1 de enero de 2008.
martes, 1 de enero de 2008
Primera acción de Resistencia Civil del 2008.
lunes, 31 de diciembre de 2007
La RCP en el primer año del espuriato (parte 1)
Enero
El año inicia con la noticia de la transmisión por televisión abierta, el canal 13 de TV Azteca, de La Verdad Sea Dicha, programa de televisión realizado por un entusiasta y entregado equipo de profesionales del periodismo, la actuación y la producción, que cada semana y en cincuenta y dos ocasiones, escribieron, produjeron y sacaron al aire 28 minutos de información del Gobierno Legítimo, que ningún otro medio comercial se atreve a mencionar. ("Instrucciones para desvelarse con Andrés Manuel (y romper el cerco informativo).", "La democracia bien vale un desvelón.")
Da inicio la campaña de credencialización del Gobierno Legítimo. Gustavo Iruegas, coordinador del Programa Nacional de Acreditación de Representantes en la Ciudad de México comenta: "Los ciudadanos en resistencia no se conducen por el temor, se conducen más bien por su molestia, por la afrenta que han sufrido." ("Un gobierno legítimo, un documento legítimo.") En la Ciudad de México la gente forma largas filas frente a los módulos de credencialización tanto en el zócalo, como los dispuestos en otros sitios de la capital.
En una fría mañana de finales del primer mes del año, durante la reunión del XXI Consejo de Seguridad Pública Nacional, el gobierno federal presentó lo que sería su estrategia de "relaciones públicas" con las protestas de la resistencia civil pacífica: retenes ilegales, kilómetros de vallas y alambradas metálicas resguardadas por centenares de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP). ("De como el miedo no anda en burro o fabricando legitimidad al espurio." [video])
La resistencia civil pacífica estuvo bastante ocupada este mes en la promoción de la Marcha Nacional contra el aumento a los precios, participando en marchas y en otras acciones para convocar a la gente a que se sumara a esta manifestación. ("Todos somos López.")
Febrero
Justo el día en el que se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917, las fuerzas del usurpador --disfrazados con su anónimo uniforme habitual-- toman una vez más el zócalo de la Ciudad de México. Miembros del EMP detienen por la fuerza a Gerardo Fernández Noroña y lo entregan a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Cuatro días más tarde, el presidente usurpador demuestra que efectivamente tiene miedo, como puede observarse durante la conmemoración de la llamada Marcha de la Lealtad. ("El hombre que tiene miedo." [video])
Diversos grupos, colectivos, agrupaciones de ciudadanos en resistencia participan activamente promoviendo tanto la próxima segunda asamblea de la Convención Nacional Democrática, como informando de la importancia de la autonomía alimentaria, a través de la campaña "Sin maíz no hay país" y a través de un sistemático y efectivo boicot [video, promo] a las empresas Bimbo y Maseca.
Jesusa Rodríguez y su personaje de "Pepe el Toro" promociona la credencialización del Gobierno Legítimo en las asambleas de la resistencia civil pacífica, que se celebran todos los domingos a las 11 de la mañana en el hemiciclo a Juárez [promo "Gente Bonita", promo "Lentes Obscuros"].
Marzo
Como cada día primero de mes, la resistencia civil pacífica fue a recordarle al usurpador que para él nunca habrá ni perdón ni olvido por haberse robado la elección por la Presidencia de la República.
La resistencia civil pacífica sigue muy activa protestando frente a Televisa o visitando junto con "Pepe el Toro" y el equipo de producción de La Verdad sea Dicha el centro comercial de Antara [video].
Durante la visita de George W. Bush a Mérida, Yucatán, miles se manifestaron frente a la sede de la Embajada Norteamericana en la Ciudad de México. Gerardo Fernández Noroña viajó hasta Uxmal para protestar contra el presidente espurio y el estadounidense y a hacer entrega de unos obsequios a ambos.
Una vez más el presidente espurio demostró el miedo que tiene, al desplegar un amplio dispositivo de seguridad en torno al Palacio Nacional. Varios miembros de la resistencia civil pacífica que se manifestaban fueron golpeados y aventados por los miembros del EMP. ("El pelele tiene miedo.")
La resistencia civil pacífica aprovechó la visita de Michelle Bachelet, presidenta de Chile para protestar contra del presidente usurpador en varias ocasiones.
Los días previos a la segunda asamblea de la CND estuvieron llenos de actividades, Radio AMLO siempre presente transmitiendo cada detalle.
Abril
El mes inició para la resistencia civil pacífica con la protesta Ni perdón ni olvido en Los Pinos. Durante el mes, estuvo ocupada en la promoción del programa de televisión La Verdad sea Dicha, en contra de los productos del empresario Lorenzo Servidje y aprovechando las manifestaciones con motivo de los cambios en la legislación del aborto en la Ciudad de México, evitar que se derogara la llamada Ley de Neutralidad. ("Saquen sus rosarios de nuestros ovarios.")
Mayo
La marcha con motivo del Día del Trabajo dio inicio a un mes de protestas. El paro nacional convocado para el segundo día del mes paralizó oficinas federales, bancos, accesos a carreteras, calles y avenidas de diversas ciudades.
La actriz Jesusa Rodríguez convocó a una acción de repudio a la llamada "Ley Televisa", con la que los empresarios de las radiodifusoras privadas pretenden apropiarse del espectro electromagnético, propiedad de la Nación. Las protestas continuaron por varios días, frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante este mes fue evidente la gradual militarización que está sufriendo el país, al ser común encontrar elementos del ejército circulando por las calles de la ciudad.
Junio
La mensual protesta Ni perdón ni olvido en Los Pinos dio inicio a las actividades de la resistencia civil pacífica. El Palacio de las Bellas Artes fue escenario en dos ocasiones de las protestas en contra la presencia del presidente usurpador: durante el concierto de Yo Yo Ma, y en la inauguración de la exposición dedicada a Frida Kahlo.
Con motivo de la visita del ex jefe de gobierno español José María Aznar a la Ciudad de México, la resistencia civil pacífica tuvo la oportunidad de reclamarle el haberse inmiscuido en la política nacional y declararlo persona non grata tanto en el hotel en donde se hospedó, como en Los Pinos y finalmente en la sede de la ODCA.
También visitó este mes el país Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y en la cena oficial en el Palacio Nacional la resistencia civil pacífica no dejó pasar la oportunidad para protestar en contra de la presencia del presidente usurpador.
El mes terminó con la feria "Expo-Fraude 2007" organizada por Jesusa Rodríguez y la resistencia civil pacífica para recordar las acciones, actores y autores del fraude electoral del año pasado. Durante esta feria Elena Poniatowska presentó su libro "Amanecer en el Zócalo".
domingo, 30 de diciembre de 2007
ISA Servicio informativo núm. 304
Ciudad de México, 30 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 304
PAKISTÁN, TRAS EL ASESINATO DE BHUTTO: LA DISTORSIONADA PERCEPCIÓN DE OCCIDENTE
por Tariq Alí
(difundido por SINPERMISO. Traducción: Amaranta Sus)
“Los matrimonios apalabrados pueden ser asunto complicado. Concebidos primordialmente como instrumento de acumulación de riquezas, no sirven, sin embargo, para superar escarceos amorosos indeseables o para evitar historias amorosas clandestinas. Si es notorio que los contrayentes se detestan mutuamente, sólo un padre despiadado, de sensibilidad embotada por la perspectiva del beneficio inmediato, insistirá en un proceso cuyo infeliz y aun violento final conoce a la perfección. Que eso vale también para la vida política, es cosa que ha revelado cristalinamente la reciente tentativa de Washington de unir a Benazir Bhutto con Pervez Musharraf. De firme resuelto padre único ha hecho en este caso las veces un desesperado Departamento de Estado —con John Negroponte en el papel de diabólico intermediario y Gordon Brown en el de damisela azorada— poseído por el temor de no conseguir imponerse a los potenciales contrayentes y hacerse demasiado viejo para reciclarse”.
Escribí este párrafo inicial en un largo ensayo para la London Review of Books a comienzos de este mes. Que la violencia haya llegado a tal punto tan pronto no ha dejado de sorprenderme. El choque inicial del asesinato de Benazir Bhutto va quedando atrás y es preciso valorar desapasionadamente sus probables consecuencias, evitando el pietismo que invade las columnas de los grandes medios de comunicación globales. Prácticamente todo lo que se escribe en los periódicos o muestran las pantallas televisivas es engañoso y se diría concebido para eludir la discusión de lo que anda verdaderamente en juego.
¿Por qué Bush, Negroponte y los acólitos británicos estaban tan resueltos a poner precisamente ese remedio a la crisis pakistaní? ¿Qué pensaban lograr? ¿Qué “mundo nuevo” habían fantaseado? Casi todos sus supuestos se fundaban en hechos sistemáticamente y selectivamente retocados, distorsionados o exagerados, a fin de evitar cualquier responsabilidad occidental en la actual crisis. Puesto que, con insignificantes variaciones, todo eso lo vienen repitiendo hasta la náusea los medios de comunicación globales, no será ocioso examinar específicamente cada uno de los principales argumentos esgrimidos:
a) Pakistán es un estado nuclear, el único país musulmán en posesión de armas atómicas y que ha realizado pruebas nucleares. Si los jihadistas/Al Qaeda metieran mano en esas armas, existe el peligro de que pudieran desencadenar un holocausto nuclear. Hay que apoyar a Musharraf porque se opone vigorosamente a esa posibilidad.
Hay que recordar que Pakistán ha perfeccionado su armamento nuclear en los años ochenta bajo la dictadura del general Zia ul Haq, ínclito aliado de Occidente y pieza central de la entonces llamada guerra contra el Imperio del Mal (la URSS) en Afganistán. Los EEUU estaban a tal punto obsesionados con el conflicto con los rusos, que decidieron organizar una red jihadista global para reclutar militantes en la guerra santa de Afganistán y mirar para otro lado durante la poco disimulada construcción de los silos nucleares pakistaníes.
