El Miércoles Santo, según el evangelio, Jesús anunció el fin del mundo. Y acá, en 2009, el PRI parece anunciar el fin de un contubernio.

Matices para mis lectores

Octavio Rodríguez Araujo

Muchos de mis lectores que se tomaron la molestia de expresar sus comentarios por Internet a mi artículo del jueves pasado, están molestos conmigo por sugerir un voto estratégico o reactivo en contra del Partido Acción Nacional para las elecciones intermedias de este año. A este tipo de voto se le conoce como útil porque, como dijera la doctora Peschard (citada el jueves pasado), implica sacrificar la opción con la que un elector se identifica por razones ideológicas, por lealtad partidaria o simple simpatía hacia un candidato, en aras de impedir el triunfo de otro contendiente, en este caso del PAN.

Leí con atención y respeto los comentarios a mi artículo y llegué a la conclusión de que algo no lo expliqué suficientemente, pues algunos me dicen que abandoné mis principios y otros que lo que harán será acudir a las urnas para votar nulo. Los menos, que también opinaron, dijeron que votarán por el Partido del Trabajo y por Convergencia. No faltaron los que me acusaron de no ser consecuente, pues para las elecciones de 2000 mencioné el voto útil como un mecanismo para sacar al PRI de Los Pinos y, en cambio, ahora estoy planteando lo mismo, pero contra el PAN, aunque esto signifique que regrese el tricolor al poder.

Comenzaré por lo último. Las elecciones que vienen son por diputados federales y en algunos estados de la República también por presidentes municipales y diputados locales, pero no por el presidente del país. Habrá elecciones de gobernador en San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Colima, Campeche y Querétaro. En todas éstas, según mi propuesta, se trata de disminuir el número de diputados y presidentes municipales panistas y evitar que gobiernen los estados mencionados. De Los Pinos nos ocuparemos en 2012 y, lo más probable, es que para ese año también proponga sacar al PAN de la presidencia del país, y con más ganas, pues es evidente que en 2006 le arrebataron el gobierno, a la mala, a López Obrador (ya publiqué al respecto un libro: México en vilo, cuya segunda edición es ampliada y actualizada). ¿Lo anterior quiere decir que yo tenga alguna coincidencia con el PRI? Nada por el estilo. Tengo 40 años criticándolo.

Lo que ha ocurrido en los años recientes es otra realidad que tenemos que tomar en cuenta. En varios estados del país el Partido de la Revolución Democrática es débil y hasta muy débil. Un ejemplo: Sonora. El PRD, lamentablemente, se ha desacreditado y si bien sigue siendo la tercera fuerza política nacional está muy abajo y difícilmente ganaría la mayoría en la Cámara de Diputados federal. Quien levantó al PRD, hay que decirlo aunque parezca parcial de mi parte, fue el liderazgo de López Obrador. No pocos de los senadores y diputados federales que ocupan actualmente su silla se la deben a AMLO, aunque posteriormente se deslindaran de él.

El PT y Convergencia, cuyos orígenes no enorgullecerían a ninguna persona de izquierda, son pequeños y sus probabilidades para ganarle al PAN o al PRI son escasas, aunque en algunas entidades federativas podrían lograr buenos puntos a su favor. De los demás, no digo nada; no se merecen medio renglón.

En relación con el voto nulo debo decir que sólo valdría la pena si fuera realmente masivo. Se vería como un voto de protesta y de rechazo a los partidos existentes, así como a sus candidatos. Tal vez nos dejaría muy tranquilos en nuestra conciencia, pero lamento tener que recordar que en nuestro sistema electoral se gana con un voto de diferencia, y los que en cada caso (ámbitos federal o estatal) tengan la sartén por el mango tendrán mayores probabilidades de ganar, simplemente por el aparato y los recursos con que cuentan. El voto nulo resultará, en las condiciones actuales del país, un voto inútil que sólo beneficiará a quienes ya tienen el poder, puesto que la legitimidad que dan los votos no les interesa (pregúntenle a Calderón). Lo mismo ocurriría con la abstención.

Que el PRI y la mayor parte de los priístas son nefastos, no me lo tienen que decir: los he estudiado desde hace muchos años. Pero si tengo que escoger entre ellos y el PAN, ahora y no antes ni después, mi voto es contra el PAN y a favor de quien le pueda ganar, según la entidad de la República o el distrito electoral (o circunscripción) en que me encuentre. Sacrificaría mi opción con la que más o menos me identifico para impedir el triunfo del blanquiazul. Así de simple.

Juro ante la tumba de Marx que yo no he tenido nada que ver con el deslizamiento del PRD hacia abajo ni con el desprestigio que se ha ganado. En 2006 voté amarillo, a pesar de que algunos candidatos me resultaran francamente antipáticos y ninguno de ellos, en ese momento, fuera de izquierda socialista. Me parecía, gracias a AMLO, la mejor opción, pero en esta coyuntura, hasta donde sé, no es candidato.

Si algo he lamentado en no pocos de mis artículos es que el PRD, un partido de centro izquierda, se esté desvencijando. Con modestia y hasta sin ella les he recordado la importancia de la unidad, de la disciplina, de la coherencia con sus principios y programa, de la coyuntura que tenía que favorecerles si se hubieran permitido la sensatez de posponer sus diferencias internas y sus ambiciones de podercitos para ellos y sus allegados. Como era de esperarse, pues no soy su ideólogo, no me hicieron caso. Allá ellos, por una parte, pero frustraron para la mayoría de los mexicanos una opción que difícilmente restaurarán. El 8 de mayo de 2008 publiqué un artículo que se puede leer en ediciones anteriores de La Jornada en Internet. Lo titulé Desarmado. Lo volvería a suscribir, así me siento.

Poner al PAN en minoría en la Cámara de Diputados no es darle al PRI la Presidencia de la República. Esperemos, inclusive con ingenuidad, que el PRD se pondrá las pilas y en los siguientes tres años se recompondrá para ganar Los Pinos. Todo está en que gane la confianza y el interés de las mayorías del país, que merezca nuestros votos.

HITLERCITO Y DON BELTRONE PELEAN DE DÍA, PERO DUERMEN JUNTOS

Pedro Echeverría V.


1. En México se sabe que el PAN y el PRI pelean de día pero “cuando llega la noche se cogen cariño”. Se sabe porque los partidos registrados pertenecen a la misma clase política, a la misma estructural de dominación y porque tienen la obligación de cuidar que el sistema político que les ha dado todo no se encuentre en peligro. Los partidos no representan “partes” del pueblo, es decir, intereses de sectores de la población trabajadora (indígenas, campesinos, obreros, etcétera) tal como debería ser, sino partes de la clase política (familiares, amigos, compadres, socios) Así que el “hitlercito” panista Germán Martínez, de quien salen palabras como diarrea y “Don Beltrone”, Fabio Beltrones, que en la práctica se ha adueñado del PRI, son los mejores guardianes del sistema de dominación.


