Sumario:
  
I. Advierte López Obrador sobre componendas PRI-PAN para  privatizar el petróleo
  
II. Hambruna (3), por Alejandro  Encinas
  
III. Vivir Mejor: mil usos, por José Luis  Piñeyro
  
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ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR SOBRE COMPONENDAS  PRI-PAN PARA PRIVATIZAR EL PETRÓLEO
  
Desde el norte de  Veracruz, Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a estar atentos  porque con toda seguridad los legisladores del PRI presentarán en el Congreso  una iniciativa de reforma energética “empanizada”, con el sello de Acción  Nacional. 
  
El  presidente legítimo de México no descartó “la posibilidad de  que las propuestas priista y la enviada por el presidente pelele, Felipe  Calderón, se discutan en agosto, en un periodo extraordinario de sesiones”, pero  aclaró que los mexicanos no permitiremos bajo ninguna circunstancia que el  petróleo pase a manos de empresas multinacionales: “No se va a permitir la  privatización del patrimonio de la Nación, vale más que vayan previéndolo desde  el gobierno usurpador, porque no vamos a permitir la privatización de la  industria petrolera”, puntualizó. 
  
En entrevista que  concedió al término de la asamblea informativa que sostuvo con los brigadistas  en defensa del petróleo de la importante ciudad petrolera de Poza Rica, el  presidente legítimo de México destacó la necesidad de que los  legisladores y las cúpulas de las fuerzas políticas nacionales antepongan los  intereses del pueblo sobre el interés de particulares y compañías extranjeras.  
  
Más allá de  cualquier encuesta o sondeo, hizo énfasis en que el mayor número de los  ciudadanos le manifiesta, en los recorridos que realiza por la geografía  nacional, su rechazo a la pretensión de depositar el petróleo en manos de  extranjeros. 
  
Reiteró que los  aproximadamente 200 mil brigadistas, junto con miles de mexicanos, iniciarán  movilizaciones en todas las regiones del país, precisamente cuando los  legisladores intenten aprobar un dictamen de la iniciativa privatizadora, sea la  presentada por Calderón o por los priistas. 
  
En la reunión  informativa con aproximadamente tres mil brigadistas de Poza Rica y municipios  aledaños, López Obrador informó que el general Lázaro Cárdenas expropió la  industria petrolera para beneficio de los mexicanos y bajo ningún pretexto los  mexicanos permitiremos que sea devuelta al capital privado extranjero.  
  
López Obrador  subrayó que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Puso de ejemplo que la  mezcla mexicana se cotiza en más de 110 dólares por barril, mientras que la  extracción del crudo tiene un costo de apenas cuatro dólares por barril.  
  
México podría  convertirse en una potencia energética, si el petróleo es bien administrado y se  combate la corrupción en Petróleos Mexicanos, aclaró el dirigente de la  izquierda mexicana al informar que el próximo 27 de julio se llevará a cabo en  la Ciudad de México y los municipios gobernados por el PRD, PT y Convergencia  —un aproximado de 500— una consulta popular sobre la llamada reforma energética.  
  
Al destacar la  participación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, en los debates que  sobre el tema se realizan en el Senado de la República, el presidente  legítimo de los mexicanos también mencionó que en la primera quincena  de agosto se organizará una consulta ciudadana en los municipios restantes de la  República Mexicana. 
  
Informó también  que en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo,  del próximo domingo 29 de junio, en el Zócalo de la Ciudad de México, se dará a  conocer la logística de la consulta pública, y aseguró que el pueblo de México  tiene la obligación y el derecho a expresar su opinión sobre los temas  nacionales. 
  
“Es necesario  pasar de la democracia representativa a la democracia participativa”, enfatizó  posteriormente ante los brigadistas de Huahuchinango, Puebla. 
  
“La patria no se  vende, la Patria se defiende”, expresó al proponer la construcción de tres  refinerías en el país para dejar de importar 40 por ciento del consumo nacional  de gasolinas. 
  
Sin embargo,  aclaró que “el gobierno usurpador de Felipe Calderón y el delincuente confeso,  Juan Camilo Mouriño, prefieren entregar contratos en las áreas eléctrica y  energética a empresas extranjeras, porque son representantes de los intereses de  una minoría rapaz”. 
  
