ISA Servicio informativo núm. 687

Ciudad de México, 7 de mayo de 2009
Servicio informativo núm. 687

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. “El gobierno usurpador ha abandonado al pueblo y por esa simple razón las epidemias afectan al pueblo de México”: López Obrador

II. Sistema de Salud e inseguridad Sanitaria, por Asa Cristina Laurell

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“EL GOBIERNO USURPADOR HA ABANDONADO AL PUEBLO Y POR ESA SIMPLE RAZÓN LAS EPIDEMIAS AFECTAN AL PUEBLO DE MÉXICO”: LÓPEZ OBRADOR

Desde la zona chontal, cuna del movimiento democrático nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el mal gobierno es el virus que más afecta al pueblo de México. “En vez de planear y definir estrategias sanitarias para enfrentar la epidemia, el gobierno espurio de Felipe Calderón salió a alarmar a la gente, a través de los medios de comunicación, y cundió el miedo entre la mayoría de los mexicanos”, expresó.

Al iniciar la campaña de apoyo a los candidatos del PRD a cargos de elección popular en Tabasco, el presidente legítimo de México afirmó que “la ineficiencia del gobierno espurio y la ineptitud del presidente pelele son los factores que más perjudican a la población”.

Acompañado por los candidatos a diputados federales Adán Augusto López y Marcos Rosendo Medina, habló sobre el virus de la influenza humana que se propagó en las diferentes regiones del país.

“¿Por qué se propaga y afecta esa epidemia a México? Porque hay mucha pobreza y mucho abandono”, subrayó.

Desde la plaza principal de Tamulté de las Sábanas y ante aproximadamente 2 mil ciudadanos que le dieron la bienvenida, López Obrador explicó que, cuando hay pobreza, abandono e insalubridad, se reproducen las calamidades similares al virus de la influenza humana.

“En particular, ¿por qué afecta a México ese mal? Por el régimen de opresión y porque la mayoría de los mexicanos carece de empleo y de mínimos de bienestar. El gobierno usurpador ha abandonado al pueblo y por esa simple razón esas epidemias afectan al pueblo de México”, puntualizó.

“Una situación similar ocurrió cuando el gobierno espurio de Calderón enfrentó el problema de la violencia e inseguridad, provocados por el narcotráfico”, recordó. Y nuevamente se preguntó: “¿qué pasó con la lucha al narcotráfico? Calderón le pegó a lo tonto un palazo al avispero y sólo logró que se generara una mayor violencia e inseguridad en toda la República Mexicana”.

Al expresar su apoyo a la candidatura de Adán Augusto López por tratarse de un representante del movimiento por el cambio real y verdadero en México, el presidente legítimo de los mexicanos expuso que los aspirantes del PRD a diputaciones federales lucharán en la Cámara de Diputados a favor de sus electores y para que en los municipios, como Tamulté de las Sabanas, se garantice el suministro de agua potable y se construyan las universidades públicas que reclaman miles de jóvenes tabasqueños.

“Con los aspirantes del sol azteca se garantiza que promoverán un mayor empleo, educación y bienestar para el pueblo de Tabasco”, añadió. “¡Ya empezó la campaña!”, declaró al dar respuesta a aquellas voces que señalan que resulta innecesario realizar actos de proselitismo político en Tabasco y en otros estados del país.

“Tenemos que seguir luchando, porque si no lo hacemos, entonces seguirá la misma situación y seguirá la misma mafia de la política. Por esa razón, tenemos que derrotar a la oligarquía, de manera pacífica, pero con los votos de la mayoría de los mexicanos”, explicó.

Al inicio de su encuentro con el pueblo de Tamulté, López Obrador aclaró que tenía la intención de realizar una campaña de volanteo casa por casa. Sin embargo, los ciudadanos le pidieron que se trasladara directamente a la plaza principal para dirigir un mensaje a los electores del municipio, abundó.

Posteriormente dio lectura a la carta que entregó personalmente a todo aquel ciudadano que le extendió la mano para recibir el documento. En ella, reiteró su llamado a no emitir ni un solo voto a favor del PRI y del PAN, porque implicaría “seguir apoyando a los opresores que han causado la ruina del país; es votar por más de lo mismo, es decir, por más pobreza y corrupción”.

“¡Ya basta! Te invito a derrotar a la oligarquía en el terreno político para devolverle el poder al pueblo y hacer valer la democracia y la política. Hagamos historia y salvemos a México”, pidió a escasos dos meses de las elecciones federales.

Posteriormente, en los municipios de Villa Vicente Guerrero, Villa Tecolutilla, Tulipán y Bosques de Saloxa, realizó la campaña de volanteo casa por casa, entre los dueños y empleados de establecimientos comerciales y los automovilistas.

Al dirigirse a un ama de casa, López Obrador leyó el primer párrafo de la carta que a la letra dice así: “Siempre he pensado que los dos principales problemas del país son la desigualdad y la corrupción. Y estos males se han originado por la falta de una auténtica democracia. En México no ha habido un gobierno del pueblo y para el pueblo; lo que ha predominado es el gobierno al servicio de unos pocos, lo que se conoce como oligarquía”.

Durante el recorrido de este día, lo acompañó también el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, José Ramiro López Obrador.

Para mañana, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, continuará con su recorrido por Emiliano Zapata, Tenosique, Balancán, Jonuta y San Carlos.

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SISTEMA DE SALUD E INSEGURIDAD SANITARIA

por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 7 de mayo de 2009)

La concepción, organización y financiamiento de los sistemas de salud repercuten directamente en el nivel de seguridad sanitaria de un país y en la protección de su pueblo. Esta seguridad se construye desde abajo, con un sistema integrado de servicios de salud, así como con la producción e incorporación de los avances científicos requeridos.

Para alcanzar un alto grado de seguridad sanitaria es necesario fomentar una cultura de salud, basada en un proceso diario de educación de la población y de difusión para que la gente sepa qué es normal, qué medidas tomar y cuándo recurrir a los servicios de salud. Éstos, a su vez, deben registrar y vigilar sistemáticamente qué ocurre en su territorio de responsabilidad con el propósito de tomar medidas oportunas e informar y orientar a las personas, así como a los propios trabajadores del sector.

Es también preciso que existan mecanismos para ofrecer la atención médica necesaria de la complejidad requerida sin ningún obstáculo económico, geográfico o burocrático. Con ello se logra la óptima interacción entre la institución de salud y los ciudadanos que es la única base para construir una relación de confianza, la cual contrarresta eficazmente el miedo o el pánico ante lo desconocido.

Todo esto parece obvio, pero pocos sistemas de salud lo logran justamente por su concepción, organización y financiamiento. En rigor, sólo el sistema público único de salud cumple todos los aspectos señalados, mientras las reformas de salud bajo la lógica mercantil y de competencia crean una lógica institucional que tiende a desmontar esos elementos necesarios.

Al concebir un sistema que se centra en la atención del individuo y en el cual el dinero sigue al enfermo a la institución, pública o privada, donde se atiende, estamos ante un incentivo perverso. Su primera víctima es la salud colectiva, la de la comunidad y con ello la seguridad sanitaria del pueblo.

