente, unido y organizado— sabrá enfrentar ésta amenaza de EUA. Defendiendo nuestra soberanía y desarrollando una verdadera lucha por la SEGURIDAD que para nosotros radica en la defensa de los derechos de todos. Y que traerá paz y justicia en México.

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ISA Servicio informativo núm. 510

Ciudad de México, 30 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 510

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Sumario:

I. Pemex, viable sin privatizar, por Alejandro Encinas

II. ¿Con este Estado?, por José Luis Piñeyro

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PEMEX, VIABLE SIN PRIVATIZAR
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 30 de agosto de 2008)

Si algún mérito tienen las iniciativas acogidas por los legisladores del FAP en materia energética es conjugar experiencias, capacidades y talentos en un ejercicio sin precedente, cuyo valor adicional fue recoger los diagnósticos y propuestas presentados en el debate en el Senado al margen de visiones partidistas, así como los resultados de la consulta pública nacional y de encuestas de opinión en las que se manifestó el rechazo a la privatización y a la intervención de empresas transnacionales en las actividades de Pemex.

Es una iniciativa plural que incorpora las visiones de dirigentes políticos a quienes se busca presentar confrontados (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador); de académicos (John Ackerman, Rolando Cordera, Rene Drucker); periodistas (Rafael Barajas, Eduardo del Río, Helguera); especialistas (Mario Di Constanzo, Eduardo Beltrán); el mundo de la cultura (Guadalupe Loaeza, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska); ex funcionarios federales (Carlos Tello, David Ibarra, Javier Jiménez Espriú); constitucionalistas (Arnaldo Córdova), e incluso antiguos adversarios (Manuel Bartlett).

Considera reformas jurídicas y propuestas que mantienen la rectoría y la exclusividad del Estado en la industria petrolera para articular un plan de acción inmediata, que sin privatizar permita crear un fondo de recursos (300 mil millones de pesos) para llevar a cabo un programa de inversiones públicas para que Pemex corrija el actual régimen fiscal al que es sometido; atienda labores de exploración, refinación y petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico; y adopte acciones que garanticen transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción en contratos, adquisiciones y licitaciones, así como en las relaciones entre empresa y sindicato.

Garantiza que la reforma se apegue a la norma constitucional, promoviendo medidas correctivas al deterioro de la industria y sus finanzas; la creación de una comisión que elabore una política energética de Estado y defina la seguridad energética; el aprovechamiento de los recursos para el desarrollo del país, limitando la plataforma de exportación y promoviendo nuevas fuentes de energía. Se busca dotar a Pemex de los recursos que no ejerce, al modificar los controles que le impone el Ejecutivo. Establece una reforma hacendaria que elimina el actual régimen de derechos y libera las rentas de Pemex para la inversión, el desarrollo y la investigación.

Se pretende reanudar las exploraciones, recuperar la petroquímica, construir refinerías e incrementar la capacidad de las existentes, fortalecer el IMP como pilar en investigación, desarrollo e innovación de la industria, e incorporar a las universidades públicas y centros académicos en este proceso. Redefine los términos de la explotación en aguas profundas y yacimientos fronterizos, sin ceder a la presión de las transnacionales, e impide la intervención de tribunales foráneos. Cancela contratos de riesgo bajo cualquier forma que viole la Constitución, la adjudicación directa y la invitación restringida en los contratos por obras y prestación de servicios a empresas privadas, e impide que particulares se apropien de la renta petrolera en las actividades del sector.

Se trata de recuperar el carácter original de la empresa, acotar a la burocracia, acabar con la discrecionalidad, así como con la corrupta dirigencia sindical, para disponer de recursos para inversión, desarrollo tecnológico e incremento en la productividad, sin violar la Constitución, privatizar ni empeñar un patrimonio fundamental de nuestra nación. Hagamos votos para que los legisladores estén a la altura de su investidura y de la responsabilidad histórica que les corresponde cumplir en estos tiempos cruciales para definir el destino de México.

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¿CON ESTE ESTADO?
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 30 de agosto de 2008)

Sobre las limitaciones de la extensa lista de los 75 compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL) se ha dicho casi todo, críticas que van desde considerar que son buenos deseos de las autoridades, pasando por señalar que son acciones que ya se están realizando y otras que ya se habían anunciado, hasta quienes señalan que si bien hay una delimitación de responsabilidades entre los poderes y actores firmantes, de objetivos y tiempos para su ejecución, no se apunta cómo se impulsarán dichos objetivos.

