miércoles, 16 de julio de 2008

Servicio informativo núm. 478

Ciudad de México, 16 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 478

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Listas, las preguntas para la consulta sobre reforma energética

II. Invita López Obrador a votar en la consulta energética

III. En la consulta del 27: no a la privatización, por Laura Itzel Castillo

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LISTAS, LAS PREGUNTAS PARA LA CONSULTA SOBRE REFORMA ENERGÉTICA

(publicado en El Sendero del Peje —impreso— el 16 de julio de 2008)

El grupo de expertos que conformó el gobierno, la Asamblea Legislativa y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) presentó las dos preguntas para la consulta ciudadana sobre la reforma energética que se efectuará el 27 de julio.

Las preguntas son: “Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que en estas actividades puedan ahora participar empresas privadas?”

La segunda es: “¿En general está de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?”

En el acto, donde la representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Beatriz Vázquez, leyó las dos interrogantes el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García, recordó que la consulta será de las 8:00 a 18:00 horas.

Detalló que se establecerán dos mil 841 centros de votación en plazas, jardines, estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y cuatro urnas electrónicas en la Alameda Central, el Zócalo, la Glorieta Insurgentes y Chapultepec.

García Ochoa anunció también que en las próximas horas se dará a conocer la convocatoria para quienes deseen participar como responsables de mesas, a fin de que acudan a las coordinaciones distritales del IEDF y soliciten su registro, capacitación y designación.

Añadió que se mandará imprimir el número de papeletas suficientes para que los ciudadanos tengan la oportunidad de emitir su voto.

A su vez, el presidente del IEDF, Isidro Cisneros, recordó que establecieron un convenio con la Asamblea Legislativa y el gobierno local para la consulta ciudadana, toda vez que están convencidos de los temas que tienen que ver con la participación de los ciudadanos, el fomento de la cultura y promoción.

Agregó que el IEDF asesoró a los convocantes sobre la organización del diseño de la papelería y para la definición de la pregunta se hizo una propuesta metodológica para que los académicos tuvieran elementos de acuerdo con la experiencia del órgano electoral, en elaboración de consultas ciudadanas.

Cisneros explicó que el IEDF planteó nueve sugerencias para integrar el comité encargado de la elaboración de las preguntas y, en todos los casos, éstas fueron respetadas y cumplidas; además propuso 10 criterios reactivos para la elaboración de las preguntas, que de igual manera se aceptaron.

Al respecto, la representante de la UNAM, Beatriz Vázquez, señaló que el trabajo de los académicos consistió en revisar que hubiera imparcialidad y objetividad en las preguntas, considerando la iniciativa enviada a los legisladores.

A la reunión también asistieron representantes del IPN, de la UAM, el diputado local Humberto Morgan, quienes al término de la presentación de las preguntas visitaron al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, en sus oficinas.

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INVITA OBRADOR A VOTAR CONSULTA ENERGÉTICA

(publicado en El Sendero del Peje —impreso— el 16 de julio de 2008)

En entrevista para W Radio, López Obrador advirtió: “Dejaré de llamarle pelele y ladronzuelo, aunque existen muchos sinónimos”, busca un canje justo, si acepta debatir con él sobre la reforma energética.

El periodista sustituto de Carmen Aristegui, Carlos Puig, adujo que la condicionante era una provocación, que Calderón no había insultado a AMLO, a lo que Obrador contestó: “No, nada más me robó la Presidencia. Por lo que a nosotros corresponde, llevamos 18 meses de un gran agravio, sin violencia, no se ha roto un vidrio en este país, y no nos pueden echar ni siquiera la culpa. Por eso no es cierto que no lo dejo gobernar. La verdad él ha tenido mucha libertad para hacer cosas, si no las ha hecho es porque no ha querido o no ha podido por su ineptitud”.

Respecto a la consulta pública sobre la reforma energética, López Obrador invitó al pueblo de México a salir a votar el próximo 27 de julio. Andrés Manuel mencionó que sería posible una movilización ciudadana pacífica, de aprobarse la propuesta energética del Ejecutivo y llamó al pueblo de México a salir a votar el próximo 27 de julio.

Carlos Puig fue incisivo y le preguntó si se espera la toma de algún aeropuerto y Obrador aclaró: “No podemos saber, también está el asedio de los medios de comunicación. Tenemos que buscar estrategias eficaces, que no afecten a terceros, pero que sea firme. Somos miles en todo el país”. Luego agregó que hay recursos suficientes para construir refinerías y explotar mantos petrolíferos y señaló a las grandes empresas que no pagan todos sus impuestos.

Dijo saber que Bimbo paga 1% o 2%, según información pública, pues solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) datos sobre cuánto pagan de impuesto las grandes empresas, como Telmex y Cemex, que según él, no pagan más de 2%, 1%, 3%. También, afirmó, está ingresando más dinero que nunca al país por la venta del petróleo al extranjero. “El problema que tenemos es que hay mucha desinformación de parte de Hacienda y del Gobierno. Carstens, que es un mago en desaparecer el dinero público, declaró que no había excedentes. Es increíble, por sentido común, si estamos recibiendo casi el doble de lo que había establecido el Congreso, cómo no hay excedente, entonces alegó que todo se va al subsidio de la gasolina”.

“Nosotros tenemos información del primer trimestre, en donde en el caso de la Magna, son 30 centavos la diferencia entre lo que compra el gobierno la gasolina en el extranjero y cómo la vende en las gasolineras. En la Premium es casi un peso. Luego argumentaron que no estaban incluidos los costos de transporte. Nosotros hemos hecho el cálculo, y cuesta siete centavos el transporte”.

