ISA Servicio informativo núm. 493

Ciudad de México, 31 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 493

Sumario:

I. Rectoría del Estado sobre el petróleo, convertir el crudo en palanca del desarrollo nacional y transformar al país en potencia energética, vertebran la propuesta de reforma petrolera del gobierno legítimo

II. La lucha sigue, por Gustavo Iruegas

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RECTORÍA DEL ESTADO SOBRE EL PETRÓLEO, CONVERTIR EL CRUDO EN PALANCA DEL DESARROLLO NACIONAL Y TRANSFORMAR AL PAÍS EN POTENCIA ENERGÉTICA VERTEBRAN LA PROPUESTA DE REFORMA PETROLERA DEL GOBIERNO LEGÍTIMO

Desde tierras michoacanas, donde arrancó hoy su gira semanal de organización de los representantes del gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que intelectuales, técnicos, profesionistas y especialistas en materia energética son los encargados de elaborar la propuesta de reforma energética del Frente Amplio Progresista, con la única intención de fortalecer realmente la industria petrolera del país.

Desde la tierra del general Lázaro Cárdenas del Río, el presidente legítimo de México detalló que el día de ayer legisladores del PRD, PT y Convergencia se reunieron con un grupo de expertos en el tema petrolero, y subrayó que se tomó la decisión de presentar un proyecto alternativo de manera conjunta.

“El propósito —explicó López Obrador— es defender la rectoría del Estado sobre el petróleo, convertir al sector en palanca del desarrollo nacional y transformar a México en una potencia energética, así como evitar que el gobierno usurpador, en contubernio con el PRI y el PAN, entregue el petróleo a empresas extranjeras.

Ante el pueblo de Michoacán, resaltó que el Frente Amplio Progresista rechaza la propuesta privatizadora calderonista que, después de una revolcada, presentó como suya el Revolucionario Institucional. Explicó que la propuesta del FAP se apega al espíritu y letra de la Constitución, mientras que las ofertas de Calderón y de los priistas son de carácter privatizador de Petróleos Mexicanos y profundizan la corrupción en la paraestatal.

Al conceder una entrevista a los medios de comunicación, advirtió que si los partidos tricolor y blanquiazul “hacen sus enjuagues o intentan imponer una reforma privatizadora, vamos a llamar a los ciudadanos a defender el petróleo y habrá movilizaciones en el marco de la resistencia civil pacífica”.

Rechazó la eventual toma de carreteras como parte de la resistencia civil pacífica, “aunque eso no quiere decir que vamos a quedarnos con los brazos cruzados ante el robo que quieren cometer los jefes de Calderón, es decir, quitarle el petróleo a los mexicanos”.

También mencionó que esperará los resultados de la consulta popular sobre la reforma energética que se realizará el 10 de agosto en los estados del sur del país y el 24 de agosto en el norte del territorio mexicano. “Nos vamos a seguir organizando, porque si es necesario vamos a parar al país, pero no vamos a permitir la entrega del hidrocarburo a empresas extranjeras”, subrayó.

Al preguntarle si había ganado el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con la consulta popular realizada el pasado fin de semana en la Ciudad de México, comentó que “sí, porque Ebrard promovió el ejercicio democrático y lo más importante es que ganó la gente, porque todo lo que se haga para evitar la entrega de la industria petrolera es benéfico para el pueblo de México”.

Cuando los reporteros le pidieron su opinión sobre la posibilidad de que Ebrard Casaubon se convirtiese en candidato a la Presidencia de la República, López Obrador respondió: “Bien, claro que muy bien”.

En Epitafio Huerta, Contepec y Tlalpujahua, Andrés Manuel López Obrador calificó de exitosa y como un hecho inédito la consulta popular sobre la reforma energética que se realizó el pasado 27 de julio en diez entidades del país, porque participaron alrededor de 2 millones de personas y es la primera vez que se pregunta al pueblo de México su opinión sobre un tema tan importante como la industria petrolera.

En Contepec, tierra del liberal Melchor Ocampo, expresó que este estado es cuna de héroes ilustres como el general Lázaro Cárdenas, pero también es “cuna de traidores como Felipe Calderón”.

Los habitantes de Tlalpujahua le pidieron su apoyo al presidente legítimo de México para que impida que los presidentes municipales sólo utilicen sus cargos públicos para enriquecerse y no para proteger y defender al pueblo.

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LA LUCHA SIGUE

por Gustavo Iruegas

secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 31 de julio de 2008)

La batalla por el petróleo será un episodio capital en la lucha por la cuarta República. Su importancia reside en el valor económico de los hidrocarburos, en su uso como palanca del desarrollo, en su incidencia en la política nacional, en su carácter estratégico en la geopolítica mundial. Son igualmente determinantes sus efectos como factor de identidad nacional, en la voluntad de lucha y en las perspectivas de victoria. También será probatoria de la eficacia de la resistencia civil pacífica como método de lucha.

En el discurso que pronunció en la Cámara de Diputados en ocasión del desafuero, y en muchos otros pronunciamientos previos y posteriores, AMLO advirtió sobre la intención de “los amos de México” de enajenar los hidrocarburos y al propio Pemex. Entonces se soslayó la advertencia como si se tratara de un simple recurso retórico.

En el acto de constitución del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, celebrado en el Centro Cultural Indianillas el 9 de enero último, la advertencia fue claridosa: “… no permitiremos ninguna reforma que implique entregar el petróleo a extranjeros. Va en serio. Lo repito: va en serio. Desde aquí le mandamos decir al pelele y a sus patrones que si intentan la privatización de Pemex, habrá movilización nacional. Como se comprenderá, ante semejante acto de traición a la patria, no caben titubeos ni medias tintas, ni el qué dirán de nosotros en los medios de comunicación”. Esta advertencia es plenamente vigente.

