Ciudad de México, 24 de septiembre de 2007
Servicio informativo núm. 203
LAS VOCES LEGÍTIMAS
Cuatro voces legítimas hemos escogido dentro de la gran cantidad de interesantes artículos de opinión que, por limitaciones de espacio, debemos dejar sólo leídos pero no difundidos mediante el servicio de noticias ISA.
De las cuatro elegidas, dos retoman el tema de la reforma constitucional en materia electoral: Luis Linares, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México, destaca el retrato de familia de quienes recientemente se enfrentaron al Poder Legislativo para obstruir la citada reforma y el de quienes hace un año unieron también fuerzas para frenar la llegada a la presidencia de López Obrador; son los mismos: delincuentes electorales es el nombre del retrato. Por su parte, Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas, polemiza con Jesús Silva Herzog-Márquez y subraya lo que de reconocimiento implícito del fraude tiene la reforma electoral que ahora ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Por su parte, Rogelio Ramírez de la O., asesor en materia económica del gobierno legítimo, y Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública lopezobradorista, abordan la otra reforma legislativa en proceso: la fiscal. El primero cuestiona una reforma fiscal que no aporta al crecimiento económico, como quienes sus propios creadores lo reconocen. El segundo coincide también en la inomerancia de la reforma, augurando la cascada de amparos que provocará uno de sus pilares: el impuesto empresarial de tasa única (IETU).
Aquí sus voces, resumidas bajo la responsabilidad del servicio de noticias ISA.
Luis Linares Zapata. Delincuentes electorales (La Jornada). En cadena nacional, se reunieron en la sede de la CIRT buena parte de los delincuentes electorales de la contienda por la Presidencia de la República. Se veían decididos a escenificar una más de sus tropelías, difundidas por los medios a su cabal y díscolo servicio. Pretendió ser masiva demostración de poderío, de los mismos que incidieron, de manera gandalla e ilegal, en contra del entonces candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, en la intentona de restarle oportunidades de triunfo.
No lograron su cometido, AMLO fue el vencedor en las trastocadas urnas. Así lo atestiguan crecientes conjuntos de mexicanos, muchos más de los que por él votaron el 2 de julio de 2006, a pesar de los miedos difundidos, de las mentiras que se apadrinaron desde oficinas de potentados, de los cuantiosos recursos comprometidos, de la histeria colectiva que despertaron entre gruesas capas de la población, sobre todo entre ésas que usualmente responden a sus desplantes y llamados de clase. Lo que sí ocasionaron con su alevosa intervención fue dar contenido, veracidad, denso cuerpo, al fraude electoral. Fenómeno crucial en la historia reciente del país que ahora se expresa de varias formas, algunas a manera de trágicas consecuencias para la vida organizada de México y donde la ruptura, la desunión entre los mexicanos es sólo una de sus derivadas.
Ahí se encontraban el Consejo Coordinador Empresarial, como el personero del más concentrado organismo cupular, el Consejo de Hombres de Negocios, que se sienten y han sido señalados como dueños de México S.A. Les seguía una lista adicional de actores de reparto: la Confederación de Cámaras Industriales y la CIRT en pleno.
Los concesionarios y sus comparsas darán sucesivas patadas de ahogado. Han amenazado con influir en gobernadores con ellos contratados en la creación de imágenes para alentar ambiciones de liderazgos y futuras candidaturas. No prosperará su embestida. Se estrellarán con lo que llaman la partidocracia, en realidad muestra tibia, aunque decorosa, de soberanía. Al menos ésa que resta al Congreso.
Una reciente versión, propalada por un grupo de comunicadores e intelectuales con acceso irrestricto a los medios electrónicos, habla de los efectos perniciosos que pueden tener algunas reformas constitucionales aprobadas. En especial la que deja al albedrío de los consejeros del IFE la interpretación de lo que será catalogado como guerra sucia. ¡Es una bomba!, exclaman. Dejar en la capacidad de nueve consejeros la potestad de decidir entre lo que debe ser prohibido o lo que será permitido difundir en las campañas electorales es peligroso. Nada se ha dicho de esa forma atrabiliaria de libertad que ejercieron otros cuantos poderosos en contra de muchos millones de electores, dejados al arbitrio de autoridades medrosas, cómplices, que dejaron pasar los ataques arteros y mentirosos contra su coco preferido: AMLO. La censura reglamentada versus el libertinaje de partidos, asesores de campañas sucias y candidatos que aspiran a triunfar al estilo y ética del famoso “haiga sido como haiga sido”.
Las reformas aprobadas y en vías de ser concretadas adolecen de varias cortedades. Unas porque dejaron fuera muchas peticiones de mejoras, otras porque la mejor legislación se estrella contra la voluntad de los que operan las campañas, contra los que interpretan la norma a su favor, contra los que, al final de la línea, desvían, apegados a intereses estrictamente personales, partidarios o de grupo, lo que dicta la mejor ley de los reformadores. La manera de prevenirse contra los futuros fraudes es impulsando la organización del electorado. Movilizar la energía ciudadana, darle cauce, entrenamiento, vigorizar su consciente disposición por llevar a los cargos públicos a sus efectivos representantes. Ese es el antídoto contra lo que ha sido una constante del poder en México: la violencia al voto, la falta de respeto a la voluntad popular, el usufructo de las oportunidades por unos cuantos y que dejan fuera a la mayoría.