Adujo que el propósito que tienen es privatizar Pemex y han llevado a la industria al fracaso, “¿cómo te explicas que no han construido una refinería nueva en 25 años?”. Y aunque existe una en Texas, afirmó que “en vez de invertir aquí, se llevaron el dinero al extranjero. En el caso de la petroquímica fue peor, dejaron que se convirtiera en chatarra. Hay un abandono deliberado de Pemex. Nada ha dañado más en México que la deshonestidad de los gobernantes. Es la causa principal de la desigualdad social. El peor de los ladrones es el político corrupto”.

Respecto a las pretensiones del gobierno panista, destacó que buscan la privatización “porque creen que pueden. Hay muchos intereses, alrededor del petróleo se agrupan muchos intereses. No hay inteligencia política en Calderón. Están queriendo trampear la Constitución con modificaciones a leyes secundarias. Además nada que lleve a la privatización, y sí mucha, mucha corrupción. Calderón y Mouriño hicieron contratos privados, tenemos pruebas, está el caso de Repsol, que trae petróleo de Perú. Muchos no saben que está proponiendo un consejo de administración de 15 personas, que Calderón propondrá a 10 y 5 los pondrá el sindicato, que tendrán facultades amplísimas, van poder otorgar contratos sin licitación y se está proponiendo que estos mismos miembros cuenten con fianzas y seguros para que si se les encuentra fraude o corrupción no se les pueda hacer nada”, puntualizó.

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EN LA CONSULTA DEL 27: NO A LA PRIVATIZACIÓN

por Laura Itzel Castillo

(publicado en El Gráfico el 16 de julio de 2008)

Cuando algún planteamiento genera reacciones o respuestas desproporcionadas de la parte contraria, significa que la propuesta o idea tocó fibras sensibles y, por tanto, el promotor acertó en su designio.

Eso fue lo que ocurrió ayer, al darse a conocer las dos preguntas que hará el gobierno de la ciudad en la consulta del 27 de julio —en cuya organización participa el Instituto Electoral del Distrito Federal— sobre la pretendida reforma energética de Calderón.

Voceros oficiales y oficiosos se desgarraron las vestiduras y hablaron de manipulación, inmediatamente después de que fueron hechas públicas las preguntas. Es pertinente aclarar que en la formulación de éstas participaron expertos de varias instituciones académicas, y a ellos es a quienes se está descalificando.

En realidad el gobierno usurpador está asustado, pues diversas encuestas revelan que un altísimo porcentaje de la población desea ser consultado, y que una sólida mayoría se opone a sus iniciativas.

En todo caso, si algo pudiera inducir a error a los participantes no son las dos preguntas en sí mismas, sino una definición que se incluye en la primera: “gobierno”, en lugar de “nación”, como establece la Constitución. El sustantivo puede beneficiar a los privatizadores, pues el rechazo a la administración calderonista de una parte de la sociedad, sobre todo la de alta marginalidad, puede llevar a votar a los interesados en sentido contrario a sus deseos.

¿Cuáles son las preguntas para la consulta del 27? Las siguientes: 1) “Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y la refinación son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que participen empresas privadas?”. Y 2) “¿Está de acuerdo o no con que se aprueben las iniciativas de reforma energética que se debaten en el Congreso?”.

La oficina de Comunicación Social de Pemex respondió que empresas privadas participan en la industria petrolera desde hace 70 años, pero sólo aportó datos de los gobiernos panistas: entre enero de 2000 y julio de 2008 Pemex Exploración y Producción realizó casi 40 mil contratos, en su mayoría con empresas privadas. En otras palabras, reconoció que ya actúan ilegalmente.

El artículo 27 constitucional es claro: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Por eso, vamos por el ¡No! Primero paremos esta intentona privatizadora con razones y acciones, siempre pacíficas, pero de la magnitud necesaria. Después, rescatemos a Pemex de los neoliberales sin nación.

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El comentario de Jorge GómezNaredo

El comentario del analista polìtico del programa "Serotonina Pura.... el mejor noticiero de la red" con Javier Palou, acerca de la consulta ciudada y la preguntas que esta contendrà.




Amparos: Ley del ISSTE

CORRE LA VOZ MAÑANA JUEVES URGE ASISTENCIA, ENTRA PRIMER AMPARO SOBRE ABROGACION DE LA NUEVA LEY DEL ISSSTE: A LAS 3:45 PM EN LOS JUZGADOS DE SAN LAZARO, VER PAG. WWW. PCMDEAPIMAC.ORG, AVISAR A OTROS Y CONFIRMAR ASISTENCIA CON EL LIC. ROMAN DIAZ VAZQUEZ A LOS TEL. 0445535517049, 0445511444206, 11367021

Las trece líneas rojas de la reforma petrolera


A continuación, el documento íntegro de los intelectuales:

Los debates sobre las iniciativas de reforma energética ya han puesto en claro que deben ser rechazadas. Son inaceptables porque van en contra de la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende violentar a través de cambios en leyes secundarias. Es evidente su intención privatizadora porque pretenden transferir a empresarios e inversionistas privados, foráneos y nacionales, las actividades estratégicas de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra: se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera y las funciones básicas de Pemex.

Destacan en las iniciativas propuestas por Felipe Calderón trece disposiciones especialmente lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:

Primera: la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades estratégicas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los alcances de esos contratos y las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir incentivos vinculados con el éxito de la obra o servicio. Esta indefinición excesiva abre espacios a la corrupción.

Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera por operaciones de extracción de petróleo y gas. El pago en efectivo por la exploración y extracción, al precio de mercado del crudo, disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo.

Tercera: acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado, mediante la maquila de refinación y la petroquímica.

Cuarta: autorizar a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos equivalentes a los de riesgo, violatorios de la Constitución y las leyes.

Quinta: posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades estratégicas de la industria petrolera. Aceptar los "mecanismos de explotación conjunta" y privada para yacimientos transfronterizos.

Sexta: prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados.

Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios.

Octava: establecer la "creación de valor económico" como objetivo central, en lugar de reafirmar la garantía de la seguridad energética de la nación.

Novena: proponer un consejo de administración (CA) de Pemex cuya integración (a discreción sólo del Ejecutivo), facultades excesivas (que incluyen la contratación de deuda pública), carácter discriminatorio, grado excesivo de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones violan la Constitución y resultan funcionales sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.

Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general, mediante el establecimiento de seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar.

Undécima: emitir "bonos ciudadanos" como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex.

Duodécima: aceptar "la aplicación de derecho extranjero (y) la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles", lo que es absolutamente improcedente e implica el abandono de la cláusula Calvo que ha sido central en nuestra política exterior.

Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales.

Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer López, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos y Javier Wimer.

Defensa del petróleo



Charla sobre la situación actual de la reforma petrolera y la importancia de la consulta ciudadana, miércoles 16 a las 19 horas, con la participación del periodista Jesús Ramírez Cuevas, en el auditorio del Centro Cultural José Martí, Doctor Mora 1, Centro, saliendo del Metro Hidalgo).

http://redescirculodeestudios.blogspot.com

EL 27... PONTE LA CAMISETA !!!‏

QUE SE VEAN LAS BRIGADAS EN ACCION !!!
Los Resistentes # 9,
están aquí
con una síntesis del tema actual
EL PETROLEO
Saber y conocer o no saber y desconocer,
ese... es el dilema.
Hagamos la cadena informativa...
no la interrumpas, puedes salvar a un país,
el tuyo: México.
¡¡¡¡¡Volvamos a hacer historia. !!!!!
reenvíala, imprímela, repártela, regálala, coméntala, platícala....
SI QUEREMOS CAMBIAR EL RUMBO,
NOSOTROS SOMOS LOS INSTRUMENTOS.
¡Adelante ADELITAS y ADELITOS !
Si deseas un ejemplar impreso,
asiste este domingo 20 de Julio a la
Asamblea Informativa en el Hemiciclo a Juárez,
a las 11:00 am.
La cooperación es de $2.00 por ejemplar
y sólo es para seguirla editando
PARTICIPA !!!



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Adhara

AVISAN DE LAS FUNCIONES DE LA OBRA "EL ORO NEGRO":


Estimad@s compañer@s:

Les mando las fechas, horas y lugares de las próximas funciones de El Loro Negro, de Jaime Avilés, con el importante objetivo inmediato de promover la próxima Consulta Ciudadana sobre la privatización de PEMEX a realizarse el domingo 27 de julio. Las presentaciones de esta obra de teatro callejero estarán a cargo del colectivo "La Fuente" de adelitas de la Brigada 8 y un servidor:

Dos funciones, el próximo miércoles 16 de julio a partir de las 16:30 en la glorieta del metro Insurgentes.

Dos funciones el próximo domingo 20 de julio a partir de las 11:00 en la Unidad Habitacional Carmen Serdán ubicada en la 10ª cerrada s/n, colonia Valle de San Lorenzo. Van algunas indicaciones para llegar: salida de Periférico a Canal de Chalco, dar vuelta a la izquierda en José Clemente Orozco, luego a la derecha en 10ª Cerrada, al fondo está la entrada a la unidad. Preguntar por el salón de usos múltiples.


Corran la voz. Los esperamos.

LA TOLERANCIA SOCIAL AL LIMITE

SOBRE LOS TRATOS DE ACOSTA CON MARTINEZ CAZARES

México, D.F; 15 de julio de 2008

Comunicado 119/08

  

Guadalupe Acosta Naranjo aseguró hoy en una entrevista con reporteros de la fuente que se reunió ya, formalmente, con las dirigencias del PAN y del PRI para abordar el tema de la reforma energética presentada por Felipe Calderón en días pasados.

 

 

Asimismo dio a conocer que en próximos días sostendrá un encuentro con Germán Martínez Cázares, presidente nacional del PAN, para "facilitar una propuesta que rescate a Pemex de la actual situación de deficiencia y de su problemática nacional (sic)".

 

 

Así las cosas, adelanto que si se conoce el lugar de la reunión con el dirigente de Acción Nacional, ahí estaré para decirle tres verdades a Guadalupe Acosta Naranjo y Germán Martínez Cázares.