El gobierno de facto negó que tuviera tan aviesa intención y negó también que pensara promover una modificación constitucional para hacerlo. Cuando comprobó que no podría, reorientó el plan hacia la modificación de leyes secundarias. Con toda oportunidad se denunció su intención de enviar al Congreso iniciativas que modificarían las leyes reglamentarias del artículo 27 y de otras leyes cercanas al tema con la pretensión de engañar al pueblo, argumentando que al no tocar el texto constitucional se respetaba la Constitución.

La burda maniobra fue desmontada por la reacción en la opinión pública y con gran cinismo alegaron que no había tales iniciativas, mismas que pronto salieron a la luz pública. Se hizo evidente la intención de hacerlas aprobar sorpresiva y aceleradamente. Pero se le madrugó al madruguete.

Las brigadas defensoras del petróleo —y a la vanguardia las esforzadas adelitas— entraron en acción y el trabajo del comité se materializó en las calles. En el Congreso los legisladores progresistas tomaron la tribuna. El esfuerzo conjunto desembocó en la aceptación de un debate público sobre el tema.

Curándose en salud, los dirigentes derechistas argumentaron que el resultado del debate no evitaría que en el Senado se dictaminen las iniciativas y luego se aprueben por el simple efecto de la mayoría PRIAN. Pronto surgió la respuesta en forma de la consulta popular que celebró el domingo 27 su primera etapa. No será factible legislar en contra de la voluntad popular así expresada.

En todo el país, en universidades, congresos locales y amplia variedad de organizaciones populares se difundieron las tesis defensoras del patrimonio nacional. Simultáneamente los brigadistas se movilizaron en una denodada campaña de visitas domiciliarias para explicar a la población las intenciones privatizadoras, informar de la situación y de la necesidad de derrotar la campaña de los medios de comunicación comprometidos en el despojo. Se prepararon y entregaron carpetas informativas por millones. El Gobierno Legítimo, los partidos del Frente Amplio Progresista y los brigadistas se emplearon a fondo.

En el Senado se organizaron 21 sesiones maratónicas de ponencias de expertos técnicos, económicos, jurídicos y políticos. Los derechistas sufrieron una derrota de las que en el juego de dominó se llaman “zapato”.

Al finalizar ese ejercicio, el jefe de la fracción parlamentaria del PRI anunció que su partido presentaría una propuesta propia. Como era de esperarse, se trata de una iniciativa que priva al gobierno de la autoridad suprema y se la concede apenas nominal.

Es una iniciativa mediatizadora: la creación de organismos descentralizados con autonomía de gestión y presupuestaria implica sustraer a esos organismos del control estatal; así fue como Pedevesa quedó en manos de consejeros y técnicos escogidos por el régimen derechista para aplicar criterios neoliberales a la administración del petróleo venezolano. Por eso fue necesario renacionalizar el petróleo en aquel país.

Bonos ciudadanos y para “instituciones financieras formadoras de mercado” y otros negocios privados implica comprometer la renta petrolera hacia esos accionista. La iniciativa contempla la posibilidad de contratar deuda pública, de celebrar contratos por adjudicación directa y tantas cosas como ésta, que los funcionarios del gobierno espurio y los derechistas de México se congratulan de las coincidencias. En fin, lo único que se puede leer en la iniciativa priísta es que la lucha sigue.

En las condiciones actuales, los objetivos populares en la defensa del petróleo tienen dos grandes vertientes: preservar el patrimonio petrolero y corregir las políticas perversas que se han venido aplicando hace ya 26 años.

La política energética, ahora orientada a satisfacer los requerimientos de Estados Unidos, debe ser reorientada hacia los intereses nacionales. Debe encauzarse en una política energética de Estado, es decir, en una política en la que coincidan el gobierno y la nación, que ponga al servicio del pueblo el producto de su patrimonio. La movilización popular, siempre pacífica pero creciente, es nuestra arma principal; la intransigencia es nuestra actitud de lucha. Transigir es consentir lo injusto.

En la consulta se expresó la voluntad del pueblo y en la lucha el poder popular. ¡Venceremos!

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ISA Servicio informativo núm. 441

Ciudad de México, 6 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 441

Sumario:

I. La seguridad energética nacional, el proyecto de reforma de Pemex. Intervención de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en los debates del Senado de la República sobre la reforma energética

II. Se busca entregar una legislación permisiva a la enajenación del patrimonio petrolero a la ya agonizante administración del presidente Bush. Intervención de Gustavo Iruegas, secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México durante los debates del Senado de la República sobre la reforma energética

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LA SEGURIDAD ENERGÉTICA NACIONAL, EL PROYECTO DE REFORMA DE PEMEX
Intervención de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas en los debates del Senado de la República sobre la reforma energética

Presentación

Una cuestión nos queda clara. Los argumentos utilizados para proponer la reforma a Pemex son los mismos de las empresas extranjeras para criticar la expropiación de sus bienes por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas.

Se dijo entonces: México no tendría ni capacidad financiera, ni elementos tecnológicos, y, por supuesto, los trabajadores —técnicos, profesionistas, administrativos y obreros— llevarían a la quiebra a la industria petrolera. Sólo las empresas trasnacionales podrían salir avante en la extracción, producción, distribución y comercialización del petróleo mexicano.

