viernes, 8 de junio de 2007

ISOSA

José Vilchis Guerrero

jvilchis1@yahoo.com


* Miguel Badillo Cruz cuenta la historia y describe la trayectoria de un organismo que trascendió al régimen salinista, al de Ernesto Zedillo, fue avalado por Vicente Fox, quien lo heredó a Felipe Calderón Hinojosa, en cuyo gabinete al parecer, no hay voluntad política para desmantelar al complejo instrumento empresarial para saquear las finanzas públicas.


Vicente Fox Quesada y Francisco Gil Díaz participaron en la formación de una compleja red de corrupción gubernamental que ha permitido el saqueo de las finanzas públicas a través de ISOSA y el Fideicomiso Aduanas I, entes privados que supuestamente concluirían en 2006 para ocultar el abuso del poder para enriquecerse con impunidad desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los antecedentes de Integradora de Servicios Operativos SA, se remontan a 1992, cuando comenzó a fraguarse un mecanismo para modernizar las aduanas –que tradicionalmente eran un cuello de botella en el cruce de mercancías del comercio internacional– condición para que el gobierno de Estados Unidos pudiera firmar con México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien tuvo una visión neoliberal para abrir el país a la globalización, ideó la forma de captar recursos para la modernización de las aduanas.

Francisco Gil Díaz, subsecretario de Ingresos, con ascendencia en Pedro Aspe, titular de la dependencia, quien fue su subalterno y alumno años atrás, se dio a la tarea de investigar cómo se podrían captar los recursos suficientes para el objetivo salinista. Empresarios le presentaron un plan a Gil Díaz, quien lo hizo evolucionar en lo que años después se convirtió en un instrumento de corrupción del que a la fecha no se han cuantificado los daños al erario.

El periodista Miguel Badillo Cruz realizó una investigación que concluyó en el libro ISOSA. Fraude transexenal a la nación (Grijalbo, noviembre 2006), y en 222 páginas desentraña (anexo de documentos incluido) el mecanismo que fabricó Gil Díaz para apropiarse de una fortuna incalculable que sólo compartió con sus cómplices del salinismo, zedillismo y foxismo. En entrevista con Forum el autor relató cómo comenzó a investigar sobre el tema:

“Hace 10 años empecé a recibir comentarios de empresarios y funcionarios que me sugirieron que investigara el caso de ISOSA, donde había una enorme corrupción. No había quién hablara sobre el tema, la información estaba dispersa: eran tantas las personas que estaban involucradas, que era difícil que una persona tuviera toda la información más allá del propio Francisco Gil Díaz o su secretario particular, Lorenzo Hernández, o algún otro funcionario”.

Entonces, así, con partes aisladas que recogía de uno y otro informantes, fue publicando en los diarios sobre el tema y los mismos que le sugerían investigar, le decían que iba en la ruta correcta. Para entonces, confesó, nunca pensó en publicar un libro, pero fue armando el rompecabezas.

Recabó información de anónimos y de gente involucrada. Y así, con informaciones de diverso origen, fue armando la estructura de lo que tiempo después se conoció como ISOSA y su funcionamiento.

Todo comenzó al plantearse desde la Presidencia de Salinas: cómo captar recursos para la modernización de las aduanas, y el plan de Gil Díaz fue cobrar un impuesto a las exportaciones e importaciones de mercancías al que denominaron derecho de trámite aduanal (DTA) y quienes operarían el mecanismo serían empresas privadas. Arrancó el proyecto con el nombre de ISSA (Integradora de Servicios SA), que operó por un año.

En entrevista, Badillo Cruz cuenta que cuando Gil Díaz vio que se generaban fuertes ingresos, le reclamó la propiedad de la misma a Gervasi Santiago, quien fungía como dueño y se apoderó de la empresa y le exigió la entrega de los fondos recabados. Le advirtió: “O entregas los fondos, o te encarcelo por evasión de impuestos”.

Los trabajadores de ISSA, que lo eran de la SHCP, pasaron de un día a otro al sector privado de un plumazo. “Esto ocasionó que a este hombre amenazado le diera un infarto en las oficinas de Gil Díaz y lo sacaron en ambulancia y lo llevaron por la avenida Juárez al hospital, donde lo hicieron firmar bajo la amenaza de cárcel, por lo que entregó la empresa y los recursos. Desaparece ISSA y se crea ISOSA”.