He insistido en otras entregas que predomina en la estrategia anticriminal una lógica represiva sobre una preventiva de delitos, de rehabilitación de drogadictos y de presos y de participación social. Si bien el ANSJL incluye referencias a estas tres tácticas, son bastante genéricas; además, la mayoría de los compromisos sólo reconfirman la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública aunque a veces se hable de corresponsabilidad de la ciudadanía en este problema nacional.

Congruente con esta visión, Germán Martínez, dirigente del PAN, considera que el desprecio a la política y a las instituciones del Estado es casi un golpe de Estado. Agrega: “No estoy defendiendo un respaldo ciudadano ciego… Defiendo el orden democrático… para hacer rendir cuentas a los gobernantes, y ese orden exige lealtad al Estado, a la política y a los procedimientos electorales de participación ciudadana para deslindar responsables. Tampoco niego la crítica, no sólo indispensable en democracia, sino justificada… esa crítica tiene que hacerse cargo de la defensa de nuestras instituciones (no de los resultados, errores y equívocos, obvio) del Estado. Despreciar al Estado y a la política en la lucha contra el crimen no sólo es un balazo en el propio pie, sino abono al terreno de la revuelta, donde todos los ciudadanos queden a mereced de un ciudadano más fuerte” (“¿Sin Estado?”, El Universal, 26/VIII/08).

Raros razonamientos, pues existe un orden social, pero dista mucho de ser democrático; la rendición de cuentas es la gran ausente en la política; la participación social vía elecciones termina al día siguiente de los comicios; la lealtad y la defensa de las instituciones al margen de sus errores y complicidades es un sinsentido; el solo desprecio al Estado por fortuna no provoca revueltas y la indefensión de la ciudadanía es frente a los pocos y poderosos ciudadanos con enorme poder económico y político.

La reducida seguridad, justicia y legalidad reconocida por el mismo ANSJL nos lleva a otro problema central: la escasa legitimidad de las instituciones estatales. Éstas requieren cambios radicales vía desalojo electoral o político de sus ocupantes, la clase gobernante, y de sus representados, la oligarquía dominante. Nadie ha hablado de desaparecer al Estado sino de darle otro contenido y orientación social, democrático y redistributivo de la insultante concentración del ingreso y la riqueza, sustrato de la criminalidad, la corrupción e impunidad; uno en el que la ciudadanía participe y decida para satisfacer sus hoy reducidos derechos políticos, económicos y sociales. En el que la distancia del Estado frente a las necesidades de la nación se reduzca vía un nuevo pacto nacional, y no mediante uno como el ANSJL, en el que con certeza señala Alberto Aziz que fue “una reunión de políticos, pero no necesariamente un pacto político” (“‘Si no pueden, renuncien’”, El Universal, 26/VIII/08).

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ISA Servicio informativo núm. 505

Ciudad de México, 17 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 505

Sumario:

I. La solución de fondo en el combate a la delincuencia es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas: AMLO

II. Hechos, no palabras, por José Luis Piñeyro

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LA SOLUCIÓN DE FONDO EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ES COMBATIR EL DESEMPLEO, LA POBREZA, LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, LA PÉRDIDA DE VALORES Y LA AUSENCIA DE ALTERNATIVAS: AMLO

Al pueblo de México:

En la actualidad, muchos mexicanos están sufriendo o viven angustiados por la violencia imperante en todo el país. Por eso he decidido dar a conocer mi opinión sobre este grave problema y proponer al mismo tiempo algunas medidas para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

En primer término, tenemos que preguntarnos y aclarar cómo fue que llegamos a estos extremos de inseguridad.

Desde mi punto de vista, esta descomposición social viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó después del fraude electoral.

Esta crisis tiene su antecedente inmediato en la política salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, todas las acciones del gobierno se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas en beneficio de una minoría. También en este contexto debe verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, desde la época colonial. Recordemos que Ernesto Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.

A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado del banquero Roberto Hernández pasó a ser el encargado de la Hacienda Pública. Pero lo más grave fue que Fox dio al traste con la incipiente democracia mexicana.