Hoy se nos repite en forma incesante esos mismos argumentos: Pemex no podrá ni tiene capacidad técnica y para “fortalecerlo” se requiere de la participación de las empresas extranjeras. Ésa es la salida actual, se insiste.

Desde aquella época, quedó más que demostrada la capacidad plena de los mexicanos en Pemex, gracias a lo cual se ha convertido en la empresa por excelencia del país y genera el sustento económico del crecimiento y el desarrollo nacional. El mayor aporte al PIB es de Pemex.

De los propósitos indicados resalta el desdén hacia el trabajo de profesionistas, técnicos y obreros de nuestro país. La iniciativa de reforma a Pemex los olvida. Peor aún, nos agravia, cuando nos asecha.

Durante todo el siglo pasado más lo que llevamos de éste, es notoria la calificación de los trabajadores petroleros para alcanzar los objetivos de producción y servicio en la industria; en todos los ámbitos esa capacidad dio cuenta de su crecimiento, expansión y consolidación; sólo gracias al trabajo de los petroleros, Pemex se ha convertido en la industria estratégica que es.

Desde nuestra perspectiva, desde la industria eléctrica notamos y anotamos estas cuestiones, pues buena parte de los calificativos están basados en ese desdén. Las descalificaciones empiezan con los trabajadores para culminar con sus derechos, con el contrato colectivo y con la aparente improductividad. En los momentos cruciales de nuestras industrias estratégicas, se menciona a los trabajadores para descalificarlos; para atacar sus derechos como prerrogativas o como privilegios. Cuando no es desdén es ataque.

Nuestro reclamo va en ese sentido. Antes que los administradores y directores de las empresas, siempre transitorios o sexenales, queda el conjunto de obreros, de técnicos, profesionistas, especialistas y trabajadores, todos permanecen en estas nuestras empresas, son base, sustento y razón de la eficiencia, calidad y productividad de la industria estratégica nacional.

Desde 1938 como desde 1960, los recursos estratégicos de la nación se respaldan, se fundamentan y proyectan con el esfuerzo, calidad, esmero y convicción de las trabajadoras y los obreros mexicanos. Los contratos colectivos son el mecanismo idóneo, donde cantidad y calidad del trabajo se adecuan a las exigencias productivas, a las de la demanda como a las del medio social y a la ecología; responden al cumplimiento cabal de los objetivos de ser empresas al servicio del crecimiento económico y palanca del desarrollo social.

México tendrá proyección a partir del sentido constitucional otorgado a sus recursos estratégicos. Independencia económica, desarrollo social y soberanía política logrados por su industria nacional de energía. Siendo esta la cuestión, tan sencilla de entender, nos preguntamos: ¿Qué se están proponiendo? ¿Se trata de un asunto de seguridad energética nacional o es un asunto de seguridad geopolítica del vecino del norte?

Nuestra respuesta es clara: Por supuesto, se trata de la seguridad energética nacional y, por lo mismo, de mantener para el país los recursos estratégicos en la esfera de dominio directo, exclusivo y excluyente que tiene el Estado mexicano sobre ellos.

(Por su extensión, reproducimos aquí sólo el inicio de la ponencia de Martín Esparza, secretario general del SME. El documento completo puede consultarse en: http://www.senado.gob.mx/reforma_energetica/content/foros/docs/27mayo2008_4.pdf)

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SE BUSCA ENTREGAR UNA LEGISLACIÓN PERMISIVA A LA ENAJENACIÓN DEL PATRIMONIO PETROLERO A LA YA AGONIZANTE ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE BUSH.
Intervención de Gustavo Iruegas, secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México durante los debates del Senado de la República sobre la reforma energética

Aunque en el texto de las iniciativas de reforma al régimen legal del petróleo en México aparece el tema de los yacimientos transfronterizos, es en el documento titulado “Diagnóstico. Situación de Pemex”, presentado el día 30 de marzo de este mismo año por la secretaria de Energía y el director general de la empresa, en el que se le dedican unas páginas aparentemente sustantivas.

Sin embargo, de lo anterior, en todo el expediente que propone la desincorporación del petróleo mexicano, de la soberanía y del patrimonio nacionales, al igual que en los motivos de las iniciativas de ley que han dado origen a este debate, descansan tres argumentos enfáticamente planteados a lo largo del diagnóstico.

Han sido muchos los alegatos acerca de la cuestionable veracidad de estos argumentos; y seguramente se escucharán más a lo largo de estas sesiones. Yo me detendré brevemente en ellos, porque hacerlo sirve para explicar la presencia del tema de los yacimientos transfronterizos en este debate.

El primero sostiene que las reservas nacionales de hidrocarburos probadas, probables y posibles han entrado en fase de declinación y que para el año 2018 ya no será posible mantener la plataforma de producción de 3 millones de barriles diarios.

Las dos partes de esta afirmación deben analizarse separadamente. La primera. Las reservas nacionales han entrado en fase de declinación, se respalda precariamente con la cuenta estadística de las reservas en los últimos 25 años; pero carece de información acerca de los esfuerzos y gastos de exploración realizados en ese mismo plazo. El dramático acierto tendría que sostenerse en los estudios de prospección sobre el territorio nacional que demuestren la inexistencia de otros yacimientos. De otra manera, lo que hay que explicar son las razones por las que se abandonó o se redujo esa importante actividad.

La segunda parte del argumento asegura que ya no será posible mantener la plataforma de producción actual, dando como un hecho indiscutible que producir más de 3 millones de barriles diarios es una meta irrenunciable.