2. Entre paréntesis podría decirse que los dos personajes le hacen un ajustado honor a sus apodos. Los panistas, al estilo de Martínez, han tenido como libros de cabecera Mi Lucha, el Judío Internacional, La derrota mundial, a Von Mises, Von Hayek y a Luis Pazos, por eso los priístas le colocaron a su líder el apodo de Hitlercito. Por su lado los priístas durante toda su vida han conformado mafias que, agrupadas, les ha permitido dominar la política en México, por eso los panistas bautizaron a su líder como Don Beltrone el mafioso. La realidad es que no hicieron muchos esfuerzos, pues ambos partidos se conocen muy bien. Pero lo importante es ver entre qué partidos y políticos se mueven los mexicanos y, a pesar de ello, manipulados por los miles de millones de pesos que se gastan en campañas, ¿saldrán a votar?

3. Los altos políticos de los distintos partidos, aunque parezcan confrontarse en sus declaraciones políticas son, como se dice por aquí: “uña y mugre”. Tienen sus residencias en la misma zona privilegiada, suelen haber estudiado en las mismas escuelas, se cambiaron las novias, pertenecen a la misma banca y son socios en los mismos negocios; y si alguno llega a la “alta política” de un rumbo distinto, en corto tiempo se “acultura”. La clase política y su hija, la “partidocracia”, son poderosas esponjas que absorben a cualquier político que quisiera ser independiente.
¿Cómo resistir un “cañonazo” de 300 mil pesos mensuales más viajes, comidas, vinos y más? Por eso hay que ver que las confrontaciones verbales de tiempos de campaña como formas para animar al votante.

4. La “confrontaciones” entre PRI y PAN, así como entre los otros partidos (ellos mismo lo dicen) son sólo durante la campaña; en cierta manera es como una farsa que se presenta ante el pueblo para engañarlo y lograr su voto. Ningún partido presenta deferencias de fondo porque no las tiene. Si acaso hubo un tiempo en que el PAN era la derecha clerical empresarial, el PRI el partido de centro indefinido y el PRD la izquierda que luchaba por los intereses de los trabajadores, esas diferencias desaparecieron y cada partido registrado es más de lo mismo. Pasó exactamente lo que en la vieja Europa: los partidos se intercambian el gobierno y siguen sirviendo al mismo poder que se concentra en los grandes empresarios transnacionales y en los medios de información.

5. En España, Francia, Italia, Suecia (países que en sus buenos tiempos llegaron a ser imperios), se intercambian el gobierno los llamados, laboristas, socialcristianos, socialistas, comunistas, socialdemócratas, derechistas y el poder sigue estando en un millar de poderosísimos empresarios mientras la mayoría de la población (aunque no se crea) vive en la pobreza. ¿Se piensa acaso que esos países, después de saquear durante siglos las riquezas de Asia, África y América Latina, no sufren problemas de pobreza y miseria en sus poblaciones? Obviamente nuestros pueblos explotados y oprimidos del llamado “tercer mundo” viven mucho más miserables, pero también en Europa, como en los EEUU, el descontento es grande y los gobiernos siguen al servicio del capital.

6. Para que entre los partidos se registren confrontaciones verdaderas y francas deben presentarse programas políticos diferentes y hasta antagónicos. Por ejemplo: gritar en abstracto que se está contra la corrupción, la inseguridad, la pobreza, la antidemocracia y la injusticia, resulta ya demagógico y motivo de risa porque todo mundo (sobre todo los gobernantes) lo ha hecho durante siglos sin que nada suceda. Otra cosa sería si el planteamiento fuera contra el sistema de explotación, contra el sistema electoral de por sí fraudulento, por la organización independiente de los trabajadores, por la toma de calles y plazas como forma de lucha, por la distribución equitativa de la riqueza, por el castigo a los despojadores del pueblo. ¿Qué partido político registrado podría plantear esto sin ser sancionado o excluido?

7. Si los partidos fueran verdaderos representarían a una clase social definida y a sectores de clase que la rodean. Los izquierdistas siempre tomaron partido por la clase explotada, por los sectores pobres y oprimidos; entre ellos hubo muchas divisiones en las formas de organización y de lucha, aunque también en las estrategias para alcanzar los objetivos, pero no abandonaron la idea de la necesidad de derrocar el sistema capitalista para construir una sociedad sin explotación y sin plusvalía. Concebían un partido de clase no una organización para las elecciones burguesas que pongan un manto para esconder las desigualdades y la opresión de una minoría rapaz sobre la mayoría de la población. Muchos problemas desvirtuaron sus objetivos, pero de origen fueron diferentes de los otros partidos que sólo buscaban obtener o mantenerse en el poder.

8. En México ha llegado la civilización entre partidos y políticos; sólo se confrontan con espots y declaraciones en campañas, pero en el resto del tiempo todos son muy comprensibles y respetuosos, tal como sucede en Europa y como han deseado los intelectuales orgánicos. ¿Tienen acaso por qué confrontarse si sus programas primero se movieron al centro y luego a la derecha? En Europa, así como en varios países de América, los dos o tres partidos grandes se dividen el voluminoso pastel y los pequeños siguen mamando de la ubre del presupuesto. Los únicos que movilizan a las masas y se solidarizan con las batallas de los trabajadores y estudiantes, son las organizaciones no electorales y no parlamentarias. Sobre ellas descargan los gobiernos la represión, la mayoría de las veces con la aprobación de partidos registrados.

pedroe@cablered.net.mx

Ni un voto al PRI

Aerogavioto: Una más de Peña Nieto

http://www.youtube.com/watch?v=GojFOLu0YjI

ISA Servicio informativo núm. 487

Ciudad de México, 25 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 487

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. En la consulta: no a la privatización, por Laura Itzel Castillo

II. Comparaciones entre la iniciativa de Felipe Calderón y la del PRI, por Mario Di Costanzo

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EN LA CONSULTA: NO A LA PRIVATIZACIÓN

por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México

(publicada en El Gráfico el 23 de julio de 2008

La propuesta de reforma energética de Felipe Calderón no tiene futuro. Está derrotada. Pero eso no significa que el oficialismo y sus cómplices abandonen su temeraria intención. Ya lo anunció Manlio Fabio Beltrones: el PRI presentará hoy su proyecto. Incluso, se atrevió a pronosticar el camino que habrá de seguir: en agosto el dictamen, en septiembre la presentación al pleno, y ese mismo mes su aprobación. Según los escribanos del régimen el PAN se sumará, e incluso una parte de la oposición de izquierda.