En 1983 se inició un grave desfinanciamiento de todas las instituciones públicas, incluyendo las de seguridad social, como resultado de la política neoliberal de "ajuste y cambio estructural" adoptado por México con la crisis de 1982. Resultó en un deterioro institucional creciente y la destrucción del tejido sanitario. Luego la concepción mercantil y de competencia del sistema público de salud se impuso, primero, con la reforma de la Ley del Seguro Social en 1995, culminó con el Seguro Popular, creado en 2004, y se completó con la reforma de la Ley del ISSSTE en 2007.

La Secretaría de Salud (Ssa) federal es la autoridad sanitaria nacional, con la coadyuvancia de los sistemas estatales en la materia, y la responsable de la vigilancia epidemiológica, así como de tomar las medidas necesarias para controlar brotes epidémicos. Para ello cuenta con protocolos y planes establecidos como en el caso de la influenza, particularmente de las nuevas cepas. El punto de arranque es siempre el reporte de un caso sospechoso. Si las personas no tienen dónde atenderse o no lo hacen por falta de dinero, o no son diagnosticados correctamente o acuden a un médico privado, los casos índice nunca se descubren y no pasa nada mientras no haya un brote inocultable. La falta de atención y los errores diagnósticos ponen además en riesgo a la persona enferma y su entorno.

El Seguro Popular (SP) incrementó los recursos financieros públicos para salud, pero la lógica de asignación del nuevo dinero es darlo según el número de personas inscritas y utilizarlo en su atención. Además se prepara la transferencia de parte de los fondos a prestadores privados en aras de la competencia. Esto ha causado un desgarramiento de la base misma de la protección sanitaria que descansa en el personal de los centros de salud y las jurisdicciones sanitarias. Se premia la atención médica y se relega el andamiaje sanitario: búsqueda activa de casos, revisión de expedientes, reporte oportuno de casos, estudio de los contactos para su aislamiento y tratamiento, así como cercos epidemiológicos necesarios, acciones que se realizan por enfermeras de campo, trabajadoras sociales y médicos.

Aún existe un gran número de personas que no pueden pagar el servicio. Incluso Lancet en su edición online acaba de publicar (8/4/09) que los asegurados del SP no reciben más servicios que los no asegurados, al contrario de lo que sucede en el resto del mundo, donde la abolición del pago directo incrementa la demanda y el acceso (Bulletin WHO, 86:839–848, 2008).

Otra evidencia de la disfuncionalidad del SP es que se tuvo que hacer un decreto especial para incluir a la influenza A/H1N1 entre las pocas enfermedades de gasto catastrófico reconocidas, con la finalidad de eximir a los contactos y los enfermos del pago de sus pruebas de laboratorio y el tratamiento, incluyendo el profiláctico.

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ISA Servicio informativo núm. 618

Ciudad de México, 11 de enero de 2009
Servicio informativo núm. 618

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. La relación entre Estados Unidos y México debe fincarse en la cooperación. Carta del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente electo de los Estados Unidos de América, Barack Obama

II. El flojo y el mezquino recorrerán más de tres veces el camino, por Mario Di Costanzo

III. Altos costos de la atención médica, ganancias de la gran empresa, por Asa Cristina Laurell

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LA RELACIÓN ENTRE Estados Unidos y México debe fincarse en la cooperación
Carta del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente electo de los Estados Unidos de América, Barack Obama

Barack Obama, Presidente Electo de los Estados Unidos de América.
Ciudadano presidente electo:

El lunes próximo tendrá usted una entrevista con nuestro compatriota Felipe Calderón, quien se ostenta como presidente de México. Este ciudadano ocupa dicho cargo como resultado de un gran fraude electoral, orquestado por un grupo mafioso de traficantes de influencias y políticos corruptos.

En nuestro país existe una República aparente, simulada, falsa; hay Poderes Constitucionales, pero en los hechos un grupo ha confiscado todos los Poderes. Esta especie de dictadura encubierta no sólo ha nulificado la vida democrática, sino que ha causado una infame desigualdad económica y social. Aunque cruda, ésta es la realidad: en México, la riqueza de unos (pocos) se ha edificado con la miseria de otros (muchos).

Pero independientemente de esta penosa circunstancia, que los mexicanos ya estamos enfrentando de manera soberana, el propósito principal de mi escrito es expresarle que sería un grave error poner en marcha, por parte de su futuro gobierno, una política que impida el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Tenga en cuenta que la política de pillaje, llamada neoliberal, impuesta en México desde hace 26 años, ha devastado la actividad productiva, ha impedido el crecimiento económico y la generación de empleos, y esto ha llevado a que millones de mexicanos (más de 500 mil por año) se vean en la necesidad de emigrar, arriesgándolo todo, en busca de oportunidades que mitiguen su hambre y su pobreza.

Como usted comprenderá, después de un largo periodo sin crecimiento económico, si no fuese por el fenómeno migratorio, ya hubiese habido un estallido social en México. En consecuencia, es indispensable que la relación entre los dos países se finque en la cooperación y no en el uso de medidas coercitivas. La solución al problema migratorio no se encuentra en la construcción de muros ni en la militarización de la frontera, sino en el desarrollo económico y social de México.

Asimismo, esperamos que de manera congruente con sus repetidos compromisos de campaña, ponga en práctica un plan para solucionar la situación migratoria de los mexicanos que viven y trabajan en su país. Estoy seguro de que tendrá la virtud y la suerte para responder a las grandes expectativas que ha despertado entre su pueblo y el nuestro.

Atentamente:
Andrés Manuel López Obrador,
Presidente Legítimo de México.

Altar, Sonora, a 10 de enero de 2008

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El flojo y el mezquino recorrerán más de tres veces el camino
por Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 11 de enero de 2009)

Por tercera vez en menos de un año, el llamado gobierno de la “estabilidad y el empleo” ha anunciado una serie de medidas que supuestamente ayudarán a la economía a superar la tremenda crisis que golpea y daña la planta productiva del país y la economía de las familias.

Para ello, sólo basta recordar que el 3 de marzo del año pasado Felipe Calderón anunció 10 medidas a las que bautizó Programa de Apoyo a la Economía y que supuestamente permitiría que la economía mexicana superara las graves consecuencias que tendría para nosotros el deterioro de la actividad económica en Estados Unidos.

En dicho plan se incluyeron descuentos tanto en los pagos del impuesto sobre la renta (ISR) como en los del impuesto empresarial a tasa única (IETU); se habló también de otro tipo de “estímulos fiscales”, entre los que se mencionaron descuentos a las aportaciones patrimoniales del Seguro Social y descuentos a las tarifas eléctricas.

También se anunció una bolsa de 60 mil millones de pesos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas e inversiones públicas adicionales por 40 mil millones de pesos, derivadas del Fondo Nacional de Infraestructura, así como un apoyo de 650 millones de pesos para el Sistema Nacional de Empleo.

Con respecto a este plan, en mi colaboración del 8 de marzo, titulada No que no tronabas pistolita, advertí entre otras cosas que sus 10 acciones resultarían absolutamente insuficientes para cumplir con sus objetivos y que la situación económica era mucho más grave de lo que hasta en ese momento había señalado el propio Agustín Carstens.

Señalé que Felipe Calderón debió haber propuesto un agresivo programa de desarrollo de infraestructura en municipios de alta marginación para contribuir a la generación de empleos.