Hubo un antecedente, cuenta el también director de la revista Contralínea: “Gil Díaz creó el fideicomiso Aduanas I, con número de folio 954-8, para que ingresaran los fondos que se recaudaron por los cobros de trámites aduanales. En lugar de hacerlo público, hizo un fideicomiso privado; toda la estructura, la planeación, la mecánica financiera, la creación del fideicomiso, que es en la banca de desarrollo (Nacional Financiera), todo se hizo con fondos públicos y servidores públicos, pero el fideicomiso es privado”.

¿Por qué?

—Porque siendo privado el fideicomiso, no había que rendirle cuentas a nadie de los fondos que ahí se reunían –primer delito. Segundo delito: Los fondos recaudados por el derecho de trámite aduanal tenían que ir a la Tesorería de la Federación (Tesofe), como lo establece la ley, pero estos fondos eran desviados y en vez de ir a la Tesofe, iban al fideicomiso y de éste salían hacia la empresa ISOSA.

“Y de esta manera se sacaban los recursos para utilizarlos en lo que ellos querían. Es una forma de evadir todos los controles tanto del Congreso como de la Secretaría de la Contraloría, en aquel entonces”.

Al ver que el negocio dejaba tales ganancias, miles de millones de pesos, agregó Badillo, crearon un segundo fideicomiso: Aduanas II, que se le llama el segundo reconocimiento aduanal y éste lo integran con dos empresas aduanales, para darle mayor opacidad y otro giro, porque para entonces ya había ruido; ya se estaba publicando esta información. Pero todo era simulación.

“Santiago Creel participó con Gil Díaz en la instrumentación legal. Le dio el soporte legal a los fideicomisos y a la empresa ISOSA y firma como secretario de vigilancia, porque creó la estructura legal. Lo que pasa es que no hay con qué se soporte esto que es totalmente ilegal. Años después trataron de modificar leyes en el Congreso (para hacerlo legal).

A principios de 1994, Gil Díaz decidió renunciar para evadir cualquier investigación en su contra, contó Badillo, “y lo acordó con Pedro Aspe, quien aceptó para responsabilizar al que llegara, pero casualmente nombraron sucesor a Ismael Gómez Gordillo, que ya había sido subsecretario de Hacienda y procurador fiscal, con mucha experiencia en materia de seguros y fideicomisos”.

Cuando llegó Gómez Gordillo para sustituir a Gil Díaz en marzo de 1994, a unos meses de que concluyera el sexenio, cuando a éste le urgía irse, Pedro Aspe le pidió al sucesor: “Limpia el cochinero que dejó Gil Díaz en ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y II”. Cuando Ismael Gordillo investiga, se entera que la información estaba tan dispersa, que llamó al otro subsecretario y le pidió que le informara y reconoció que no tenía toda la información: “para que te cuenten toda la película, tendríamos que juntar a unas 60 personas”, le dijo.

Reunió en la sala de juntas entre 60 y 70 funcionarios de primer nivel de la SHCP para que le explicaran la forma de operar de los fideicomisos. Al término de la explicación de la compleja operación de los fideicomisos, les dijo Gómez Gordillo: “O sea que ¿ustedes quieren que yo diga que esto que camina como pato, que tiene plumas y pico de pato es un gallo? No lo puedo hacer. Esto está mal”.

Gómez Gordillo ahondó en sus investigaciones y le dijo a Pedro Aspe: “No puedo avalar todo esto que está fuera de la normatividad. Pedro Aspe le dijo que estaba obligado a hacerlo, para eso estaba ahí, para regularizar todo el entramado y desaparecerlo. Para ello, le contestó, tendrían que participar la secretaria de la Función Pública, María Elena Vázquez Nava, el procurador fiscal y funcionarios de primer nivel, incluido el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, y hasta el presidente Salinas”.

Instrumentó todo para efectuar reuniones de secretarios de Estado y lograron echar a andar la maquinaria para desaparecer la estructura viciada, pero no lo consiguieron porque faltaba poco tiempo para que concluyera el régimen salinista. Hasta julio firmó Gómez Gordillo el acta de entrega-recepción, cuatro meses después de su nombramiento, porque no quería hacerse responsable.