Todos los elementos de la gestión petrolera son variables: Las reservas, la tecnología, los costos y los precios. Igualmente lo es la plataforma de producción que año con año determina la Ley de Ingresos. Lamentablemente, esa determinación se hace con propósitos fiscales cuando debiera hacerse en función del Plan Nacional de Desarrollo, si éste tuviera aplicación efectiva.

La plataforma de producción del país no es otra cosa que la cantidad de petróleo que se autoriza extraer en un año para satisfacer la demanda interna y la que se destina a la exportación. Como los precios están vertiginosamente al alza y siendo que las reservas mundiales empiezan a agotarse, es de esperarse que el petróleo, cada vez más escaso, siga subiendo de precio.

La renta petrolera es una función del costo de producción, la cantidad de aceite que se vende y el precio al que se vende. De modo que en la medida en que los precios suban, la producción puede bajar sin afectar la renta petrolera del país.

La tendencia a subir de los ya altos precios del petróleo debería aprovecharse para vender cada vez menos petróleo al extranjero y preservar el que aún queda para el consumo interno en el futuro. Todo el petróleo que ahora vendamos lo compraremos mañana a los precios crecientes de la escasez y la especulación.

Aterroriza pensar a qué precio tendremos que importar la gasolina que ahora compramos a más de 400 dólares porque ya no somos capaces de producirla. Una investigación, quizá social, de por qué ya no somos capaces de producir la gasolina que antes producíamos nos llevaría, sin duda, a un dictamen de negligencia culposa.

Como se ve, los temores de que se ponga en riesgo la plataforma de producción del país no tienen fundamento sólido y se desvanecen fácilmente porque la idea misma de una plataforma no es sólida. Pero la decisión de acreditar las iniciativas de ley que modifiquen la propiedad del petróleo y el régimen de la industria petrolera mexicana subsiste a lo largo del documento y alrededor de ese falso concepto.

El segundo argumento es que la última opción mexicana está en los yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, cuya explotación Pemex es incapaz de practicar, por lo que debe llevarse a cabo por empresas extranjeras. La propuesta de compartir los yacimientos con la empresa extranjera capaz de extraerlos no toma en cuenta, o quizá deliberadamente evita mencionar, que al comprometer los yacimientos bajo los abusivos contratos de riesgo y otros modelos similares, automáticamente las reservas y la producción disponible para México se verá reducida, al igual que la renta petrolera, en la proporción prevista en el contrato.

Por lo tanto, si se autorizaran contratos de riesgo a 50%, las reservas nacionales se verían reducidas en la práctica en 50%. Y lo mismo sucedería con la renta petrolera. En esas condiciones, ¿se podría mantener la sagrada plataforma petrolera? Seguramente no, porque para que México pudiera disponer de 3 millones de barriles diarios, se tendrían que extraer 6.

El tercer argumento es la prisa impuesta por el cálculo de que en 10 o 12 años ya no se cumplirá la plataforma de producción actual y que estar en condiciones de explotar los yacimientos en aguas profundas tomaría ésos o mayores plazos, por lo que hay que iniciar los trabajos ahora mismo.

El diagnóstico dice al respecto, que: de no iniciar en este momento una actividad intensa de exploración y explotación en aguas profundas del Golfo de México, para el año 2021 México vería reducida su plataforma de producción en cerca de 500 mil barriles diarios respecto a sus niveles actuales. Y continua: “Aún disponiendo de los recursos financieros sin restricción, la complejidad de esos campos, los riesgos geológicos asociados, las necesidades tecnológicas involucradas y la incipiente experiencia que se tiene en esas áreas impedirían a Pemex realizarlos por sí mismo en el periodo que se requiere para sostener la producción del país”.

Es decir, que si tuviera más tiempo sí podría, pero como la prioridad es sostener la producción, pues no se puede. No se trata, entonces, de capacidad. Se trata de que hay prisa. ¿Cómo se vincula, entonces, la cuestión de los yacimientos transfronterizos con la prisa? El tema atiende a diversas clases de mantos acuíferos, de hidrocarburos o minerales que trascienden el territorio de dos o más Estados.

En México, tenemos varias clases de esos yacimientos: acuíferos, de hidrocarburos y seguramente de minerales. Lógicamente, los yacimientos de esa clase que tiene México, en tierra o bajo el mar, se extienden a los países aledaños. Vale decir: Estados Unidos, Guatemala, Belice, Cuba y Honduras. Con los tres primeros se trata de fronteras en mar y tierra; y con los dos restantes, las hay solamente marítimas.

Los yacimientos transfronterizos más importantes que tiene México son, mientras no se descubran otros, los que ocupan territorio mexicano y americano. Y consisten en mantos acuíferos y yacimientos de hidrocarburos y minerales.

En los más de 15 tratados con tema fronterizo entre México y Estados Unidos, no había previsiones sobre los yacimientos transfronterizos. Fue hasta que en el año 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que el Derecho Internacional pudo dar el respaldo jurídico suficiente para que ambas naciones firmaran en el año 2000 un tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas.

Además de determinar la anchura del mar territorial, de la zona contigua y de la zona económica exclusiva, la Convención estipuló la anchura de la Plataforma Continental que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas hasta el bordo exterior del margen continental; o hasta 350 millas, si este margen las excede, y 200 si no lo alcanza, contadas a partir de la base de medida del mar territorial. Sobre esta plataforma, el Estado ribereño mantiene derechos exclusivos para exploración y explotación.

La Convención prevé en su artículo 83 que la delimitación de la Plataforma Continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos, sobre la base del Derecho Internacional Aplicable.