 

 

 

"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS"

 

Lic. Gerardo Fernández Noroña

Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del

CEN del PRD

 

Más Información en:

 

http://soberaniapopular.blogspot.com

martes, 15 de julio de 2008

ISA Servicio informativo núm. 477

Ciudad de México, 15 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 477

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. La exportación del fracaso, por Laura Itzel Castillo

II. Visitará AMLO 19 municipios coahuilenses esta semana

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LA EXPORTACIÓN DEL FRACASO
por Laura Itzel Castillo
(publicado en el suplemento “Enfoque” del diario Reforma el 13 de julio de 2008)

En vez de solucionar el gravísimo problema de cartera vencida y desalojos que se ha venido acrecentando en nuestro país, Felipe Calderón pretende exportar a Centroamérica nuestro modelo habitacional, con lo cual extendería a toda la región el conflicto social creciente que aquí ha significado. Los 33 millones de dólares que México aportará a la construcción de vivienda, según anuncio oficial, es sólo un gancho para que las naciones presuntamente beneficiadas importen este modelo de vivienda que, además de ser un agente de depredación ambiental y agraria, excluye a los sectores más pobres y sólo favorece a los constructores privados.

En realidad, el modelo habitacional mexicano no es propio. Corresponde a un conjunto de políticas impuestas desde el exterior en las últimas tres décadas. Como resultado, según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía nacional se ha colocado a la zaga de América Latina y el Caribe. Así, para 2007 y 2008 nuestro país habrá de registrar un crecimiento promedio del 3 por ciento, mientras que las economías de los países de esta región crecerán a una tasa de 5 por ciento.

En materia de vivienda los cambios han sido profundos. Lo mismo en regulación financiera que en la normatividad que rige a los organismos del sector. Éstos perdieron el carácter social que les dio origen y se transformaron en entidades bancarias. Así, el Estado mexicano pasó de ser un promotor de habitaciones a un simple facilitador o intermediario financiero, que favorece a entidades privadas, monopolios inmobiliarios y a trasnacionales que lucran con la cartera vencida hipotecaria.

Desde hace varios años, la derecha implantó en México el mismo esquema de créditos hipotecarios que ha sumido a Estados Unidos, y a buena parte de las entidades financieras del mundo, en una crisis inmobiliaria mayúscula. Se trata de empréstitos públicos y privados a personas cuya capacidad de endeudamiento es nula o baja: los llamados subprime o créditos de riesgo. Estos préstamos neutrones, como los llama el destacado economista estadounidense James K. Galbraith (porque destruyen a las familias), han generado una crisis de tal magnitud, que a finales de junio pasado el Senado de Estados Unidos tuvo que autorizar una garantía de Estado por cerca de 300 mil millones de dólares, con el objeto de frenar la ola de juicios contra los deudores y evitar que más de 500 mil personas en aquel país pierdan sus viviendas.

Este modelo inmobiliario que se pretende exportar a Centroamérica (con 50 mil acciones de vivienda en una primera etapa y 500 mil en el largo plazo) ha sido un fracaso total en Estados Unidos y en México. Aquí se ha convertido también en un problema social creciente. Cito algunos ejemplos: 1. De acuerdo con el INEGI, en octubre de 2007, el 14 por ciento de las viviendas del país, es decir 4.3 millones, estaban deshabitadas.

2. En junio de 2007, la cartera vencida del Infonavit era de 110 mil créditos. Para mayo de este año, el número de créditos quebrados ascendió a 130 mil. Esto se debe al diseño mercantil de los préstamos, que los vuelve impagables, y al creciente desempleo.

3. La problemática no es privativa del Infonavit. Se trata de una crisis general. Según la Secretaría de Hacienda, la cartera vencida del sistema financiero mexicano aumentó 2 mil millones de pesos en tres meses, colocándose en 27 mil 200 millones de pesos en marzo de este año. De esta cifra, 9 mil millones corresponde a los créditos hipotecarios de la banca.

4. Otro indicador del fracaso social de esta política es el creciente número de asentamientos irregulares en todo el país. No existe una visión integral del desarrollo urbano y por tanto no se garantiza reserva territorial ni dotación de suelo para la población necesitada. Según Corett, hay 53 millones de personas que no cuentan con vivienda escriturada y cada año se integran a zonas urbanas 300 mil hogares, de los cuales 125 mil ocupan el suelo de manera irregular. Esto se debe, en buena medida, a que las nueve desarrolladoras inmobiliarias que controlan el mercado en México (Homex, Sare, Geo, Ara, Urbi y otras) acaparan gran parte del suelo de las principales ciudades del país.

Algunos directivos de esas empresas han fungido previamente como funcionarios de gobierno. Tal es el caso del gallego David Sánchez Tembleque, quien, como subdirector de Finanzas de Infonavit, vendió 55 mil créditos a 2 trasnacionales y vio crecer 900 por ciento a la empresa Homex, de la cual, casualmente, después fue directivo. Si a esto le sumamos los subsidios que las desarrolladoras reciben a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, entonces nos explicamos su crecimiento de mil 118 por ciento, de acuerdo con el Índice Habita de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Será por eso que los directivos de estas corporaciones estuvieron presentes en el acto donde fue rebautizado el abortado Plan Puebla Panamá como Proyecto Mesoamérica?

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VISITARÁ AMLO 19 MUNICIPIOS COAHUILENSES ESTA SEMANA

Los recorridos semanales que realiza Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, y que comprenderán tocar todos y cada uno de los municipios del país, esta semana lo llevarán a presidir asambleas informativas en 19 municipios del estado de Coahuila, donde organizará la representación del gobierno que preside y promoverá la participación en la consulta popular sobre la reforma energética.