A estas alturas, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006 lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional.

El fraude causó un daño inmenso: lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente.

El fraude nos llevó a más pobreza, desempleo, carestía, crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Todo lo cual, si se hubiese respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad.

Además, la falta de sensibilidad y la hipocresía de los potentados, y de su representante en la Presidencia, es cada vez más notoria. Por ejemplo, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se les ocurre es amenazar con el discurso propagandístico de “la mano dura”, y quieren resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, y condenas más largas. Como si ello bastara para enfrentar una situación que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites, a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

La delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos, también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad mediante las drogas y la violencia.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero nada de eso están haciendo los hombres del poder en México.

Tampoco están dispuestos a rectificar ni practican la autocrítica. Por el contrario, a pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir.

No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que por la codicia estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir.

De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la Nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y hacer todo lo que podamos para frenar el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública.

No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social o se obliga a algunos mexicanos a abandonar al país. Todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por las calles, libres de miedos y temores.

Por lo anterior, propongo de manera concreta lo siguiente:

1. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso. Entre otras razones, nos oponemos a la privatización, porque queremos vivir en paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia. El despojo de la renta petrolera creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política.

2. Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social. La Cámara de Diputados debe autorizar mayor presupuesto a las universidades públicas con el propósito de que los 300 mil jóvenes que cada año son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales. Asimismo, deben otorgarse becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo está haciendo el Gobierno del Distrito Federal.

3. Deben renunciar, de inmediato, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Los motivos son obvios: el primero es un delincuente confeso y los otros dos ya fueron, durante el gobierno de Fox, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, han demostrado su falta de integridad e ineficiencia.

4. Debe orientarse el presupuesto público a impulsar actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar de la población. El gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos. A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más.

Por eso proponemos que se lleve a cabo una reducción del gasto burocrático de por lo menos 200 mil millones de pesos y que estos recursos, junto con los excedentes petroleros, se destinen a la inversión en infraestructura y desarrollo social. En particular, estos recursos deben orientarse a fortalecer a Pemex, a garantizar la soberanía alimentaria y a crear empleos sobre todo para los jóvenes.

5. Debemos seguir insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios. El país está secuestrado por una minoría rapaz. No se pueden enfrentar los graves y grandes problemas nacionales si continúa el predominio de una mafia política tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada.

Sí hay salidas, sigamos organizándonos. Sigamos defendiendo al pueblo y al patrimonio de la Nación. Sigamos trabajando en la transformación de la vida pública de México.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente legítimo de México

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HECHOS, NO PALABRAS

por José Luis Piñeyro

(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)

Hay dos rasgos de conducta de las élites económica y política de México y América Latina con sus gobernados: uno, entre ellas son complacientes con sus abusos y flexibles en sus reglas, pero férreas contra la participación popular autónoma que impugne la legalidad e institucionalidad; otro, recurren a la ciudadanía de manera dosificada sólo en elecciones o cuando toman decisiones coyunturales que requieren legitimar. Esto parece que va a repetirse después de que el trágico secuestro del joven Fernando Martí obligó a las autoridades a reconocer que este ilícito y otros habían aumentado.

Así, de los mutuos reproches del gobierno federal y el capitalino, y del Ejecutivo al Legislativo y del Judicial a ambos, se pasó a la calma de la clase política, como lo muestra el reciente Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad suscrito por Legislativo y Ejecutivo. Reformas a leyes federales, a instancias de seguridad pública que delimiten nuevas facultades y penas por delitos graves, y el presupuesto para impulsarlas, más un mecanismo de seguimiento y evaluación de la sociedad civil. Más legalidad y presupuesto, y búsqueda de legitimidad con mínima intervención social.

También la clase económica dominante bajó la crítica al Estado como irresponsable en su función central de dar seguridad física, patrimonial y jurídica para luego señalar que el problema era de coordinación interinstitucional e impunidad. El dirigente del CCE reconoció que no sólo la impunidad propicia delitos, sino también la desesperación por el desempleo dada la ausencia de incentivos para invertir y generar empleos. El inicio del acuerdo cupular queda más claro si agrupamos notas periodísticas por Estado, economía y sociedad.