José Agustín Ortiz Pinchetti. Dejar “atrás” el fraude (La Jornada). Contesto por este medio a Jesús Silva-Herzog Márquez, quien ha hecho público nuestro cambio de impresiones (confidencial) sobre la posición política de AMLO. Aclaro, jamás he pensado que Jesús tenga odio contra el tabasqueño por desequilibrio emocional. Creo que él tiene sus fobias y respeto su derecho a tenerlas y a cultivarlas. Me voy a concretar a dos temas: lo que él llama el gigantesco engaño sobre el fraude electoral de 2006 y mi crítica a los analistas políticos por sus juicios sobre AMLO, su movimiento y su relación con el PRD.
Por lo que toca al fraude, valdría la pena conocer la verdad partiendo de hechos conocidos, sin condenas apocalípticas. Nadie puede negar la maquinación fraudulenta de Fox y de un grupo oligárquico para impedir la candidatura de AMLO. La cadena de abusos y agresiones desde marzo de 2004 hasta el mismo día de la elección son hechos públicos notorios. El proceso violentó los principios de ley: imparcialidad, certeza, independencia y equidad. El Congreso lo ha reconocido implícitamente al volver a prohibir, ahora de manera más enfática, todos los actos fraudulentos que torcieron el proceso electoral. La destitución de Ugalde pone en evidencia que los partidos saben la verdad: este personaje es un personero de Elba Esther Gordillo; poder tras el trono en el IFE.
Por lo que toca a la jornada electoral, los indicios de anomalías son abrumadores y están documentados. A mí no me cuentan historias, fui observador en 18 procesos electorales reñidos. Y estuve en Puebla el 2 de julio de 2006. Por favor, Jesús, lee con mucho cuidado las conclusiones de la ímproba investigación de José Antonio Crespo.
¿Cómo afrontar la verdad de las elecciones de 2006? Se perdió una oportunidad de oro al negarse el recuento voto por voto. Cuando en la diligencia del Trife se descubrieron las irregularidades, el tribunal pudo ordenar la apertura de paquetes. No lo hizo. Hay el acuerdo de quemar las boletas. Debe impedirse. ¿De veras se quiere saber la verdad? ¿O prefieren olvidarse del fraude y de AMLO? Hay otra oportunidad de oro: una iniciativa de ley de Carlos Navarro, diputado sonorense del PRD, para crear una comisión investigadora. Reto públicamente a aquellos que creen que AMLO miente sobre el fraude, para que se integren en ella con expertos inobjetables de las distintas tendencias. La iniciativa no ha prosperado. Está esperando el olvido en la congeladora en la Cámara de Diputados.
Rogelio Ramírez de la O. Reforma fiscal sin crecimiento (El Universal). Un modelo económico que no genera suficientes ingresos siempre será inviable. Ese es el cuestionamiento que deben hacerse quienes hablan de que el “modelo” sí funciona.
Hay tres posibles explicaciones: 1) el crecimiento es muy bajo y el ingreso no alcanza para pagar muchos impuestos; 2) el ingreso está mal distribuido y el sistema fiscal no va a adonde está la mayor fuente de ingresos; 3) el gasto del gobierno es excesivo y cualquier ingreso siempre se quedaría corto.
En realidad las tres causas explican la insuficiencia de ingresos. Por ejemplo, sobre la tercera causa, en 2006 el ingreso petrolero presupuestal aportó 468 mil millones de pesos más que en 2000 (más de cuatro veces la reforma fiscal aprobada) y no por eso hubo grandes obras públicas.
Para escapar de la trampa presupuestal, el gobierno debe actuar sobre las tres causas; si no, sería como tener una mesa con sólo una pata. El hecho de que la carga fiscal sea baja con respecto al PIB no significa que sea viable aumentar impuestos. Si los contribuyentes perciben que el gasto es mal administrado, siempre se resistirán a pagar. En ese contexto, la ostentosa nueva propiedad del ex presidente Fox en su rancho de Guanajuato es la peor publicidad imaginable contra la reforma fiscal.
El sentimiento de justicia también es elemental. Si el gobierno ha insistido en reducir la tasa del Impuesto Sobre la Renta y aumentar los impuestos al consumo, es difícil reconciliar el éxito de las grandes empresas mexicanas en el mundo y de sus dueños con la recaudación del Impuesto Sobre la Renta habiendo disminuido con respecto al PIB.
Cuando esto ocurre, la insistencia oficial de gravar el consumo siempre será vista como un sesgo regresivo. Si el ingreso está mal distribuido porque un porcentaje muy bajo de la población tiene mucho ingreso y la mayoría tiene poco ingreso, gravar el consumo no va a aumentar de manera sostenible la recaudación. Primero, porque los que tienen mucho ingreso son pocos y su consumo nunca será proporcionalmente importante. Más aún, gran parte del mismo lo hacen en el exterior. En cambio, la mayoría nunca tendrá suficiente ingreso para consumir mucho. Por el contrario, buscará evadir el impuesto comprando lo que pueda en la economía subterránea.