Su recorrido tendrá el siguiente programa:

Jueves 17 de julio de 2008
10:00 horas Mitin en Viesca (Ejido Gilita)
11:45 horas Mitin en Matamoros (Ejido Coyote)
17:00 horas Mitin en Sierra Mojada

Viernes 18 de julio de 2008
10:30 horas Mitin en Ocampo
12:00 horas Mitin en Cuatro Ciénegas
13:20 horas Mitin en Lamadrid
16:00 horas Mitin en Sacramento
17:15 horas Mitin en Nadadores
18:30 horas Mitin en San Buenaventura

Sábado 19 de julio de 2008
10:00 horas Mitin en Candela
12:30 horas Mitin en Castaños
14:00 horas Mitin en Frontera
16:30 horas Mitin en Abasolo
17:45 horas Mitin en Escobedo (Ejido Primero de Mayo)
19:15 horas Mitin en Progreso

Domingo 20 de julio de 2008
10:00 horas Mitin en Melchor Muzquiz
11:30 horas Mitin en Nueva Rosita
12:45 horas Mitin en Sabinas
14:30 horas Mitin en Juárez

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El caos según González Márquez

JORGE GÓMEZ NAREDO

La Jornada de Jalisco

Vivimos en el caos. Sí señor, nuestro gobernador –que, se supone, debe gobernar y tratar de solucionar los conflictos de la comunidad– nos ha dado una cátedra: en algún momento de nuestra historia aún no identificado, Jalisco pasó de ser un paraíso y se convirtió, raudo y veloz, en desorden, confusión: la desorganización en pleno, en fin, quedó a un pasito de la temida anarquía. Emilio González Márquez fue claro: “¿En qué momento aceptamos que nuestra ciudad fuera una caos?, ¿en qué momento decidimos rellenar presas para construir viviendas?, ¿en qué momento decidimos acortar los cauces de los arroyos y los canales para lucrar con la necesidad del pueblo de tener una casa?, ¿en qué momento no nos importó que el patrimonio de la gente, de los que menos tienen, se convirtiera en un riesgo y en su principal preocupación?” Sí, González Márquez se ha convertido en un catedrático de filosofía de la historia.

El gobernador reconoce: “no hay duda, en algún momento, en algún sector de nuestra sociedad perdimos el rumbo”. Vaya, ¡qué dechado de sinceridad! Sin embargo, la cuestión ahora no es encontrar el momento exacto de la “pérdida de rumbo”. Esa no es la labor del gobernador. Se supone que González Márquez fue votado por los ciudadanos para buscar soluciones, para hacer de Jalisco una entidad con más calidad de vida. Pero el mandatario, en lugar trabajar para mejorar la situación actual de los jaliscienses, se dedica a dar clases de moral, ética e historia.

Resulta paradójico que un gobierno que carece de visión y de eficacia, se pregunte, “¿en qué momento nos ganó la ambición o la falta de planeación, o la falta de visión o compromisos de otra naturaleza?” Sí, el mandatario obnubilado por el poder, que ha desviado a Televisa más de 60 millones de pesos para ser precandidato a la Presidencia de la República, es decir, para saciar su ambición, ahora nos dice con tono sincero y lastimero, “¿dónde perdimos el rumbo?” ¿Será acaso una declaración donde acepta su inutilidad para gobernar?

Para González Márquez los culpables somos todos: la historia, nuestro pasado y nuestro presente. Pero no encuentra culpables con nombre, culpables de carne y hueso, culpables de hoy. Sin embargo, si uno observa alrededor, descubrirá hoy muchos culpables que no han sido castigados: y ellos son parte del desorden. Sí señor, Jalisco es un caos porque hay un procurador que está involucrado en casos de pederastia y no ha sido cesado de su cargo; porque hay desvíos de dinero público a empresas privadas (incluida la Iglesia); porque aquí, en este estado, se persigue a los luchadores sociales, se les siembra droga y se les acusa de narcotráfico, como el caso de Raúl Muñoz. Sí señor, Jalisco es un caos porque las obras públicas construidas con bombo y platillo, a los dos años de inauguradas, son inservibles y no hay culpables, jamás hay culpables. Sí señor, Jalisco es un caos porque las autoridades en lugar de pensar en un transporte público no contaminante, eficaz y digno, se emboban haciendo más avenidas para que los automóviles las llenen y hagan las vialidades insoportables. Sí señor, Jalisco es un caos porque ya no sabemos distinguir quién gobierna, si el gobernador constitucional o el gobernador espiritual (es decir, su santidad el muy honorable señor cardenal Juan Sandoval Iñiguez). Sí señor, Jalisco es un caos porque la Zona Metropolitana de Guadalajara crece día a día con desorden, sin un plan y todo manchado de corrupción, con venales regidores, alcaldes, diputados y gobernadores seducidos por los dineros de los honorables y honestos empresarios de la construcción. Sí señor, Jalisco es un caos porque nuestros gobernantes y representantes populares son insensibles, inútiles e ineficaces. Sí señor, Jalisco es un caos porque muchos jaliscienses, en lugar de salir a las calles, alzar la voz y decir “ya basta”, se apoltronan en un cómodo sofá para ver la televisión. Sí señor, Jalisco es un caos porque, quien pidió el voto para gobernar, quien prometió, quien dijo que iba a cambiar las cosas, ahora culpa de su ineptitud a todos los ciudadanos. Sí señor, Jalisco es un caos porque más de 12 años de panismo han acrecentado las desigualdades y han dilapidado los recursos públicos, porque pasamos de un gobernador blanquiazul sin experiencia, a uno represor y, ahora “gozamos” de uno fatuo e inepto. Somos un caos porque seguimos eligiendo a representantes populares y a gobernantes caóticos.