Estado. La penetración del crimen organizado la reconoce la PGR al informar que el narco controla 80 municipios y diversas actividades delictivas (protección a empresas y a prostitutas), en especial en Michoacán y Tamaulipas. Unos expertos van más allá y señalan que el narco financió las elecciones de más de un tercio de los alcaldes del país. ¿Y a cuántos gobernadores, diputados y senadores?

Además, recién se informó del arresto de tres militares y dos civiles de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por colusión con el cártel de los Beltrán Leyva (El Universal, 11 y 12/VIII/08).

Economía. Santiago Creel declaró: “Que no nos engañen. El dinero del narco no anda viajando en maletas. Está en los bancos”. Un reporte del Departamento de Estado de EU revela que entre 2003 y 2008 los narcos repatriaron a México 22 mil millones de dólares al sistema financiero. La Asociación de Bancos de México rechazó esto dados los estrictos controles financieros, ya que hoy el pago entre narcos, afirmó, es en efectivo y se lava comprando inmuebles, autos y joyas. Un experto destaca el fracaso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y un ex funcionario afirma que los bancos y casas de bolsa a menudo reportan “información basura” por la falta de regulaciones que los obliguen (La Jornada 12 y 13/VIII/08).

Sociedad. El secretario de la Defensa reveló que 500 mil personas apoyan al narco (sembradores: 300 mil; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160 mil; capos de diverso rango: 40 mil); a este narcoejército habría que agregar otras bases de apoyo social de actividades criminales: tráfico de autos, armas, migrantes, mujeres, niños, órganos humanos, mercancías. Además, en 2007 se cometieron un millón 578 mil delitos en un contexto de deterioro de empleo, ingreso y seguridad laboral, más el millón 300 mil nuevos pobres extremos que reporta el Banco Mundial por la crisis alimentaria de 2008 (El Universal, 9/VIII/08).

El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad es posible que incluya reclutamiento riguroso de personal; depuración radical de las policías municipales, estatales y federales; control interno sistemático de las mismas; capacitación técnica y logística de la tropa; restructuración de mandos, saneamiento del sistema judicial (MP y jueces) y penitenciario (custodios y directores) que reduzca la impunidad basada en la corrupción e ineficiencia. Pero si no incorpora formas de participación ciudadana vía grupos de expertos y organismos de contraloría social; campañas permanentes de prevención de delitos (drogadicción, narcotráfico, contrabando); campañas masivas de participación social y de rehabilitación de drogadictos, seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación. Continuará la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública, la sociedad debe legitimar los acuerdos de las élites y mantenerse pasiva frente a sus acciones y omisiones, como no atacar el vital nervio financiero del crimen organizado.

Si la estrategia anticriminal no es acompañada de una política económica de generación masiva de empleo bien remunerado y una social de combate real a la generalizada pobreza, la descomposición moral y material de la nación avanzará, se debilitará más el Estado y la economía dependerá más de los narcoflujos financieros. Serán más palabras que hechos la inclusión ciudadana.

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ISA Servicio informativo núm. 495

Ciudad de México, 3 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 495

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. “Calderón se robó la Presidencia y ahora quiere robarse el petróleo”, declara López Obrador

II. ¿Inconsulta?, por José Luis Piñeyro

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“CALDERÓN SE ROBÓ LA PRESIDENCIA Y AHORA QUIERE ROBARSE EL PETRÓLEO”, DECLARA LÓPEZ OBRADOR

En respuesta a una queja que interpuso el PAN ante el Instituto Federal Electoral por usar la frase “presidente legítimo de México” en una carta que se distribuyó entre los ciudadanos para promover la consulta popular sobre el petróleo, Andrés Manuel López Obrador solicitó a los representantes del Frente Amplio Progresista que presenten una denuncia ante el propio IFE en contra de Felipe Calderón “porque se ostenta como presidente de México, si se robó la Presidencia de la República, y porque ahora quiere robarse el petróleo”.

De cara al pueblo de Michoacán, el presidente legítimo de México expresó que los panistas presentaron una nueva queja ante la máxima autoridad electoral, “porque están muy enojados, porque no nos rendimos y porque la gente decidió que hubiese un presidente legítimo de México”.

