Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Por segunda ocasión en 10 meses, la organización supranacional de los gobiernos de los países de América para defender el respeto irrestricto de los derechos humanos, se pronunció con “profunda preocupación por los hechos de violencia” del lunes 16, que arrojaron 60 detenidos, las cifras oficiales señalan 40 por lo que se ignora el paradero de 20 oaxaqueños; decenas de heridos y el ciudadano Emeterio Merino Cruz Vázquez se debate entre la vida y la muerte por un traumatismo craneoencefálico, provocado por los toletazos de los agentes policiacos, como documentó fotográficamente La Jornada.
“La CIDH –dice el comunicado dado a conocer en Washington-- ha recibido información acerca de las personas que habrían sido detenidas presuntamente por fuerzas policiales, entre las que destacan menores de edad, de los cuales se ignora su paradero”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, administra hasta el extremo y también al detalle sus pronunciamientos públicos y los emite después de que la documentación que acopia y la investigación que realiza no dejan lugar a dudas.
Lo anterior pareciera indispensable subrayarlo para gobiernos como el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y el de Ulises Ruiz Ortiz que ejercitan el pronunciamiento público como si la nación y Oaxaca les pagaran por decir discursos y no por gobernar “con pleno respeto a los derechos humanos” de la población, como les recuerda la Interamericana.
La disputa por el auditorio del cerro del Fortín, para llevar a cabo la Guelaguetza oficial y la popular, una de las fiestas más tradicionales del estado, entre el otrora célebre mapache, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el capítulo más reciente de un prolongado conflicto que ya cobró muchas vidas, también la de un periodista estadunidense, y prisioneros políticos, incluidos ciudadanos completamente ajenos al reclamo social y hasta menores de edad, como lo denunció la CIDH.
Ruiz Ortiz está obsesionado en realizar hoy la fiesta tradicional como muestra para el exterior de la fortaleza de su gobierno, más que como “la gran oportunidad de estimular el turismo en Oaxaca”. Frente a la terquedad por tomarse la foto --cualquier parecido con Calderón Hinojosa es simple coincidencia--, le responde el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo García Moreno: “Esto está muerto... eso de que va a beneficiar al sector es una tontería”. Mientras que para el líder de Acción Nacional en el estado, Jorge Alberto Valencia, realizar la Guelaguetza en un auditorio llenado con empleados del gobierno “es una irresponsabilidad”. La activista Catalina García informa a Utopía que “cada empleado recibió cinco boletos, $300.00 y la recomendación de no llevar niños”.
Otros panistas como el senador Ulises Ramírez Núñez y el diputado Juan de Dios Castro Muñoz piden la renuncia del gobernador, pero sus compañeros que despachan en Los Pinos y en el Palacio de Cobián insisten en “mantenerse al margen”.
Hoy es una fecha clave. Está a la orden del día la tentación autoritaria de Ruiz Ortiz para transitar de la Guelaguetza a la guerraguetza. Ello implicaría un baño de sangre y más activistas sociales tras las rejas, a lo que el país no debiera acostumbrarse, a riesgo de pagar altos costos en materia de soberanía popular. “Parece que no hubiera culpables; nadie es detenido ni castigado por sus crímenes”, advierte Gabriel Macotela, quien junto con 36 pintores expondrá en Oaxaca bajo el tema “la impunidad y la falta de justicia”.
Oaxaca es el reino de la impunidad y la injusticia, pero ni con mucho ha tocado fondo. Y de la madurez de la otra parte, la APPO y la Sección 22 del SNTE, también depende que el abonado terreno de la provocación no sea la cosecha que recolecten.
Acuse de recibo
En torno a la columna Cuento chino, del 18-VII-07 y distribuida por Síntesis Electrónica de Rafael Luviano Delgado, comenta Ramsés García Ancira Saba, integrante del Grupo María Cristina: “Felipe Calderón no puede soslayar una investigación cuando se asegura que el dinero guardado en la casa de Las Lomas estaba destinado a financiar a grupos guerrilleros en el caso de que el PAN perdiera la Presidencia. ¿No era precisamente ése el mensaje de los anuncios de las organizaciones fantasmas. Se me ocurre que el camino a los introductores de los 200 millones de dólares, es el mismo de quienes financiaron los promocionales en Canal 2”... El Frayba informa: “El 17 de julio de 2007, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, recibió el testimonio directo de la periodista María Concepción Avendaño Villafuerte, quien fue golpeada por agentes estatales de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, cuando desarrollaba su labor de documentar información en el marco de la detención arbitraria de los directivos de la Universidad Maya de San Cristóbal de Las Casas”.
forum@forumenlinea.com
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Eduardo Ibarra Aguirre
Por segunda ocasión en 10 meses, la organización supranacional de los gobiernos de los países de América para defender el respeto irrestricto de los derechos humanos, se pronunció con “profunda preocupación por los hechos de violencia” del lunes 16, que arrojaron 60 detenidos, las cifras oficiales señalan 40 por lo que se ignora el paradero de 20 oaxaqueños; decenas de heridos y el ciudadano Emeterio Merino Cruz Vázquez se debate entre la vida y la muerte por un traumatismo craneoencefálico, provocado por los toletazos de los agentes policiacos, como documentó fotográficamente La Jornada.