González Márquez tiene clara una idea: el mal en Jalisco es responsabilidad de la sociedad y del desarrollo de la historia. Esta es su visión de mundo. Por lo tanto, para que Jalisco cambie, según esta perspectiva, habría que cambiar a la sociedad en su conjunto. Así, Jalisco por fin sería digno de un mandatario ínclito y abnegado como González Márquez. Parece chanza, pero así es como piensa nuestro el gobernador.

lunes, 14 de julio de 2008

ISA Servicio informativo núm. 475

Ciudad de México, 13 de julio de 2008


Sumario:

I. La AMEDI llama a defender las reformas constitucionales que limitan la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales

II. Lucha cívica por nueva ley de medios: ¿quiénes son los dueños del “cielo” radioeléctrico?, por Jorge Alonso (primera parte)

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LA AMEDI LLAMA A DEFENDER LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE LIMITAN LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA INFLUIR EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y EN LA VIDA PÚBLICA NACIONAL

La siguiente carta ha sido remitida a la redacción del servicio de noticias ISA por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información para su difusión. Dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representa una respuesta de periodistas, artistas e intelectuales de primer orden a los recientes amparos que se han presentado ante el Poder Judicial en contra de las reformas a la Constitución aprobadas en noviembre de 2007. Dichas reformas, cabe recordar, mientras sigan vigentes representarán la limitación del poder del dinero en las campañas electorales en beneficio de la equidad electoral y la democracia.

C. Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señores ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
P r e s e n t e s.

En los meses recientes varias organizaciones sociales y, por otra parte, algunos ciudadanos, han presentado demandas de amparo en contra de una de las disposiciones contenidas en la reforma constitucional promulgada el martes 13 de noviembre de 2007. Se trata de la adición al artículo 41 Constitucional en donde se establece que, además de los partidos políticos, “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

A quienes suscribimos este documento, miembros de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, nos parece que esa disposición es saludable para la democracia. A diferencia de quienes, con argumentos que rechazamos, han sostenido que se trata de un atentado a la deliberación democrática y a la libertad de expresión, a nosotros nos parece que la mencionada adición Constitucional:

1. Contribuye a la equidad en la competencia electoral. La posibilidad de que algunos particulares quieran influir en la decisión de los ciudadanos a través de la contratación en televisión o radio de anuncios de carácter político, ha sido un factor que altera la equidad de oportunidades que, de acuerdo con su presencia electoral, deben tener los partidos y candidatos.

2. Impide que aquellos que tengan dinero para contratar spots puedan hacer política electoral en detrimento de quienes no cuentan con recursos para realizar ese gasto. Hay quienes consideran que la libertad de expresión se ejerce en la compra de espacios que no resultan demasiado costosos, como los que se pueden contratar en estaciones locales. Sin embargo, ante esa opción se encuentra la imposibilidad que la gran mayoría de los mexicanos tiene para pagar las tarifas de los medios de alcance nacional. Más allá de la desigual capacidad de compra que en ese como en todos los sentidos padece nuestra sociedad, resulta adecuado liberar al ejercicio de la política, y a la construcción de la democracia, de la dominación que imponen tarifas, intereses y exigencias de los consorcios comunicacionales.

3. Limita la capacidad de las empresas de radio y televisión para influir en los procesos electorales y en la vida pública nacional. Hasta ahora, la posibilidad de vender a precios inferiores o superiores, a veces a sus tarifas comerciales les ha permitido a esas empresas favorecer a algunos y discriminar a otros ciudadanos interesados en contratar espacios de esa índole.

4. Propicia que el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas e ideas y no solamente en función de consignas propagandísticas y escuetas como las que hay en los spots.

5. No obstaculiza la deliberación pública, que seguirá desenvolviéndose en espacios institucionales y partidarios, así como en medios de comunicación de toda índole. Los medios de radiodifusión cuentan ya con programas abiertos a la discusión política y no tendrán impedimento alguno para abrir otros más.

6. Las únicas limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión en la radio y la televisión serán las que establezcan los concesionarios de esos medios. La disposición constitucional a la que nos referimos únicamente impide la compra de espacios para difundir mensajes políticos en radio y televisión. No hay que confundir la libertad de expresión con esa vertiente de la libertad de mercado.

7. Esa disposición ya existía en el Código Federal Electoral. Ahora los legisladores la incorporaron además a la Constitución Política y, en la ley reglamentaria, establecieron sanciones para quienes transgredan la prohibición a la compra de espacios políticos en medios electrónicos.

La AMEDI, convencida defensora de la libertad de expresión, sabe que no existe ninguna libertad absoluta y que todas ellas, para ser productivas, deben conjugarse con otros valores positivos, en este caso el de la equidad en la contienda electoral que tanto ha costado construir en nuestro país.

Si hoy en día existen riesgos para la libertad de expresión en México, no se deben a la reforma constitucional sino, entre varios factores, a la violencia que afecta a los periodistas en diferentes sitios del país y, por otra parte, a la concentración que al dejar muchos medios de comunicación en pocas manos se ha constituido en una de las principales limitaciones para la diversidad en los espacios de comunicación mexicanos. Precisamente, la Corte se ha manifestado contra esa concentración y está pendiente la legislación que recupere esa y otras definiciones de los Ministros que la integran. El Congreso ha demorado injustificablemente la aprobación de una nueva Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Invitamos a que los promotores de las demandas de amparo para que, de la misma manera que han apremiado a la Corte a fin de que examine sus puntos de vista, lo hagan con el Congreso de la Unión para urgirlo a que resuelva las muchas lagunas que existen en la legislación para los medios.

