Ciudad de México, 9 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 471
Sumario:
I. El Elbazo en la Sección IX del SNTE ¡No pasará! Declaración del diputado electricista José Antonio Almazán
II. La libertad sindical, un derecho inexistente en México, afirma Bertha Luján Uranga
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EL ELBAZO EN LA SECCIÓN IX DEL SNTE ¡NO PASARÁ! DECLARACIÓN DEL DIPUTADO ELECTRICISTA JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN
Sin el menor pudor, reproduciendo los métodos más grotescos y mafiosos del charrismo sindical y haciendo gala de completa impunidad, la profesora Elba Esther Gordillo Morales intenta retomar, a como de lugar, el control de la dirección de la sección IX del SNTE.
Para ello convocó a la realización del XXIII Congreso Seccional el día martes 1 de julio —tres días antes de finalizar el ciclo escolar, es decir cuando los maestros se encuentran completamente atareados por la entrega de calificaciones—, sin dar a conocer el lugar y la hora del evento, realizando maniobras distractoras (indicando que el Congreso se realizaría en un hotel del sur de la ciudad y tomando, con golpeadores de otras secciones, el local sindical) e imponiendo, en una cochera acondicionada como salón de fiestas, en una aislada zona del norte de la capital, como secretaria general a María Teresa Pérez Ramírez, “electa” en menos de una hora y con menos de 90 delegados.
A pesar de lo amañado de la convocatoria, acompañada de una lluvia de propaganda hostil a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a sus principales dirigentes, los maestros democráticos retomaron la iniciativa y el día 30 de junio, por la mañana, 60 mil profesores de educación primaria, preescolar y especial, de la sección IX eligieron en asambleas sectoriales a unos 600 delegados al Congreso con el objetivo de elegir a su nuevo comité ejecutivo. Por la tarde se realizó la asamblea de delegados. Se dieron informes de las asambleas y se recogieron actas electivas que arrojaron casi 80 por ciento de delegados electos pertenecientes a la CNTE, 11 por ciento para los “institucionales” y 9 por ciento de indefinidos y por asambleas no realizadas al no haber llegado el representante del Comité Ejecutivo Nacional.
Ante estos resultados tan adversos para la corriente representada por Elba Esther Gordillo, no tuvo más remedio que utilizar los abyectos métodos, mencionados al principio, para hacerse del control de una de las secciones más combativas y representativas de todo el sindicato magisterial.
¿Será capaz el secretario de Trabajo y Previsión Social de avalar y legitimar este gravísimo atropello a la libertad y democracia sindical? Todo hace temer que no sólo es posible sino esperado.
Diversas experiencias demuestran que la política de los gobiernos panistas, en materia de respeto a la autonomía sindical, es completamente coincidente con las peores prácticas de los gobiernos priistas. Manipulan y reprimen a los trabajadores en beneficio del interés de los patrones, de su política general y para la protección de dirigencias sindicales que les son absolutamente fieles e incondicionales. En los hechos la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo III del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refieren a la autonomía sindical, son letra muerta, un derecho conculcado a los trabajadores.
Los ejemplos sobran:
– El 27 de octubre de 2005 se realizó uno de los procesos electorales más sucios que haya vivido el sindicato petrolero, para reelegir “anticipadamente” a su secretario general, Carlos Romero Deschamps. La XXIV Convención Extraordinaria que lo reeligió suspendió, ignoró y modifico al vapor artículos de sus estatutos, incluido el que impedía otorgar el cargo a una persona con orden de aprehensión, se inventó la figura de “elección anticipada” y se otorgaron “amplias facultades” a Romero Deschamps para elegir a su comité ejecutivo. Todo ello en presencia (más bien complicidad) de los entonces secretarios del Trabajo, Francisco Javier Salazar, quien en contra de todo procedimiento legal y realizando la “toma de nota” más rápida de la historia, le tomo ahí mismo la protesta, y de Gobernación, Carlos Abascal. El objetivo de esta sucia maniobra no podía ser más clara el día de hoy: proteger a Romero Deschamps de los delitos de peculado y lograr su sometimiento para apoyar el actual intento de privatización de la industria petrolera.
– El 15 de agosto de 2006, el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro fue electo a través de un proceso electoral calificado por su asamblea general, ratificado por dos asambleas generales adicionales y todo en estricto apego al marco jurídico aplicable y de sus estatutos sindicales. Sin embargo, esta dirección democrática no contaba con el visto bueno del gobernador Francisco Garrido Patrón, quien, en un hecho sin precedentes en la lucha sindical en el estado de Querétaro, promovió el despedido injustificado de la mayoría de los integrantes del comité ejecutivo electo y ha lanzado una campaña intimidatoria para que los trabajadores denuncien penalmente a su dirección por supuestos malos manejos de los fondos sindicales. Personalmente he presentado un Punto de Acuerdo para el cese de esta represión fascista, sin que hasta la fecha el conflicto se haya resuelto.