Aunque Estados Unidos no es parte de la Convención, de esos dos artículos, 76 y 83, surgen los derechos de plataforma continental en el Golfo para México, Estados Unidos y Cuba. Esas delimitaciones dejan dos espacios que por analogía podríamos llamar “realengo”, pero que se han dado en llamar “Hoyos de Dona”. Uno de ellos es un polígono irregular que se forma entre los límites de la plataforma continental de México y Estados Unidos, que mide aproximadamente 17 mil kilómetros cuadrados, de los cuales, 10 mil 500 corresponden a México y 6 mil 500 a Estados Unidos.

El otro es un triángulo entre Cuba, Estados Unidos y México, con una superficie aún no delimitada, pero cercana a los 20 mil kilómetros cuadrados.

Es oportuno señalar que el polígono occidental ya no existe, porque esa área ha sido incorporada a las plataformas de Estados Unidos y de México en las proporciones mencionadas; la que sí está trazada es la línea que la separa por virtud del tratado que dividió justamente el hoyo de la dona, con una línea que se prolonga por 129 millas.

Como el interés por esos espacios está en los yacimientos transfronterizos, el tratado prevé que a lo largo de esa línea de 129 millas, las partes no autorizarán ni permitirán la perforación ni la explotación petrolera de gas dentro de una milla náutica y cuatro décimas a cada lado de la línea durante diez años.

Esta moratoria abarca una superficie de 1 239 kilómetros cuadrados, y termina el 16 de enero del año 2011. No hay mucha información disponible sobre las razones de los negociadores del Tratado del Hoyo de la Dona por la que se decidió la distancia de 1.4 millas a lo largo de las 129 millas, pero hay dos respuestas informales.

La primera dice que las excavaciones horizontales no podrían rebasar esas distancias, y la otra, que los yacimientos son generalmente de menores proporciones, de manera que, los que resultaran transfronterizos quedarían dentro del área protegida.

Lo interesante es que ambas explicaciones acusan la intención de evitar una explotación abusiva por alguna de las partes.

En el diagnóstico se plantea que la superficie bajo aguas profundas en el Golfo de México sobre la que México tiene derechos es de 575 mil kilómetros cuadrados, sin contar las superficies en aguas someras. También asegura que en la línea fronteriza entre la desembocadura del Río Bravo y el punto de inicio del Hoyo de la Dona existen yacimientos transfronterizos en una zona llamada Cinturón Plegado de la región denominada Perdido, en la que ya se practican perforaciones del lado americano, y donde por un fenómeno de cambio de presión, quien extrae unilateralmente lo hace en todo el yacimiento en perjuicio de quien no ha perforado o a perforado tarde.

Advierte, además, que en la actualidad las perforaciones horizontales pueden alcanzar hasta 11 kilómetros, y que la existencia de esos yacimientos y la disponibilidad de la tecnología para explotarlos unilateralmente desde el lado americano —cito—: “implica un riesgo de pérdida de hidrocarburos aún en yacimientos ubicados totalmente en el lado mexicano”.

Empresas concesionarias de Estados Unidos, apoderándose indebidamente de hidrocarburos mexicanos no es un escenario improbable. Pero, ¿cuánto es lo que está en riesgo? Pues el máximo imaginable sería el que se pudiera extraer de una faja fronteriza de 200 millas por seis millas de ancho —11 kilómetros— área que resultaría en unas 1,200 millas salpicadas de yacimientos todavía indeterminados.

Aún quedarían para México 570 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental bajo aguas profundas. La preocupación suena desproporcionada en términos de las cantidades de hidrocarburos en riesgo de ser robada. Tampoco parece obedecer a loable prurito de no permitir el despojo de la nación, pues eso no parece preocuparle al gobierno de facto; así se deduce de que no manifiesta la misma preocupación en los yacimientos transfronterizos terrestres entre la cuenca de Burgos y la cuenca de Río Grande donde ya se aplica el criterio de Estados Unidos de que cada quien extraiga lo que pueda, y México permite la explotación por empresas extranjeras.

Por otra parte, las empresas que nos podrían robar en el cinturón plegado son las mismas o semejantes a aquellas con las que Pemex contrataría la explotación en nuestras aguas profundas. ¿Por qué piensa Pemex que asociado a las empresas ladronas, éstas no lo robarían? ¿Acaso cree la conseja de que socio no roba a socio? Seguramente no.

Es solamente que el verdadero propósito del planteamiento de la explotación abusiva de los yacimientos fronterizos se usa para abundar en la idea de urgencia de que está impregnado el diagnóstico. No se trata de salvar los yacimientos fronterizos, sino de compartir con las empresas extranjeras aquellos que están en los 575 mil kilómetros cuadrados de aguas profundas sobre las cuales México tiene derechos exclusivos de explotación. Depósitos a los que según el propio diagnóstico indica no se puede llegar rápidamente.

¿Cuál es la prisa, entonces? La prisa consiste en poder entregar una legislación permisiva a la enajenación del patrimonio petrolero a la ya agonizante administración del presidente Bush. Ésa es la verdadera motivación que vemos en el gobierno legítimo de México a las ansias extranjerizantes de los espurios.

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EL CIRCULO DE ESTUDIOS "LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA"

INVITA



A LA CONFERENCIA SOBRE
"MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA INTERNACIONAL"
CON LA PARTICIPACIÓN DEL MAESTRO GUSTAVO IRUEGAS

SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL "GOBIERNO LEGITIMO DE MÉXICO"
DIPLOMÁTICO DE 38 AÑOS DE CARRERA

TE ESPERAMOS ESTE MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO A LAS 19 HRS.