Las instalaciones nucleares están sujetas a un control militar muy rígido. No hay la menor posibilidad de que un grupo extremista pueda sustraerse al control de un ejército de medio millón de soldados. La única manera que tendrían los extremistas religiosos de hacerse con el poder es por la decisión del ejército de que eso es lo que ha de pasar. El Pentágono y la DIA (la inteligencia militar de EEUU) saben muy bien que la estructura de mando militar de Pakistán jamás ha sido derrotada, y que los generales dependen de la financiación y del armamento americanos. Mes tras mes, el ejército pakistaní rinde cuentas al CENTCOM de Florida (el mando central estadounidense para operaciones en el extranjero) acerca de sus actividades en la frontera afgano-pakistaní. Es el ejército como institución el que responde a esas exigencias, no sólo los generales. A Musharraf no le resta la menor legitimidad en este asunto, por cuanto ha abandonado el uniforme. De aquí la insistencia de Bush en que el proceso electoral siga su curso, a pesar del boicoteo masivo, de los procesos judiciales parados, del chitón de los medios de comunicación, de políticos clave bajo arresto domiciliario y de la ejecución pública de la señora Bhutto. De haberse decidido Benazir a boicotear las elecciones (lo que habría significado romper con Washington), seguiría viva.
b) Pakistán es un Estado en bancarrota, a pique del colapso y circundado de resueltos jihadistas furiosos al acecho. De aquí la exigencia de una alternativa no religiosa y el papel de Benazir Bhutto para ayudar a Musharraf a conseguir un poco de la legitimidad que necesita desesperadamente.
Pakistán no es un “Estado fracasado” en el sentido en que lo son el Congo o Ruanda. Es un Estado que funciona mal, y en esa condición se ha mantenido durante casi cuatro décadas. A veces, la situación es mejor, a veces, peor. En el corazón de su mal funcionar está la dominación del país por parte del ejército, y cada nuevo gobierno militar no ha hecho sino empeorar las cosas. Eso es lo que ha impedido la estabilidad política y ha hecho imposible la aparición de instituciones consolidadas. De eso traen los EEUU responsabilidad directa, puesto que siempre han considerado —y siguen considerando— al ejército como la única institución del país con la que se puede tratar, el rocallar que contiene las agitadas aguas de la impetuosa torrentada.
Económicamente, el país se apoya desequilibradamente en una elite corrupta y ultrarrica, pero eso, ciertamente, resulta grato al Consenso de Washington. Y el Banco Mundial siempre fue próvido en elogios para las políticas económicas de Musharraf.
La última crisis es resultado directo de la guerra y de la ocupación de Afganistán por las fuerzas de la OTAN, que han desestabilizado la frontera noroccidental de Pakistán, generando una crisis de conciencia en el seno del ejército. Una fuente de desdicha, eso de ser pagado para matar a camaradas musulmanes en las áreas tribales fronterizas con Pakistán y Afganistán. La conducta arrogante y humillante de los soldados de la OTAN no ha ayudado, desde luego, a resolver los problemas entre ambos países. El envío de tropas estadounidenses para adiestrar a los militares pakistaníes en labores de contrainsurrección provocará con toda probabilidad una ulterior inflamación de los ánimos. Afganistán sólo podrá ser estabilizado mediante un acuerdo regional que implique a India, Rusia, Irán y Pakistán y que venga acompañado de la retirada total de las tropas de la OTAN. Las tentativas de EEUU por evitar precisamente eso refuerzan la crisis en ambos países.
Musharraf ha fracasado en su papel de hombre clave de EEUU en Pakistán. Su incapacidad para proteger a Benazir Bhuto ha tenido mala acogida en Washington, que podría cambiar de posta el año próximo y volver a depositar sus esperanzas en el general Ashfaq Kayani, quien ha relevado ya a Musharraf como jefe del ejército. Menos fácil será hallarle un sustituto a Benazir. Los hermanos Sharif no son de fiar, y son demasiado cercanos a los sauditas. Las elecciones serán manipuladas groseramente, lo que las privará de verdadera legitimidad. La noche oscura está muy lejos de su fin.
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Servicio informativo núm. 304
PAKISTÁN, TRAS EL ASESINATO DE BHUTTO: LA DISTORSIONADA PERCEPCIÓN DE OCCIDENTE
por Tariq Alí
(difundido por SINPERMISO. Traducción: Amaranta Sus)
“Los matrimonios apalabrados pueden ser asunto complicado. Concebidos primordialmente como instrumento de acumulación de riquezas, no sirven, sin embargo, para superar escarceos amorosos indeseables o para evitar historias amorosas clandestinas. Si es notorio que los contrayentes se detestan mutuamente, sólo un padre despiadado, de sensibilidad embotada por la perspectiva del beneficio inmediato, insistirá en un proceso cuyo infeliz y aun violento final conoce a la perfección. Que eso vale también para la vida política, es cosa que ha revelado cristalinamente la reciente tentativa de Washington de unir a Benazir Bhutto con Pervez Musharraf. De firme resuelto padre único ha hecho en este caso las veces un desesperado Departamento de Estado —con John Negroponte en el papel de diabólico intermediario y Gordon Brown en el de damisela azorada— poseído por el temor de no conseguir imponerse a los potenciales contrayentes y hacerse demasiado viejo para reciclarse”.
Escribí este párrafo inicial en un largo ensayo para la London Review of Books a comienzos de este mes. Que la violencia haya llegado a tal punto tan pronto no ha dejado de sorprenderme. El choque inicial del asesinato de Benazir Bhutto va quedando atrás y es preciso valorar desapasionadamente sus probables consecuencias, evitando el pietismo que invade las columnas de los grandes medios de comunicación globales. Prácticamente todo lo que se escribe en los periódicos o muestran las pantallas televisivas es engañoso y se diría concebido para eludir la discusión de lo que anda verdaderamente en juego.
¿Por qué Bush, Negroponte y los acólitos británicos estaban tan resueltos a poner precisamente ese remedio a la crisis pakistaní? ¿Qué pensaban lograr? ¿Qué “mundo nuevo” habían fantaseado? Casi todos sus supuestos se fundaban en hechos sistemáticamente y selectivamente retocados, distorsionados o exagerados, a fin de evitar cualquier responsabilidad occidental en la actual crisis. Puesto que, con insignificantes variaciones, todo eso lo vienen repitiendo hasta la náusea los medios de comunicación globales, no será ocioso examinar específicamente cada uno de los principales argumentos esgrimidos:
a) Pakistán es un estado nuclear, el único país musulmán en posesión de armas atómicas y que ha realizado pruebas nucleares. Si los jihadistas/Al Qaeda metieran mano en esas armas, existe el peligro de que pudieran desencadenar un holocausto nuclear. Hay que apoyar a Musharraf porque se opone vigorosamente a esa posibilidad.
Hay que recordar que Pakistán ha perfeccionado su armamento nuclear en los años ochenta bajo la dictadura del general Zia ul Haq, ínclito aliado de Occidente y pieza central de la entonces llamada guerra contra el Imperio del Mal (la URSS) en Afganistán. Los EEUU estaban a tal punto obsesionados con el conflicto con los rusos, que decidieron organizar una red jihadista global para reclutar militantes en la guerra santa de Afganistán y mirar para otro lado durante la poco disimulada construcción de los silos nucleares pakistaníes.
Las instalaciones nucleares están sujetas a un control militar muy rígido. No hay la menor posibilidad de que un grupo extremista pueda sustraerse al control de un ejército de medio millón de soldados. La única manera que tendrían los extremistas religiosos de hacerse con el poder es por la decisión del ejército de que eso es lo que ha de pasar. El Pentágono y la DIA (la inteligencia militar de EEUU) saben muy bien que la estructura de mando militar de Pakistán jamás ha sido derrotada, y que los generales dependen de la financiación y del armamento americanos. Mes tras mes, el ejército pakistaní rinde cuentas al CENTCOM de Florida (el mando central estadounidense para operaciones en el extranjero) acerca de sus actividades en la frontera afgano-pakistaní. Es el ejército como institución el que responde a esas exigencias, no sólo los generales. A Musharraf no le resta la menor legitimidad en este asunto, por cuanto ha abandonado el uniforme. De aquí la insistencia de Bush en que el proceso electoral siga su curso, a pesar del boicoteo masivo, de los procesos judiciales parados, del chitón de los medios de comunicación, de políticos clave bajo arresto domiciliario y de la ejecución pública de la señora Bhutto. De haberse decidido Benazir a boicotear las elecciones (lo que habría significado romper con Washington), seguiría viva.
b) Pakistán es un Estado en bancarrota, a pique del colapso y circundado de resueltos jihadistas furiosos al acecho. De aquí la exigencia de una alternativa no religiosa y el papel de Benazir Bhutto para ayudar a Musharraf a conseguir un poco de la legitimidad que necesita desesperadamente.
Pakistán no es un “Estado fracasado” en el sentido en que lo son el Congo o Ruanda. Es un Estado que funciona mal, y en esa condición se ha mantenido durante casi cuatro décadas. A veces, la situación es mejor, a veces, peor. En el corazón de su mal funcionar está la dominación del país por parte del ejército, y cada nuevo gobierno militar no ha hecho sino empeorar las cosas. Eso es lo que ha impedido la estabilidad política y ha hecho imposible la aparición de instituciones consolidadas. De eso traen los EEUU responsabilidad directa, puesto que siempre han considerado —y siguen considerando— al ejército como la única institución del país con la que se puede tratar, el rocallar que contiene las agitadas aguas de la impetuosa torrentada.
Económicamente, el país se apoya desequilibradamente en una elite corrupta y ultrarrica, pero eso, ciertamente, resulta grato al Consenso de Washington. Y el Banco Mundial siempre fue próvido en elogios para las políticas económicas de Musharraf.
La última crisis es resultado directo de la guerra y de la ocupación de Afganistán por las fuerzas de la OTAN, que han desestabilizado la frontera noroccidental de Pakistán, generando una crisis de conciencia en el seno del ejército. Una fuente de desdicha, eso de ser pagado para matar a camaradas musulmanes en las áreas tribales fronterizas con Pakistán y Afganistán. La conducta arrogante y humillante de los soldados de la OTAN no ha ayudado, desde luego, a resolver los problemas entre ambos países. El envío de tropas estadounidenses para adiestrar a los militares pakistaníes en labores de contrainsurrección provocará con toda probabilidad una ulterior inflamación de los ánimos. Afganistán sólo podrá ser estabilizado mediante un acuerdo regional que implique a India, Rusia, Irán y Pakistán y que venga acompañado de la retirada total de las tropas de la OTAN. Las tentativas de EEUU por evitar precisamente eso refuerzan la crisis en ambos países.