Fue evidente que el Programa de Apoyo a la Economía, anunciado con bombo y platillo, resultó absolutamente inútil y la economía de las empresas y de las familias aceleró su deterioro.

Tan así fue, que el 8 de octubre del año pasado, y en medio de la debacle económica mundial, Felipe Calderón anunció su segundo plan, el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), el cual gracias a sus inconsistencias, inoperancia y falta de congruencia en cuanto al entorno económico que proyectaba, originó, entre otras cosas, la incertidumbre que dio paso al ataque especulativo contra el peso, que culminó con la devaluación de nuestra moneda y la pérdida de más de 15 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales.

Sin embargo lo verdaderamente paradójico es que durante su presentación Agustín Carstens señaló: “Si bien la economía mexicana presenta condiciones estructurales sólidas y el sistema financiero no constituye un canal de contagio, el gobierno federal pone en marcha el PlCE como una respuesta oportuna y efectiva para apuntalar aún más la actividad económica en nuestro país”. Cabe recordar que a decir del propio Carstens, el PICE involucraba una bolsa por más de 255 mil millones de pesos para reactivar la economía.

Así, el pasado 7 de enero, Felipe Calderón nuevamente anunció 25 medidas a las que llamó Acuerdo Nacional en favor de la Economía y el Empleo, que son demagógicas, absurdas y resultarán insuficientes para enfrentar la crisis en la que estamos inmersos, entre otras por las siguientes razones:

La estrategia sólo congela el precio de las gasolinas, pero en un nivel en el que actualmente superan por mucho al que existe en otros países del mundo; la estrategia no plantea la reducción, ni tampoco el congelamiento del precio del diesel que es utilizado por muchos sectores productivos, como es el caso de la pesca o de los productores agropecuarios, y mucho menos de los precios de los principales artículos de consumo de la canasta básica, más aún cuando muchos de ellos han registrado incrementos superiores al ciento por ciento.

El acuerdo no otorga un incremento emergente al salario mínimo que restituya el poder adquisitivo del mismo y el cual mínimamente debía de ser de entre 12 y 15 por ciento. Se anuncian una serie de “incentivos fiscales” para que las empresas no despidan personal; sin embargo, mantiene la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), aún cuando este impuesto tiene un fuerte sesgo contra el empleo.

Es decir, que mientras que en la mayoría de los países del mundo se buscado disminuir la carga fiscal, en el caso del programa calderonista la tasa del IETU se incrementó 0.5 por ciento.

Se busca ampliar la capacidad de retiro del fondo de ahorro de los trabajadores en caso de despido, lo que pone aún en un mayor riesgo sus pensiones futuras, esto en otras palabras implica que el costo de este apoyo a los trabajadores será con cargo a sus respectivas pensiones para su retiro.

Se deja a un lado el problema de la cartera vencida de los deudores tanto de tarjetas de crédito como hipotecarios, como es el caso del Infonavit. Conviene señalar que la única manera de caer en cartera vencida en el Infonavit es mediante la pérdida del empleo.

Resulta contradictorio e ineficiente que por un lado se han disminuido “unilateralmente” los aranceles para la importación de productos provenientes de países con los que no tenemos acuerdos comerciales, dañando enormemente a la planta productiva nacional y al empleo, y por otro lado se “establezcan incentivos fiscales” para tratar de proteger al empleo.

Se dice que Nafin y Bancomext incrementarán en 21 por ciento sus apoyos a las pequeñas y medianas empresas, pero no se hace nada para bajar las tasa de interés que convierten en prohibitivos estos apoyos.

Y de los recursos que involucra el acuerdo, que según Carstens son 120 mil millones de pesos, mejor ni hablamos porque ya no sabemos de dónde están sacando tanto dinero para financiar programas que no han servido para nada; y por ello digo que el flojo y el mezquino recorrerán más de tres veces el camino.

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Altos costos de la atención médica, ganancias de la gran empresa
por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 10 de enero de 2009)

Se repite con mucha frecuencia que la atención médica se encarece cada día más por los “avances de la ciencia” y, por tanto, difícilmente puede ser proporcionado a todos. Esta afirmación se considera una verdad categórica y justifica el surgimiento de la economía de la salud como una rama importante de las “ciencias de la salud”.

Los econometristas de la salud se dedican principalmente a calcular el costo-beneficio de distintos tratamientos para determinar qué servicios incluir en los “paquetes” de atención médica a disposición de distintos grupos de la población.

Paradójicamente, el país donde más ha crecido esta econometría es en Estados Unidos, donde el incremento del gasto en salud es incontenible. Este país gastó en ese rubro 16 por ciento del producto interno bruto en 2006, o sea el doble que el resto de los países desarrollados con sistemas de cobertura médica completa para toda su población. A pesar del alto costo de la salud en Estados Unidos, 47 millones carecen de seguro de salud y 108 millones con seguro tienen una cobertura médica insuficiente. Como consecuencia, entre 18 mil (Institute of Medicine) y 100 mil (Himmelstein, Universidad de Harvard) personas mueren al año por falta de atención adecuada. Los principales orígenes de este enorme gasto son los medicamentos, el equipo médico sofisticado y los seguros privados de salud.

Esta situación es muy conocida, pero ha sido imposible de resolver por las presiones políticas del “complejo médico-industrial”, que ha ganado sobre la opinión pública, la cual clama por un seguro público y universal. Según Vicente Navarro (Universidad de Johns Hopkins), 65 por ciento de la población general y 59 por ciento de los médicos apoyan ésa propuesta.

¿Por qué son estos “avances científicos” tan caros? Empecemos por los medicamentos.

En 2007 la industria farmacéutica tuvo ganancias de 49 mil millones de dólares (539 mil millones de pesos) o 1.7 veces del gasto público y privado en salud de México. Los mecanismos usados por esta industria para mantener sus ganancias son múltiples: inflan sus precios artificialmente, en particular antes de que expire una patente; lanzan al mercado productos sin ventajas sobre los existentes; pagan los “ensayos clínicos” de sus nuevos productos, lo que tiende a sesgar los resultados en favor del productor; gastan enormes cantidades en promoción de sus productos (por ejemplo, 29.9 mil millones de dólares en Estados Unidos) con publicidad televisiva y para los médicos; cabildean ante los gobiernos y en los parlamentos para frenar la legislación considerada contraria a sus intereses o para ganar el apoyo de nuevos tratamientos (por ejemplo, vacunas); usaron su poder para incluir el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad Intelectual en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, etcétera.

Estas prácticas no tienen beneficios para la población, por el contrario, es el origen, no sólo del costo artificialmente alto de los medicamentos, sino también de los daños a la salud colectiva e individual. Los dos ejemplos más conocidos son los efectos secundarios, incluso mortales, de algunos medicamentos y la creciente resistencia de bacterias y virus contra los antimicrobianos.

El problema es de fondo, porque en vez de concebir al medicamento como componente terapéutico necesario y útil de la atención médica se ha convertido en una mercancía que genera altas ganancias y encarece la atención.