Pretenden distraer con su maniobra. Primero: una declaración de intención no significa que la propuesta prospere (como se pudo constatar en abril, cuando las acciones de resistencia civil pacífica impidieron la aprobación de esta reforma entreguista). Segundo: se trata de la misma gata, aunque algo revolcada.

Lo importante es la consulta ciudadana convocada para este domingo 27 de julio en el Distrito Federal y en varias entidades de la República, con lo que se deslegitimará aún más el proyecto privatizador. La derecha lo sabe. Por eso le teme y la descalifica. Pero ni con toda la propaganda tramposa por televisión, en la que han gastado varios miles de millones de pesos, logran que la opinión pública los apoye.

La propuesta del PRI de seguro eliminará algunos de los aspectos más negativos de la opción original, pero insistirá en lo principal: la participación del capital privado —fundamentalmente extranjero— en nuestra industria petrolera. Tienen demasiados compromisos como para abandonar tan jugoso botín.

Hay que recordarlo: quienes en la actualidad pretenden entregar nuestra riqueza petrolera a las trasnacionales, son los herederos del pequeño grupo que se convirtió en partido político, en los años 30 del siglo pasado, para oponerse, precisamente, a la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas. Ese es el origen del PAN, hoy en contubernio con los tecnócratas del PRI.

Cambian los nombres y las épocas, pero lo que no cambia es la mentalidad de vasallos que tienen los vendepatrias. Como en los tiempos del emperador Maximiliano, los descendientes de Miramón y Mejía creen que somos incapaces de regir nuestro destino como nación libre e independiente. Están convencidos de que requerimos de la tutoría extranjera. Se olvidan que, como ayer, mujeres y hombres dignos impediremos la entrega de nuestra soberanía. El paso del tiempo engrandece la figura del presidente Benito Juárez. Y el peso de la historia condena a los traidores.

Por esto el próximo domingo 27 de julio en la consulta ciudadana la respuesta debe ser no a la participación de empresas privadas en la industria petrolera y no a la reforma entreguista de Calderón. Pemex sí, PEUSA no.

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COMPARACIONES ENTRE LA INICIATIVA DE FELIPE CALDERÓN Y LA DEL PRI

por Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México

El proyecto de reforma energética presentado por el PRI, no es más que el replanteamiento del proyecto calderonista, e implica la privatización de Petróleos Mexicanos, pero por la “puerta de atrás”.

La propuesta de Felipe Calderón se propone la modificación o creación de 6 ordenamientos que son: (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (4) Ley Orgánica de la Administración Pública, (5) Ley de la Comisión del Petróleo y (6) la Ley de Derechos.

El proyecto priista se propone la modificación o creación de 9 ordenamientos, los cuales son: (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) (4) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (5) Ley Orgánica de la Administración Pública, (6) Ley de la Comisión Reguladora del Petróleo, (7) la Ley Federal de Entidades Paraestatales, (8) la de Obras Públicas, (8) la de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público y (9) la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética.

De esta manera, y no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, del análisis y comparación de ambos proyectos se puede observar claramente que presentan las mismas deficiencias, siendo la única diferencia la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.

Esta diferencia, en forma, más no en fondo, se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, ya que las demás cuestiones relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto Felipe Calderón, por lo que, al final de cuentas, se puede concluir que las diferencias son de forma y no de fondo.

Para mostrar lo anterior, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, pero con la única diferencia de que mientras la propuesta de Felipe Calderón lo hace de manera directa, la presentada por Manlio Fabio Beltrones (PRI) lo hace por “la puerta de atrás”, al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico”, mismos que en esencia son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el Artículo 27 Constitucional, que establece, entre otras cosas, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.

Es decir, Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y añade que “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.

El PRI ha propuesto que “El Ejecutivo Federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”, añadiendo: “En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.

Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aun cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la Nación, no existe en la iniciativa priista ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etc.) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.

Es decir y a manera de ejemplo, Petróleos Mexicanos podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo, misma que podría ser una refinería en operación como la de Cadereyta o Cd. Madero. En tal virtud, estas refinerías, ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión, podrían asociarse con Exxon, Shell o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva en cualquier porcentaje de participación porque, al final, serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la renta petrolera a la iniciativa privada.

Por lo que respecta a temas relevantes en ambas propuestas, se observa lo siguiente:

Órgano de Gobierno:

Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del gobierno, incluyendo al presidente, y por 5 representantes del sindicato, es decir, 11 en total.

Dentro de los 6 representantes del gobierno, se encuentran los secretarios de: Energía, quien además es el presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Cabe destacar que este Consejo de Administración cuenta también actualmente con la figura de un comisario que es el representante de la Secretaría de la Función Pública y a su vez es el titular del Órgano Interno de Control de la empresa.

Aquí conviene mencionar que es este Consejo de Administración y los anteriores quienes por lo pronto tendrían que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa Pemex, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.

Más aún, la conformación actual del Consejo de Administración conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Así, por ejemplo, el hecho de que el secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaría de Hacienda es quien determina año con año la carga fiscal de Pemex o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.

El conflicto de interés existe, ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del gobierno federal, pero también en el caso particular del secretario de Hacienda habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo, cuando se toca el tema de la carga fiscal de Pemex, él apoya su disminución o su incremento, ya que a él mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.

Es decir, él asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello él no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.

Este tipo de situaciones no son corregidas por ninguna de las dos propuestas, ya que ambas buscan tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo federal.

Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos, puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo federal (o sea que le deberán el nombramiento).

Estos consejeros profesionales no representan al Estado, puesto que Estado y gobierno federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo federal; para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo federal, aunque tengan que ser ratificados por el Senado.

Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser consejero profesional son exactamente los mismos que los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.

Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de Pemex, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de Pemex, salvo por el hecho de que éstos, por el simple hecho de ser secretarios de Estado, automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de Pemex.

Más aún, la propuesta de Beltrones generaría más “elite burocrática” al establecer un consejo de administración para cada “filial estratégica”.

La del PRI al igual que la del PAN, amplía las facultades del Consejo de Administración, quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.

Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.

En ambas iniciativas se establece que el nuevo Consejo de Administración contará para su funcionamiento con el Comité de Transparencia y Auditoría.

Este Comité propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación; asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.