Musharraf ha fracasado en su papel de hombre clave de EEUU en Pakistán. Su incapacidad para proteger a Benazir Bhuto ha tenido mala acogida en Washington, que podría cambiar de posta el año próximo y volver a depositar sus esperanzas en el general Ashfaq Kayani, quien ha relevado ya a Musharraf como jefe del ejército. Menos fácil será hallarle un sustituto a Benazir. Los hermanos Sharif no son de fiar, y son demasiado cercanos a los sauditas. Las elecciones serán manipuladas groseramente, lo que las privará de verdadera legitimidad. La noche oscura está muy lejos de su fin.
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La venganza de Carlos Marx
Esta es la nota de un funcionario de Ecuador, Carlos Marx, que explica la nueva reforma tributaria para que paguen más impuestos terratenientes, trasnacionales y grandes propietarios... Un proceso bastante opuesto al mexicano y si todavía conocen algún pri-panista-panal-nuevaizquierda me lo saludan por ahí del día 13 de enero... with the new taxes...
¡FELIZ AÑO!
(Por supuesto, hablo de los ecuatorianos, jojojo...)
La venganza de Carlos Marx
Carlos Marx, Director del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador
Carlos Marx explicó de nuevo la reforma tributaria, contó 'cachos' pero terminó de malhumor
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Ampliar FotoCarlos Marx, Director del Servicio de Rentas Internas (SRI), por el lapso de tres horas realizó una exposición ante los medios de comunicación en cuanto al contenido del Proyecto de Reforma Tributaria que envió el ejecutivo a la Asamblea Nacional Constituyente.
La exposición se centró en combatir la evasión de impuestos y mejorar la recaudación en el 2008, "ese es el objetivo central, que lamentablemente los detractores de la propuesta no lo dicen, probablemente, porque tienen vergüenza interna, y no lo quieren decir" descartando que la propuesta perjudique a la clase media y en especial a los pobres del país,
Marx indicó que el SRI se encuentra trabajando en la aplicación de medidas para evitar que los grandes evasores continúen con esta práctica tomando en cuenta que varios sectores han manifestado que se declararán en Rebeldía Tributaria, "estamos tomando las precauciones para que justamente aquellos rebeldes tributarios comiencen a someterse a la Ley".
Al término de una explicación preparada específicamente para los representantes de los medios de comunicación especializados en materia económica, el Director del SRI, evitó contestar preguntas puntuales de periodistas que no fueron invitados a la reunión, "alegando que se encontraba cansado de hablar por tres horas, tomando en cuenta que en este lapso se tomó el tiempo para incluso contar cachos".
Debido al dialecto económico utilizado durante la exposición, varios periodistas cansados de escuchar a Marx abandonaran al Salón Azul llevando consigo una gran interrogante en cuanto al contenido de la propuesta del régimen.
Harto por la insistencia de los periodistas, optó por despedirse deseando a todos un ¡Feliz Año Nuevo! con una sonrisa 'fingida'. Pese a esto los funcionarios del SRI se pusieron a disposición de los medios de comunicación para apoyar con la información requerida.
http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ecuador.php?id=8681
Responsable de la Publicación RegioEnResistencia a las 9:27 PM 0 Deja Tu Comentario Aquí 
Etiquetas: Carlos Marx, Ecuador, Presidente Rafael Correa
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon a pantaleta a remojar...
domingo 30 de diciembre de 2007
Primer Mandato de la Asamblea que declara el receso del Congreso
Primer Mandato de la Asamblea que declara el receso del Congreso
REPÚBLICA DEL ECUADOR
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
CONSIDERANDO:
Que, mediante Consulta Popular Nacional de 15 de abril de 2007, el pueblo ecuatoriano aprobó la convocatoria a la Asamblea Constituyente;
Que, el 30 de septiembre de 2007, los ecuatorianos elegimos a los ciento treinta representantes para integrar la Asamblea Constituyente;
Que, el artículo 22 del "Estatuto de elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente" dispone que ésta se instalará diez días después, contados desde la fecha de proclamación de los resultados definitivos de las elecciones; y,
Que, la Asamblea Constituyente es la legítima representante de la voluntad soberana del pueblo, por lo tanto, en su nombre y representación, aprueba y expide el siguiente:
MANDATO CONSTITUYENTE No. 1
Art. 1.- Del Poder Constituyente.- La Asamblea Constituyente, por mandato popular del 15 de abril de 2007, asume y ejerce el poder constituyente con plenos poderes.
Art. 2.- De las Atribuciones de la Asamblea Constituyente.- La Asamblea Constituyente ejerce sus facultades mediante la expedición de: mandatos constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones y las demás decisiones que adopte en uso de sus atribuciones.
Las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos.
Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente. De igual manera, serán sancionados los funcionarios públicos que incurran o promuevan, por acción u omisión, el desacato o desconocimiento de las disposiciones de la Asamblea Constituyente.
Art. 3.- Del incumplimiento de las decisiones de la Asamblea Constituyente.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos en general que por acción u omisión incumplan las decisiones adoptadas por la Asamblea Constituyente, serán sancionados inclusive con la destitución, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa a la que haya lugar.
Art. 4 .- Del fuero de los Asambleístas.- Los y las Asambleístas gozarán de fuero de Corte Suprema de Justicia mientras duren en sus funciones.
No podrán ser enjuiciados por los votos que emitieren, ni por las opiniones vertidas y decisiones adoptadas dentro y fuera de la Asamblea. Sólo en caso de delito flagrante, el asambleísta será detenido y entregado a la autoridad policial, que deberá ponerlo inmediatamente a órdenes de la sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia, e informar al Presidente de la Asamblea Constituyente.
Art. 5.- De las funciones del Estado.- La Asamblea Constituyente ratifica y garantiza la existencia del estado de derecho.
Art. 6.- De la Función Ejecutiva.- La Asamblea Constituyente ratifica al economista Rafael Correa Delgado, como Presidente Constitucional de la República del Ecuador y al Licenciado Lenín Moreno Garcés, como Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador.
Art. 7.- De la Función Legislativa.- La Asamblea Constituyente asume las atribuciones y deberes de la Función Legislativa. En consecuencia, declara en receso a los diputados y diputadas principales y suplentes elegidos el 15 de Octubre del 2006. Este receso se inicia el día 29 de Noviembre del 2007, hasta cuando se realice la proclamación oficial de los resultados del referéndum aprobatorio.
Durante este receso los diputados no gozarán de inmunidad, fuero especial, ni sueldos, dietas o remuneración alguna, tampoco podrán autoconvocarse por ningún motivo. Este receso no será susceptible de interrupción, impugnación, acción de amparo constitucional u otra acción judicial.
Así mismo, se declara concluido el período para el que fueron elegidos por el Congreso Nacional, los vocales integrantes de la Comisión de Legislación y Codificación.
La conclusión de los períodos antes descritos no confieren derecho a reclamar liquidaciones, indemnizaciones o compensación de cualquier naturaleza. Cualquier pago que se realice por alguno de estos conceptos, constituirá peculado y será sancionado por los jueces competentes. La misma sanción se impondrá a los funcionarios que autoricen o efectúen estos pagos, quienes además serán inmediatamente destituidos.
Se declaran terminados los contratos de servicios del personal del Congreso Nacional, los cuales quedarán sin efecto a partir de la presente fecha. Se garantiza la estabilidad del personal amparado por la carrera legislativa.
Art. 8.- Conclusión de períodos y designación provisional.- Se declaran concluidos los períodos para los que fueron designados los siguientes funcionarios: Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Ministro
Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y Seguros. Provisionalmente se designa a los siguientes ciudadanos:
a) Carlos Pólit Fagionni, Contralor General del Estado;
b) Xavier Garaycoa Ortiz, Procurador General del Estado;
c) Washington Pesantez, Ministro Fiscal General;
d) Claudio Mueckay Arcos, Defensor del Pueblo;
e) Paul Rojas Flores, Superintendente de Telecomunicaciones;
f) Francisco Arellano Raffo, Superintendente de Compañías; y,
g) Gloria Sabando, Superintendente de Bancos y Seguros.
Art. 9.- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, continuarán en el ejercicio de sus funciones mientras la Asamblea Constituyente no disponga lo contrario.
Art. 10.- Ratificar a las autoridades de los gobiernos autónomo, para el tiempo que fueron electas; salvo el cambio en el calendario electoral establecido en la nueva constitución.
Art. 11.- De los nombramientos de la Asamblea Constituyente.- Las designaciones o nombramientos a las que se refiere este mandato tendrán el carácter de provisional y podrán ser revocadas en cualquier tiempo sin que, en ningún caso, constituyan derechos adquiridos.
DISPOSICION FINAL
UNICA.- Notifíquese el contenido de este Mandato Constituyente al Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República, a los representantes de los poderes constituidos y a los órganos de control. Se dispone su difusión para conocimiento del pueblo Ecuatoriano. Este mandato constituyente entra en vigencia inmediatamente, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Constituyente y en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en Ciudad Alfaro, cantón Montecristi, provincia de Manabí de la República del Ecuador, el día 29 de noviembre de 2007.
Más de seis mil veteranos de Irak se han suicidado
Más de seis mil veteranos de Irak se han suicidado
Los lobos de Walla Street dirán: ¡No importa! en los barrios bajos hay un montón de tarugos analfabetos... Los Rambitos se creen que la guerra es igual que sentarse en el sillón a jugar con la PlayStation
Poema The war of the praetorians...
* 120 veteranos cada semana se suicidan
* 17 exsoldados diariamente se quitan la vida
* Casi cien mil mexicanos en el ejército gringo
Desde que concluyó la primera Guerra del Golfo declarada a Irak por el entonces presidente George H. Bush, padre del actual mandatario de EE.UU. por lo menos 6 mil 256 soldados, hombres y mujeres —arios, negros e hispanos en su mayoría de origen mexicano—, se suicidaron con armas de fuego, ahorcamiento o lanzándose de puentes a los ríos que cruzan sus ciudades. De 50 estados, 45 accedieron a entregar a la cadena de televisión CBS los datos que solicitó sobre el personal de las fuerzas armadas que a su regreso de la guerra cayó en depresión, desórdenes mentales y psico-sociales, lo que en muchos casos los llevó a consumir drogas y alcohol en exceso. La hoy llamada “Epidemia de Suicidios” es resultado, en números aproximados, de 120 veteranos que cada semana se quitan la vida, un promedio de 17 suicidas diarios, de los cuales más de la mitad son jóvenes menores de 25 años.