Al manifestar que fue muy criticada la organización y los resultados de la consulta popular, López Obrador retó a sus críticos a lanzar una convocatoria para realizar la misma tarea democrática para conocer el sentir de la gente sobre la privatización del petróleo, para ver si se tiene la misma participación como la que hubo el pasado 27 de julio en la Ciudad de México y nueve entidades del país.

Destacó que el Movimiento en Defensa del Petróleo y el Frente Amplio Progresista son los únicos organismos capaces de convocar a la gente para participar en una consulta popular, pues 830 mil ciudadanos del Distrito Federal votaron en la tarea democrática. Al referirse al total de los resultados de la primera etapa de la consulta, López Obrador agregó: “El pasado domingo, cerca de 2 millones de personas participaron en la consulta popular y 85 por ciento decidió que no se privatizará la industria petrolera”.

En Penjamillo, Michoacán, el dirigente de la izquierda mexicana indicó que los potentados quieren privatizar el petróleo para mantener un régimen de corrupción y privilegios, como ocurrió en la época de Porfirio Díaz. “Ahora llegan los panistas de arriba y creen que nos van a regresar a las épocas ya superadas y ahora lo que quieren de nuevo es abrir las puertas para entregar el petróleo al extranjero. Nosotros no queremos que México se convierta en una colonia, sino que sea una nación libre y soberana”, sostuvo al expresar que los panistas de arriba heredaron la misma mentalidad de los potentados del Porfiriato: no querer al pueblo de México.

En el tercer día de gira de trabajo por tierras michoacanas, el presidente legítimo de México expresó que si no le hubiesen robado la Presidencia de la República, “ya habría un avance de 70 por ciento en la construcción de las tres refinerías que requiere el país para evitar la privatización del petróleo”, y sostuvo que con la privatización de más de mil empresas públicas sólo se ha beneficiado a unos cuantos. En los últimos 25 años, tanto los gobiernos de origen priista como panista abandonaron al campo y se privatizó la única empresa pública, Fertilizantes Mexicanos, productora de abono, que representa un insumo básico en la cadena productiva. En contraste, la mayoría de las familias mexicanas resultaron afectadas en su precaria economía con los aumentos de precios a los productos básicos, como maíz, frijol y la tortilla”, aclaró.

En Numarán, destacó que el movimiento de transformación de México quiere una Patria para todos, para que no haya un gatopardismo, es decir, que se aparenta que las cosas van a cambiar, pero todo sigue igual. López Obrador mencionó que “el gobierno usurpador quiere cumplir con la agenda del Fondo Monetario Internacional, y lo ha hecho al pie de la letra, como quedó de manifiesto con la reforma a la Ley del ISSSTE, que afecta los intereses de más de a 2.5 millones de trabajadores al servicio del Estado y la denominada reforma fiscal, que significa la imposición de nuevos impuestos a los pequeños y mediamos comerciantes”.

En otro orden de ideas, informó que alrededor de 2 millones 500 mil personas están inscritas como representantes del gobierno legítimo de México y estimó que hacia finales de este año la cifra aumentará a 3 millones de mexicanos conscientes y dispuestos a defender al pueblo de México y al patrimonio de la Nación.

Finalmente, en Churintzio, invitó a la gente “a recordar a los michoacanos que trabajaron a favor del país, como el general Lázaro Cárdenas del Río, Melchor Ocampo, Francisco J. Mújica, y no al traidorzuelo de Felipe Calderón”.

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¿INCONSULTA?
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 2 de agosto de 2008)

La reciente consulta ciudadana sobre la propuesta presidencial de reforma petrolera ha sido rechazada por las fuerzas de la transición a la democracia representativa como un acto ilegal por ser convocado por un gobierno capitalino sin facultades legales para ello, ilegítimo por no representar a la mayoría, riesgoso por poder desencadenar la violencia social, confuso por las preguntas, partidista por ser obra del PRD y organizaciones afines, inútil por todas las razones. No se entiende, entonces, porque la furia mediática de analistas, comentaristas, locutores, grandes empresarios y personajes políticos. Sin duda, la consulta tuvo errores de planeación, organización, difusión e instrumentación, así también como lastres que aprovechó la guerra mediática como los perennes conflictos del PRD y su invalidada elección interna, más exageraciones propias de esa guerra. Sin embargo, la poca participación ciudadana expresó un hecho añejo como es el gran abstencionismo electoral y la desconfianza a la democracia representativa que a su vez se refuerza por dos costumbres y prácticas políticas de la oligarquía que hacen suyas ciertos analistas.

