Álvaro Cepeda Neri
La impunidad de funcionarios y delincuentes es el factor común del relajamiento institucional del estado federado, la federación y el municipio libre, como base de nuestra división territorial y organización política y administrativa, así como del espacio asiento de los poderes federales que es el Distrito Federal. Los delincuentes entran y salen de las cárceles por favoritismo y complicidad de jueces, magistrados y ministros de los poderes judiciales, en alianza con los ministerios públicos.
Los funcionarios entran y salen de sus cargos sin rendir cuentas ni razón de sus actos y omisiones, y sin posibilidad de fincarles responsabilidades por las vías del juicio político o penal. Los presidentes de la república son intocables, sean del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido Acción Nacional (PAN). Los gobernadores, excepcionalmente, han sido destituidos, pero jamás llevados a los tribunales. Por regla general –enriquecidos y con represiones de sangre para hacer valer su despotismo– se convierten en empresarios y banqueros con total impunidad.
Igual pasa con los presidentes municipales, síndicos, senadores, diputados locales y federales. No se diga con los jueces y magistrados del fuero común y federal; ministros de la Suprema Corte; funcionarios de empresas públicas (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, etcétera), del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, con todo y que información e investigaciones judiciales, como de la Contraloría Interna de la Función Pública, los exhiben como más que presuntos responsables de prevaricación. Arrasan con bienes gubernamentales, hacen negocios al amparo del poder y se sabe que intercambian favores de protección por dinero con toda clase de delincuentes, en lo que se denomina narcopolítica.
Los funcionarios han sido rebasados por la criminalidad, debido a su negligencia, aunque más por sus complicidades. El binomio de funcionarios –que incumplen con sus obligaciones, preventiva y represiva para garantizar, no la mínima, sino la máxima seguridad para la paz social– y delincuentes –que han impuesto la ley de la selva– tienen en muy seria crisis de gobernabilidad y estabilidad política y económica al país, al grado de que impera la anarquía.
El auge sangriento ha sembrado el miedo individual y colectivo en una nación que tiene "el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno" (artículo 39 de la Constitución) y ese derecho para exigir la renuncia o destituir funcionarios, apuntalado por su derecho a que nadie debe interrumpir la observancia constitucional, como lo es el trastorno público de las delincuencias que han establecido un gobierno contrario a los principios de esa ley (artículo 136).
El procedimiento para deshacerse de los malos gobernantes, sin derramamiento de sangre (propuesta democrática y republicana de Karl R. Popper) es el juicio político. Pero existe, aunque remota, la posibilidad de exigirles que renuncien, una vez que han probado su ineficacia. En la época contemporánea, sólo un presidente de la República renunció, obligado a hacerlo por el poder tras el trono del "jefe máximo", Calles.
Así que la nación, como sociedad, desde Victoriano Huerta –destituido por una secuela de la revolución de 1910– no ha podido echar del poder sexenal ni al ilegítimo Ávila Camacho, ni al criminal Díaz Ordaz, como tampoco a Calderón, impuesto por el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una Suprema Corte que no quiso "practicar, de oficio, la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación al voto público; pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la unión", y que es el caso de Calderón, cuya crisis de legalidad lo ha convertido en un presidente débil, incompetente e ineficaz.
El concepto de la palabra renuncia o destitución no ha entrado al vocabulario de la práctica política mexicana; por eso es que en cuanto alguien la pone en circulación, entran en pánico sus probables destinatarios. Cuando a Salinas y Zedillo les plantearon la exigencia de que renunciaran –después de que en 1968 se le exigiera a Díaz Ordaz–, nada pasó, pero al menos ese presidencialismo fue puesto en la picota de lo imposible-posible.
Electo Fox –y en cuanto transcurrió el primer año de su mal gobierno depredador, con sus payasadas y los excesos de su esposa, y más cuando se ensañó contra López Obrador en complicidad con legisladores federales del PAN y la cínica participación del presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y el procurador General de la República, Macedo de la Concha– estuvo rondando el fantasma de su renuncia por el abuso arbitrario de poder.