Noticia completa: http://www.milenio.com/index
EL ESPIRITU DE BOLIVAR
Por Juan José Mena Carrizales
La participación de un bloque de representantes de naciones sudamericanas encabezadas por Hugo Chávez en el caso de la entrega de rehenes de las FARC, habla del caso una acción multinacional con el objetivo de evitar el avance de la intervención angloamericano en la región, como el caso del Plan Colombia enfáticamente lo promueve.
La participación de Francia, por ejemplo, es prueba de la seriedad del asunto. Sólo aquellos que por razones ideológicas se niegan a comprender el anhelo de independencia de estas Repúblicas. Cualquiera sabe los informes de la DEA regularmente no son otra cosa que informes de acciones propias, sobretodo cuando el narcotráfico a nivel mundial es controlado por cuerpos privados paramilitares controlados o por los neoconservadores. Sólo alguien, como se diría en inglés: "those who dennies reality as a small thing", pueden tratar de ver la situación como su "ideología" o "tradición" les manda.
Ciertamente el desenlace específico de los hechos es irrelevante para los que entendemos en realidad las intenciones que hay en disputa, pues son los que desencadenaran los subsiguientes acontecimientos. Como diría un viejo negociador muy sabio: "lo que en realidad se negocia no es el objeto de la disputa, sino los verdaderos intereses detrás que convocaron a la negociación".
*El presente artículo es responsabilidad de su autor. Las organizaciones con las cuales participa pueden o no compartir su punto de vista. Su perspectiva es presentada aquí para su ulterior análisis y discusión
La participación de un bloque de representantes de naciones sudamericanas encabezadas por Hugo Chávez en el caso de la entrega de rehenes de las FARC, habla del caso una acción multinacional con el objetivo de evitar el avance de la intervención angloamericano en la región, como el caso del Plan Colombia enfáticamente lo promueve.
La participación de Francia, por ejemplo, es prueba de la seriedad del asunto. Sólo aquellos que por razones ideológicas se niegan a comprender el anhelo de independencia de estas Repúblicas. Cualquiera sabe los informes de la DEA regularmente no son otra cosa que informes de acciones propias, sobretodo cuando el narcotráfico a nivel mundial es controlado por cuerpos privados paramilitares controlados o por los neoconservadores. Sólo alguien, como se diría en inglés: "those who dennies reality as a small thing", pueden tratar de ver la situación como su "ideología" o "tradición" les manda.
Ciertamente el desenlace específico de los hechos es irrelevante para los que entendemos en realidad las intenciones que hay en disputa, pues son los que desencadenaran los subsiguientes acontecimientos. Como diría un viejo negociador muy sabio: "lo que en realidad se negocia no es el objeto de la disputa, sino los verdaderos intereses detrás que convocaron a la negociación".
*El presente artículo es responsabilidad de su autor. Las organizaciones con las cuales participa pueden o no compartir su punto de vista. Su perspectiva es presentada aquí para su ulterior análisis y discusión
VIDEOS: La Rosa Blanca
Les dejo un par de videos que me encontré mientras andaba navegando en YouTube. A los renegados nos viene como anillo al dedo en estos momentos, ya que es sobre la lucha del pueblo mexicano contra las compañías petroleras extranjeras antes de 1938. De acuerdo con la descripción de la persona que los subió el video a Internet, es un extracto de una película llamada
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Se espera un fallo de la CIDH favorable al periodista Eduardo Kimel
El Estado argentino ya reconoció su responsabilidad por la injusta condena
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer en las próximas semanas su fallo respecto a la apelación iniciada por el periodista argentino Eduardo Kimel, quien en 1995 fue injustamente condenado por la justicia argentina a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20 mil pesos, por encontrarlo culpable de los cargos de "injuria y calumnia" contra un juez al que mencionó en su libro "La masacre de San Patricio", en el que desarrolla una detallada investigación sobre los asesinatos en la Argentina de tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden Palotinos en 1976, por un "grupo de tareas" de la dictadura militar.
El Estado argentino ya reconoció la injusticia del fallo contra Kimel y asumió su responsabilidad internacional por la violación a su derecho de expresarse libremente, contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, durante una audiencia entre las partes que se realizó el pasado 18 de octubre en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Durante la exposición de su caso ante la CIDH, Kimel hizo un especial hincapié en la necesidad que la Argentina modifique los artículos del Código Penal relacionados a las figuras de calumnias e injurias, utilizadas para limitar la libertad de expresión, "un reclamo que desde hace cerca de 20 años viene realizando la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires".
El periodista recordó que la UTPBA lo patrocinó durante todas las instancias judiciales que se desarrollaron en la Argentina.
Durante el proceso judicial en el país, la condena a Kimel fue revocada en 1998 por la Cámara de Apelación, pero luego ratificada en 1999 por la Corte Suprema de Justicia.
"Este es un caso paradigmático, porque permite pensar que se puede lograr que las figuras legales de calumnias e injurias argentinas que se encuentran en los artículos 101 y 103 del Código Penal, se adecuen a los estándares internacionales. Esas figuras son ambiguas y demasiado amplias, lo que le permite a un juez condenar a una persona por realizar simples críticas", destacó la abogada Andrea Pochak, directora adjunta del CELS.
En diálogo con la ANC, Kimel dijo que espera un pronunciamiento favorable de la Corte, y manifestó su deseo que el fallo también obligue a modificar las figuras penales de calumnias e injurias.
"Este proceso fue muy largo pero valió la pena. No por una cuestión personal, sino por lo que tiene que ver con la memoria colectiva. En estos años hubo muchos compañeros que me acompañaron, pero quiero recordar especialmente todo lo que hizo mi esposa Griselda Kleiner, quien falleció. Ella estuvo al lado mío, jamás me abandonó. Era una luchadora social, cordobesa, protagonista del 'cordobazo'", señaló Kimel.
"La masacre de San Patricio", libro publicado por Kimel en 1989, investiga el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976, durante la última dictadura militar.
En 1991 el periodista fue querellado por Guillermo Rivarola, quien como juez tuvo a su cargo la investigación en los años 1976 y 1997 y que luego fue camarista del fuero penal, por un breve párrafo que estaba dedicado a evaluar su actuación en aquellos años.
El párrafo señala que "el juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento".
Añade que "sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta: ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta".
Y concluye que "la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto".
En octubre de 1995, la jueza Angela Braidot, condenó a Kimel a un año de prisión en suspenso y a pagarle a Rivarola 20 mil dólares de indemnización, pero en noviembre de 1996, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones anuló por unanimidad el fallo y absolvió al periodista.
En diciembre de 1998, la Corte Suprema aceptó un recurso de Rivarola, revocó el fallo anterior y lo devolvió a la Cámara para que se dictara nueva sentencia que recayó en la sala IV, que con el voto de Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome, condenaron a Kimel y confirmaron la pena impuesta por la jueza de primer instancia.
La UTPBA encabezó una campaña de denuncia en el plano nacional e internacional, logrando que la condena fuera rechazada por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y entidades empresarias locales, regionales y continentales.
Fuente: Red Voltaire
Comentario: Inevitable recordar el caso de Lidia Cacho y el injusto fallo de la Suprema Corte de Justicia, al parecer acudir a instancias internacionales se está convirtiendo en una necesidad para conseguir la impartición de justicia.
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ISA Servicio informativo núm. 303
Ciudad de México, 29 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 303
EL “PATIO TRASERO” SE EMANCIPA. NUEVO DESAFÍO REGIONAL A ESTADOS UNIDOS
Janette Habel*
(publicado en Le Monde Diplomatique en diciembre de 2007)
¿Por qué abrió la embajada estadounidense una serie de “consulados satélites” en cinco estados de Venezuela productores de hidrocarburos? ¿Por qué intenta el Pentágono reactivar el aeropuerto militar Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, a unas decenas de minutos de vuelo de Bolivia? Desde fines de los años noventa, viene siendo puesto en apuros en América Latina. El proyecto del gran mercado que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, la Zona de Libre intercambio de las Américas, no tuvo éxito. En su lugar aparecieron gobiernos de izquierda, moderados y radicales, una alianza energética Venezuela-Bolivia-Argentina, el Banco del Sur que pone en jaque al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, la Alternativa Bolivariana de las Américas (Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela), el esbozo de un socialismo del siglo XXI en Caracas, La Paz y Quito… Washington intenta encauzar esta iniciativa promoviendo numerosos tratados de libre comercio, legitimando un “derecho de injerencia democrático” y reforzando la cooperación militar en nombre de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, en defensa de… la democracia de mercado.
“América Latina es un continente perdido”. La afirmación pertenece a Moises Naim, director de la revista Foreign Policy. Menos categórico, el presidente del Inter-American Dialogue, Peter Hakim, no formula en menor grado la misma inquietud cuando se pregunta: ¿Washington está perdiendo a América Latina? [i]. Desde hace un decenio los Estados Unidos tuvieron que soportar varios reveses en este rincón del mundo. El rechazo de las políticas neoliberales llevó al poder a coaliciones de izquierda, radicales o moderadas, marcando en diferentes grados su independencia. En abril de 2002, fracasó el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Luego, a pesar de las presiones del departamento de Estado, la fuerza del movimiento indígena llevó a Evo Morales al poder en Bolivia. A pesar de haber ejercido presiones de todo tipo, Estados Unidos no pudo impedir la elección de Daniel Ortega en Nicaragua o en Ecuador la de Rafael Correa [ii].
¿Entonces será necesario intervenir de forma más enérgica? El fracaso de la expedición en Irak hace poco probable, al menos por un tiempo, una envestida militar directa en otro frente.
Sin embargo, a pesar del rechazo generalizado que sufre, lo esencial del marco neoliberal permanece instalado. No es menos cierto que, lanzada con gran pompa por William Clinton durante una cumbre de las Américas realizada en Miami a fines del año 1994, la zona de libre comercio de las Américas (ALCA), el gran mercado americano, no ha podido ver el día. No obstante, según Carlos Gutiérrez, secretario estadounidense de Comercio, las empresas estadounidenses invirtieron 353 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe en el año 2005. Sus filiales emplean a 600 mil personas. En el 2006, las exportaciones estadounidenses aumentaron 12.7% y las importaciones 10.5%.
