ISA Servicio informativo núm. 505

Ciudad de México, 17 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 505

Sumario:

I. La solución de fondo en el combate a la delincuencia es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas: AMLO

II. Hechos, no palabras, por José Luis Piñeyro

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LA SOLUCIÓN DE FONDO EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ES COMBATIR EL DESEMPLEO, LA POBREZA, LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, LA PÉRDIDA DE VALORES Y LA AUSENCIA DE ALTERNATIVAS: AMLO

Al pueblo de México:

En la actualidad, muchos mexicanos están sufriendo o viven angustiados por la violencia imperante en todo el país. Por eso he decidido dar a conocer mi opinión sobre este grave problema y proponer al mismo tiempo algunas medidas para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

En primer término, tenemos que preguntarnos y aclarar cómo fue que llegamos a estos extremos de inseguridad.

Desde mi punto de vista, esta descomposición social viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó después del fraude electoral.

Esta crisis tiene su antecedente inmediato en la política salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, todas las acciones del gobierno se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas en beneficio de una minoría. También en este contexto debe verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, desde la época colonial. Recordemos que Ernesto Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.

A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado del banquero Roberto Hernández pasó a ser el encargado de la Hacienda Pública. Pero lo más grave fue que Fox dio al traste con la incipiente democracia mexicana.

A estas alturas, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006 lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional.

El fraude causó un daño inmenso: lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente.

El fraude nos llevó a más pobreza, desempleo, carestía, crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Todo lo cual, si se hubiese respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad.

Además, la falta de sensibilidad y la hipocresía de los potentados, y de su representante en la Presidencia, es cada vez más notoria. Por ejemplo, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se les ocurre es amenazar con el discurso propagandístico de “la mano dura”, y quieren resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, y condenas más largas. Como si ello bastara para enfrentar una situación que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites, a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

La delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos, también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad mediante las drogas y la violencia.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero nada de eso están haciendo los hombres del poder en México.

Tampoco están dispuestos a rectificar ni practican la autocrítica. Por el contrario, a pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir.

No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que por la codicia estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir.

De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la Nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y hacer todo lo que podamos para frenar el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública.

No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social o se obliga a algunos mexicanos a abandonar al país. Todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por las calles, libres de miedos y temores.

Por lo anterior, propongo de manera concreta lo siguiente:

1. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso. Entre otras razones, nos oponemos a la privatización, porque queremos vivir en paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia. El despojo de la renta petrolera creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política.

2. Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social. La Cámara de Diputados debe autorizar mayor presupuesto a las universidades públicas con el propósito de que los 300 mil jóvenes que cada año son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales. Asimismo, deben otorgarse becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo está haciendo el Gobierno del Distrito Federal.

3. Deben renunciar, de inmediato, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Los motivos son obvios: el primero es un delincuente confeso y los otros dos ya fueron, durante el gobierno de Fox, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, han demostrado su falta de integridad e ineficiencia.

4. Debe orientarse el presupuesto público a impulsar actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar de la población. El gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos. A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más.

Por eso proponemos que se lleve a cabo una reducción del gasto burocrático de por lo menos 200 mil millones de pesos y que estos recursos, junto con los excedentes petroleros, se destinen a la inversión en infraestructura y desarrollo social. En particular, estos recursos deben orientarse a fortalecer a Pemex, a garantizar la soberanía alimentaria y a crear empleos sobre todo para los jóvenes.

5. Debemos seguir insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios. El país está secuestrado por una minoría rapaz. No se pueden enfrentar los graves y grandes problemas nacionales si continúa el predominio de una mafia política tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada.

Sí hay salidas, sigamos organizándonos. Sigamos defendiendo al pueblo y al patrimonio de la Nación. Sigamos trabajando en la transformación de la vida pública de México.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente legítimo de México

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HECHOS, NO PALABRAS

por José Luis Piñeyro

(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)

Hay dos rasgos de conducta de las élites económica y política de México y América Latina con sus gobernados: uno, entre ellas son complacientes con sus abusos y flexibles en sus reglas, pero férreas contra la participación popular autónoma que impugne la legalidad e institucionalidad; otro, recurren a la ciudadanía de manera dosificada sólo en elecciones o cuando toman decisiones coyunturales que requieren legitimar. Esto parece que va a repetirse después de que el trágico secuestro del joven Fernando Martí obligó a las autoridades a reconocer que este ilícito y otros habían aumentado.