Como estamos persuadidos de la pertinencia de la reforma constitucional a la que nos hemos referido, nos preocupan la confusión y las distorsiones que se han propalado, acerca de ella, a partir de demandas de amparo como las ya mencionadas. Una de esas demandas ha sido suscrita por 15 intelectuales y periodistas. Queremos manifestar nuestra disposición a discutir este tema con ellos, de manera abierta y pública. Si las empresas televisoras que tan interesadamente han difundido la demanda de amparo de esos ciudadanos abren espacios, en emisiones en directo o sin edición, para examinar las implicaciones de la mencionada adición Constitucional, estaremos en la mejor disposición para discutir con ellos en esos medios.

Por otra parte, si la Suprema Corte resuelve celebrar audiencias para conocer opiniones sobre este asunto, también expresamos nuestro mayor interés para participar en ellas.

Nos parece que las presiones por parte de algunos medios de comunicación inconformes con la reforma constitucional algunas de ellas sustentadas en infundios e intimidaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros han recibido en fechas recientes, son absolutamente inaceptables. La autonomía y soberanía de la Corte no deben ser vulneradas por poder alguno. También nos parece que los plazos legales y los ritmos de trabajo de la Corte y sus ministros tienen que ser respetados en este, como en cualquier otro tema que sea puesto a su consideración.

México D.F., viernes 11 de julio de 2008.

Atentamente

Carmen Aristegui Flores, Alberto Aziz Nassif, Jorge Carpizo MacGregor, Jaime Cárdenas Gracia, Felipe Cazals, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo, Javier Corral Jurado, Denise Dresser, Raúl Trejo Delarbre, Beatriz Solís Leree, Jesús Cantú Escalante, Lorenzo Cordova Vianello, Francisco José Paoli Bolio, Pedro Salazar Ugarte, José Woldenberg Karakovsky, Luis Javier Solana, Gustavo Reyes Terán, Francisco Toledo, Cristina Romo, Nestor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Miguel Concha Malo, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, Carlos Ortiz Tejeda, Loretta Ortiz Ahlf, Raúl Padilla López, Alejandro Madrazo Lajous, Inna Payán, Aleida Calleja, Gabriel Sosa Plata, Mónica Lozano, Gustavo Reyes Terán, Virgilio Caballero Pedraza, Ernesto Velásquez, Carlos Padilla, Jorge Fernando Negrete, Agustín Ramírez, Elena Poniatowska, Ricardo Raphael de la Madrid, Gustavo Esteva, Néstor García Canclini, Luis Miguel Carriedo, Aimée Vega Montiel.

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LUCHA CÍVICA POR NUEVA LEY DE MEDIOS: ¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DEL “CIELO” RADIOELÉCTRICO?
(primera parte)
por Jorge Alonso, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y corresponsal de la revista Envío en México
(publicado en el número 315 de la revista Envío, de la Universidad Centroamericana [UCA] de junio de 2008

Pablo González Casanova ha planteado que en la defensa de sus proyectos, el gobierno está haciendo una labor de “expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”. Denunció que el arte de mentir había adquirido proporciones extraordinarias: “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población. Estas apreciaciones del intelectual mexicano se evidenciaron con creces en un episodio que ahondó aún más la polarización que ya existe en México.

Para impedir que la decisión presidencial de privatizar la industria petrolera —un acuerdo tomado en lo oscuro y cupularmente— repercutiera en una aprobación sin discusión parlamentaria, el Frente Amplio Progresista (integrado por el PRD, PT y Convergencia) se tomó las tribunas del Congreso durante 15 días y obligó al gobierno a acordar un período de discusiones públicas en torno a las propuestas calderonistas sobre el petróleo.

“Campaña monstruosa”
La toma del Congreso enfureció al partido gobernante y a los poderes fácticos del gran dinero y de los medios electrónicos de comunicación y reapareció la guerra sucia. En esta ocasión, los ultraderechistas, utilizando métodos aprendidos del fascismo, quisieron desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, uno de los dirigentes más tenaces en la defensa del petróleo mexicano. Sacaron anuncios pagados en la televisión en que lo comparaban con Hitler, Mussolini y Pinochet. Y el organismo electoral, en vez de actuar como establece la nueva legislación —ordenar de inmediato salir del aire este mensaje político contratado por particulares— esperó varios días.

El obispo Raúl Vera declaró que si la Secretaría de Gobernación no detenía e investigaba “las campañas mediáticas de linchamiento” sería cómplice de estas acciones. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió que esos mensajes sembraban el odio y la intolerancia. El Centro Nacional de Comunicación Social —organismo que ha estado del lado de los que no tienen voz desde hace décadas— advirtió que la campaña no era ética y que en lugar de propiciar el diálogo incitaba a la polarización. Muchos académicos analizaron cómo estos mensajes dañaban la democracia y el derecho a la información, yendo más allá de la libertad de empresa. El escritor Carlos Monsiváis afirmó que se trataba de una “campaña de odio monstruosa, producto de una prepotencia difamatoria que quiere hacerse pasar como libertad de expresión”.

La larga lucha por la información
Este proceder de los adinerados y de los dueños de las dos televisoras con cobertura nacional puso de nuevo en la discusión pública la urgencia de una nueva legislación de medios.