EN EL CAMPO XOCHITL (ex módulo de RTP, sobre la calle de Corregidora esquina con calle Campo Xochitl, Colonia Miguel Hidalgo frente a Plaza Cuicuilco, Delegación Tlalpan a solo tres calles de la tienda Elecktra

ENTRADA LIBRE.

circulo.restauración@yahoo.com.mx


ESTARA A LA VENTA LA REVISTA "EL CHAMUCO" Y OTROS LIBROS MÁS, ASÍ COMO EL DISCO DE LAS PARODIAS DEL MAESTRO "JORGE SALDAÑA"

ISA Servicio informativo núm. 315

Ciudad de México, 11 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 315

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com



Sumario:

LAS VOCES DEL GABINETE LEGÍTIMO


I. Reforma del Estado, por Bernardo Bátiz V.


II. Aristegui: despido preventivo, por Luis Linares Zapata


III: El arma orgánica de los resistentes, por Gustavo Iruegas


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REFORMA DEL ESTADO
por Bernardo Bátiz V.
secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México


Ya estaríamos en eso, en la reforma del Estado, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera reconocido a quien realmente triunfó en las elecciones de 2006; estaríamos ya viviendo en una economía de austeridad, de eficacia, de honradez, con los ojos puestos en las necesidades de la nación, y estaríamos viendo cómo las instituciones del Estado sirven para mejorar la situación general del pueblo.


Pero no fue así y nuevamente se pospone un cambio de fondo que se ha dejado pasar en varias ocasiones anteriores; la más destacada fue cuando en el año 2000 Fox no supo o no pudo, o no lo dejaron, responder a las muchas expectativas que los votantes pusieron en su candidatura, sin duda diferente durante las elecciones a las candidaturas de sus predecesores, pero con un resultado, ya en el gobierno, peor que los que habíamos sufrido con anterioridad.


Una reforma a fondo del Estado implica modificaciones profundas en cuanto al uso de los instrumentos de poder que sirven ahora a unos cuantos privilegiados y que deben emplearse en servir primero a los pobres y enseguida a todos los demás, cuidando del patrimonio de nuestra patria; esto es, como se lo han propuesto el “gobierno legítimo” y su presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo la soberanía nacional, el patrimonio de la nación, especialmente el petróleo, pero también la electricidad, las costas, los recursos naturales y, sin duda alguna, el patrimonio cultural que nos identifica.


Según la Ley de la Reforma del Estado, disposición legislativa disparatada consistente, más que en una verdadera ley, en la expresión de un deseo, ésta ya ha quedado rebasada e incumplida, puesto que la intención expresada en uno de sus preceptos era tenerla lista para el fin del año que acaba de terminar, como si se pudiera reformar el Estado sólo con acuerdos parlamentarios y sin la injerencia e intervención directa de la gente.


Una verdadera reforma del Estado requerirá de una nueva Constitución, tema del que se habló mucho hace un año y del que ahora todo mundo parece olvidarse. Sería una verdadera novedad que sin violencia, mediante un amplio movimiento social desde abajo, se pudiera llevar a cabo un cambio que rompiera el sino fatal de que cada nueva Constitución mexicana lleva sobre sus hombros una guerra interna.


Las reformas que se han aprobado, en contra de la opinión de la gente, en materia de justicia, seguridad social, impuestos, comercio exterior, entre otras, no han tenido como objetivo cambiar para mejorar, sino, muy por el contrario, son nuevos instrumentos de sometimiento y control que están tensando la cuerda que puede reventar en cualquier momento; contra estas reformas está la propuesta del movimiento enérgico, pero civil y pacífico, que cuenta con varios mecanismos de acción. Uno es el Frente Amplio Progresista que actúa en el flanco institucional de los congresos federal y locales y gobiernos municipales y estatales.


Está, además, el gran movimiento de masas que es la convención nacional democrática, con sus asambleas periódicas, y principalmente la inusitada movilización de cientos de miles de mexicanos que se han incorporado como colaboradores del “gobierno legítimo”, mediante la firma de una carta compromiso y la obtención de una credencial que los acredita con ese carácter.


Son ya, en 11 meses de trabajo, cerca de 2 millones de ciudadanos dispuestos a lograr la verdadera reforma política apoyando a quien, lo saben con certeza, es un dirigente político excepcional, cuya principal característica es no darse por vencido y continuar persiguiendo su objetivo, que es lograr un país para todos, en el que cada quien pueda tener acceso a lo necesario para vivir, a educación, a cultura, a seguridad social, a salud, a vivienda, y todos disfrutando en un ambiente de libertad y armonía.


2008 será crucial para seguir adelante y para demostrar que cuando se tienen ideales y se trabaja por ellos, ni todo el dinero ni todas las televisoras y radiodifusoras juntas, ni todas las fuerzas armadas, detienen al pueblo movilizado y convencido del cada vez más necesario cambio de estructuras.


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ARISTEGUI: DESPIDO PREVENTIVO
por Luis Linares Zapata
secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México


El programa radiofónico de Carmen Aristegui en la antigua XEW se colocó, por voluntad propia, en un sitio de obligado quiebre según la lógica del modelo de gobierno vigente. En ese punto coinciden tres diferentes conjuntos de voluminosos intereses y particulares visiones que forman parte integral del poder en México. Los tres contrarios no sólo a mucho de los contenidos, sino también a las orientaciones que la conductora imprimió en su actuación difusiva.