Así, de los mutuos reproches del gobierno federal y el capitalino, y del Ejecutivo al Legislativo y del Judicial a ambos, se pasó a la calma de la clase política, como lo muestra el reciente Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad suscrito por Legislativo y Ejecutivo. Reformas a leyes federales, a instancias de seguridad pública que delimiten nuevas facultades y penas por delitos graves, y el presupuesto para impulsarlas, más un mecanismo de seguimiento y evaluación de la sociedad civil. Más legalidad y presupuesto, y búsqueda de legitimidad con mínima intervención social.

También la clase económica dominante bajó la crítica al Estado como irresponsable en su función central de dar seguridad física, patrimonial y jurídica para luego señalar que el problema era de coordinación interinstitucional e impunidad. El dirigente del CCE reconoció que no sólo la impunidad propicia delitos, sino también la desesperación por el desempleo dada la ausencia de incentivos para invertir y generar empleos. El inicio del acuerdo cupular queda más claro si agrupamos notas periodísticas por Estado, economía y sociedad.

Estado. La penetración del crimen organizado la reconoce la PGR al informar que el narco controla 80 municipios y diversas actividades delictivas (protección a empresas y a prostitutas), en especial en Michoacán y Tamaulipas. Unos expertos van más allá y señalan que el narco financió las elecciones de más de un tercio de los alcaldes del país. ¿Y a cuántos gobernadores, diputados y senadores?

Además, recién se informó del arresto de tres militares y dos civiles de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por colusión con el cártel de los Beltrán Leyva (El Universal, 11 y 12/VIII/08).

Economía. Santiago Creel declaró: “Que no nos engañen. El dinero del narco no anda viajando en maletas. Está en los bancos”. Un reporte del Departamento de Estado de EU revela que entre 2003 y 2008 los narcos repatriaron a México 22 mil millones de dólares al sistema financiero. La Asociación de Bancos de México rechazó esto dados los estrictos controles financieros, ya que hoy el pago entre narcos, afirmó, es en efectivo y se lava comprando inmuebles, autos y joyas. Un experto destaca el fracaso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y un ex funcionario afirma que los bancos y casas de bolsa a menudo reportan “información basura” por la falta de regulaciones que los obliguen (La Jornada 12 y 13/VIII/08).

Sociedad. El secretario de la Defensa reveló que 500 mil personas apoyan al narco (sembradores: 300 mil; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160 mil; capos de diverso rango: 40 mil); a este narcoejército habría que agregar otras bases de apoyo social de actividades criminales: tráfico de autos, armas, migrantes, mujeres, niños, órganos humanos, mercancías. Además, en 2007 se cometieron un millón 578 mil delitos en un contexto de deterioro de empleo, ingreso y seguridad laboral, más el millón 300 mil nuevos pobres extremos que reporta el Banco Mundial por la crisis alimentaria de 2008 (El Universal, 9/VIII/08).

El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad es posible que incluya reclutamiento riguroso de personal; depuración radical de las policías municipales, estatales y federales; control interno sistemático de las mismas; capacitación técnica y logística de la tropa; restructuración de mandos, saneamiento del sistema judicial (MP y jueces) y penitenciario (custodios y directores) que reduzca la impunidad basada en la corrupción e ineficiencia. Pero si no incorpora formas de participación ciudadana vía grupos de expertos y organismos de contraloría social; campañas permanentes de prevención de delitos (drogadicción, narcotráfico, contrabando); campañas masivas de participación social y de rehabilitación de drogadictos, seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación. Continuará la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública, la sociedad debe legitimar los acuerdos de las élites y mantenerse pasiva frente a sus acciones y omisiones, como no atacar el vital nervio financiero del crimen organizado.

Si la estrategia anticriminal no es acompañada de una política económica de generación masiva de empleo bien remunerado y una social de combate real a la generalizada pobreza, la descomposición moral y material de la nación avanzará, se debilitará más el Estado y la economía dependerá más de los narcoflujos financieros. Serán más palabras que hechos la inclusión ciudadana.

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