Ahora, en la cara de Calderón y su séquito; en la cara del presidente de la Corte; de diputados y senadores federales y de los (des)gobernadores del PRI, PAN y PRD; como en la cara de "líderes" como Gordillo y Romero Deschamps ("testigos" del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad), la voz de un ciudadano irrumpió: "Si no pueden, renuncien", quedándose todos helados tras recibir el balde de agua fría que remató el plazo de 100 días que otra voz les impuso para dar resultados o dejar sus cargos.
Calderón apenas si aplaudió, cuando el resto de los asistentes, para sepultar el doble reclamo, ahogaron con cerrada ovación la petición de que dejaran sus cargos o serían destituidos. Y es que no hay duda de que la nación está harta del ineficaz desempeño del PAN en el poder presidencial, con un Calderón y los calderonistas incapaces; mientras, aumenta el desempleo, la pobreza masiva, la inseguridad, y sus tontas políticas económicas naufragan en la recesión interna y los estragos de la crisis económica estadunidense.
Al plantear a toda la elite gobernante la alternativa de resolver el problema de la inseguridad o renunciar, adquiere plena vigencia el artículo 39: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste (de lo contrario): el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
A voz en cuello, les recordaron que el pueblo puede deshacerse de sus malos gobernantes, facilitándoles que unilateralmente renuncien o que un levantamiento civil les exija que se vayan por la vía de la destitución. La sociedad mexicana ya inició el ejercicio de su derecho, irrenunciable, para alterar o modificar la forma de su gobierno".
Y es que la democracia representativa enfrenta el desafío de la democracia directa: la del poder del pueblo. Cualquier incidente puede hacer las veces de catalizador de la crisis política, y estallar en vísperas del centenario de la revolución de 1910, que transita en el filo de repetir las fiestas del porfirismo al centenario de la independencia de 1810 y desencadenar lo que faltó en ambas para su conclusión (Orlando Fals Borda, Las revoluciones inconclusas en América Latina: 1809-1968).
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2008 | Año 7 | No. 110
Hace unas semanas la opinión pública internacional recibió información sobre el concepto de punto de no retorno. El avión de Spanair que se estrelló en Barajas, se nos dijo, estaba en V1, una combinación de situación en tierra y velocidad en la que ya no queda suficiente pista para frenar y que hace obligatorio ir al aire porque, sean cuales sean las condiciones del aparato, resulta menos arriesgado intentar un aterrizaje de emergencia que permanecer en la superficie. O sea que la ventana de oportunidad para abortar un despegue es más bien estrecha. Va del momento en que el avión comienza a acelerar hasta aquel en que llega a V1. La expresión "estás a tiempo de arrepentirte" se aplica a muchas otras circunstancias de la vida, por más que, en varias de ellas, lo irrevocable de la decisión sea relativo. No es lo mismo jalar el gatillo y transitar de la condición de asesino en potencia a la de asesino consumado, o treparse a un cohete en dirección a la Luna, que firmar un contrato de arrendamiento o dar el "sí" matrimonial ante un juez o un cura. Si los procesos físicos y biológicos son implacables, los contratos sociales son reversibles, así se trate de una constitución, y aunque a los faraones les guste pensar que sus reinados son eternos, y por mucha que sea la zozobra ante la posibilidad de que tu cónyuge te mande al diablo.
Los regímenes posfranquistas "atados, y bien atados", o bien los fallos judiciales inapelables, son formulaciones ególatras que persisten sólo en la medida en que las sociedades las acaten. Ya llegará, en España, el momento en que la gente se decida a tirar a la basura a una casa real corrupta y zángana. Tal vez los mexicanos logremos ejercer sobre nuestros legisladores la presión requerida para que emprendan un juicio político contra los magistrados de la Suprema Corte que exoneraron al góber precioso, y cuya permanencia en los cargos es un insulto a la legalidad y un agravio a la decencia.