“La CIDH –dice el comunicado dado a conocer en Washington-- ha recibido información acerca de las personas que habrían sido detenidas presuntamente por fuerzas policiales, entre las que destacan menores de edad, de los cuales se ignora su paradero”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, administra hasta el extremo y también al detalle sus pronunciamientos públicos y los emite después de que la documentación que acopia y la investigación que realiza no dejan lugar a dudas.
Lo anterior pareciera indispensable subrayarlo para gobiernos como el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y el de Ulises Ruiz Ortiz que ejercitan el pronunciamiento público como si la nación y Oaxaca les pagaran por decir discursos y no por gobernar “con pleno respeto a los derechos humanos” de la población, como les recuerda la Interamericana.
La disputa por el auditorio del cerro del Fortín, para llevar a cabo la Guelaguetza oficial y la popular, una de las fiestas más tradicionales del estado, entre el otrora célebre mapache, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el capítulo más reciente de un prolongado conflicto que ya cobró muchas vidas, también la de un periodista estadunidense, y prisioneros políticos, incluidos ciudadanos completamente ajenos al reclamo social y hasta menores de edad, como lo denunció la CIDH.
Ruiz Ortiz está obsesionado en realizar hoy la fiesta tradicional como muestra para el exterior de la fortaleza de su gobierno, más que como “la gran oportunidad de estimular el turismo en Oaxaca”. Frente a la terquedad por tomarse la foto --cualquier parecido con Calderón Hinojosa es simple coincidencia--, le responde el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo García Moreno: “Esto está muerto... eso de que va a beneficiar al sector es una tontería”. Mientras que para el líder de Acción Nacional en el estado, Jorge Alberto Valencia, realizar la Guelaguetza en un auditorio llenado con empleados del gobierno “es una irresponsabilidad”. La activista Catalina García informa a Utopía que “cada empleado recibió cinco boletos, $300.00 y la recomendación de no llevar niños”.
Otros panistas como el senador Ulises Ramírez Núñez y el diputado Juan de Dios Castro Muñoz piden la renuncia del gobernador, pero sus compañeros que despachan en Los Pinos y en el Palacio de Cobián insisten en “mantenerse al margen”.
Hoy es una fecha clave. Está a la orden del día la tentación autoritaria de Ruiz Ortiz para transitar de la Guelaguetza a la guerraguetza. Ello implicaría un baño de sangre y más activistas sociales tras las rejas, a lo que el país no debiera acostumbrarse, a riesgo de pagar altos costos en materia de soberanía popular. “Parece que no hubiera culpables; nadie es detenido ni castigado por sus crímenes”, advierte Gabriel Macotela, quien junto con 36 pintores expondrá en Oaxaca bajo el tema “la impunidad y la falta de justicia”.
Oaxaca es el reino de la impunidad y la injusticia, pero ni con mucho ha tocado fondo. Y de la madurez de la otra parte, la APPO y la Sección 22 del SNTE, también depende que el abonado terreno de la provocación no sea la cosecha que recolecten.
Acuse de recibo
En torno a la columna Cuento chino, del 18-VII-07 y distribuida por Síntesis Electrónica de Rafael Luviano Delgado, comenta Ramsés García Ancira Saba, integrante del Grupo María Cristina: “Felipe Calderón no puede soslayar una investigación cuando se asegura que el dinero guardado en la casa de Las Lomas estaba destinado a financiar a grupos guerrilleros en el caso de que el PAN perdiera la Presidencia. ¿No era precisamente ése el mensaje de los anuncios de las organizaciones fantasmas. Se me ocurre que el camino a los introductores de los 200 millones de dólares, es el mismo de quienes financiaron los promocionales en Canal 2”... El Frayba informa: “El 17 de julio de 2007, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, recibió el testimonio directo de la periodista María Concepción Avendaño Villafuerte, quien fue golpeada por agentes estatales de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, cuando desarrollaba su labor de documentar información en el marco de la detención arbitraria de los directivos de la Universidad Maya de San Cristóbal de Las Casas”.
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