En materia de auditoría, tendrá, entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo, proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.

Ambas iniciativas establecen directa o indirectamente que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que las iniciativas señalan que, como se sabe, la vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable.

Por ello, de manera tendenciosa y confusa se establece en ambas que Petróleos Mexicanos contará con un comisario.

Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de Pemex cuenta ya con un comisario, que precisamente representa a la Secretaría de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo federal.

Sin embargo, y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en Pemex, la iniciativa del PRI es contradictoria ya que, a pesar de que se establece que las facultades fiscalizadoras serán de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, añade que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y de la ASF, como las del Órgano Interno de Control, se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan, no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.

Esto es, que ambas iniciativas, la de Calderón y la del PRI, aunque con diferentes palabras, limitan la facultad de revisión de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, conculcan la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentran toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.

Deuda:

Uno de los temas que más difundió Felipe Calderón y ahora lo hace Beltrones es que con la aprobación de sus propuestas se permitirá que Pemex pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento, ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.

Por ello, ambos pregonan que sus iniciativas buscan liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.

Desafortunadamente, ambas iniciativas resultan mañosas y poco claras; plantean que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento, proponiendo para ello que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.

Pero ambas establecen que se reserva a la Secretaría de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros, incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.

Así, resulta obvio que esta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda sobre el manejo de la deuda de Pemex, limitando las decisiones del propio Pemex sobre el manejo de su deuda, ya que resulta claro que Pemex no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno, quien siempre estará por arriba de Pemex a través de la Secretaría de Hacienda.

Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de Pemex”.

Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, y asumir la deuda de Pemex como deuda pública; dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses. O bien el prepago lo lograríamos si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.

Es decir que la señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación. Contrariamente Beltrones establece en el artículo 43 de la Ley Orgánica propuesta para Pemex que “Las obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos no constituyen obligaciones garantizadas por el Estado mexicano”.

Esto, combinado con el hecho de que, en un momento dado, todas las “filiales estratégicas” de Pemex podrán buscar sus propios financiamientos, seguramente provocará que el costo financiero de Pemex en su conjunto se incremente, pues competirán entre ellas.

Presupuesto:

En este tema, tanto la iniciativa de Calderón como la del PRI vuelven a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que Pemex, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, pues mientras que la de Calderón la sujeta a su meta de Balance Financiero, la de Beltrones refiere en su Ley para el Financiamiento de la Transición Energética que Pemex podrá contar con el excedente de sus “ingresos propios”; al respecto, cabe señalar que no es lo mismo lo que hasta ahora se entiende como excedentes petroleros y lo que se define como un “ingreso propio de Pemex” .

Los Bonos Ciudadanos:

En ambas iniciativas se observa que con una intención absolutamente demagógica, se propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).

Es importante señalar que en ambas iniciativas la información es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectará el dominio o explotación del petróleo. Esto quiere decir que dichos bonos no son acciones de Pemex, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa; sin embargo, la propia iniciativa señala que el comisario del Consejo de Administración de Pemex actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.

Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano no me da derechos sobre Pemex, qué caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de Pemex que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.

Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaría de Hacienda o en el Banco de México que esté cuidando los intereses de las personas que tienen CETES. Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.

Así, la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos” es que en la realidad estos bonos sí otorguen derechos sobre Pemex, lo que definitivamente contravendría la Constitución.

Por ello, el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general que va a ser dueña de una parte de Pemex.

Estos bonos ciudadanos no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento de los CETES o de otros instrumentos de deuda. Al final, será otra manera de que Pemex obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.

Finalmente es muy importante señalar que en ninguno de los dos proyectos se aborda y mucho menos se soluciona el problema fiscal y presupuestario que enfrenta Petróleos Mexicanos.

Lo anterior, en virtud de que no se establecen disposiciones de austeridad en el gasto del gobierno federal que permitan liberar recursos para ser invertidos en la paraestatal; tampoco se proponen disposiciones fiscales que acaben con los regímenes tributarios que permiten que las grandes empresas eludan su pago de impuestos. Mucho menos aún se garantiza que lo excedentes petroleros se destinaran exclusivamente a Petróleos Mexicanos.

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ISA Servicio informativo núm. 465

Ciudad de México, 4 de julio de 2008
Servicio informativo núm. 466

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Llama López Obrador a las bases priistas a oponerse a los acuerdos PRI-PAN que buscan privatizar Pemex

II. La exportación del modelo de vivienda mexicano a Centroamérica generará allá un problema social, declara el gobierno legítimo de México

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LLAMA LÓPEZ OBRADOR A LAS BASES PRIISTAS A OPONERSE A LOS ACUERDOS PRI-PAN QUE BUSCAN PRIVATIZAR PEMEX

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los priistas que están en desacuerdo con la privatización del petróleo para que exijan a Carlos Salinas de Gortari, Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto que no hagan acuerdos con los panistas de arriba ni con intereses extranjeros para privatizar el petróleo.

El presidente legítimo de México indicó que los citados dirigentes priistas deben explicarle a la base de su partido las razones por las cuales están en negociaciones con los panistas de arriba, como Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño, y recomendó a la militancia priista tener cuidado y estar pendientes, porque las cúpulas del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional preparan un nuevo plan para quitarles a los mexicanos la industria petrolera.

Lo anterior fue declarado por López Obrador en el marco de su recorrido del día de hoy por municipios yucatecos. Tanto en Tekit, como en Mama, donde temprano inició sus actividades, el dirigente de la izquierda mexicana explicó que en la madrugada del 29 de junio, Carlos Salinas y Juan Camilo Mouriño se reunieron para acordar cómo van a lograr que los legisladores aprueben en el Congreso de la Unión la llamada reforma energética. “Los priistas de abajo me dicen que no están de acuerdo con la privatización del petróleo, porque viola los estatutos del PRI”, señaló.

López Obrador expresó que los potentados han establecido un modelo económico que sólo permite a los mexicanos sobrevivir. Mencionó que “el gobierno usurpador aplica programas sociales para que la gente la vaya pasando, mientras que los que se creen amos y señores de México se hacen más ricos”.

En el segundo día de gira por 24 municipios de los estados de Campeche y Yucatán, López Obrador comentó que en México existe una monstruosa desigualdad económica y social, con más pobreza y desempleo. Por ello, convocó a los yucatecos a crear un movimiento popular para evitar que el PAN y el PRI sigan hundiendo en la pobreza al pueblo de México.

En otro orden de ideas, el presidente legítimo de México destacó que el próximo 27 de julio se realizará la consulta popular sobre la llamada reforma energética en el Distrito Federal y en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.