Luego, en una  segunda entrevista, López Obrador declaró que el nombramiento de  presidente legítimo de México se lo confirió el pueblo de  México y dijo sentirse bien y con la conciencia tranquila, a pesar de que el  Consejo del Instituto Federal Electoral determinó que sea retirada la frase de  presidente legítimo en todos los spots televisivos y  radiofónicos.
  
Pero dejó en  claro que “si a mí me quitan el nombramiento de presidente  legítimo, entonces ya no va a haber presidente en México, porque el  otro —Calderón— además de espurio, resultó ser un inútil, incapaz e inepto”.  
  
Sustentó su  afirmación en que Calderón autorizó aumentos de precios de alimentos básicos y  de consumo generalizado, así como de las tarifas de bienes y servicios. Tan sólo  el precio de la tortilla pasó de 6 a 12 y hasta 14 pesos por kilogramo en tan  solo 18 meses de mal gobierno carderonista.
  
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HAMBRUNA  (3)
por Alejandro  Encinas
(publicado en El  Universal el 21 de junio de 2008)
  
 México no escapa  a los problemas de la crisis alimentaria mundial: escasez en el abasto y aumento  en los precios de los alimentos, incrementando la desigualdad y la pobreza en  demérito de la calidad de vida de la población en general.
  
A pesar del  fracaso de las políticas neoliberales que desmantelaron el aparato gubernamental  de fomento de la producción rural, las medidas anunciadas por Felipe Calderón  reiteran las acciones que condujeron al abandono del agro nacional: eliminar  aranceles y canalizar subsidios a los grandes agricultores y a las empresas  comercializadoras. Los defensores del neoliberalismo sostuvieron que para  mantener bajas tasas de inflación era necesario importar alimentos baratos y que  no era relevante incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la  disponibilidad de productos en el mercado internacional.
  
Hoy, pese a las  evidencias del equívoco, se insiste en lo mismo. Eliminar aranceles a las  importaciones profundizará la dependencia alimentaria del país y no frenará el  aumento en los precios, ya que el mercado de alimentos es objeto de la  especulación que realizan las empresas transnacionales que controlan el comercio  internacional, como lo demuestra el alza de precios en EU, de donde procede 85%  de nuestras importaciones de alimentos. Más aún, no sólo no abatirá el alza en  los precios, sino que, como reconoce el programa de acciones en apoyo a la  economía familiar, los alimentos registrarán un incremento mensual, en especial  el maíz, que aumentará su precio hasta en 10% en los próximos meses.
  
Se establecen  además subsidios a la comercialización —no a la producción— hasta por 625 pesos  por tonelada de maíz, de los cuales 185 son apoyos a la pignoración, 150 para  fletes, 150 para cubrir el costo de la prima de cobertura en la bolsa de futuros  de Chicago, y 100 pesos más de garantía para las empresas comercializadoras, que  serán, como en el pasado inmediato, las beneficiarias de estas medidas, pues en  tanto los productores nacionales recibirán entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por  tonelada bajo el esquema de agricultura por contrato, empresas como Cargill,  Archer Daniel Midland, Minsa y Maseca alcanzarán grandes ganancias a partir del  diferencial de precio. Sólo Cargill, que domina 70% del mercado nacional y que  realizó compras a futuro por 900 mil toneladas de maíz, obtendrá una ganancia  por más de mil 200 millones de pesos por subsidios gubernamentales en seis  meses.
  
Calderón insiste  en que no tolerará especuladores ni acaparadores y que se castigará a quienes  pretendan lucrar con el hambre de los mexicanos; pero no sólo se transfieren  subsidios a las grandes comercializadoras, sino que no se establecen mecanismos  de control para evitar que los agricultores subsidiados —dado el aumento en los  precios internacionales— exporten sus productos en lugar de garantizar al abasto  nacional, lo que distorsiona más estos subsidios cuyo propósito fundamental  debiera ser reactivar la producción y garantizar el acceso oportuno a alimentos  baratos y de calidad a la población.
  