El fracaso del ALCA no debe ocultar los avances en acuerdos bilaterales o multilaterales, en particular a través de los tratados de libre comercio (TLC). Puesto que la atracción del mercado estadounidense constituye una poderosa ventaja “nuestro país debe encontrar en las relaciones con todos los países del mundo, y particularmente con los EEUU, la fuerza que su tamaño no le otorga” afirma el ministro uruguayo de Economía, seducido por un TLC con los EEUU, del cual una de las consecuencias sería un conflicto con el Mercosur, lo que no dejaría de agradar a los EEUU. Aun clasificadas de centro izquierda, las elites latinoamericanas están dispuestas a capitular frente a la ofensiva neoliberal.
Con el tiempo el campo político de los TLC se amplió. Una nueva etapa en la integración continental –versión norteamericana– fue superada el 23 de marzo del 2005 en Waco, Texas. La Asociación para la Seguridad y la Prosperidad norteamericana consagra la creación de una comunidad económica de seguridad entre los EEUU, Canadá y México. Para el jurista Guy Mazet, “la novedad de este acuerdo radica en la introducción de la noción de seguridad en la lógica de los procesos económicos y comerciales, y en la institucionalización del poder de las empresas y del sector privado que se imponen a las políticas públicas” [iii].
Podemos preguntarnos cuál legitimidad jurídica tiene este acuerdo negociado al margen de los parlamentos nacionales. “El sector privado utiliza el marco internacional para obtener una influencia más importante sobre las políticas nacionales” constata Mazet.
El investigador estadounidense Craig Van Grasstek ha establecido que todos los países que integraron la coalición de voluntarios (coalition of the willing) en Irak se benefician de un TLC con los EEUU. También es el caso de países de América Latina que, como Colombia, Ecuador antes de la elección de Rafael Correa, Perú, Costa Rica o Guatemala se retiraron del grupo de los 20 (G20) [iv]. La publicación por el periódico El País del proceso verbal de las conversaciones entre George W. Bush y José Maria Aznar [v], en febrero del 2005, reveló la brutalidad del chantaje del presidente estadounidense hacia los países reticentes a apoyar una intervención militar en Irak. “Lo que está en juego es la seguridad de los Estados Unidos, declaraba entonces Bush. Lagos (el presidente chileno) debe saber que el TLC con Chile espera su confirmación en el Senado. Un actitud negativa podría poner en peligro su ratificación”.
Una dominación más consensual
También Michelle Bachelet, a pesar de ser favorable a una alianza estratégica con Washington, está expuesta a sanciones, debido a que el Congreso chileno ratificó el tratado que crea la corte penal internacional y no quiere garantizar la inmunidad de los soldados estadounidenses ante esta jurisdicción. La ayuda militar podría ser suspendida. Chile tendría entonces que pagar una suma importante al Pentágono por el entrenamiento de sus militares para el pilotaje de los aviones F16 que acaba de adquirir. Brasil, Perú, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Uruguay vieron la suspensión de sus entrenamientos militares y sus programas de ayuda por las mismas razones.
El desplome soviético contribuyó a dar a la retórica democrática de Washington una gran autoridad. Parece que quedó atrás aquella época cuando, siguiendo los pasos de Ronald Reagan, Jeane Kirkpatrick polemizaba contra James Carter acusándolo de haber, al hablar de “derechos humanos” a diestra y siniestra, socavado las bases de regímenes autoritarios no comunistas que eran, sin embargo, “más compatibles con los interés estadounidenses”; con el auge del liberalismo, la convicción de que la disciplina impuesta por la mundialización y el mercado limita el riesgo de desvío “populista” se impuso. Así como lo constata el investigador William I. Robinson, esgrimiendo la bandera de la democracia, se puede “penetrar la sociedad civil con el fin de garantizar el control social” a través de formas de dominación más consensuales. “Los estrategas estadounidenses se convirtieron en buenos gramscianos al comprender que el lugar real del poder es la sociedad civil” [vi], siempre y cuando, no obstante, se fragmente en grupos y comunidades con intereses divergentes.
Un consenso se fue estableciendo en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de los atentados del 11 de septiembre: la defensa del orden democrático va a la par con el derecho de intervención contra toda “alteración” de ese orden. La adopción (por aclamación) de la carta democrática de la OEA, en el 2001, resumió esta ambición bajo la vigilancia estrecha del secretario estadounidense de la defensa Donald Rumsfeld. La preservación de la democracia, incluso por la fuerza, no es idea nueva. Lo que sí lo es, es que desde ahora esa idea la comparten algunos sectores de la izquierda en nombre del “derecho a injerencia humanitario”.
El papel de la OEA, sin embargo, es cada vez más complejo debido a las nuevas relaciones de fuerza en el continente.
El que todas las amenazas hacia la democracia no sean tratadas de la misma forma provoca tensiones. Luego de la trigésima séptima asamblea general de la organización, reunida en Panamá en el mes de junio 2007, la secretaria de Estado de los EEUU Condoleeza Rice, pidió el envío a Venezuela de una comisión de investigación con la finalidad de analizar la no renovación por parte del gobierno de Chávez de la concesión (que había llegado a término) de Radio Caracas Televisión (RCTV). La proposición fue rechazada y la secretaria de Estado, aislada, tuvo que abandonar la reunión.
Frente a las dificultades de las relaciones multilaterales, la administración estadounidense cuenta con sus propios relevos: las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las fundaciones. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for Internacional Development, USAID) es el eje articulador, especialmente en cuanto a ayudas financieras. Esta es “el instrumento más apropiado cuando la diplomacia es insuficiente o cuando la utilización de la fuerza militar presenta riesgos”, declaraba su administrador Andrew Natsios, el 8 de mayo 2001. Dicha constatación se aplica perfectamente a Venezuela, donde la USAID financia numerosas iniciativas y donde los democracy builders (constructores de democracia) trabajan a tiempo completo. El Instituto Republicano Internacional (IRI) dirigido por John McCain, candidato a la Casa Blanca, forma parte de las cinco ONG que otorgan los fondos del USAID a las organizaciones y programas políticos de la oposición venezolana.
Así, después del fracasado golpe de Estado del 2000 contra Chávez, que George W. Bush había aprobado, el Departamento de Estado creó en Caracas una “oficina de la transición”, la cual declara que uno de sus objetivos es “fomentar la participación de los ciudadanos en el proceso democrático”. La “resistencia no violenta” se presenta como el método más eficaz para desestabilizar a los gobiernos, preludio a su derrocamiento.
Podemos preguntarnos cuál es el objetivo real de la campaña de “defensa de la libertad de expresión” en Venezuela y también a propósito de la instrumentalización política de las reivindicaciones separatistas de la oposición de derecha que en Bolivia controla cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) e impide el trabajo de la Asamblea Constituyente. “Una derecha racista, separatista, violenta y antidemocrática”, comenta el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. Que los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador hayan recuperado el control de sus recursos estratégicos, petróleo y gas, los dos primeros a través de nacionalizaciones parciales, no es nada ajeno a la actitud de Washington.
En cuanto a Cuba, luego de que G. W. Bush reforzara otra vez el embargo, el escenario de la “transición democrática” se prepara en una comisión encargada de elaborar propuestas –de las cuales varias son secretas “por razones de seguridad nacional”– en la perspectiva del postcastrismo.
Transferido desde Panamá a Miami en 1998, el comando sur de la armada de los EEUU (Southern Command, Southcom) es el principal dispositivo militar en América Latina. Entre el Southcom y los gobiernos latinoamericanos, los contactos implican sólo a militares y excluyen a los interlocutores civiles. El Southcom define la agenda de la región de manera unilateral, sin informar directamente al Departamento de Estado. Al relegar las agencias de ayuda al desarrollo o a la agricultura a un segundo plano (la ayuda bilateral ha disminuido a un tercio en relación con la época de la Guerra Fría), ahora es el Departamento de la Defensa el que se encarga de una parte importante de los programas de asistencia al subcontinente. Esta transferencia no es neutra, el presupuesto de la Defensa es mucho menos controlado por el Congreso que el de la ayuda externa. Entre 1997 y el 2007, los EEUU habrán consagrado 7.3 mil millones de dólares en ayuda militar y policiaca a América Latina [vii].
Estados violentos replegados sobre ellos mismos
En ausencia de una definición común y universal del terrorismo, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) no se molesta en precisar, la guerra que le declararon es definida como “una empresa global de una duración incierta”, “que posee una alcance global”. En esta guerra asimétrica los enemigos son diversos: islamistas, contrabandistas y narcotraficantes refugiados en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; “populistas radicales” que se encuentran en primer lugar en Venezuela y Bolivia; “organizaciones terroristas” FARC, ELN y paramilitares en Colombia; movimientos sociales. Asimismo, bandas de delincuentes juveniles, refugiados, inmigrantes clandestinos y otros “potenciales” terroristas…
Para los responsables del Southcom, los intereses estadounidenses ya no son amenazados por una potencia extranjera, el subcontinente es una zona desnuclearizada exenta de armas de destrucción masiva. La amenaza central que emerge, según el general James Hill, antiguo comandante del Southcom, “es el populismo radical que socava el proceso democrático y que restringe los derechos individuales en lugar de protegerlos”. Este populismo radical (encarnado por Hugo Chávez) se reforzaría explotando las “frustraciones profundas” provocadas por el fracaso de las “reformas democráticas” y “estimulando un sentimiento antiestadounidense” [viii].
Por su parte, el general Bantz J. Cradock acusa a los “demagogos anti-EEUU, antiglobalización y hostiles al libre intercambio” de ser los responsables de la inestabilidad política. Enfrentar eso requiere, según él, reforzar las fuerzas de seguridad de la región y aumentar el presupuesto militar del Southcom, ya que “no es posible dejar convertirse a América Latina y el Caribe en un hoyo perdido donde los Estados violentos, replegados sobre ellos mismos, son aislados del mundo que los rodea por gobiernos populistas autoritarios” [ix].