Asimismo, detalló, el 10 de agosto se hará una acción similar en los estados del sur del país y el 24 de agosto se efectuará la consulta en los estados del norte.

En Chumayel, el López Obrador explicó a los yucatecos que hay que defender el petróleo, porque 40 por ciento del presupuesto nacional proviene de la factura petrolera y, sin ese apoyo, los gobiernos estatales no pueden construir infraestructura y apoyar las actividades productivas.

Para mañana, sábado, Andrés Manuel López Obrador recorrerá los municipios de Tahmek, Hoctún, Xocchel, Cantamayec, Sotuta, y Yaxcabá.

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LA EXPORTACIÓN DEL MODELO DE VIVIENDA MEXICANO A CENTROAMÉRICA, GENERARÁ ALLÁ UN PROBLEMA SOCIAL, DECLARA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO

En vez de solucionar el gravísimo problema de cartera vencida y desalojos que se ha venido acrecentando en nuestro país, Felipe Calderón pretende exportar a Centroamérica “nuestro” modelo habitacional, con lo cual extendería a toda la región el conflicto social creciente que aquí ha significado. Los 33 millones de dólares que México aportará a la construcción de vivienda, según anuncio oficial, es sólo un gancho para que las naciones presuntamente beneficiadas importen este modelo de vivienda que, además de ser un agente de depredación ambiental y agraria, excluye a los sectores más pobres y sólo favorece a los constructores privados mexicanos.

La Secretaría de Asentamientos Humanos del Gobierno Legítimo de México deplora que Felipe Calderón actúe como representante de los intereses económicos que lo llevaron al poder de manera fraudulenta, y alerta a las naciones hermanas de los riesgos que implicaría adoptar el modelo inmobiliario que en nuestro país se ha convertido en un problema social.

En realidad, el “modelo” habitacional mexicano no es propio. Corresponde a un conjunto de políticas impuestas desde el exterior. México lleva 25 años siendo el laboratorio de las medidas económicas propagadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). A pesar de que se ha insistido hasta el hastío de su bondad y éxito, nuestro país prácticamente no ha experimentado crecimiento económico en las últimas tres décadas. El desempeño de nuestro país en 2007 y los pronósticos para 2008 no son distintos. Según datos del propio FMI, la economía nacional se ha colocado a la zaga de América Latina y el Caribe. En estos dos años registrará un crecimiento promedio del 3%, mientras que las economías de los países de esta región crecerán a una tasa de 5%.

Entre las recomendaciones de estos órganos neoliberales que México ha seguido ciegamente están la liberación del mercado de bienes mediante la desregulación de la economía; la privatización de empresas públicas; los controles de precio, eliminación de subsidios y la liberación de las tasas de interés. Uno de los propósitos fundamentales de estas medidas fue reducir la intervención del Estado en la producción y actividades financieras.

Estos lineamientos se tradujeron en reformas estructurales que han impactado a distintos ámbitos. En el sector de la vivienda, produjeron profundos cambios en los preceptos sociales y de regulación financiera de las leyes y normatividades que rigen a los organismos encargados de promover esta prerrogativa constitucional de los mexicanos. Las dependencias federales del ramo perdieron su carácter social que les dio origen y se transformaron en entidades bancarias. Así, el Estado mexicano pasó de ser un promotor de habitaciones a un simple facilitador, bajo un esquema de intermediarismo financiero que favorece a entidades privadas, monopolios inmobiliarios y a trasnacionales que lucran con la cartera vencida hipotecaria.

Bajo esta misma lógica de sumisión incondicional, México ha implantado el esquema de créditos hipotecarios que ha sumido a Estados Unidos y a buena parte de las entidades financieras del mundo en una crisis inmobiliaria mayúscula. Se trata de préstamos que otorgan tanto dependencias públicas como entidades privadas a personas cuya capacidad de endeudamiento es nula o baja, los llamados subprime o créditos de riesgo. Estos préstamos neutrones —como los llama el destacado economista estadounidense James Galbraith, pues destruyen a las familias— han generado una crisis de tal magnitud en esa nación que apenas la semana pasada el Senado tuvo que autorizar una garantía de Estado por cerca de 300 mil millones de dólares para créditos inmobiliarios a menores costo para los contribuyentes y así evitar que más de 500 mil personas pierdan sus viviendas y frenar la ola de juicios contra los deudores. Según The Wall Street Journal, 80 por ciento de la deuda de los consumidores estadounidenses —más de 12 billones de dólares— corresponde a créditos hipotecarios. Por si fuera poco, el volumen de las pérdidas en el sistema bancario global a partir del colapso de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos asciende a 500 mil millones de dólares, según Francisco González propietario en México de Bancomer, el mayor banco comercial del país.

Como es de advertirse, este modelo bancario que el presidente de facto pretende implantar en Centroamérica con 50 mil acciones de vivienda en una primera etapa y 500 mil en el largo plazo, ha sido un fracaso total y se ha convertido en un problema social que crece día con día en nuestro país. Se citan tres ejemplos. Primero, de acuerdo con el INEGI, en octubre de 2007, el 14 por ciento de las viviendas del país —30.4 millones—, es decir, 4.3 millones, estaban deshabitadas. Las entidades con mayor número de estos casos son el Estado de México y Jalisco, con 318 mil y 259 mil, respectivamente.

Segundo, en junio de 2007 la cartera del Infonavit – dependencia que a partir de la década de los setenta ha construido más del 70 por ciento de las habitaciones en el territorio nacional – era de 110 mil créditos. Para mayo de este año, el número de créditos quebrados ascendió a 130 mil. Es decir, en menos de 12 meses la cartera vencida de ese Instituto aumentó en 18%. Esto se debe a dos factores básicos: al diseño mercantil de los créditos que los vuelve impagables y al creciente desempleo, porque cabe precisar que el crédito del Infonavit es una presentación cuya principal garantía es el empleo. Pero esta problemática no es privativa del Infonavit sino que se trata de una crisis general. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cartera vencida del sistema financiero mexicano aumentó 2 mil millones de pesos en tres meses, colocándose en 27 mil 200 millones de pesos en marzo de este año. Asimismo, la cartera vencida de los créditos hipotecarios de la banca suma ya 9 mil millones de pesos, es decir casi el 10% del total de los créditos bancarios vencidos.