La industria del equipamiento médico va por el mismo camino. Ciertamente se ha dado un avance tecnológico importante durante las décadas recientes, con innovaciones diagnósticas y terapéuticas. No obstante, la carrera innovadora en este campo, frecuentemente en manos de capital de riesgo, a menudo no añade capacidad diagnóstica ni terapéutica a la atención. Tan es así, que muchos países han introducido los Certificados de Necesidad para comprar nueva tecnología en instituciones de salud, por ejemplo Estados Unidos y México. Sin embargo, esta industria ha inventado nuevos mecanismos para vender sus productos a semejanza de la industria farmacéutica. Uno de ellos es subrogar el servicio a los hospitales con equipo e insumos, o promover el establecimiento de empresas comerciales independientes que vendan el servicio a pesar de que es útil en pocos casos.

Como se aprecia, los “avances científicos” no son culpables del creciente costo de la atención médica y la exclusión de muchos de sus beneficios. Es el uso de la ciencia para fines de negocios y altas ganancias.

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ISA Servicio informativo núm. 523

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2008
Servicio informativo núm. 523

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Sumario:

I. “Felipe Calderón es responsable de la ola de violencia e inseguridad que azota al país”: López Obrador

II. Se han incumplido los compromisos de inversión en infraestructura de salud, declara Asa Cristina Laurell

III. Declaración de la senadora Rosario Ibarra sobre la llamada Alianza por la Calidad de la Educación

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“FELIPE CALDERÓN ES RESPONSABLE DE LA OLA DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE AZOTA AL PAÍS”: LÓPEZ OBRADOR

Felipe Calderón es responsable de la ola de violencia e inseguridad que azota al país, porque lanzó a lo tonto un garrotazo al avispero en su llamada guerra contra el narcotráfico, afirmó Andrés Manuel López Obrador, al precisar que “cambiar el actual modelo económico, remover al gabinete de seguridad y que el presidente usurpador desista en su empeño de privatizar el petróleo son condiciones necesarias para alcanzar la unidad del pueblo mexicano”.

En respuesta al planteamiento de Calderón Hinojosa de que es necesaria la unidad en estos momentos de crisis de seguridad, el presidente legítimo de México respondió que es indispensable que se cumplan tres condiciones: “que el gobierno espurio cambie la actual política económica, impuesta hace más de 25 años, que empobrece a la mayoría de los ciudadanos; que cambie a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, porque han demostrado que no sirven para nada, y que retire la denominada reforma energética”.

Al iniciar un recorrido de cuatro días por 23 municipios del estado de Jalisco, López Obrador preguntó a Calderón: “¿Por qué no valoró bien, antes de iniciar su llamada guerra contra el narcotráfico? ¿Que no sabía de lo que se trataba?”. Y subrayó: “Independientemente de que el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades de estudio para los jóvenes forman parte de las causas que provocaron la escalada de inseguridad y violencia en el territorio nacional, también es culpable Calderón de los errores que ha cometido, y en política, los errores son como crímenes”.

Ante los habitantes de Pihuamo, el dirigente de la izquierda mexicana planteó otra interrogante al presidente pelele: “¿Cómo fue que sin analizar bien las cosas, sin tener un plan, se lanza a lo tonto; le pegó al avispero a lo tonto y dejó a toda la gente indefensa?”. Sin embargo, aclaró que todavía es tiempo para que Calderón rectifique el camino y modifique el actual modelo económico de empobrecimiento, para que actúe con responsabilidad y para que deje de insistir en su propósito de privatizar la industria petrolera nacional.

López Obrador hizo notar que cuando Calderón declaró la guerra a la delincuencia organizada aparecía ante las cámaras de televisión disfrazado con uniforme militar porque creía que así resolvería la inseguridad, un problema tan complejo; pero ahora que está en el problema, se ha recatado.

Tanto en Jilotlán de los Dolores, Tonila y Pihuamo, el presidente legítimo de los mexicanos resaltó que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, “han resultado ser unos ineficaces en el combate al crimen organizado” y se preguntó: “¿cómo es posible que todavía se les mantenga en el cargo, tanto a Medina, como a García?”.

En la Loma, municipio de Tecalitán, subrayó que no se puede gobernar a México, si no se tiene autoridad política y moral. Antes, en Pihuamo, declaró: “hablando en plata, ¿con qué autoridad política y moral va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la delincuencia, si él —Calderón— es un delincuente porque se robó la Presidencia de la República” en el 2006.

“En una situación similar se encuentra el responsable de conducir la política interior del gobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño: a pesar de ser un delincuente confeso y que favoreció con millonarios contratos de Pemex a su familia, al amparo del poder público, Mouriño anda como si nada y hasta Calderón lo envió a dar el Grito a Ciudad Dolores, Hidalgo”, recordó.

Posteriormente, en Jilotlán de los Dolores —uno de los municipios más pobres de la entidad—, López Obrador calificó de lamentable el atentado perpetrado en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán. “Reprobamos ese tipo de acto; son actos que afectan a la población inocente y nosotros rechazamos cualquier expresión de violencia, porque estamos en un movimiento pacífico”, enfatizó.

También afirmó que los responsables del lamentable atentado sólo buscan aterrorizar al pueblo, que todo mundo tenga miedo, para que ya no se exprese el pueblo, para que ya no haya manifestaciones, y para que no se luche por el cambio que necesita el país, pero –aclaró— “nosotros vamos a seguir luchando por la transformación de México y sus instituciones”.

Por la tarde, el presidente legítimo de los mexicanos se reunió con los habitantes de Tamazula de Gordiano y Tuxpan. En ambos encuentros reiteró su iniciativa de 10 puntos para rescatar a México de la situación de crisis económica, política y social en que se encuentra.

Destacó la necesidad de otorgar becas a los estudiantes de nivel superior, de pagar sus ahorros a los ex braceros, de otorgar apoyos al campo y de cancelar los aumentos a las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica.

Para el viernes, 19 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Tonaya, Tuxcacuesco, Zapotitlán de Vadillo, Copala, San Gabriel y Sayula.

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SE HAN INCUMPLIDO LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD, DECLARA ASA CRISTINA LAURELL

“La inversión en infraestructura y particularmente en infraestructura social se ha presentado como uno de los ejes del gobierno usurpador para reactivar la economía nacional” y, sin embargo, en el plano de la inversión en salud, lo que hay son abiertas mentiras, falta de proyectos e incumplimiento de compromisos, señaló Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México, al analizar el proyecto de egresos presentado recientemente a debate legislativo.

La funcionaria lopezobradorista recordó que el 23 de agosto, el secretario de Salud calderonista, José Córdova Villalobos, prometió que se invertirán 50 mil millones en infraestructura de salud durante el sexenio. Hace unos días, Molinar Horcasitas, director del IMSS, reforzó este compromiso declarando que sólo en 2009 la inversión de este instituto será de 6 mil millones de pesos. Y una de las grandes promesas de la reforma retrógrada del ISSSTE fue la inversión extraordinaria y sostenida en infraestructura de salud del instituto.

A vista de pájaro —agregó—, el presupuesto de egresos de 2009 presentado a la Cámara de Diputados parece confirmar estos compromisos: el presupuesto del IMSS propone 6 212 millones de pesos en gasto de inversión; el ISSSTE presenta 1 040 millones; la Secretaría de Salud, 2 082 millones y para los estados, vía el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA), 121 millones. Es decir, aparentemente, el total de inversión federal para las instituciones públicas de salud sumará casi 9.5 mil millones de pesos o 20% de la inversión prometida del sexenio.