En paralelo a este compromiso del Pentágono, conviene señalar la presencia de consejeros militares estadounidenses y el papel creciente que juegan en Colombia operadores militares privados y actores civiles no estatales de la misma nacionalidad. Las misiones ejecutadas por estos subcontratistas no pueden ser ejecutadas por las fuerzas armadas a causa de los límites de involucramiento de las tropas estadounidenses fijadas por el Congreso. Las empresas privadas de seguridad pueden, en cambio, estar implicadas en operaciones militares sin su acuerdo.
En otro plano, notaremos que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue condenada, en septiembre 2007, por un tribunal de Washington, a una multa de 25 millones de dólares por haber dado 1.7 millones de dólares a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004 con la finalidad de asegurar la protección de sus plantaciones. Los abogados de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras demandaron legalmente a Chiquita. Pero un acuerdo fue negociado con el gobierno estadounidense, en el cual se exime de acusaciones a los dirigentes de la empresa. “Estoy sorprendido de que por algunos millones se pueda comprar la impunidad en los Estados Unidos”, no pudo dejar de afirmar el ministro colombiano de Justicia.
Bajo la iniciativa de Washington, los ejércitos latinoamericanos están nuevamente implicados en tareas de policía interna. En diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón envió a 7 mil soldados al estado de Michoacán para combatir el tráfico de drogas. El ejército interviene igualmente en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil; contra las pandillas de jóvenes (las maras) en América Central y para controlar la inmigración en la frontera mexicana. Esta militarización de la seguridad pública, que no es una novedad pero sí propiciada por una demanda de protección frente al incremento del crimen organizado, contradice la tendencia de regreso a los cuarteles que se podía observar desde el fin de las dictaduras. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas, los “agitadores” a menudo son los indígenas, los jóvenes sin trabajo, los desempleados marginados. La intervención del ejército puede estigmatizar a estas categorías sociales, resucitar al viejo “enemigo interno” y de esta forma permitir a los militares recobrar una capacidad de presión política que recuerda un pasado siniestro. [x]
En este contexto fue cuando en octubre del 2007 G. W. Bush pidió al Congreso la aprobación del Plan México de ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Su presupuesto provisional (1400 millones de dólares) está destinado a la compra de material militar (helicópteros, medios de inteligencia) y al entrenamiento conjunto de los ejércitos de los dos países. Los peligros de la militarización de la lucha antidrogas son evidentes, en el momento preciso cuando México atraviesa graves conflictos sociales en varios estados. Por otro lado, un complemento presupuestario de 50 millones de dólares debería extender la “guerra contra el narcotráfico” hacia América Central. La reacción del Congreso estadounidense, en su mayoría demócrata, es incierta.
Los Estados Unidos preconizan desde hace mucho tiempo una reforma del rol tradicional de las fuerzas armadas latinoamericanas. El acento ha sido puesto sobre la cooperación regional y la interoperabilidad, mientras que durante el periodo de la Guerra Fría, la ayuda militar estaba destinada casi exclusivamente a la colaboración bilateral. El Southcom tiene por objetivo crear una fuerza de reacción rápida capaz de enfrentar los nuevos peligros. En 2007, durante la reunión de la trigésima séptima asamblea general de la OEA en Panamá, Condoleeza Rice propuso la formación de una alianza de defensa mutua contra las amenazas hacia la seguridad del continente con el fin de vigilar la política interior de los Estados y de asegurar que éstos respetaran las normas democráticas. La proposición fue rechazada, los latinoamericanos no quisieron avalar lo que juzgaron como una estratagema estadounidense para castigar a Venezuela [xi].
Washington necesita estar presente en el terreno y tener aliados para legitimar su intervención, la puesta en marcha de una fuerza de intervención regional parece incierta teniendo en cuenta los actuales equilibrios regionales. Sin embargo, el caso haitiano podría servir de ejemplo. William LeoGrande ha analizado el papel de la administración Bush en la caída del presidente Jean Bertrand Aristide [xii]. Si bien LeoGrande estima que la salida forzada fue facilitada por la deriva del que otrora fuera sacerdote, no es desdeñable el hecho de que fueron antiguos miembros de una fuerza paramilitar, el Frente por el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH), quienes con el apoyo de la administración Bush, llevaron a cabo el derrocamiento. Una manipulación del “derecho de injerencia” muy bien lograda… De hecho podemos sorprendernos de que algunos ejércitos del continente participen en el Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (Minustah) [xiii] luego de que las condiciones de la salida forzada del ex presidente están en tela de juicio: Dante Caputo, antiguo representante del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Haití, ha cuestionado el papel de la CIA en la caída de Aristide [xiv]. Una “fuerza de estabilización” como la Minustah puede ser utilizada como modelo para el futuro.
El Southcom dispone de muchos otros instrumentos de convencimiento. Los países miembros de la OEA adoptaron la noción de “seguridad cooperativa” en el 2001, en Santiago de Chile. Esta favorece la “transferencia de los procedimientos militares” [xv]. Además los encuentros regulares de los ministros de Defensa del continente (DMA) refuerzan la confianza recíproca. La internacionalización de las operaciones armadas, los ejercicios navales conjuntos, el entrenamiento por parte de Washington de 17 mil militares latinoamericanos (cifra del 2005) y las ventas de armas crean los vínculos.
Opiniones discrepantes en la izquierda
El rol directivo del Pentágono y el peso del complejo militar-industrial se confirmaron con el levantamiento oficial del embargo sobre la venta de armas hacia América Latina, teniendo en cuenta que los EEUU ya eran el proveedor más importante de equipos de este tipo en la región. Este tipo de decisión puede provocar una carrera armamentista: la venta de aviones de combate F-16 a Chile puede llevar a otros ejércitos de la región a querer “modernizarse” [xvi]. El ministro de Defensa brasileño anunció que en el año 2008 Brasil aumentará en más de 50% el presupuesto de gastos e inversiones de sus fuerzas armadas, y eso que el país mantiene relaciones “consolidadas y pacíficas” con todos los países de Sudamérica.
Frente a Washington las izquierdas latinoamericanas se encuentran divididas entre los partidarios de una asociación económica negociada que obligue a limitar las reformas sociales y los defensores de la integración política latinoamericana, de la cual la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) [xvii] sería un primer paso. “El imperialismo de hoy no es el mismo que el de hace 30 años” constata Atilio Borón [xviii]. Las políticas de izquierda deben tener en cuenta estos cambios recordando al mismo tiempo que la administración estadounidense no está dispuesta a tolerar la reapropiación de los recursos nacionales, el rechazo de los tratados de libre intercambio ni la independencia política que reivindican los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
* Janette Habel es colaboradora del Le Monde Diplomatique y profesora universitaria en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París.
Notas
[i] Foreign Affairs, Palm Coast (Florida), enero-febrero 2006.
[ii] Bajo diversas formas y con políticas muy diferentes, la izquierda se encuentra en el poder en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela. También se consideran como socialdemócratas los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú (este último aplica una política muy conservadora).
[iii] Guy Mazet, Centro de Investigación y de Documentación sobre América Latina (Credal)-CNRS, Mimeo Coloquio, Ivry, abril 2007.
[iv] Nacido en 1999, el G20 reúne al G8 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia), a los países emergentes (Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del sur, India, Indonesia, México, Turquía) más la Unión Europea.
[v] El País, Madrid, 27 septiembre 2007.
[vi] William I.Robinson, “Democracy or polyarchy?”, NACLA Reports on the Americas, vol. 40, núm. 1, Nueva York, enero-febrero 2007.
[vii] Washington Office on Latin America (Wola), “US military programs with Latin America 1997-2007”, Below the Radar, Center for International Policy, Latin America Working group Education fund, marzo 2007.
[viii] General James Hill, House Armed Services Committee, Washington, 24 marzo 2004.
[ix] “Posture statement of general Bantz J. Cradock befor the house armed service committee”, Washington, 9 marzo 2004.
[x] Lucia Dammert y John Bailey, “¿Militarización de la seguridad pública en América latina?”, Foreign Affairs en español, Palm Coast, abril-junio 2007.
[xi] William LeoGrande, “A poverty of imagination: George W. Bush’s policy in Latin American”, Journal of Latin American Studies, Cambridge University Press, Reino Unido, 2007.
[xii] Ibid.
[xiii] Ejército de las Naciones Unidas, la Minustah se encuentra bajo el mando brasileño y el delegado del secretario general es un chileno. La Minustah está integrada por militares brasileños, uruguayos, chilenos, argentinos, peruanos y ecuatorianos.
[xiv] Le Monde, 18 noviembre 2004.
[xv] Cf. Richard Narich, “Tendances en matière de sécurité en Amérique latine”, y Cristina López, “La politique extérieure des Etats Unis envers l’Amérique latine”, Défense nationale et sécurité collective, París, noviembre 2007.
[xvi] Si por una parte los EEUU venden aviones F-16 a Chile, en cambio niegan la venta a Caracas de repuestos para estos mismos aparatos, que utiliza la aviación venezolana.
[xvii] Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela.
[xviii] Atilio Borón, Empire et impérialisme, L’Harmattan, París, 2003.
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EL “PATIO TRASERO” SE EMANCIPA. NUEVO DESAFÍO REGIONAL A ESTADOS UNIDOS
Janette Habel*
(publicado en Le Monde Diplomatique en diciembre de 2007)
¿Por qué abrió la embajada estadounidense una serie de “consulados satélites” en cinco estados de Venezuela productores de hidrocarburos? ¿Por qué intenta el Pentágono reactivar el aeropuerto militar Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, a unas decenas de minutos de vuelo de Bolivia? Desde fines de los años noventa, viene siendo puesto en apuros en América Latina. El proyecto del gran mercado que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, la Zona de Libre intercambio de las Américas, no tuvo éxito. En su lugar aparecieron gobiernos de izquierda, moderados y radicales, una alianza energética Venezuela-Bolivia-Argentina, el Banco del Sur que pone en jaque al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, la Alternativa Bolivariana de las Américas (Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela), el esbozo de un socialismo del siglo XXI en Caracas, La Paz y Quito… Washington intenta encauzar esta iniciativa promoviendo numerosos tratados de libre comercio, legitimando un “derecho de injerencia democrático” y reforzando la cooperación militar en nombre de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, en defensa de… la democracia de mercado.