Primera, referida a la mecánica de “negociación” donde para “los procedimientos y reglas se proponen mecanismos flexibles para los acuerdos entre las clases políticas y las clases dominantes, pero inflexibles cuando se trata de la participación popular. Las formas y arreglos prácticos se hacen rígidos y mecánicos, en este último caso”. Segunda, es la tocante a la creación y acción de la ciudadanía donde sucede “una disolución de los actores a favor de una ciudadanía apresurada, no muy consciente, pero proyectada como ‘artífice central’ de un cambio político que no controla. Sus acciones son presentadas como actuaciones, fugaces y transitorias, pero decisivas, constituyéndose —la ciudadanía— cuando ‘debe’ hacerlo, y no ‘antes’”. (Otto Fernández. Política, economía y subjetividad: de la transición posible a la consolidación improbable. Sociológica. No.19, 1992). Estas agudas e irónicas reflexiones tienen una actualidad impresionante, pues el famoso estado de derecho aparece cuando se trata de movilizaciones sociales y protestas políticas y desaparece frente a la impunidad, la corrupción y los compromisos de y entre las clases dominantes, de igual modo, la ciudadanía requerida para la transición debe ser pasiva pero activa electoralmente, gradualista y siempre reformista nunca revolucionaria, tolerante de las enormes desigualdades económicas pero respetuosa de la legalidad, en fin, debe actuar en la dirección correcta y cuando se necesita legitimar las decisiones de la elite.

Nada de democracia participativa o de democracia sustantiva con contenidos no solo políticos sino también económico-sociales, es una consigna clave. Socializar las pérdidas vía rescate bancario, carretero o azucarero y privatizar las ganancias, es la otra. La pasada consulta y las venideras son ejercicios de organización y fortaleza ciudadana que pueden reducir la práctica oligárquica de las componendas y la de la ciudadanía dosificada y sincronizada. Sí se puede y debe opinar, participar y decidir, presione a sus legisladores, no tienen un mandato expreso de los votantes para decidir sobre el petróleo, recurso vital y estratégico para el futuro de la nación y del Estado. No se deje engañar con la posible restauración autoritaria.

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ISA Servicio informativo núm. 483

Ciudad de México, 19 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 483

Sumario:

I. “El gobierno usurpador ha destinado más de 500 millones de pesos para tratar de convencer a la gente sobre la llamada reforma energética”: AMLO

II. Peor, aún posible, por Alejandro Encinas

III. Policías a futuro, por José Luis Piñeyro

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“EL GOBIERNO USURPADOR HA DESTINADO MÁS DE 500 MILLONES DE PESOS PARA TRATAR DE CONVENCER A LA GENTE SOBRE LA LLAMADA REFORMA ENERGÉTICA”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador informó que solicitará a la dirección de Petróleos Mexicanos, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el reporte sobre la cantidad que ha gastado en la campaña publicitaria para engañar a la gente sobre los supuestos beneficios de la modernización de la industria petrolera, “cuando en realidad lo que pretende el gobierno usurpador de Calderón es privatizar el sector y entregarlo a empresas extranjeras. Tengo información de que el gobierno usurpador ha destinado más de 500 millones de pesos para tratar de convencer a la gente sobre la llamada reforma energética”, explicó.

En el tercer día de recorrido por Coahuila, el presidente legítimo de México señaló: “Voy a pedirle al IFAI datos sobre cuánto dinero ha destinado el gobierno espurio para la contratación de espacios publicitarios en TV Azteca y Televisa, así como en las radiodifusoras, para transmitir los spots sobre que México tiene un tesoro en aguas profundas”. Ante los habitantes del municipio de Frontera, manifestó sentirse contento porque, pese al bombardeo de spots en los medios electrónicos, la gente dice no a la privatización del petróleo.