“Pero el análisis detenido del rubro de inversión da un panorama muy diferente que va desde la mentira franca en el presupuesto del IMSS hasta la falta de proyectos en el ISSSTE, pasando por el intercambio de la inversión física por la inversión financiera en la Secretaría de Salud. Las apariencias engañan y, al final, la tan propagandizada inversión resulta una quimera, expresó Laurell.

La encargada del área de la salud en el gobierno lopezobradorista dijo que el análisis de la inversión física desglosada del IMSS arroja varios resultados decepcionantes. El primero es que no está prevista la construcción de ningún nuevo hospital, a pesar de que el índice camas por 1 000 derechohabientes está bajando año con año. Solamente se prevé la construcción de Unidades de Medicina Familiar (UMF), pero además a un costo por unidad de 148.5 millones de pesos, que es muy alto.

“Pero lo más insostenible —afirmó— es el presupuesto de 5 686 millones de pesos adscrito a la construcción de una UMF (sic) en Puerto Vallarta. Si se resta este rubro de los 6 212 millones de inversión, sólo hay 528.7 millones. ¿Es un rubro para recortes presupuestales cuando arrecia la crisis?”, se preguntó.

Asa Cristina Laurell indicó que en el caso del ISSSTE, la inversión de infraestructura de salud propiamente hablando es de 1 040 millones. Sin embargo, en la parte del presupuesto donde se desglosan los programas presupuestarios con proyecto de inversión sólo aparecen 463 millones. “Se podría pensar que este instituto de seguridad social no estaba preparado para recibir tanto dinero y carece de los proyectos. Tal parece que así ocurre porque en la mayoría de los casos no se especifica ni siquiera el lugar ni el número de unidades por construir, pero aun así el presupuesto no suma más que los 463 millones”, señaló.

De los 2 082 millones de pesos catalogados como inversión en el presupuesto de la Secretaría de Salud, sólo 392.6 millones son inversión física mientras otros 1 689 millones quedan como una oscura “inversión financiera”; oscura porque correspondería a pagos imprevistos o aportaciones a organizaciones sin fines de lucro o aportaciones para fideicomisos para pensiones, manifestó Laurell.

“En suma —sostuvo—, no quedan para inversión en infraestructura médica los 9.5 mil millones sino sólo 1.5 mil millones de pesos, lo que corresponde a 3% de la inversión de 50 mil millones comprometida por Córdova Villalobos. Es decir, no se está resolviendo la falta reconocida de unidades de salud y hospitales para prestar servicios y cada día se están inscribiendo más personas al Seguro Popular y como derechohabientes al IMSS y al ISSSTE. Esta ecuación sólo puede cuadrarse comprando servicios al sector privado, o sea, privatizando solapadamente la prestación de los servicios médicos. La estrategia privatizadora de los gobiernos de derecha es la misma en todos los ámbitos. Hacen lo mismo en salud que en PEMEX”, concluyó.

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DECLARACIÓN DE LA SENADORA ROSARIO IBARRA SOBRE LA LLMADA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Dada a conocer en conferencia de prensa este jueves 18 de septiembre con la presencia también de los profesores Eugenio Rodríguez Cornejo de la sección 18 de Michoacán e integrante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, de Gonzalo King de la sección 10 en el DF e integrante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, de Francisco Nicolás Bravo Herrera secretario general de la sección 9 del SNTE (DF), de Juan Arturo Chi Uc secretario general de la D1-82 con sede en Quintana Roo y de María del Pilar Orozco Garza de Cozumel, Quintana Roo e integrante del Comité de Lucha Estatal. También estuvo presente en la conferencia de prensa para expresar su solidaridad especialmente con los profesores de Quintana Roo, el senador José Luis García Zalvidea de Cancún, Quintana Roo.

En los últimos días he recibido el testimonio y la petición de apoyo de compañeros maestros de diversas entidades de la República en lucha contra la mal llamada Alianza por la Calidad de la Educación. Compañeros y compañeras del estado de Morelos, de Quintana Roo, de Sonora, del DF, de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, especialmente, se han dirigido presentando sus argumentos y advirtiendo del riesgo de represión a su movimiento ante la cerrazón de las autoridades a escuchar sus razones. Ellos han insistido en el uso de la movilización de masas pero pacífica, enfrentando la campaña de calumnias que se dirigen contra ellos como si estuvieran opuestos a mejorar la calidad de la educación en México. Se han dirigido también al Congreso de la Unión buscando oídos receptivos y apoyo a su justa demanda.

Aunque he estado en días pasado con algunos de ellos en otras ciudades del país, hemos querido hacer público nuestro apoyo a las demandas de este movimiento en este acto en la Ciudad de México y con la compañía de representantes de algunos de los estados donde se está dando este movimiento.

Estamos convocando, al mismo tiempo, a realizar en la Ciudad de México un foro de análisis y discusión sobre el tema de esta llamada Alianza por la Educación para demostrar contundentemente la falsedad de sus declarados propósitos de elevar la calidad educativa. No se trata de una ley, de un acuerdo legislativo, sino simplemente de una alianza política entre dos personajes sin legitimidad en sus mismos cargos como para darle también legitimidad al planteamiento. Por tratarse de un acuerdo político y no de una ley es que depende de cada gobierno estatal aplicar la alianza o no. Eso ha hecho que el movimiento magisterial opositor a esta alianza aparezca como si fuera un movimiento exclusivamente local, pero no lo es. Es un movimiento de trascendencia nacional, como pretendemos mostrar hoy en esta conferencia de prensa y como lo haremos contundentemente en el foro público que realizaremos en próximos días. Es nacional aunque puede resolverse estado por estado, como ya ocurrió en Baja California Sur donde el gobernador se opuso a aplicarlo allá. Es una decisión que muestra a otros gobiernos estatales que efectivamente puede responderse a la demanda del magisterio.

En el foro que realizaremos mostraremos las inconsistencias de esta Alianza tanto en el terreno académico, como laboral y sindical. Contaremos con el apoyo de especialistas, académicos, así como con compañeros del movimiento magisterial a nivel nacional. Contaremos también con la voz de los estudiantes y egresados de las Normales rurales sometidas actualmente a una ofensiva para desaparecer estas instituciones heredadas del gobierno del general Cárdenas y que también están en la mira de la Alianza por la Educación. Convocamos a este foro de análisis y discusión para el próximo 26 de septiembre.

Con esta propuesta, queremos mostrar el carácter nacional del movimiento y también contribuir a la unidad y coordinación del mismo.

ROSARIO IBARRA

Senadora de la República

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ISA Servicio informativo núm. 499

Ciudad de México, 7 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 499

Sumario:

I. “La violencia y la inseguridad no se resolverá con más policías, ni con más cárceles, tampoco con penas y leyes más severas”: AMLO

II. Los subsidios al sector privado de salud, por Asa Cristina Laurell

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“LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD NO SE RESOLVERÁ CON MÁS POLICÍAS, NI CON MÁS CÁRCELES, TAMPOCO CON PENAS Y LEYES MÁS SEVERAS”: AMLO

“La violencia y la inseguridad no se resolverá con más policías, ni con más cárceles, tampoco con penas y leyes más severas. La violencia y la inseguridad se desataron en todas las regiones del país porque un grupo convirtió al gobierno de la República en un comité al servicio de unos cuantos, que se enriquece impunemente y de manera descarada”; así se expresó ayer Andrés Manuel López Obrador, al referirse al tema de la inseguridad pública que ha ocupado la atención de los medios a propósito del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí.