La crisis  alimentaria exige de nuevas políticas y enfoques que permitan revitalizar la  producción agropecuaria, canalizando créditos, insumos, capacitación, desarrollo  tecnológico y apoyos diversos a los grandes agricultores y a los ejidatarios,  comuneros y pequeños propietarios, que permitan recuperar la economía campesina  y el mercado interno; e impulsar iniciativas legales que garanticen la seguridad  alimentaria del país, dejando atrás la aplicación de medidas que sólo benefician  a los grandes consorcios y que han acreditado su alto costo social.
  
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VIVIR MEJOR: MIL  USOS
por José Luis  Piñeyro
(publicado en El  Universal el 21 de junio de 2008)
  
 Apenas empieza el  bombardeo mediático de Vivir Mejor (VM) en radio, tv y diarios; sin duda, el  próximo año electoral el campo de batalla comicial será sometido a una  saturación total. Si bien Carlos Salinas usó como arma de votación al programa  Solidaridad, éste se quedó corto frente a la euforia publicitaria de  Calderón.
  
Bajo el lema de  campaña VM se cobijan acciones en materia de seguridad pública, como sucedió con  la inauguración del Centro de Mando de la PFP, además de acciones de seguridad  social (otorgamiento de crédito para vivienda), de salud (prevención del consumo  de drogas, diabetes y obesidad), entre otras. Es de esperar que dentro de poco  se incorpore el logotipo de VM en la generación de empleo, reforestación,  educación, etcétera, hasta abarcar todas las secretarías de Estado y organismos  públicos encargados de atenuar que no de solucionar esos problemas nacionales  (alimentación, salud, vivienda, empleo, educación y deterioro ambiental), para  los cuales no existen políticas de Estado sino transitorias políticas públicas  sexenales con una estrecha lógica de partido.
  
La publicidad  gubernamental tendría que ser una herramienta para ensanchar los derechos de las  personas. Sólo debería autorizarse transmitir mensajes que contribuyan a cumplir  con las funciones de las secretarías de Estado. De qué sirve a la ciudadanía que  le informen hasta el cansancio logros alcanzados más en la mente de los  gobernantes que en la realidad diaria de los gobernados.
  
Deberían  transmitir mensajes que informen sobre los requisitos para ser beneficiario de  un programa social, cuáles son los tiempos para solicitar apoyos agropecuarios,  campañas para cuidar el agua y el ambiente, contra la violencia de género y la  drogadicción, entre muchas acciones que podría hacer un gobierno democrático en  verdad preocupado por la nación.
  
La publicidad  gubernamental cuesta. Sólo para el año 2008, se aprobaron 985.4 millones de  pesos para la partida de comunicación social y publicidad. De estos, 85 están  asignados al Poder Legislativo para convencernos de que sí trabajan. Los  restantes 900 millones fueron aprobados para uso del Presidente; hoy vemos que  eran para la campaña publicitaria rumbo al 2009; esa cantidad es casi 250  millones de pesos más que los aprobados en 2006.
  
Hoy, senadores  del PRI y del PRD se dice que están elaborando una reforma para evitar el uso  electoral de los programas sociales, parece que no entienden que el principal  uso electoral de esos programas es a través de la propaganda del gobierno.  Recordemos la repetición hasta el hartazgo de los anuncios foxistas: “Si  seguimos por el mismo camino…”. Todo indica que el año venidero, la campaña  calderonista de VM y pro PAN va a arrasar con una guerra de alta intensidad para  ganar las mentes y los corazones del electorado.
  
Para evitarlo,  hay dos caminos: el primero, más complejo, legislar en materia de publicidad  gubernamental; el segundo, menos complicado porque atañe sólo a la Cámara de  Diputados es establecer en el Decreto de Presupuesto de 2009 que sólo se  autoriza el gasto en publicidad gubernamental cuando los mensajes coadyuven al  cumplimiento de los objetivos de las secretarías de Estado, establecidos en la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los diputados tienen la  palabra. Sería una muestra de actitud democrática para impulsar una competencia  electoral equilibrada entre los partidos políticos.
  
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