En Castaños, López Obrador resaltó que si el pueblo de México expresa en la consulta popular su negativa a que se entregue la industria petrolera, “pues que ni le anden buscando los potentados, porque no vamos a permitir la privatización del patrimonio de la Nación”. Destacó que el grupo de defensa del petróleo va ganado los 21 debates organizados por el Senado de la República e invitó a la gente a participar en la consulta popular que se llevará a cabo en tres fases: el 27 de julio en el Distrito Federal y en otras 9 entidades, así como el 10 de agosto en el sur del país y el 24 de agosto en estados del norte.

En Candela, los habitantes denunciaron que los gobiernos municipal y estatal los amenazaron con quitarles los apoyos sociales si acudían a la asamblea informativa del presidente legítimo de México. En respuesta, López Obrador expresó que si no hay un cambio en el país, si el PRI y el PAN siguen gobernando a los mexicanos, la situación económica, política y social no mejorará. Los gobiernos priistas y panistas condicionan los “programitas de apoyo” a la gente y dicen: “si te alineas te ayudamos y, si no, no te damos despensas”, expuso.

Expresó, sin embargo, su felicitación a los habitantes de Candela por tener valor de escuchar su discurso y manifestó que el gobernador de Coahuila, de extracción priista, Humberto Moreira, es bueno en la publicidad, porque en cada municipio tiene un espectacular que sólo dice mentiras, ya que no ayuda a la gente.

Señaló que cada vez es más notoria la desigualdad social en México, porque unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece de lo más indispensable. Actualmente, explicó, México tiene el cuarto lugar en multimillonarios, mientras que 100 millones de mexicanos sobreviven con salarios por debajo de 2 mil pesos mensuales y hay 20 millones de personas que sobreviven con 25 pesos diarios. “El país ha caído en desgracia y todavía hay quienes aplauden a la mafia del PRI y del PAN”, sostuvo.

“No es una casualidad que haya un gobierno rico con pueblo pobre y un ejemplo claro es el municipio de Candela donde no hay empleos, ni centros de educación y por lo tanto muchos jóvenes tienen que emigrar a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida, concluyó.

Para mañana, el presidente legítimo de México visitará los municipios de Melchor Múzquiz, Nueva Rosita, Sabinas y Juárez.

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PEOR, AÚN POSIBLE
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 19 de julio de 2008)

“Aunque no lo parezca le vamos ganando la batalla al narcotráfico”, declaró Eduardo Medina Mora, haciéndose eco del infundado optimismo de Felipe Calderón, quien lo mismo declara que “México tiene una estrategia correcta y ganará esta guerra”, que sostiene: “Los precios de la canasta básica están bajo control”.

Lo cierto es que al concluir el primer semestre de 2008, todos los indicadores de gobernabilidad presentan serios problemas.

La economía no crece; por el contrario, las estimaciones de crecimiento han disminuido. La tasa interbancaria se incrementó en 0.25 puntos; la inflación se colocó por encima del 4% esperado, alcanzando en junio 5.3%, la más alta en seis años. Los alimentos y bebidas aumentaron 10% y algunos productos como el arroz acumulan aumentos hasta de 44%. Se importa 40% de los alimentos: 50% del trigo y 70% del arroz. Por falta de bodegas, se pierden 800 mil toneladas de alimentos cada año. De los 150 alimentos sujetos a control en el programa “Para vivir mejor”, 102 ya habían subido de precio.

El desempleo se incrementó 3.4% a mayo. El 33% de los mexicanos son trabajadores sin pago o por cuenta propia. La migración, pese a las restricciones del gobierno de EU, continúa. Las remesas que envían los mexicanos en el exterior —24 mmdd en 2007— se han convertido no sólo en paliativo de la pobreza, sino que cubren el vacío dejado por un Estado que ha renunciado a su responsabilidad social dando prioridad al pago de favores y a los negocios al amparo del poder público.

La deserción escolar y los índices de reprobación aumentan. El aprendizaje del español y las matemáticas se encuentra por debajo de los niveles exigidos. Alrededor de 839 mil niños no concluyen la educación primaria.

Los niveles de violencia alcanzados por el crimen organizado, en especial del narcotráfico y el secuestro, no tienen precedente. A junio las ejecuciones alcanzan más de 2 mil, con lo que suman casi 5 mil ejecuciones en lo que va del sexenio. En Oaxaca se reportan hoy más de 200 secuestros.