Existe una larga lucha que muchos grupos han venido dando por hacer realidad el derecho de los ciudadanos a la información. Aunque el movimiento estudiantil mexicano de 1968 fue reprimido a sangre y cárcel, provocó en los siguientes años una ola de organización popular ante la cual la clase política se vio en la necesidad de responder con una reforma política que incluía el reconocimiento de ese derecho. Pero, mientras en el ámbito político se abrieron espacios a nuevos partidos políticos, el derecho a la información no pasó de ser letra muerta, pues de eso se encargaron los dueños de los grandes medios. Después, con la política neoliberal se privatizaron de manera corrupta los más importantes medios públicos. Así nació Televisión Azteca como un remedo de Televisa.

Con la alternancia presidencial del año 2000 y el desplazamiento del PRI los grupos cívicos que habían venido luchando por impulsar el derecho a la información pensaron que había llegado un momento propicio, sobre todo porque en los primeros meses de su gestión el nuevo gobierno convocó a una Mesa para la reforma integral de los medios electrónicos.

Hubo entonces dos procesos paralelos: por una parte sesionaba una mesa de los organismos civiles, y por otra la mesa oficial, donde los organismos civiles tenían una representación. Este proceso avanzaba en la discusión del tema y en la adopción de algunos acuerdos. Pero la ambición de la esposa del Presidente Fox rompió una dinámica de catorce meses. Creyendo que complaciendo a los medios aseguraba su candidatura presidencial, Martha Sahagún convenció a su esposo de que renunciara a la mayor parte del tiempo aire del Estado, que pasó de 12.5% a sólo 1.5%. Así, lo que era tiempo que correspondía a la comunicación pública con fines sociales se convirtió en una dádiva para fines comerciales de los dueños de los medios.

Los intelectuales, periodistas y comunicadores que estaban en la mesa oficial la abandonaron en protesta por el acto abusivo y unilateral del gobierno. Pero el trabajo realizado fue aprovechado por los grupos civiles para presentarlo como un proyecto de ley a un grupo se senadores sensibilizados con este tema. El proyecto, que intentaba democratizar la radiodifusión, abrir el duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca), integrar nuevas voces y fortalecer la radiodifusión pública y social fue avanzando en el Senado. No obstante, las televisoras además de tener sus propios personeros entre los legisladores, compraron voluntades y consiguieron que la legislación no llegara a la discusión del pleno del Senado.

La abusiva “Ley Televisa”
En la otra acera, la instancia jurídica de Televisa redactó en silencio una formulación de ley que días antes de iniciarse la campaña presidencial fue aprobada en un trámite de sólo siete minutos y sin ninguna discusión en la Cámara de Diputados. En ese momento, todos los partidos querían congraciarse con las televisoras para ser bien tratados por ellas en la campaña. Esta ley, que se conoció como la Ley Televisa, pretendía todo lo contrario a la ley que se había preparado en el Senado. Las televisoras conseguían un trato privilegiado, y el derecho ciudadano a la información quedaba conculcado.

Habiendo sido aprobada dicha ley en la Cámara baja, necesitaba la aprobación del Senado. Cuando llegó allí los senadores que habían estado trabajando en una ley democratizadora se opusieron, pero estaban en minoría. No obstante, como la nueva ley contenía muchos elementos anticonstitucionales, más del 33% de los senadores (de varios partidos) propusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Estos senadores no estaban solos. Tenían el apoyo de una gran gama de grupos cívicos que exigían la intervención de la Corte para echar atrás la abusiva ley Televisa.

Uno de esos grupos ha sido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que ha señalado que todos los ciudadanos deben participar en el ejercicio de este derecho, aunque en la práctica se encuentre condicionado por el mercado y por la discrecionalidad de los dueños de los medios. Ha insistido en la necesidad de la actualización del marco jurídico, que considere como eje fundamental la armonía entre la libertad de expresión y el derecho a la información.

La agenda necesaria
La AMEDI se sustenta en una variedad de organizaciones civiles que comparten experiencias y proyectos. Proclama que la libertad de información representa la posibilidad efectiva y real de toda persona a investigar, recibir, producir y difundir información de toda índole por medio de cualquier procedimiento. Explica que para ello se requiere de la plena garantía del derecho a la información, entendido como la facultad de toda persona a solicitar y recibir información oportuna, veraz, plural y suficiente sobre cualquier asunto de interés público.

La AMEDI se ha propuesto:

— Promover el reconocimiento de la información como un bien y un derecho público.
— Garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador.
— Garantizar el acceso a la información de la gestión pública.
— Garantizar el derecho de réplica en todos los medios de comunicación como mecanismo de defensa ciudadana.
— Promover en los medios de comunicación la definición explícita y pública de códigos de ética que vinculen el ejercicio de la libertad de expresión a parámetros de responsabilidad social.
— Exigir el ejercicio transparente de la función gubernamental de comunicación social, en beneficio de la sociedad en general.
— Promover los derechos y obligaciones del Estado, usuarios, comunicadores, propietarios y concesionarios de medios de comunicación.
— Exigir el uso transparente y equitativo de tiempos de Estado en radio y televisión (legales, fiscales y electorales).
— Demandar el acceso de todos los ciudadanos a cualquier tipo de información de interés público tanto de entidades públicas como privadas.
— Promover el rescate y preservación de la memoria histórica como parte del derecho a la información.
— Promover la constitución de órganos plurales con participación social en la vigilancia de la normatividad relacionada con los medios de comunicación.

La AMEDI ha declarado que el derecho a la información, al ser un derecho de carácter social, tiene que ser promovido, vigilado y estimulado por la propia sociedad.

(continuará)

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