Finalmente, otro indicador contundente del fracaso social de la “política” de vivienda que ha intensificado los gobiernos de derecha es el creciente número de asentamientos irregulares en todo el país debido a la ausencia de una visión integral de desarrollo urbano que, entre otras cosas, garantice reserva territorial y la dotación de suelo a la población. De acuerdo con datos de Corett hay 53 millones de personas que no cuentan con vivienda escriturada y cada año se integran a zonas urbanas 300 mil hogares, de los cuales 125 mil ocupan el suelo de manera irregular. Esto se debe en buena medida a que las 9 desarrolladoras inmobiliarias que controlan el mercado en México —como Homex, Sare, Geo, Ara, Urbi— acaparan prácticamente la mayoría del suelo de las principales ciudades del país. De acuerdo con Jaime del Río, ex funcionario del Infonavit y actual director de Relación con Inversionistas de Ara, la reserva territorial de estas empresas se incrementó 36.4% para la construcción de un poco más de un millón de viviendas. “En México, 60% de la vocación de tierra para vivienda es ejidal, por lo que nosotros nos hemos vuelto expertos en este tipo de adquisiciones” declaró dicho empresario en el diario El Porvenir.

Como se ve este modelo favorece a estas desarrolladoras inmobiliarias en todos los sentidos, cuyos directivos, por cierto, a ratos son funcionarios de gobierno y a ratos sus gerentes; como es el caso que denunció el Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, acerca del español David Sánchez Tembleque, que como subdirector de Finanzas del Infonavit vendió 55 mil créditos quebrados a dos empresas de capital extranjero y después fue gerente de Homex, empresa que casualmente creció 900% durante su gestión. Si a esto le sumamos los recursos públicos que reciben estas 9 compañías a través de la Sociedad Hipotecaria Federal con los que aseguran la rentabilidad de sus proyectos, entre otros tantos privilegios, entonces nos explicamos su crecimiento de mil 118 por ciento, de acuerdo con el Índice Habita (IH) de la Bolsa Mexicana de Valores ¿Será por eso que los directivos de estas corporaciones estuvieron presentes en este acto en el que fue rebautizado el abortado Plan Puebla Panamá como Proyecto Mesoamérica?

A estos efectos hay que sumarle la depredación del medio ambiente y el despojo de ejidos y tierras comunales que se dan en todo el territorio nacional para beneficiar a macroproyectos turísticos, comerciales y habitacionales. La edificación de nuevos fraccionamientos obedece a un brutal proceso de urbanización que avanza aceleradamente sobre importantes extensiones de tierra de cultivo, áreas de reserva natural y zonas de recarga y de abastecimiento acuífero, lo que pone en riesgo la actividad productiva agropecuaria de buena parte del país, su equilibrio ambiental y la viabilidad de las comunidades afectadas.

El derecho constitucional a una vivienda digna implica el respeto al hábitat y ello obliga al estado a desarrollar políticas públicas que garanticen esta armonía social y ambiental. Lejos de ello, las autoridades no sólo se han convertido en avaladoras de este tipo de proyectos, sino en furiosas promotoras con claros intereses financieros para saldar facturas políticas y seguirse enriqueciendo al amparo del poder público.

Laura Itzel Castillo Juárez

Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo de México

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ISA Servicio informativo núm. 455

Ciudad de México, 21 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 455

Sumario:

I. Advierte López Obrador sobre componendas PRI-PAN para privatizar el petróleo

II. Hambruna (3), por Alejandro Encinas

III. Vivir Mejor: mil usos, por José Luis Piñeyro

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ADVIERTE LÓPEZ OBRADOR SOBRE COMPONENDAS PRI-PAN PARA PRIVATIZAR EL PETRÓLEO

Desde el norte de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a estar atentos porque con toda seguridad los legisladores del PRI presentarán en el Congreso una iniciativa de reforma energética “empanizada”, con el sello de Acción Nacional.

El presidente legítimo de México no descartó “la posibilidad de que las propuestas priista y la enviada por el presidente pelele, Felipe Calderón, se discutan en agosto, en un periodo extraordinario de sesiones”, pero aclaró que los mexicanos no permitiremos bajo ninguna circunstancia que el petróleo pase a manos de empresas multinacionales: “No se va a permitir la privatización del patrimonio de la Nación, vale más que vayan previéndolo desde el gobierno usurpador, porque no vamos a permitir la privatización de la industria petrolera”, puntualizó.

En entrevista que concedió al término de la asamblea informativa que sostuvo con los brigadistas en defensa del petróleo de la importante ciudad petrolera de Poza Rica, el presidente legítimo de México destacó la necesidad de que los legisladores y las cúpulas de las fuerzas políticas nacionales antepongan los intereses del pueblo sobre el interés de particulares y compañías extranjeras.

Más allá de cualquier encuesta o sondeo, hizo énfasis en que el mayor número de los ciudadanos le manifiesta, en los recorridos que realiza por la geografía nacional, su rechazo a la pretensión de depositar el petróleo en manos de extranjeros.

Reiteró que los aproximadamente 200 mil brigadistas, junto con miles de mexicanos, iniciarán movilizaciones en todas las regiones del país, precisamente cuando los legisladores intenten aprobar un dictamen de la iniciativa privatizadora, sea la presentada por Calderón o por los priistas.

En la reunión informativa con aproximadamente tres mil brigadistas de Poza Rica y municipios aledaños, López Obrador informó que el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera para beneficio de los mexicanos y bajo ningún pretexto los mexicanos permitiremos que sea devuelta al capital privado extranjero.

López Obrador subrayó que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Puso de ejemplo que la mezcla mexicana se cotiza en más de 110 dólares por barril, mientras que la extracción del crudo tiene un costo de apenas cuatro dólares por barril.

México podría convertirse en una potencia energética, si el petróleo es bien administrado y se combate la corrupción en Petróleos Mexicanos, aclaró el dirigente de la izquierda mexicana al informar que el próximo 27 de julio se llevará a cabo en la Ciudad de México y los municipios gobernados por el PRD, PT y Convergencia —un aproximado de 500— una consulta popular sobre la llamada reforma energética.

Al destacar la participación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, en los debates que sobre el tema se realizan en el Senado de la República, el presidente legítimo de los mexicanos también mencionó que en la primera quincena de agosto se organizará una consulta ciudadana en los municipios restantes de la República Mexicana.

Informó también que en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, del próximo domingo 29 de junio, en el Zócalo de la Ciudad de México, se dará a conocer la logística de la consulta pública, y aseguró que el pueblo de México tiene la obligación y el derecho a expresar su opinión sobre los temas nacionales.

“Es necesario pasar de la democracia representativa a la democracia participativa”, enfatizó posteriormente ante los brigadistas de Huahuchinango, Puebla.

“La patria no se vende, la Patria se defiende”, expresó al proponer la construcción de tres refinerías en el país para dejar de importar 40 por ciento del consumo nacional de gasolinas.