Al iniciar su recorrido semanal por municipios del país, esta vez en tierras guerrerenses, el presidente legítimo de México agregó que “la minoría rapaz que aplica la actual política económica es responsable del actual clima de violencia e inseguridad y, en lugar de esmerarse por enmendar lo mal hecho, se ha empeñado en perjudicar al pueblo con incrementos a los precios de los artículos de primera necesidad”.

Aseguró también que la grave crisis económica y la descomposición social son fruto de la imposición de una política neoliberal, antipopular y entreguista, y puso de ejemplo el que “en los 18 meses que lleva usurpando la Presidencia de la República, Felipe Calderón ha autorizado aumentos a los precios del frijol, el arroz, el aceite y la tortilla. Tan sólo ésta, pasó de 6 a 10 y hasta 12 pesos por kilogramo”.

Por la mañana de ayer, López Obrador sostuvo una reunión informativa con los habitantes de Xochihuehuetlán. Ante ellos fue que declaró: “La violencia y la inseguridad no se resolverá con más policías, ni con más cárceles, tampoco con penas y leyes más severas. Para revertir la actual situación de descomposición social, deben garantizarse mejores condiciones de vida para la mayoría de las familias mexicanas, por ejemplo, el acceso a la educación y al empleo para millones de jóvenes”, subrayó al destacar que el único camino que se le ha dejado a la población es el de la migración, para encontrar mejores condiciones de vida.

El presidente legítimo de los mexicanos hizo énfasis en que “los de arriba sólo se han dedicado a profundizar la política económica entreguista” y se preguntó: “¿qué le espera al pueblo entonces? Una mayor pobreza, una mayor frustración, una mayor inseguridad, que se aumentará si se entrega la industria petrolera a las compañías extranjeras”, afirmó.

“En ese supuesto —alertó—, nadie podrá vivir tranquilo, ni siquiera los más ricos del país, porque sería el acabose, la ruina del país”.

Tanto en Huamuxtitlán, como Alpoyeca, Cualac y Olinalá, López Obrador se refirió a la pretensión de la derecha panista de privatizar el petróleo. “México se convertiría en una colonia y su pueblo sería esclavo en su propia tierra si se entrega la industria petrolera a las compañías extranjeras”, anticipó al reiterar que “los mexicanos estamos preparados para impedir, por la vía de la movilización pacífica, la desnacionalización del sector”.

Explicó, en detalle, que el petróleo es el mejor negocio del mundo, si se considera que la extracción de un barril —de 160 litros— tiene un costo de cuatro dólares y se vende en el mercado mundial a un precio de 120 dólares. “Pero la derecha panista, en complicidad con el PRI, pretende que el país retorne a 1901, precisamente cuando las empresas inglesas y norteamericanas eran dueñas del petróleo y no pagaban ni un centavo por concepto de impuestos”, relató.

“Años después —recordó—, cuando el presidente Francisco I. Madero intentó de manera infructuosa aplicar un gravamen de 20 centavos, los extranjeros reaccionarios conspiraron, junto con el chacal de Victoriano Huerta, para asesinar al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Fue hasta 1938 cuando el general Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo para beneficio del pueblo de México y para convertir al sector en palanca del desarrollo nacional”, resaltó.

Para trasladarse de Alpoyeca a Cualac y de ese municipio a Olinalá, el automotor que trasportaba a López Obrador transitó por caminos de terracería e incluso tuvo que esperar a que un trascabo removiera la tierra y las piedras que se encontraban en el suelo, debido a un derrumbe que se registró y obstaculizó el camino.

En Olinalá, municipio que se caracteriza por sus artesanías, el presidente legítimo de los mexicanos declaró que “una pandilla de rufianes, de ladrones, intenta privatizar el petróleo” y señaló como cabecillas de ese grupo “al presidente pelele, Felipe Calderón, y al delincuente confeso de Juan Camilo Mouriño”.

“A pesar de que México ha sido saqueado por siglos, posee grandes riquezas naturales, como sus litorales, sus bosques, sus selvas, su petróleo, su gas y principalmente su pueblo extraordinario”, puntualizó al manifestar que ostenta el cargo de presidente legítimo de México por mandato del pueblo, y dijo que de nada habría servido ser un presidente impuesto, si hubiese negociado o pactado con la mafia de la política, a través de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo. “Por el contrario —distinguió—, Felipe Calderón está atado de pies y manos y ahora tiene que pagar los favores y las facturas a aquellos que contribuyeron en el fraude electoral. Por ejemplo, a Elba Esther Gordillo le entregó la Secretaría de Educación Pública; aunque hay una titular de la dependencia que es Josefina Vázquez Mota, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez es quien realmente maneja la SEP”.

“También el presidente usurpador está pagando favores a los grandes empresarios que lo apoyaron; y ¿cómo lo está haciendo? no les está cobrando impuestos y cuando les cobra, se los devuelve, mientras que los pequeños y medianos empresarios y comerciantes cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales”, aseguró.

Para sustentar su afirmación, explicó que Telmex sólo pagó por concepto de ISR 2 por ciento de sus ventas totales, que fueron por varios miles de millones de pesos. En casos similares se encuentran Cemex con 3 por ciento, Coca-Cola con 1 por ciento, Maseca con 2 por ciento y Wal-Mart con 1 por ciento, añadió.

López Obrador continuará hoy su recorrido por la Región de la Montaña, en Guerrero, donde visitará los municipios de Cochoapa, Metlátonoc, Alcozauca, Tlalixtaquilla y Xalpatlahuac.

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LOS SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO DE SALUD

por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México)

(publicado en La Jornada el 7 de agosto de 2008)

Un tema relevante en los estudios de la economía de la salud son los llamados “subsidios cruzados”, que pueden ocurrir entre los sectores público y privado, instituciones o la población. Con un gobierno que promueve a la iniciativa privada en todos los ámbitos de la economía es de interés conocer los mecanismos de subsidio estatal. El tema no es trivial, ya que el gasto en esa área en México está estimado en 6.5 por ciento del PIB y de éste 54 por ciento corresponde al sector privado.

En México esos subsidios son en general indirectos e “invisibles”. Se conceden principalmente por dos vías: mediante la deducción de impuestos de los gastos de atención médica o de seguros, en este último renglón con un tope de gasto o un paquete limitado de servicios, que significa que se transfiere la atención más cara al sector público.

Es problemático calcular el monto de estos subsidios por la falta de información oficial fidedigna sobre el sector privado de salud, tanto en lo económico como en la prestación de servicios y su calidad. Esta carencia de datos es seria, ya que en la actual reforma el papel de la Secretaría de Salud es precisamente el de regular el sistema de salud, para lo cual tendría que disponer de información actualizada y precisa.