“América Latina es un continente perdido”. La afirmación pertenece a Moises Naim, director de la revista Foreign Policy. Menos categórico, el presidente del Inter-American Dialogue, Peter Hakim, no formula en menor grado la misma inquietud cuando se pregunta: ¿Washington está perdiendo a América Latina? [i]. Desde hace un decenio los Estados Unidos tuvieron que soportar varios reveses en este rincón del mundo. El rechazo de las políticas neoliberales llevó al poder a coaliciones de izquierda, radicales o moderadas, marcando en diferentes grados su independencia. En abril de 2002, fracasó el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Luego, a pesar de las presiones del departamento de Estado, la fuerza del movimiento indígena llevó a Evo Morales al poder en Bolivia. A pesar de haber ejercido presiones de todo tipo, Estados Unidos no pudo impedir la elección de Daniel Ortega en Nicaragua o en Ecuador la de Rafael Correa [ii].
¿Entonces será necesario intervenir de forma más enérgica? El fracaso de la expedición en Irak hace poco probable, al menos por un tiempo, una envestida militar directa en otro frente.
Sin embargo, a pesar del rechazo generalizado que sufre, lo esencial del marco neoliberal permanece instalado. No es menos cierto que, lanzada con gran pompa por William Clinton durante una cumbre de las Américas realizada en Miami a fines del año 1994, la zona de libre comercio de las Américas (ALCA), el gran mercado americano, no ha podido ver el día. No obstante, según Carlos Gutiérrez, secretario estadounidense de Comercio, las empresas estadounidenses invirtieron 353 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe en el año 2005. Sus filiales emplean a 600 mil personas. En el 2006, las exportaciones estadounidenses aumentaron 12.7% y las importaciones 10.5%.
El fracaso del ALCA no debe ocultar los avances en acuerdos bilaterales o multilaterales, en particular a través de los tratados de libre comercio (TLC). Puesto que la atracción del mercado estadounidense constituye una poderosa ventaja “nuestro país debe encontrar en las relaciones con todos los países del mundo, y particularmente con los EEUU, la fuerza que su tamaño no le otorga” afirma el ministro uruguayo de Economía, seducido por un TLC con los EEUU, del cual una de las consecuencias sería un conflicto con el Mercosur, lo que no dejaría de agradar a los EEUU. Aun clasificadas de centro izquierda, las elites latinoamericanas están dispuestas a capitular frente a la ofensiva neoliberal.
Con el tiempo el campo político de los TLC se amplió. Una nueva etapa en la integración continental –versión norteamericana– fue superada el 23 de marzo del 2005 en Waco, Texas. La Asociación para la Seguridad y la Prosperidad norteamericana consagra la creación de una comunidad económica de seguridad entre los EEUU, Canadá y México. Para el jurista Guy Mazet, “la novedad de este acuerdo radica en la introducción de la noción de seguridad en la lógica de los procesos económicos y comerciales, y en la institucionalización del poder de las empresas y del sector privado que se imponen a las políticas públicas” [iii].
Podemos preguntarnos cuál legitimidad jurídica tiene este acuerdo negociado al margen de los parlamentos nacionales. “El sector privado utiliza el marco internacional para obtener una influencia más importante sobre las políticas nacionales” constata Mazet.
El investigador estadounidense Craig Van Grasstek ha establecido que todos los países que integraron la coalición de voluntarios (coalition of the willing) en Irak se benefician de un TLC con los EEUU. También es el caso de países de América Latina que, como Colombia, Ecuador antes de la elección de Rafael Correa, Perú, Costa Rica o Guatemala se retiraron del grupo de los 20 (G20) [iv]. La publicación por el periódico El País del proceso verbal de las conversaciones entre George W. Bush y José Maria Aznar [v], en febrero del 2005, reveló la brutalidad del chantaje del presidente estadounidense hacia los países reticentes a apoyar una intervención militar en Irak. “Lo que está en juego es la seguridad de los Estados Unidos, declaraba entonces Bush. Lagos (el presidente chileno) debe saber que el TLC con Chile espera su confirmación en el Senado. Un actitud negativa podría poner en peligro su ratificación”.
Una dominación más consensual
También Michelle Bachelet, a pesar de ser favorable a una alianza estratégica con Washington, está expuesta a sanciones, debido a que el Congreso chileno ratificó el tratado que crea la corte penal internacional y no quiere garantizar la inmunidad de los soldados estadounidenses ante esta jurisdicción. La ayuda militar podría ser suspendida. Chile tendría entonces que pagar una suma importante al Pentágono por el entrenamiento de sus militares para el pilotaje de los aviones F16 que acaba de adquirir. Brasil, Perú, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Uruguay vieron la suspensión de sus entrenamientos militares y sus programas de ayuda por las mismas razones.
El desplome soviético contribuyó a dar a la retórica democrática de Washington una gran autoridad. Parece que quedó atrás aquella época cuando, siguiendo los pasos de Ronald Reagan, Jeane Kirkpatrick polemizaba contra James Carter acusándolo de haber, al hablar de “derechos humanos” a diestra y siniestra, socavado las bases de regímenes autoritarios no comunistas que eran, sin embargo, “más compatibles con los interés estadounidenses”; con el auge del liberalismo, la convicción de que la disciplina impuesta por la mundialización y el mercado limita el riesgo de desvío “populista” se impuso. Así como lo constata el investigador William I. Robinson, esgrimiendo la bandera de la democracia, se puede “penetrar la sociedad civil con el fin de garantizar el control social” a través de formas de dominación más consensuales. “Los estrategas estadounidenses se convirtieron en buenos gramscianos al comprender que el lugar real del poder es la sociedad civil” [vi], siempre y cuando, no obstante, se fragmente en grupos y comunidades con intereses divergentes.
Un consenso se fue estableciendo en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de los atentados del 11 de septiembre: la defensa del orden democrático va a la par con el derecho de intervención contra toda “alteración” de ese orden. La adopción (por aclamación) de la carta democrática de la OEA, en el 2001, resumió esta ambición bajo la vigilancia estrecha del secretario estadounidense de la defensa Donald Rumsfeld. La preservación de la democracia, incluso por la fuerza, no es idea nueva. Lo que sí lo es, es que desde ahora esa idea la comparten algunos sectores de la izquierda en nombre del “derecho a injerencia humanitario”.
El papel de la OEA, sin embargo, es cada vez más complejo debido a las nuevas relaciones de fuerza en el continente.
El que todas las amenazas hacia la democracia no sean tratadas de la misma forma provoca tensiones. Luego de la trigésima séptima asamblea general de la organización, reunida en Panamá en el mes de junio 2007, la secretaria de Estado de los EEUU Condoleeza Rice, pidió el envío a Venezuela de una comisión de investigación con la finalidad de analizar la no renovación por parte del gobierno de Chávez de la concesión (que había llegado a término) de Radio Caracas Televisión (RCTV). La proposición fue rechazada y la secretaria de Estado, aislada, tuvo que abandonar la reunión.
Frente a las dificultades de las relaciones multilaterales, la administración estadounidense cuenta con sus propios relevos: las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las fundaciones. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for Internacional Development, USAID) es el eje articulador, especialmente en cuanto a ayudas financieras. Esta es “el instrumento más apropiado cuando la diplomacia es insuficiente o cuando la utilización de la fuerza militar presenta riesgos”, declaraba su administrador Andrew Natsios, el 8 de mayo 2001. Dicha constatación se aplica perfectamente a Venezuela, donde la USAID financia numerosas iniciativas y donde los democracy builders (constructores de democracia) trabajan a tiempo completo. El Instituto Republicano Internacional (IRI) dirigido por John McCain, candidato a la Casa Blanca, forma parte de las cinco ONG que otorgan los fondos del USAID a las organizaciones y programas políticos de la oposición venezolana.
Así, después del fracasado golpe de Estado del 2000 contra Chávez, que George W. Bush había aprobado, el Departamento de Estado creó en Caracas una “oficina de la transición”, la cual declara que uno de sus objetivos es “fomentar la participación de los ciudadanos en el proceso democrático”. La “resistencia no violenta” se presenta como el método más eficaz para desestabilizar a los gobiernos, preludio a su derrocamiento.
Podemos preguntarnos cuál es el objetivo real de la campaña de “defensa de la libertad de expresión” en Venezuela y también a propósito de la instrumentalización política de las reivindicaciones separatistas de la oposición de derecha que en Bolivia controla cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) e impide el trabajo de la Asamblea Constituyente. “Una derecha racista, separatista, violenta y antidemocrática”, comenta el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. Que los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador hayan recuperado el control de sus recursos estratégicos, petróleo y gas, los dos primeros a través de nacionalizaciones parciales, no es nada ajeno a la actitud de Washington.
En cuanto a Cuba, luego de que G. W. Bush reforzara otra vez el embargo, el escenario de la “transición democrática” se prepara en una comisión encargada de elaborar propuestas –de las cuales varias son secretas “por razones de seguridad nacional”– en la perspectiva del postcastrismo.
Transferido desde Panamá a Miami en 1998, el comando sur de la armada de los EEUU (Southern Command, Southcom) es el principal dispositivo militar en América Latina. Entre el Southcom y los gobiernos latinoamericanos, los contactos implican sólo a militares y excluyen a los interlocutores civiles. El Southcom define la agenda de la región de manera unilateral, sin informar directamente al Departamento de Estado. Al relegar las agencias de ayuda al desarrollo o a la agricultura a un segundo plano (la ayuda bilateral ha disminuido a un tercio en relación con la época de la Guerra Fría), ahora es el Departamento de la Defensa el que se encarga de una parte importante de los programas de asistencia al subcontinente. Esta transferencia no es neutra, el presupuesto de la Defensa es mucho menos controlado por el Congreso que el de la ayuda externa. Entre 1997 y el 2007, los EEUU habrán consagrado 7.3 mil millones de dólares en ayuda militar y policiaca a América Latina [vii].