Estamos no sólo ante la crisis del aparato institucional, sino ante el deterioro del tejido social en el país. Más allá de la confrontación política y encono social herencia de 2006, los problemas de pobreza y desigualdad, la falta de expectativas para encontrar un empleo o concluir un proceso de formación escolar, la desintegración familiar producto de la migración y el abandono del campo que induce a los productores rurales a buscar alternativas ante la falta de apoyos del Estado en una actividad ilícita son señales de alerta.

A ello se suma el desprecio por la gente y sus iniciativas. Desprecio a debatir, consultar y permitir la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, a quienes la derecha considera incapaces para conocer, por ejemplo, de la reforma energética y la privatización de la industria y la renta petrolera.

La situación es crítica, lamentable y puede empeorar. Por ello, el país no necesita de falsos optimismos y visiones autocomplacientes o unilaterales. Se requiere de transformaciones profundas en la vida nacional que conduzcan a un cambio democrático sin ruptura, que supere estos vicios e inercias, y éstos no vendrán de la derecha que de facto detenta el poder. De ahí la importancia de la movilización social que impidió el albazo para aprobar la reforma energética, que impulsó y ganó el debate nacional y que hará valer el derecho a la consulta ciudadana.

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POLICÍAS A FUTURO
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 19 de julio de 2008)

Sobre la trágica incursión policial en el New’s Divine se ha dicho casi todo: los homicidios obedecieron a fallas estructurales de planeación, coordinación y operación; las vejaciones a las mujeres, jóvenes y pobres, reflejaron la cultura machista dominante, racismo y clasismo; la violencia contra los jóvenes fue desproporcionada; el acto mostró la impunidad institucional y el ajuste de cuentas entre jefes policiacos; los arrestos masivos pretendían una eficiencia policial basada en abultar las estadísticas; la política de seguridad pública criminaliza a la juventud y para colmo, exclamaron analistas librepensadores, sucedió con un gobierno que se reclama de izquierda. Todo esto sin duda es muy criticable, pero los intelectuales de las letras libres que reclaman ética política se olvidan de los más de 5 mil narcoejecutados en año y medio de gobierno nacional de derecha y que dicha política pública sucede a nivel municipal, estatal y federal en todo México.

Las recomendaciones de la CDHDF fueron contundentes respecto a los responsables principales y a algunos de los aspectos mencionados. Ebrard aceptó tales observaciones y reconoció que se requería un cambio institucional. Hacemos algunas propuestas para tal cambio. En las corporaciones policiacas se requeriría un estricto reclutamiento de personal con un alto perfil sicológico, educativo y físico en el que no prive el nepotismo o el compadrazgo. Igualmente, es necesario mejorar la capacitación (uso de armamento y condición física), sobre todo con cursos sobre derechos humanos y de actualización operativa.

Asimismo, se necesitan órganos de control interno rigurosos para reducir la corrupción e impunidad entre el personal y con la ciudadanía. Es impostergable que los operativos policiales importantes vayan acompañados de personal de la Procuraduría, pero también de la CDHDF y de organizaciones civiles. Además, se debe fomentar el compromiso policial como servidor público, debe basarse en estímulos materiales (salarios y prestaciones dignas), pero los morales (condecoraciones, ascensos) son de igual o mayor importancia, pues ningún Estado puede competir en salarios con el crimen organizado. Por último, es imprescindible la evaluación del cumplimiento de los objetivos anticrimen por las instancias gubernamentales idóneas y organismos de contraloría social de la academia y de la sociedad.

Con la comunidad, es fundamental el impulso gubernamental para la participación ciudadana mediante policías de condominio, barrio y colonia como elementos de apoyo o denuncia en las diarias labores de seguridad pública. Si bien la mayoría de los módulos de vigilancia están abandonados, las agrupaciones de participación social son meros adornos para ceremonias de premiación y la promoción de tal participación en los medios es inexistente; es urgente iniciar acciones de confianza mutua entre autoridades y ciudadanía a nivel municipal, estatal y federal. Ingrediente básico de todo lo anterior es que la clase política nacional deje de usar tragedias como la de New’s Divine para captar votos y no solucionar las demandas de seguridad pública, social, alimentaria y laboral. Cuatro dimensiones de la seguridad nacional que requieren con urgencia de políticas de Estado.

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