Antaño, cuando los monarcas veían amenazada su permanencia en el poder, decían que ésta respondía a un designio divino. Si no les quedaba más recurso, apelaban a su condición de soberanos (detentadores de una autoridad suprema e independiente y no superada en cualquier orden inmaterial) para hacer lo que les viniera en gana. Heredada por el pueblo una vez que rodaron las cabezas reales, la soberanía le otorga la facultad, entre otras, de designar, por medio de elecciones, a quienes habrán de gobernar en su nombre. Los jefes de las actuales democracias formales invocan ese principio cada vez que hacen –como los reyes– lo que les da la gana o lo que les dictan sus intereses particulares.
"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno", reza el artículo 39 de nuestra Carta Magna. Pero nadie dijo que la soberanía, la real o la popular, fuera una fuente de decisiones irremediables. "No olvide el fraile que si una ordenanza real fundó la Inquisición, otra ordenanza puede ahogarla", advirtió Isabel de Castilla a Torquemada un día que la arrogancia sádica del inquisidor la tenía hasta la madre (Crónica de los reyes católicos). Si supusiéramos por un momento que la elección presidencial de 2006 en México fue un proceso impoluto y legal; que se llevó a cabo no "haiga sido como haiga sido", sino como debió ser; que en él la mayoría de los ciudadanos votó por Felipe Calderón y si éste encarnase, en consecuencia, la soberanía popular, en cualquier momento el pueblo tendría derecho, en virtud de su misma soberanía, a concluir que se equivocó. Mayor razón existe para crear un mecanismo institucional de enmienda cuando la representación es ejercida a consecuencia de un proceso comicial al menos dudoso y cuando un tercio de la ciudadanía la llama espuria e ilegítima.
El mismo miedo que impidió al grupo en el poder recontar los votos en 2006 se expresa ahora en la histeria linchadora desatada contra la idea de establecer un mecanismo legal para revocar mandatos por medio del referendo. El grumo político-económico-mediático que controla al país se llena la boca con encuestas de popularidad, pero se aterra ante la posibilidad de que el pueblo ejerza, para ratificar o rectificar, su soberanía. ¿Es subversiva y desestabilizadora la evocación del divorcio? ¿Hemos alcanzado el punto V1 de la política? ¿No tenemos más remedio que iniciar un despegue riesgoso o estrellarnos en tierra?
Y conste que nadie ha hablado de tomar el Palacio de Invierno.
Gerardo Fernández Casanova
"Que el fraude electoral jamás se olvide"
Porfirio Muñoz Ledo, con su ya proverbial capacidad dialéctica, ha colocado en la arena de la discusión el tema de la revocación del mandato, tema que ha abordado desde hace varios años en su proyecto de reforma del estado, como elemento sustantivo del perfeccionamiento de la democracia que no puede limitarse al ejercicio electoral de cada tres o seis años. Subrayo la antigüedad de la idea para aclarar que su propuesta no tiene un destinatario coyuntural, por más que tome mayor relevancia en la circunstancia actual en la que coincide la presencia de un gobierno espurio, producto de un aberrante fraude electoral, con la palmaria incapacidad de gobernar de quien dice ejercer el mandato. Me parece de la mayor importancia abundar en el tema y llevarlo al ámbito latinoamericano, en el que ya se han dado valiosas experiencias. Procedo:
1.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por la vía del referéndum en los primeros meses del gobierno de Hugo Chávez, incluye dentro de su espíritu y su articulado los instrumentos de la democracia directa o participativa, como son el referéndum, el plebiscito, la rendición de cuentas y la revocación del mandato, ejercicio éste último contemplado para practicarse a la mitad del ejercicio de un período gubernamental. No tardó más de tres años para quedar de manifiesto la bondad de la medida. La oposición al gobierno revolucionario había llevado las cosas hasta el extremo de un intento de golpe de estado, frustrado por el pueblo a las 48 horas, y un criminal paro patronal que estuvo cerca de destruir al estado venezolano y a su economía. La respuesta del mandatario fue, en todo tiempo, el apego a la Constitución para llevar el conflicto a la oportunidad del referéndum revocatorio del mandato, realizado el 15 de agosto de 2004, bajo los reflectores del mundo y sometido a la más intensa observación internacional. El resultado fue la confirmación del mandato otorgado en las urnas al Presidente Chávez, por más de dos terceras partes del electorado. Con ello quedó conjurado el peligro golpista y vuelto a legitimar el gobierno de la Revolución Bolivariana, con aval internacional.