Estados violentos replegados sobre ellos mismos
En ausencia de una definición común y universal del terrorismo, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) no se molesta en precisar, la guerra que le declararon es definida como “una empresa global de una duración incierta”, “que posee una alcance global”. En esta guerra asimétrica los enemigos son diversos: islamistas, contrabandistas y narcotraficantes refugiados en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; “populistas radicales” que se encuentran en primer lugar en Venezuela y Bolivia; “organizaciones terroristas” FARC, ELN y paramilitares en Colombia; movimientos sociales. Asimismo, bandas de delincuentes juveniles, refugiados, inmigrantes clandestinos y otros “potenciales” terroristas…
Para los responsables del Southcom, los intereses estadounidenses ya no son amenazados por una potencia extranjera, el subcontinente es una zona desnuclearizada exenta de armas de destrucción masiva. La amenaza central que emerge, según el general James Hill, antiguo comandante del Southcom, “es el populismo radical que socava el proceso democrático y que restringe los derechos individuales en lugar de protegerlos”. Este populismo radical (encarnado por Hugo Chávez) se reforzaría explotando las “frustraciones profundas” provocadas por el fracaso de las “reformas democráticas” y “estimulando un sentimiento antiestadounidense” [viii].
Por su parte, el general Bantz J. Cradock acusa a los “demagogos anti-EEUU, antiglobalización y hostiles al libre intercambio” de ser los responsables de la inestabilidad política. Enfrentar eso requiere, según él, reforzar las fuerzas de seguridad de la región y aumentar el presupuesto militar del Southcom, ya que “no es posible dejar convertirse a América Latina y el Caribe en un hoyo perdido donde los Estados violentos, replegados sobre ellos mismos, son aislados del mundo que los rodea por gobiernos populistas autoritarios” [ix].
En paralelo a este compromiso del Pentágono, conviene señalar la presencia de consejeros militares estadounidenses y el papel creciente que juegan en Colombia operadores militares privados y actores civiles no estatales de la misma nacionalidad. Las misiones ejecutadas por estos subcontratistas no pueden ser ejecutadas por las fuerzas armadas a causa de los límites de involucramiento de las tropas estadounidenses fijadas por el Congreso. Las empresas privadas de seguridad pueden, en cambio, estar implicadas en operaciones militares sin su acuerdo.
En otro plano, notaremos que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands fue condenada, en septiembre 2007, por un tribunal de Washington, a una multa de 25 millones de dólares por haber dado 1.7 millones de dólares a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004 con la finalidad de asegurar la protección de sus plantaciones. Los abogados de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras demandaron legalmente a Chiquita. Pero un acuerdo fue negociado con el gobierno estadounidense, en el cual se exime de acusaciones a los dirigentes de la empresa. “Estoy sorprendido de que por algunos millones se pueda comprar la impunidad en los Estados Unidos”, no pudo dejar de afirmar el ministro colombiano de Justicia.
Bajo la iniciativa de Washington, los ejércitos latinoamericanos están nuevamente implicados en tareas de policía interna. En diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón envió a 7 mil soldados al estado de Michoacán para combatir el tráfico de drogas. El ejército interviene igualmente en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil; contra las pandillas de jóvenes (las maras) en América Central y para controlar la inmigración en la frontera mexicana. Esta militarización de la seguridad pública, que no es una novedad pero sí propiciada por una demanda de protección frente al incremento del crimen organizado, contradice la tendencia de regreso a los cuarteles que se podía observar desde el fin de las dictaduras. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas, los “agitadores” a menudo son los indígenas, los jóvenes sin trabajo, los desempleados marginados. La intervención del ejército puede estigmatizar a estas categorías sociales, resucitar al viejo “enemigo interno” y de esta forma permitir a los militares recobrar una capacidad de presión política que recuerda un pasado siniestro. [x]
En este contexto fue cuando en octubre del 2007 G. W. Bush pidió al Congreso la aprobación del Plan México de ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Su presupuesto provisional (1400 millones de dólares) está destinado a la compra de material militar (helicópteros, medios de inteligencia) y al entrenamiento conjunto de los ejércitos de los dos países. Los peligros de la militarización de la lucha antidrogas son evidentes, en el momento preciso cuando México atraviesa graves conflictos sociales en varios estados. Por otro lado, un complemento presupuestario de 50 millones de dólares debería extender la “guerra contra el narcotráfico” hacia América Central. La reacción del Congreso estadounidense, en su mayoría demócrata, es incierta.
Los Estados Unidos preconizan desde hace mucho tiempo una reforma del rol tradicional de las fuerzas armadas latinoamericanas. El acento ha sido puesto sobre la cooperación regional y la interoperabilidad, mientras que durante el periodo de la Guerra Fría, la ayuda militar estaba destinada casi exclusivamente a la colaboración bilateral. El Southcom tiene por objetivo crear una fuerza de reacción rápida capaz de enfrentar los nuevos peligros. En 2007, durante la reunión de la trigésima séptima asamblea general de la OEA en Panamá, Condoleeza Rice propuso la formación de una alianza de defensa mutua contra las amenazas hacia la seguridad del continente con el fin de vigilar la política interior de los Estados y de asegurar que éstos respetaran las normas democráticas. La proposición fue rechazada, los latinoamericanos no quisieron avalar lo que juzgaron como una estratagema estadounidense para castigar a Venezuela [xi].
Washington necesita estar presente en el terreno y tener aliados para legitimar su intervención, la puesta en marcha de una fuerza de intervención regional parece incierta teniendo en cuenta los actuales equilibrios regionales. Sin embargo, el caso haitiano podría servir de ejemplo. William LeoGrande ha analizado el papel de la administración Bush en la caída del presidente Jean Bertrand Aristide [xii]. Si bien LeoGrande estima que la salida forzada fue facilitada por la deriva del que otrora fuera sacerdote, no es desdeñable el hecho de que fueron antiguos miembros de una fuerza paramilitar, el Frente por el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH), quienes con el apoyo de la administración Bush, llevaron a cabo el derrocamiento. Una manipulación del “derecho de injerencia” muy bien lograda… De hecho podemos sorprendernos de que algunos ejércitos del continente participen en el Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (Minustah) [xiii] luego de que las condiciones de la salida forzada del ex presidente están en tela de juicio: Dante Caputo, antiguo representante del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Haití, ha cuestionado el papel de la CIA en la caída de Aristide [xiv]. Una “fuerza de estabilización” como la Minustah puede ser utilizada como modelo para el futuro.
El Southcom dispone de muchos otros instrumentos de convencimiento. Los países miembros de la OEA adoptaron la noción de “seguridad cooperativa” en el 2001, en Santiago de Chile. Esta favorece la “transferencia de los procedimientos militares” [xv]. Además los encuentros regulares de los ministros de Defensa del continente (DMA) refuerzan la confianza recíproca. La internacionalización de las operaciones armadas, los ejercicios navales conjuntos, el entrenamiento por parte de Washington de 17 mil militares latinoamericanos (cifra del 2005) y las ventas de armas crean los vínculos.
Opiniones discrepantes en la izquierda
El rol directivo del Pentágono y el peso del complejo militar-industrial se confirmaron con el levantamiento oficial del embargo sobre la venta de armas hacia América Latina, teniendo en cuenta que los EEUU ya eran el proveedor más importante de equipos de este tipo en la región. Este tipo de decisión puede provocar una carrera armamentista: la venta de aviones de combate F-16 a Chile puede llevar a otros ejércitos de la región a querer “modernizarse” [xvi]. El ministro de Defensa brasileño anunció que en el año 2008 Brasil aumentará en más de 50% el presupuesto de gastos e inversiones de sus fuerzas armadas, y eso que el país mantiene relaciones “consolidadas y pacíficas” con todos los países de Sudamérica.
Frente a Washington las izquierdas latinoamericanas se encuentran divididas entre los partidarios de una asociación económica negociada que obligue a limitar las reformas sociales y los defensores de la integración política latinoamericana, de la cual la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) [xvii] sería un primer paso. “El imperialismo de hoy no es el mismo que el de hace 30 años” constata Atilio Borón [xviii]. Las políticas de izquierda deben tener en cuenta estos cambios recordando al mismo tiempo que la administración estadounidense no está dispuesta a tolerar la reapropiación de los recursos nacionales, el rechazo de los tratados de libre intercambio ni la independencia política que reivindican los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
* Janette Habel es colaboradora del Le Monde Diplomatique y profesora universitaria en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París.
Notas
[i] Foreign Affairs, Palm Coast (Florida), enero-febrero 2006.
[ii] Bajo diversas formas y con políticas muy diferentes, la izquierda se encuentra en el poder en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela. También se consideran como socialdemócratas los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú (este último aplica una política muy conservadora).
[iii] Guy Mazet, Centro de Investigación y de Documentación sobre América Latina (Credal)-CNRS, Mimeo Coloquio, Ivry, abril 2007.
[iv] Nacido en 1999, el G20 reúne al G8 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia), a los países emergentes (Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del sur, India, Indonesia, México, Turquía) más la Unión Europea.
[v] El País, Madrid, 27 septiembre 2007.
[vi] William I.Robinson, “Democracy or polyarchy?”, NACLA Reports on the Americas, vol. 40, núm. 1, Nueva York, enero-febrero 2007.
[vii] Washington Office on Latin America (Wola), “US military programs with Latin America 1997-2007”, Below the Radar, Center for International Policy, Latin America Working group Education fund, marzo 2007.
[viii] General James Hill, House Armed Services Committee, Washington, 24 marzo 2004.
[ix] “Posture statement of general Bantz J. Cradock befor the house armed service committee”, Washington, 9 marzo 2004.
[x] Lucia Dammert y John Bailey, “¿Militarización de la seguridad pública en América latina?”, Foreign Affairs en español, Palm Coast, abril-junio 2007.
[xi] William LeoGrande, “A poverty of imagination: George W. Bush’s policy in Latin American”, Journal of Latin American Studies, Cambridge University Press, Reino Unido, 2007.
[xii] Ibid.
[xiii] Ejército de las Naciones Unidas, la Minustah se encuentra bajo el mando brasileño y el delegado del secretario general es un chileno. La Minustah está integrada por militares brasileños, uruguayos, chilenos, argentinos, peruanos y ecuatorianos.
[xiv] Le Monde, 18 noviembre 2004.
[xv] Cf. Richard Narich, “Tendances en matière de sécurité en Amérique latine”, y Cristina López, “La politique extérieure des Etats Unis envers l’Amérique latine”, Défense nationale et sécurité collective, París, noviembre 2007.
[xvi] Si por una parte los EEUU venden aviones F-16 a Chile, en cambio niegan la venta a Caracas de repuestos para estos mismos aparatos, que utiliza la aviación venezolana.
[xvii] Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela.
[xviii] Atilio Borón, Empire et impérialisme, L’Harmattan, París, 2003.
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