– El pasado 5 de mayo, a pesar de la enorme campaña represiva por parte del poderoso empresario Jorge Larrea, de las autoridades del trabajo y del obligado exilio de su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, pero cumpliendo con toda la normatividad legal y estatutaria, se llevó a cabo la XXXV Convención General Ordinaria del Sindicato Minero la cual lo reeligió en el cargo. Después de dos meses de sospechoso silencio, la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota aduciendo pretextos que nadie, ni en México ni en el extranjero, acepta como válidos. El supuesto fraude cometido por Napoleón Gómez Urrutia ha sido investigado por un organismo de incuestionable solvencia, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), quienes a su vez encomendaron una auditoría a una firma contable suiza, la cual lo absolvió por completo. El peor delito de este sindicato ha sido la firme denuncia de la criminal política de seguridad de la empresa Minera México y de haber logrado los mejores aumentos salariales en toda la industria nacional.
Ante estos antecedentes, ¿cómo no vamos a pensar en la posibilidad de que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, avale semejante violación a la autonomía y libertad sindical? Si lo hace, estaremos ante un agravio mayúsculo hacia un movimiento que se caracteriza por su democracia y combatividad; la respuesta llegará con toda seguridad en agosto, fecha en la que se reanudarán las clases y sus consecuencias serán impredecibles.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de julio de 2008
ATENTAMENTE
José Antonio Almazán González
Diputado federal
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LA LIBERTAD SINDICAL, UN DERECHO INEXISTENTE EN MÉXICO, AFIRMA BERTHA LUJÁN URANGA
El modelo laboral impuesto y profundizado en México en estos últimos 26 años es consecuencia del sistema económico y político adoptado por los gobiernos neoliberales, tanto priistas como panistas, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, manifestó la secretaria del Trabajo del gobierno legítimo, Bertha Elena Luján, al analizar la situación de los derechos laborales en México.
Durante este tiempo, expuso, la principal oferta de los regímenes mexicanos a los inversionistas extranjeros y nacionales ha estado basada en una mayor explotación de la mano de obra a través de la reducción gradual de los salarios y prestaciones sociales, el deterioro de la seguridad social, el incremento de cargas laborales y de la jornada de trabajo, y la precarización del trabajo a través de formas cada vez peores de contratación como el trabajo eventual, por honorarios, contratos a prueba, o la subcontratación, lo que ha llevado en los últimos lustros a una drástica caída de la calidad de vida de los trabajadores, que son casi la mitad de la población del país.
Hizo énfasis en que para mantener esta situación que atenta directamente contra la vida de los que viven de su trabajo, se ha mantenido y fortalecido el control de las organizaciones sindicales de los trabajadores, no sólo manteniendo el sistema corporativo y de charrismo sindical, como son los casos de los sindicatos nacionales de la educación, electricidad, petroleros, ferrocarrileros o del sector burocrático, entre otros, sino ampliando la posibilidad de los patrones para crear y controlar las organizaciones laborales y las direcciones de los trabajadores, a través del sindicalismo blanco o de protección.
Así, detalló, han proliferado en el país, sobre todo en los nuevos sectores económicos y empresas que se fortalecen a partir del TLCAN, el contratismo de protección que abarca a cerca de 90% de los centros de trabajo en el país.
Luján Uranga puso de ejemplo que las grandes trasnacionales como Wall-Mart, las maquiladoras en el norte y resto del país, todo el sector de la construcción, las nuevas líneas aéreas, el sector servicios (restaurantes, hoteles, tiendas de servicios) y las compañías de limpieza son cotos privados entregados a los empresarios, para que ellos determinen qué sindicato quieren, quiénes deben dirigirlo y qué contratos colectivos están dispuestos a firmar.
El actual sistema laboral obviamente está acompañado de una política de Estado que han mantenido los gobiernos priistas y panistas, a través de la Secretaría del Trabajo, que ha contado con oscuros y rapaces titulares como Farell Cubillas, Abascal Carranza, Salazar Saénz y hoy Lozano Alarcón, agregó.
Afirmó que de manera sistemática los mencionados cabecillas han instrumentado las políticas de caída salarial y de apoyo irrestricto a las demandas patronales, atropellando a su paso los más elementales derechos laborales, entre ellos, el de libertad sindical y contratación colectiva.
Ejemplos claros los tenemos en la actualidad —prosiguió— en los casos del Sindicato Nacional Minero, la Vidriera Potosí en San Luís Potosí, CONALEP en Puebla, Proquina en Veracruz, los técnicos y profesionistas de Pemex, trabajadores al servicio de estados y municipios en Chihuahua y Querétaro y los maestros de Oaxaca, Michoacán y Distrito Federal, entre otros muchos.
Afirmó que resulta incongruente que el gobierno, sea priista o panista, que durante décadas viene violentado el derecho de libertad sindical, hoy encabece en la OIT precisamente la Comisión de Libertad Sindical.
Este 9 de julio se conmemoran 60 años de vida del Convenio 87 sobre Libertad Sindical. Es un motivo no sólo para denunciar la situación que viven los trabajadores en México, y la negativa del gobierno a ratificar el Convenio 98 sobre la Contratación Colectiva, sino para demandar enérgicamente cambios profundos en la política laboral, que amplíen y fortalezcan los derechos que gozan millones de trabajadores en el mundo, y que son ley en nuestro país, consideró.
A nombre de millones de trabajadores, la titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno legítimo de México exigió respeto al derecho a elegir la organización sindical que los trabajadores quieran, respeto a la contratación colectiva auténtica, respeto a una justicia laboral con instituciones autónomas, expedita y eficaz, respeto al voto secreto en los recuentos y elecciones sindicales y sí al Registro Público de contratos colectivos y sindicatos y sí a la recuperación del salario y la mejora continua de las condiciones laborales.
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