2.- En la misma Venezuela, en el 2007 el Presidente Chávez formuló un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución, entre las que se incluyó la posibilidad de la reelección permanente, las que fueron sometidas a referéndum. El resultado en este caso fue adverso al proyecto gubernamental, por un pequeño margen de 51 a 49 y fue cabalmente asumido por el Presidente. El pueblo mandó y ese señor, al que tildan de tirano y dictador, acató.
3.- El próximo domingo se realizará en Bolivia un referéndum revocatorio, aplicado al Presidente, al Vicepresidente y a los Intendentes de los Departamentos (gobernadores) en un esfuerzo para conjurar la crisis política y el peligro de destrucción del país andino. La propuesta del referéndum vino de la bancada opositora en el Senado y fue democráticamente asumido por el Presidente Evo Morales, con todos los riesgos que implica. Hoy los intendentes opositores pretenden dar marcha atrás al ejercicio democrático, no obstante haber sido propuesto por su mismo partido. No se cuál vaya a ser el veredicto popular, la oposición parece adivinar una derrota y se prepara para desconocer sus resultados, no obstante que también estará siendo observado internacionalmente. La verdad es que sólo quienes pretenden conservar sus privilegios a costa de la vigencia de Bolivia como Nación, pueden actuar a contrapelo de la opinión popular explícita. De cualquier forma y sin importar el resultado de la consulta, el ejercicio podrá poner en claro la correlación de las fuerzas políticas y ofrecer una alternativa democrática de solución al conflicto boliviano.
4.- El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa convocó a la formulación de una nueva Constitución, mediante la elección de una Asamblea Constituyente, lo que ya se cumplió a principios de año, para la elaboración del proyecto y su presentación al escrutinio popular por la vía del referéndum, el cual tendrá verificativo en las próximas semanas. En el caso, se están confrontando las dos distintas visiones de país, entre quienes aspiran a una patria soberana y justiciera, y quienes pretenden mantener el estado de cosas que garantiza sus personales privilegios bajo el amparo neoliberal y proyanqui, incluida la nefasta intervención del alto clero que, como de costumbre, se alía con lo más oscuro de los intereses. Cualquiera que sea el resultado, el esfuerzo derivará en un Ecuador gobernable.
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5.- En México el tema adquiere hoy especial relevancia. Se hace evidente que una democracia basada exclusivamente en el ejercicio electoral de cada tres y seis años, altamente influida por los medios de comunicación masiva y cargada de promesas mentirosas y de omisiones dolosas, no cumple con el objetivo de constituir un gobierno del pueblo para el pueblo. No existe relación entre el discurso de campaña electoral y el ejercicio de gobierno. La posibilidad de la revocación del mandato tendrá que obligar al cumplimiento de lo ofrecido. Andrés Manuel practicó voluntariamente tal obligación y se sometió al referéndum revocatorio cada dos años de su mandato en el Distrito Federal y lo incluyó entre sus ofertas de campaña por la presidencia. La oscura oposición prefirió operar en la oscuridad de las trampas para desaforarlo, que aceptar el veredicto popular. El país está en proceso de destrucción acelerada que es preciso detener por la vía democrática. Hay que tomarle la palabra a Muñoz Ledo.
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