Gracias a la información que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros publica sobre los seguros privados de gastos médicos y de salud es posible calcular el monto del subsidio que reciben. Alrededor de 5 millones de personas (5 por ciento) están cubiertas por estos seguros y corresponden a quienes perciben altos ingresos o, alternativamente, lo reciben como prestación laboral. En ambos casos la prima es deducible en el pago de impuestos (Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 31 y 149), o sea, es subsidiada por el erario público. Entre 2004 y 2007, el monto de ese subsidio subió de 5 mil 533 a 7 mil 605 millones de pesos, lo que significa mil 320 pesos anuales por persona asegurada, aproximadamente. En contraste, el subsidio promedio por persona asegurada del Seguro Popular —las de menos recursos— es de unos 850 pesos al año.

Sector de bajo riesgo

Por otra parte, la población con un seguro privado es de bajo riesgo por sus características demográficas, ya que su edad promedio es de 29 años, y 89 por ciento es menor de 50 años. Además, los mayores de 60 años por lo general son excluidos de los seguros médicos, que también tienen periodos de espera para las enfermedades más costosas y/o tope de gastos. Estas restricciones significan que la aseguradora está protegida contra el pago de tratamientos de alto costo. En consecuencia, en muchos casos, cuando se agotan los recursos de su seguro, los pacientes acuden a alguna institución pública para seguir sus terapias; esto es, sobreviene el segundo tipo de subsidio a la iniciativa privada. El funcionamiento de los seguros particulares se deriva del principio de lucro que rige las empresas de ese sector.

El subsidio estatal al resto del sector privado de salud es más difícil de estimar por la falta de la información requerida. En una estimación aproximada se calcula en unos 32 mil millones de pesos en 2006, suponiendo que sólo la mitad de este gasto se deduce en el pago de impuestos. Sumado al subsidio a los seguros médicos, el monto alcanzaría 38 mil millones de pesos o 0.56 por ciento del producto interno bruto. Para tener un punto de comparación se constata que en el mismo año el subsidio total para el Seguro Popular era de 16 mil 100 para 15.8 millones de personas y en 2007 de 24 mil 777 millones para 29.1 millones. Es decir el financiamiento para el programa de salud estrella del gobierno federal recibe menos recursos que el subsidio “invisible” al sector médico privado.

Sobre el sector salud pesa además un índice inflacionario de 146 por ciento en comparación con el índice general de 106 por ciento para el periodo de 1997 a marzo de 2008. Los medicamentos son los que más contribuyen a la inflación con un índice de 181 por ciento, que se dispara en 2003. Este incremento no es casual, porque con el mercado garantizado por medio de los distintos seguros públicos y privados, incluyendo el programa de gratuidad del Gobierno del Distrito Federal, la industria farmacéutica pone sus precios, apoyado en su poder oligopólico.

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ISA Servicio informativo núm. 479

Ciudad de México, 17 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 479

Sumario:

I. Las trece líneas rojas de la reforma petrolera. Declaración del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo

II. Rechaza el gobierno legítimo el cierre del único hospital psiquiátrico del país y se solidariza con familiares de pacientes y planta laboral del nosocomio: Asa Cristina Laurell

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LAS TRECE LÍNEAS ROJAS DE LA REFORMA PETROLERA

Declaración del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo

El pasado 15 de julio, Luis Zapata Linares, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México, participó en los debates que sobre la reforma a Pemex organiza el Senado de la República. Como parte de su ponencia, Zapata Linares dio lectura a un comunicado a nombre del Grupo de Intelectuales para la Defensa del Petróleo, formado por escritores, intelectuales, poetas, pintores, analistas y académicos, documento al que han titulado “Las trece líneas rojas de la Reforma Petrolera”, y que a continuación el servicio de noticias ISA reproduce íntegramente.

Los debates alrededor de la llamada propuesta de reforma energética ya han puesto en claro que el conjunto de seis iniciativas debería ser rechazado. Es inaceptable, primero, por su carácter contrario a la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende modificar a través de la reforma de leyes secundarias. Es también inaceptable por su evidente intención privatizadora. Ésta se manifiesta en el objetivo implícito de transferir a empresarios e inversionistas privados, tanto foráneos como nacionales, las actividades centrales de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra, se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera, constituido por las funciones básicas de Pemex.

Específicamente, destacan en las iniciativas propuestas trece disposiciones que resultan en especial lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende perpetrar. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:

Primera: autorizar la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades sustantivas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los contratos de mayor importancia —como los relativos al desarrollo de innovaciones tecnológicas y a servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación— podrán no someterse a licitación. Además, tanto el alcance de estos contratos como las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir “incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio”. Es evidente una laxitud excesiva que abre espacios a la corrupción. (Arts. 45 y 46 del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos —en adelante Ley Orgánica.)

Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera derivada de las operaciones de producción de petróleo y gas que se contraten con ellos. Establecer que, en todos los casos, las remuneraciones serán en efectivo y no concederán propiedad sobre los hidrocarburos no es condición suficiente para evitar la transferencia de renta ni para asegurar que Pemex conservará el control sobre las actividades de exploración y desarrollo. El pago en efectivo por la exploración y extracción equivaldrá al precio de mercado del crudo extraído y disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo. (Art. 6º del proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo —en adelante Ley Reglamentaria— y Art. 46 de la Ley Orgánica.)

Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado. En las iniciativas no se distingue entre cubrir un costo temporal de mercado por servicios recibidos —en tanto se desarrollan las capacidades propias— y hacer partícipes de las utilidades a socios permanentes. Esto se plantea en el caso de la refinación en que, dados los actuales diferenciales de precios entre el crudo pesado, el ligero y las gasolinas, una planta de 400 MBD, a los precios internacionales vigentes, asegura márgenes no inferiores a dos o tres mil millones de dólares anuales, con lo que la inversión realizada podría recuperarse con alta probabilidad al tercer año de haber iniciado operaciones. (Véase, entre otros, el Art. 4º de la Ley Reglamentaria.).

Cuarta: autorizar, a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos de riesgo, contrariando el espíritu de la Constitución y el texto vigente de la Ley Reglamentaria. La suma de las características que se atribuyen a los contratos para la realización de obras y la prestación de servicios relacionados con la exploración y desarrollo —incluyendo la concesión de incentivos por desempeño (se pagará más que proporcionalmente por barril extraído mientras más se extraiga), la flexibilidad en cuanto al objeto y la remuneración de las obras y servicios y la equivalencia entre el pago en efectivo y el valor del petróleo producido— los hacen de hecho indistinguibles de los contratos de riesgo. A diferencia de lo que ocurre con los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución, las iniciativas no especifican las obligaciones de los contratistas o permisionarios privados de exploración, desarrollo y refinación. (Diversos artículos de la Ley Reglamentaria, en especial omisión incurrida en el Art. 15, y de la Ley Orgánica.)

Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades sustantivas de la industria petrolera. El tipo de contratos de obras y prestación de servicios previstos en las iniciativas pueden, potencialmente, dar lugar a la exclusión del organismo de nuevos espacios y localizaciones de la industria petrolera. Es concebible, por ejemplo, que una sola empresa o un consorcio de ellas celebren un contrato de exploración y desarrollo, conectado con un segundo contrato para servicios de refinación y un tercero de transporte —incluyendo el tendido y operación de ductos— y almacenamiento para distribución, estableciendo una cadena de actividades integradas por completo al margen del organismo. (Interpretación del alcance de diversos artículos de la Ley Reglamentaria y de la Ley Orgánica.)

Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados. El régimen en materia de obligaciones, sanciones y medidas de seguridad plantea, en general, más exigencias a los organismos públicos que a los permisionarios privados. (Art. 15ª de la Ley Reglamentaria.)

Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios. Se abandona el concepto del organismo como empresa petrolera integrada y se abre la puerta para que sus organismos subsidiarios sean establecidos, fusionados o incluso extinguidos por iniciativa presidencial, aprobada por el Consejo de Administración. Sería preferible que la Ley estableciera el carácter de Pemex como organismo integrado e indicase que el eventual establecimiento, fusión o extinción de sus subsidiarias sólo podría efectuarse por Ley, de suerte que correspondiera al Congreso la responsabilidad de establecer la estructura institucional del organismo. (Art. 4º y fracc. VIII del Art. 18 de la Ley Orgánica.)

Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central. Debe reestablecerse la garantía de la seguridad energética de la nación, mediante el abasto oportuno y eficiente de la demanda nacional como objetivo primordial del organismo. De otro modo, se mantendrá y aún acentuará el sesgo exportador. (Último párrafo del Art 7º de la Ley Orgánica.)

Novena: proponer un Consejo de Administración de Pemex cuya integración, facultades, carácter discriminatorio, grado de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones lo torna funcional sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.

(Sección II de la Ley Orgánica.) Adviértanse, en especial, las siguientes características del CA propuesto:

• Integración. Se propone elevar de once a quince el número de integrantes del CA, añadiendo a cuatro “consejeros profesionales”, dos de los cuales serían de tiempo completo y representantes del Estado y dos de tiempo parcial, sin aclarar a quién representarían. Se establecen así consejeros de dos categorías, lo que es discriminatorio. No se señala cómo se garantizará la ausencia de conflicto de interés de los consejeros profesionales de tiempo parcial, respecto de sus demás actividades. (Fracc. III del Art. 8º y Art. 15 de la Ley Orgánica)

• Designación. Al elevarse de once a quince el número de integrantes del CA, se eleva también la proporción de los nombrados directamente por el presidente de la República, que pasa de 55 a 66 por ciento del total. Esta designación los convierte, de hecho, en representantes del gobierno. Si se deseara que fueran de veras profesionales e independientes se prevería, por ejemplo, que fueran designados por el Congreso a propuesta de colegios profesionales o entidades académicas. La designación por ocho años, como ha hecho notar el INAP, rebasa “la temporalidad de las facultades del ejecutivo”. (Fracc. I y III del Art. 4º y Art. 14 de la Ley Orgánica.)

• Transparencia. Se relega al reglamento del CA la definición de las “normas para la difusión de los acuerdos y, en su caso, de los votos particulares” del CA. En beneficio de una verdadera transparencia, estas normas deberían establecerse en la Ley. (Art. 15 de la Ley Orgánica.)

Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general. Establecer seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar constituye un incentivo al descuido, la irresponsabilidad e incluso la corrupción. Es una propuesta por completo inadmisible. También es inadmisible que los consejeros profesionales de tiempo parcial no estén sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. (Art. 37 y 30 de la Ley Orgánica.)

Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex. Más que títulos de deuda, ya que su rendimiento no es fijo, sino que está relacionado con los resultados del organismo, los bonos parecen acciones o títulos de inversión neutra, es decir sin derechos corporativos. Aunque se tiene previsto que no rebasen del 5% del total de la deuda registrada del organismo, es posible que se conviertan en un vehículo para el financiamiento privado de Pemex. (Apartado B del capítulo IV de la Ley Orgánica.)

Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero [y] la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles” es absolutamente improcedente e inaceptable. Sacrifica las mejores tradiciones jurídicas internacionales, sustento de la soberanía de la nación. (Párrafo segundo del Art. 49 de la Ley Orgánica.)

Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales. Se incurre en el error político de separar el tratamiento impositivo general por otro más suave a esos yacimientos, donde aparentemente residen las mayores tentaciones privatizadoras o de formación de alianzas asociativas con empresas extranjeras.

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RECHAZA EL GOBIERNO LEGÍTIMO EL CIERRE DEL ÚNICO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEL PAÍS Y SE SOLIDARIZA CON FAMILIARES DE PACIENTES Y PLANTA LABORAL DEL NOSOCOMIO: ASA CRISTINA LAURELL

La salud mental y la psiquiatría es una de las áreas más desatendidas del sistema público de salud en México, a pesar de que las enfermedades mentales representan una problemática muy frecuente en la población y el Hospital Juan N. Navarro es el único hospital psiquiátrico infantil del país, pero desde el sexenio pasado se ha intentado cerrarlo con la promesa de abrir otro con mejores instalaciones y equipamiento, manifestó la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell.

Mencionó que la Secretaría de Salud del gobierno usurpador ha informado que utilizará el terreno donde está el citado nosocomio –ubicado en la delegación Tlalpan— para ampliar el Instituto Nacional de Cancerología y construir un estacionamiento.

La referida dependencia ofrece trasladar el hospital Juan N. Navarro a un inmueble anteriormente utilizado por la Secretaría de Educación Pública que sería remodelado, pero es obvio que las instalaciones de la SEP no cumplen con las condiciones adecuadas para funcionar como centro terapéutico y hospital psiquiátrico, ya que existen normas precisas al respecto, aseguró.

Con dicho antecedente, alertó, se pondría incluso en peligro la vida de los pacientes, por la falta de instalaciones adecuadas.

Ante la insistencia de familiares de los pacientes y el personal del hospital de conocer el proyecto detallado de remodelación de estas instalaciones, la Secretaría de Salud sólo ha respondido con señalamientos generales, aclaró.

“Si la Secretaría tuviera la disposición de mejorar la atención a los niños y adolescentes con problemas psiquiátricos ha tenido mucho tiempo para hacerlo”, estimó al resaltar que “existen razones para pensar que el cierre del hospital es un paso más en la adopción de una política de salud mental donde los medicamentos sustituyen a la terapia y las familias suplan al cuidado institucional cuando éste sea necesario”.

Hizo énfasis en que los pacientes psiquiátricos son un grupo vulnerable en la sociedad y debe ser responsabilidad de la autoridad proporcionarles la terapia que requieren.

Todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de nuestra salud. Así lo establece la Constitución y “habría que recordar que el riesgo de vida de un paciente psiquiátrico puede ser igualmente grande que de un paciente con cáncer”, puntualizó.

Después de meses de cerrazón, denunció, la Secretaría de Salud pretende ahora desalojar el hospital usando la fuerza pública y amenazando a los familiares de los pacientes y a los trabajadores que están defendiendo este centro de terapia psiquiátrico.

“Estamos ante un caso más de criminalización de la opinión disidente, de los “otros”. Se agrava este hecho porque se trata de un grupo que desde antes está discriminado”, acusó.

Asa Cristina Laurell dio a conocer que el Gobierno Legítimo se solidariza con los defensores del hospital Juan N. Navarro y exige que se cumpla el derecho a la protección de la salud de sus pacientes.

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