Por un lado, y como segmento primordial, está la actitud entreguista que abrazan con insólita fe y conveniencias el Presidente del oficialismo y sus grandes patronos. Las marcadas carencias de legitimidad de Calderón, aunadas a su pobre desempeño durante el pasado año, lo tornan por demás sensible a las diferentes opiniones, en especial aquéllas con amplia recepción entre el público. En otro de los vértices se apilan los sentires y los negocios del consorcio Televisa. Por experiencia acumulada se sabe que en esa empresa las antipatías para con todos aquellos que no le son fieles hasta la ignominia son argumentos cruciales para evaluar los futuros de personas y programas. Y, por último, la estrategia imperial de las empresas españolas y su gobierno para con los consumidores y usuarios de sus antiguas colonias en América. Una tripleta de masivos intereses frente a una sola mujer, por más que ésta haya mostrado la capacidad operativa suficiente (rating) para atraer, alrededor de sus enfoques, apertura y diversas voces, al amplio auditorio de ciudadanos que le respondió.


A Carmen, sin embargo, no se le despide únicamente por lo que ha hecho, sino, de manera primordial, por lo que podría representar en el próximo futuro, que ya se configura desde los centros decisorios de dentro y fuera del país. Y esto es lo interesante de un movimiento que bien puede ser llamado de acción preventiva empresarial.


En efecto, sobre la evaluación que se hace de su trayectoria pesan sus propias posturas, enfoques y agenda sobre espinosos temas. Todos ya bien examinados por distintos articulistas y actores de la vida pública. Muchos de los cuales, por no decir que todos ellos, incómodos para las derechas y distanciados de la línea oficial. En ese segmento ideológico y programático, crecientemente conservador y hasta reaccionario, Aristegui hizo muchos enemigos jurados y otros tantos celosos rivales que no podían menos que reaccionar en defensa de sus posiciones y de sus inocultables ambiciones. Al mismo tiempo, y por contraste necesario, se acercó a otro segmento del mercado radiofónico. Uno, muy vasto, que se ha dejado de lado por aquellos afiliados a la oficialidad: el del centro y la izquierda nacionales. Así se da esa confluencia, antes mencionada, que determinó su airosa y digna salida. El costo para con los autores de tan inicua medida preventiva es sustancial. Pero los intereses que se defienden por parte de esas tres fuerzas en movimiento es, también, inmenso: el petróleo y, más ampliamente, el control de los negocios con la energía de México.


La idea, avanzada por Ciro Gómez Leyva en uno de sus condensados artículos, de reducir el asunto a un diferendo entre una conductora y los burócratas que manejan la estación (W), es simplista, por decir lo menos. Si ése fuera el caso, los dos sujetos mencionados por la crítica ya hubieran tenido que dejar esa estación por el daño ocasionado a la imagen y objetivos de sus patrones. A Calderón por inducir su salida a través de su cuñado, aun cuando éste niegue su directa participación. A Televisa por cobrar venganzas indebidas y torpes.


Aristegui no asistió al descomunal acto de fuerza de los concesionarios frente al Senado y sostuvo posturas independientes y diferenciadas en cuanto a la ley de medios, dando cabida a disidentes para informar mejor a la ciudadanía. Y, sobre todo, ha afectado la imagen imperial que tanto las empresas españolas como su gobierno se van labrando y donde Prisa es factor primordial.


La actuación estelar de las empresas españolas en Latinoamérica es un fenómeno de reciente conformación. En Argentina, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y Ecuador han dejado una estela de abusos, atropellos y trampas inocultables. Baste recordar la inscripción, como de su propiedad, que Repsol hizo en la bolsa de valores de Nueva York de las reservas de gas bolivianas. Mucho del enfrentamiento entre el rey, Ortega y Chávez obedece a este tipo de fricciones en distintos renglones de negocios.


En realidad, Prisa y sus andanzas difusivas en estas regiones la han convertido no sólo en un agente de sus propios intereses (El País, Santillana), sino en un ariete de respaldo y promoción para la nueva colonización. Actividad que concretan numerosas empresas, en primer término las energéticas, campo donde han concentrado sus ambiciones, aunque no de manera exclusiva. Las telecomunicaciones y la banca son otras de ellas a cual más estratégicas para el futuro desarrollo del país receptor y ante el cual ejercen las debidas presiones, siempre aunadas al oficialismo en turno.


En todas estas actividades empresariales la buena disposición, la simpatía, los intereses cruzados y las complicidades con las autoridades son cruciales. De ahí que mantener relaciones fluidas y aceptadas por las mayorías se convierte en un objetivo trascendente. Varias empresas españolas han incursionado ya en el gas mexicano (Burgos) y otras esperan hacerlo ahora que la administración de Calderón (junto con el priismo entreguista) abra oportunidades en las diversas áreas de Pemex hasta hoy reservadas para el Estado.


La penetración de los españoles en la Comisión Federal de Electricidad ya es abrumadora (recuérdese la causa eficiente de las inundaciones en Tabasco). Prisa no es ajena a toda la embestida que se dará para forzar la participación del capital privado en Pemex, sobre todo el internacional, donde los españoles, por sus propias e ingentes necesidades, ambicionan una tajada considerable del suculento pastel. Por eso en la XEW, y en el resto de Latinoamérica, han diseñado un ejercicio editorial sometido a sus designios y no permitirán que los conductores tengan independencia alguna. Los que sustituyan a Carmen sabrán a qué atenerse y la audiencia también.