Sin embargo, aclaró que “el gobierno usurpador de Felipe Calderón y el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño, prefieren entregar contratos en las áreas eléctrica y energética a empresas extranjeras, porque son representantes de los intereses de una minoría rapaz”.

Luego, en una segunda entrevista, López Obrador declaró que el nombramiento de presidente legítimo de México se lo confirió el pueblo de México y dijo sentirse bien y con la conciencia tranquila, a pesar de que el Consejo del Instituto Federal Electoral determinó que sea retirada la frase de presidente legítimo en todos los spots televisivos y radiofónicos.

Pero dejó en claro que “si a mí me quitan el nombramiento de presidente legítimo, entonces ya no va a haber presidente en México, porque el otro —Calderón— además de espurio, resultó ser un inútil, incapaz e inepto”.

Sustentó su afirmación en que Calderón autorizó aumentos de precios de alimentos básicos y de consumo generalizado, así como de las tarifas de bienes y servicios. Tan sólo el precio de la tortilla pasó de 6 a 12 y hasta 14 pesos por kilogramo en tan solo 18 meses de mal gobierno carderonista.

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HAMBRUNA (3)
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 21 de junio de 2008)

México no escapa a los problemas de la crisis alimentaria mundial: escasez en el abasto y aumento en los precios de los alimentos, incrementando la desigualdad y la pobreza en demérito de la calidad de vida de la población en general.

A pesar del fracaso de las políticas neoliberales que desmantelaron el aparato gubernamental de fomento de la producción rural, las medidas anunciadas por Felipe Calderón reiteran las acciones que condujeron al abandono del agro nacional: eliminar aranceles y canalizar subsidios a los grandes agricultores y a las empresas comercializadoras. Los defensores del neoliberalismo sostuvieron que para mantener bajas tasas de inflación era necesario importar alimentos baratos y que no era relevante incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional.

Hoy, pese a las evidencias del equívoco, se insiste en lo mismo. Eliminar aranceles a las importaciones profundizará la dependencia alimentaria del país y no frenará el aumento en los precios, ya que el mercado de alimentos es objeto de la especulación que realizan las empresas transnacionales que controlan el comercio internacional, como lo demuestra el alza de precios en EU, de donde procede 85% de nuestras importaciones de alimentos. Más aún, no sólo no abatirá el alza en los precios, sino que, como reconoce el programa de acciones en apoyo a la economía familiar, los alimentos registrarán un incremento mensual, en especial el maíz, que aumentará su precio hasta en 10% en los próximos meses.

Se establecen además subsidios a la comercialización —no a la producción— hasta por 625 pesos por tonelada de maíz, de los cuales 185 son apoyos a la pignoración, 150 para fletes, 150 para cubrir el costo de la prima de cobertura en la bolsa de futuros de Chicago, y 100 pesos más de garantía para las empresas comercializadoras, que serán, como en el pasado inmediato, las beneficiarias de estas medidas, pues en tanto los productores nacionales recibirán entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por tonelada bajo el esquema de agricultura por contrato, empresas como Cargill, Archer Daniel Midland, Minsa y Maseca alcanzarán grandes ganancias a partir del diferencial de precio. Sólo Cargill, que domina 70% del mercado nacional y que realizó compras a futuro por 900 mil toneladas de maíz, obtendrá una ganancia por más de mil 200 millones de pesos por subsidios gubernamentales en seis meses.

Calderón insiste en que no tolerará especuladores ni acaparadores y que se castigará a quienes pretendan lucrar con el hambre de los mexicanos; pero no sólo se transfieren subsidios a las grandes comercializadoras, sino que no se establecen mecanismos de control para evitar que los agricultores subsidiados —dado el aumento en los precios internacionales— exporten sus productos en lugar de garantizar al abasto nacional, lo que distorsiona más estos subsidios cuyo propósito fundamental debiera ser reactivar la producción y garantizar el acceso oportuno a alimentos baratos y de calidad a la población.

La crisis alimentaria exige de nuevas políticas y enfoques que permitan revitalizar la producción agropecuaria, canalizando créditos, insumos, capacitación, desarrollo tecnológico y apoyos diversos a los grandes agricultores y a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, que permitan recuperar la economía campesina y el mercado interno; e impulsar iniciativas legales que garanticen la seguridad alimentaria del país, dejando atrás la aplicación de medidas que sólo benefician a los grandes consorcios y que han acreditado su alto costo social.

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VIVIR MEJOR: MIL USOS
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 21 de junio de 2008)

Apenas empieza el bombardeo mediático de Vivir Mejor (VM) en radio, tv y diarios; sin duda, el próximo año electoral el campo de batalla comicial será sometido a una saturación total. Si bien Carlos Salinas usó como arma de votación al programa Solidaridad, éste se quedó corto frente a la euforia publicitaria de Calderón.

Bajo el lema de campaña VM se cobijan acciones en materia de seguridad pública, como sucedió con la inauguración del Centro de Mando de la PFP, además de acciones de seguridad social (otorgamiento de crédito para vivienda), de salud (prevención del consumo de drogas, diabetes y obesidad), entre otras. Es de esperar que dentro de poco se incorpore el logotipo de VM en la generación de empleo, reforestación, educación, etcétera, hasta abarcar todas las secretarías de Estado y organismos públicos encargados de atenuar que no de solucionar esos problemas nacionales (alimentación, salud, vivienda, empleo, educación y deterioro ambiental), para los cuales no existen políticas de Estado sino transitorias políticas públicas sexenales con una estrecha lógica de partido.

La publicidad gubernamental tendría que ser una herramienta para ensanchar los derechos de las personas. Sólo debería autorizarse transmitir mensajes que contribuyan a cumplir con las funciones de las secretarías de Estado. De qué sirve a la ciudadanía que le informen hasta el cansancio logros alcanzados más en la mente de los gobernantes que en la realidad diaria de los gobernados.

Deberían transmitir mensajes que informen sobre los requisitos para ser beneficiario de un programa social, cuáles son los tiempos para solicitar apoyos agropecuarios, campañas para cuidar el agua y el ambiente, contra la violencia de género y la drogadicción, entre muchas acciones que podría hacer un gobierno democrático en verdad preocupado por la nación.

La publicidad gubernamental cuesta. Sólo para el año 2008, se aprobaron 985.4 millones de pesos para la partida de comunicación social y publicidad. De estos, 85 están asignados al Poder Legislativo para convencernos de que sí trabajan. Los restantes 900 millones fueron aprobados para uso del Presidente; hoy vemos que eran para la campaña publicitaria rumbo al 2009; esa cantidad es casi 250 millones de pesos más que los aprobados en 2006.