Entró el nuevo gobierno y con Zedillo ya se habían creado más empresas además de ISOSA y siguieron funcionando como barriles sin fondo de recursos públicos durante todo el sexenio zedillista, cuando nadie imaginaba que llegaría de nuevo Gil Díaz a ocupar la Secretaría de Hacienda con Vicente Fox en la Presidencia de la República, para recuperar lo que había creado.

“En un gobierno panista que hablaba de honestidad, de transparencia y de combate a la corrupción, Vicente Fox permitió que siguiera operando el fideicomiso y las empresas privadas. Durante todo el sexenio siguió operando a éste el aparato gubernamental con este nivel de corrupción, de desvío de recursos públicos, que tan sólo en el sexenio foxista se calcula que por ahí cruzaron 150 mil millones de pesos. Dicho por altos funcionarios públicos”.

A la fecha, concluye el autor, nadie sabe en qué se invirtieron estos recursos públicos ni con cuánto se quedaron, pero es un monto muy considerable. Después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que lo que captó Gil Díaz a través de ISOSA y los fideicomisos, una parte era dinero privado y otra dinero público. “O sea, que sí hay delito”.

Ordenó la SCJN que se traslade el dinero público a la Tesorería de la Federación.

¿Qué pasó con todo el dinero que operó fuera de la Tesofe?

—Aun con el fallo de la Suprema Corte, hay desvío. Ahora hay todo un proceso legal en la Corte, donde siguen apelando y discutiendo. También se creó ya la comisión legislativa que va a investigar a ISOSA y los fideicomisos, hasta 2009.

Al respecto, opina Miguel Badillo que a pesar de la intervención de la SCJN y del Congreso, “muy difícilmente van a entregar la información, porque se tiene bajo el secreto fiduciario, el secreto bancario, de tal manera que no se tiene acceso a la información como se debiera, un candado que impide informar sobre los fideicomisos”.

Para periodistas como Badillo Cruz no hay imposibles. Con una sonrisa de satisfacción me mostró un estante de libros, donde están siete voluminosas carpetas con suficiente información que hace poco le llegaron, y adelantó: “Ya estoy pensando en un segundo tomo de ISOSA. Fraude transexenal a la nación”.

Desde la introducción el autor afirma que “contrario al discurso oficial de garantizar el derecho a la información y respetar la libertad de prensa, Vicente Fox solapó a su secretario de Hacienda para evitar su rendición de cuentas en el nuevo gobierno encabezado por Felipe Calderón, a quien tampoco le importa indagar el desvío multimillonario”.

En la entrevista, Miguel Badillo reiteró: “No veo en el nuevo gobierno voluntad política para desaparecer ISOSA y los fideicomisos que son una fuente inagotable de ingresos de los que se ignora su destino. Esta estructura sigue vigente”.

Afirma el autor desde los primeros capítulos que Gil Díaz confirma que es el autor intelectual y material del fraudulento mecanismo en documentos oficiales firmados de puño y letra para recaudar las contribuciones de importadores y exportadores, mexicanos y extranjeros, al margen de la ley y que desde hace 15 años ha permitido saquear los derechos generados por el servicio aduanero.

Recuerda en el libro que el 29 de agosto de 2006 fue asesinado en la vía pública de la ciudad de México Francisco Obel Villarreal Antelo, director de Operaciones de ISOSA. Antes, agrega, no se sabía prácticamente nada sobre esta empresa privada sui generis. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estableció que el crimen fue por su actividad profesional en la misma. La investigación fue atraída por la Procuraduría General de la República que no ha entregado ningún resultado.

La Auditoría Superior de la Federación conoció algo de esta historia y después de auditar el fideicomiso ligado a la empresa, estableció que a través de ISOSA se saquearon por lo menos nueve mil millones de pesos, pero se topó con la SCJN, que determinó que a pesar de que el 99.9 por ciento de su capital pertenece al Estado, se trata de una compañía privada y por tanto no está obligada a ingresar esos recursos que cobra a los importadores y exportadores a la Tesorería de la Federación, ni tampoco puede ser auditada.


Fuente: Forum en linea.

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