Por eso sale Aristegui de la XEW. A la ya firme audiencia que tenía había que unirle lo que podría adicionarse si, con sus micrófonos abiertos, diera cabida a la inconformidad que sobrevendrá cuando se cambien las reglas constitucionales o se alteren leyes secundarias para la entrega de la joya productiva nacional. Un panorama tan difícil de digerir por el poder, que se opta por esa medida preventiva que, como todos esos experimentos represivos, tendrá sus inevitables consecuencias y, a pesar de todo, un final inesperado.


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EL ARMA ORGÁNICA DE LOS RESISTENTES
por Gustavo Iruegas
secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México


La organización del poder popular que libere al pueblo mexicano de la voracidad de la oligarquía extranjerizante y de los desmanes del gobierno corrompido ya está en marcha. Después del fraude a la voluntad popular por la vía del golpe de Estado, el pueblo de México decidió no darse por vencido.


Hasta el 16 de septiembre de 2006 se mantuvo el reclamo democrático en el nivel electoral. Ese día se inició el proceso de rechazo y resistencia al gobernante espurio que detenta el poder nacional y subvierte las instituciones. Ante la alternativa de designar un coordinador de la oposición y un presidente legítimo se optó por el segundo; la oposición es parte del sistema y se rige por sus reglas, como los partidos y los legisladores se han encargado de demostrar a lo largo del año. La condición de legitimidad del presidente López Obrador le viene de la designación soberana del pueblo, misma que asumió formalmente el 20 noviembre. Su misión es revertir al pueblo la soberanía en plenitud y reencauzar los esfuerzos del Estado hacia el cumplimiento de su cometido original: propiciar la seguridad y promover el desarrollo de la nación mexicana. El cumplimiento de esa misión tiene como causa la necesidad de justicia, democracia y soberanía; su objetivo es refundar la República sobre bases éticas; la estrategia es la toma del poder de manera pacífica; la táctica consiste en organizar a los ciudadanos para la resistencia territorial y el arma orgánica es el valor civil. Toda esta concepción de lucha parte del convencimiento cada vez más profundo de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y sólo el pueblo puede salvar a la nación.


El primero de diciembre empezaron los trabajos de la organización del poder popular para enfrentar a la desarraigada camarilla y al gobierno que engendró ya corrompido. Diciembre de 2006 y enero de 2007 se emplearon en organizar el pequeño, pero efectivo aparato dedicado a recibir de los ciudadanos el patriótico compromiso, voluntario y personalísimo, de luchar junto al presidente López Obrardor y proveerles sus credenciales de representantes del “gobierno legítimo”.


A lo largo de 2007 se definieron la causa, el objetivo y la estrategia. En 2008 la tarea se centrará en el crecimiento de la organización y la profundización de su carácter territorial. La organización territorial es una opción como lo podrían ser la laboral o la partidista. Hay que destacar que la organización territorial es tan novedosa en México como lo es la resistencia pacífica y las otras dos han probado ser fácilmente neutralizadas por el sistema y su fórmula infalible: la corrupción.


La organización de lucha pacífica del “gobierno legítimo” se ha iniciado en el nivel municipal —delegacional en el Distrito Federal— y se desdoblará a escala distrital. Avanzado el proceso se pensará en los niveles seccionales y por último el de colonia, barrio, pueblo, unidad habitacional y otros. Para visualizar la capacidad de movilización popular de esta organización, habría que pensar quizá en el nivel de comités de manzana o, en su caso, por casilla electoral. Así se podría imaginar, en el extremo más obvio, el llamado a todos los resistentes de implantar una vigilante presencia en todas y cada una de las casillas electorales, cada quien en la suya. Igualmente se podrá pensar en otras formas de uso y de movilización a lo largo de la lucha que implica la defensa de los intereses populares, vale decir, producción agrícola, precios de los productos de primera necesidad, salarios; del patrimonio nacional en la forma petróleo, energía, seguridad y, destacadamente, la soberanía nacional que todos los elementos anteriores involucran.


El energético principal de la lucha popular es la indignación frente al abuso. Esta especial indignación es privativa de los resistentes, porque sólo se da en quien previamente guarda la condición de dignidad. Los bribones no se indignan; se enfurecen, se fastidian o se enfadan, pero la indignación no les va bien, no son dignos. En la indignación de los resistentes germina el coraje necesario para oponerse al abuso, algo que se conoce como valor civil. Un valor de gran aprecio en el pueblo de México, que, en otras épocas, cuando se enseñaba civismo en las escuelas, se ilustraba con el ejemplo del joven Porfirio Díaz en ocasión de una pantomima electoral del dictador Santa Anna: como no se usaban las boletas electorales ni las casillas, se puso sobre una mesa un par de libros para que en uno firmaran los ciudadanos señalando así su preferencia por Su Alteza Serenísima o por don Juan Álvarez, que entonces representaba la oposición. Vigilaba la escena un pelotón de amenazantes soldados. Un oficial se presentó con 30 firmas de los vecinos para Santa Anna y Porfirio exigió que sólo se anotaran 29 porque él no había dado su voto a nadie. Alguien comentó que solamente los que tenían miedo se abstenían de votar y el futuro héroe del 2 de abril firmó en su presencia el libro de don Juan Álvarez.


En la actualidad entendemos por valor civil un agregado a la virtud de las personas que actúan conforme a sus convicciones y tienen además el valor de sostenerlas en público afrontando toda clase de represalias, afrentas y riesgos. La actitud de los resistentes entraña esa entereza de ánimo para cumplir con determinación y patriotismo su compromiso de acudir al llamado del “presidente legítimo” para defender las causas populares y nacionales. Es por eso que, con 2 millones de resistentes acreditados, los resultados de 2007 permiten al “gobierno legítimo” adelantar grandes progresos en 2008.


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