Hoy, senadores del PRI y del PRD se dice que están elaborando una reforma para evitar el uso electoral de los programas sociales, parece que no entienden que el principal uso electoral de esos programas es a través de la propaganda del gobierno. Recordemos la repetición hasta el hartazgo de los anuncios foxistas: “Si seguimos por el mismo camino…”. Todo indica que el año venidero, la campaña calderonista de VM y pro PAN va a arrasar con una guerra de alta intensidad para ganar las mentes y los corazones del electorado.

Para evitarlo, hay dos caminos: el primero, más complejo, legislar en materia de publicidad gubernamental; el segundo, menos complicado porque atañe sólo a la Cámara de Diputados es establecer en el Decreto de Presupuesto de 2009 que sólo se autoriza el gasto en publicidad gubernamental cuando los mensajes coadyuven al cumplimiento de los objetivos de las secretarías de Estado, establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los diputados tienen la palabra. Sería una muestra de actitud democrática para impulsar una competencia electoral equilibrada entre los partidos políticos.

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En defensa de los Animales Marcha Jueves 17:30 horas

¡EN DEFENSA DE LOS ANIMALES!



CIUDADANOS Y ASOCIACIONES DEFENSORAS DE LOS ANIMALES DE JALISCO



CONVOCAN

A LA CIUDADANÌA

Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN



A LA MANIFESTACIÒN QUE HAREMOS EN DEFENSA

DE LOS ANIMALES



MAÑANA JUEVES 15 DE MAYO DE 2008; 17:30 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL PRI

ESTATAL, CITA EN CALZ. DEL CAMPESINO 222, COLONIA MODERNA.



POR EL BESTIAL SALVAJISMO DE JAVIER GUÌZAR MACÌAS, PRESIDENTE EN

JALISCO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL





EN PROTESTA POR



1.- SU SADISMO Y CRUELDAD EXTREMA EN CONTRA DE LOS ANIMALES

Y

2.- LA INOLVIDABLE LECCIÒN DE TERROR, PREPOTENCIA, EGOCENTRISMO Y ODIO QUE ESTE "HUMANO LÍDER ESTATAL" DIO A

SU HIJO Y A OTROS MENORES JALISCIENSES, LO QUE PODRÌA CONVERTIRLOS EN BRUTALES ASESINOS DE SERES VIVOS, IGUAL

QUE ÉL.



¡¡ACOMPÁÑENOS!! ¡¡APÓYENOS!! ¡¡NO FALTEN!!

¡¡SI NOS VE INDEFENSOS, ESTE ASESINO PODRÌA BALEARNOS!!



Guadalajara, Jal., a 14 de mayo de 2008







Inf. Tere Cruz

33-1269-6517

Polis Meseros en el Estado de México PRI

Calderón Más Priísta que el PRI

Por Eduardo Ibarra Aguirre

Una arcaica forma de presentar a los aliados, partidarios y subordinados el I Informe de Gobierno, en una imitación de reunión de la República como las que organizaba José López Portillo , colocó en segundo plano los contenidos del mensaje político de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa .

La misma estructura del discurso no ayuda a sobresaltar las tareas realizadas y los propósitos para 2008, o bien las políticas y objetivos para los siguientes cinco y hasta 30 años, pues sabido es que el michoacano no se anda por las ramas en su decisión de transformar a México y pretende trazar los rumbos hasta 2036, sin reparar en la absoluta incongruencia con su insistente llamado a regirnos por el estado de derecho, como tampoco en la división de poderes ni en la soberanía popular.

Una agrupación temática de acuerdo a los cinco ejes de su gobierno --Estado de derecho y seguridad. Economía competitiva y generadora de empleos. Igualdad de oportunidades. Sustentabilidad ambiental y democracia efectiva. Política exterior responsable-- le permitieron al que republicanamente es el primer empleado del país, pero él insiste en conducirse como El jefe de las institucione s nacional es, darle un hilo conductor a un discurso redundante al entreverar y abordar los temas.

Mensaje que lo mismo fue una danza de cifras alegres al estilo de Gustavo Díaz Ordaz --no exenta de evidentes contradicciones, por ejemplo, sobre empleos generados--, que un listado de impecables propósitos pero ahorrándose los indispensables cómos, que exhortaciones para motivar a la plaza pública --por las que no ha podido ocupar--, que una vuelta a enero-junio de 2006 en que pujaba por el voto ciudadano.

Hasta Francisco José Paoli Bolio, panista de pura cepa, lamenta que Calderón no aprovechó el discurso de Palacio Nacional –vigilado por 4 mil 700 soldados, marinos y policías que Televisión Azteca y Televisa ocultaron muy bien-- para exponer las líneas de su gobierno, el camino andado y sobre todo los rumbos a transitar, en una exposición explicativa para el gran público, pero también en polémica con sus opositores, a los que llama obsesivamente a debatir a la vez que censura el breve mensaje de Ruth Zavaleta Salgado y al Congreso de la Unión.

La intolerable censura gubernamental, inaugurada en diciembre pasado por Francisco Javier Ramírez Acuña con un programa televisivo sobre Andrés Manuel López Obrador , encuentra eco en la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean que presiona a Warner Bross México para que no distribuya la película 2 de julio: el fraude que nadie vio, dirigida por Luis Mandoki . Y sorteando la censura publicitaria, ordenada por Los Pinos, al decir de José Gutiérrez Vivó , éste y el noticiario Monitor volvieron afortunadamente al aire.

No se puede transformar a México cuando las políticas y presupuestos gubernamentales privilegian acciones, como lo reconoció el esposo de Margarita Zavala Gómez del Campo , para incidir en la percepción ciudadana sobre una realidad fabricada y no para atender la realmente existente. Para ello gastaron 3 mil millones de pesos en seis meses para publicidad, sostiene Leonel Cota Montaño . Calderón Hinojosa presumió que se redujo de 50 a 30 por ciento los ciudadanos que perciben a la inseguridad pública como el principal problema del país. Y el aplauso no se hizo esperar, junto al homenaje rendido por el de Morelia a las fuerzas armadas en su anticonstitucional “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, lo que implica que apoya los asesinatos de niñas y ancianas, abusos sexuales, obstrucción de carreteras y caminos, robos y cateos de domicilios particulares por todo el país.

Con 100 desaparecidos políticos y mil mexicanos encarcelados en 6.9 años de gobiernos panistas, la transformación a la que se convoca es, en rigor, una regresión en toda la línea.