Tiene que haber un balance entre impuestos al consumo y al ingreso. Pero el impuesto al ingreso debe resultar en cargas sobre las empresas que no estorben su crecimiento. La reforma recién aprobada se dirige a gravar a las empresas, pero va a estorbar el crecimiento. Un primer problema es su tasa única. Así como hay desigualdad de ingresos entre personas, hay desigualdad de ingresos entre empresas. Las empresas que enfrentan competencia tienen muy bajas tasas de utilidad, en tanto que los monopolios tienen muy altas utilidades. El IETU resultará alto para la mayoría de empresas que compiten y será bajo para los monopolios. Este impuesto va a fortalecer la actual estructura de los mercados, el dominio de los monopolios, debilitando al resto de empresas. Como estas empresas son más numerosas y son las mayores fuentes de empleo, entonces el IETU no va a ayudar al crecimiento ni al empleo.
El problema del gasto es mucho más apremiante que lo que generalmente se acepta, debido a su inercia. En primer lugar porque no guarda ninguna proporcionalidad con los ingresos y con el crecimiento, sino que crece independientemente. Más aún, como el gasto en gran medida existe por la decisión del gobierno, su nivel y trayectoria refleja mucho más que un problema administrativo. Refleja la simbiosis entre la política y el gasto.
Así parece comprobarse con los ejes fundamentales del gasto en salud, educación y desarrollo social, en los que la multiplicación de estructuras burocráticas regionales responde más a una motivación política que administrativa. Si la motivación política es la rectora del gasto, el modelo económico imperante que muchos creen que es de libre competencia y finanzas públicas sanas no tiene en realidad vigencia. La rectoría del gasto está divorciada de fundamentos económicos. Esto explicaría que ante la falta de ingresos el gobierno no haya dudado en golpear a las empresas y en especial a las que deberían ser la base genuina de su apoyo, es decir, la mayoría de ellas, con raíces regionales y alto empleo.
Mario Di Costanzo. El gasolinazo y la venganza de los contribuyentes (La Jornada). Mientras que en EU las autoridades financieras hacen esfuerzos para “palear” la crisis en la que ya están inmersos y la Reserva Federal redujo la tasa de interés en medio punto, y hasta el presidente Bush habla de no permitir que suban los impuestos, en nuestro país tanto el equipo de Calderón como los diputados prianistas se vanaglorian de los acuerdos obtenidos en materia fiscal que permitieron que se aprobara una serie de incrementos de impuestos para los contribuyentes.
Carstens y Calderón amenazan con aplicar el incremento a la gasolina desde octubre próximo, lo que le permitiría obtener una recaudación adicional de 623 mdp en lo que resta del año. Esto suena absurdo si consideramos los efectos que en los precios de prácticamente todos los artículos de consumo, particularmente los alimentos, tendrá un incremento en la gasolina y el diesel.
Resulta aberrante y negligente si a lo anterior añadimos que a julio de 2007 las finanzas públicas han registrado un superávit, es decir, más ingresos que gastos, superior en 127 mil mdp, es decir, a Carstens le habían quedado en las arcas nacionales hasta julio poco más de 12 mil mdd. Por ello, los contribuyentes y legisladores y hasta el propio Calderón deberían preguntarse ¿para qué, con tanto dinero en caja, se necesitan 623 mdp más?
Calderón y Carstens deben reflexionar, saben muy bien que los impuestos aplicados como dogma o capricho, como en el caso del IETU, pueden traer graves complicaciones. Los diputados fueron incapaces de eliminar el sesgo antiempleo que tiene este impuesto, ya que al final, en el IETU los salarios no serán deducibles, sólo será acreditable una pequeña parte del gasto de las empresas en salarios y prestaciones sociales.
Será muy difícil que el IETU aprobado la semana pasada por los diputados y senadores del PRIAN, genere los ingresos estimados, en virtud de que el impuesto es inconstitucional, por lo que generará un cúmulo de amparos que necesariamente la Corte tendrá que aceptar. Para corroborar lo anterior sólo basta señalar que la Constitución establece en su art. 31, la necesidad de que los ciudadanos contribuyan de manera proporcional y equitativa con los gastos públicos (impuestos). Conviene destacar que en materia tributaria, el concepto de “equidad” se refiere a que las personas o empresas con igual capacidad de pago (equidad horizontal) paguen lo mismo, mientras aquellas personas o empresas con mayores capacidades paguen o contribuyan con más (equidad vertical).
Un elemento adicional de inconstitucionalidad se observa al considerar que en el IETU se obliga a las empresas o personas a cubrir una tasa única sobre sus enajenaciones, prestación de servicios independientes y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, menos algunas deducciones, esta situación provoca que la base impositiva (la base del impuesto) sea equivalente, si no es que igual a la del IVA. Esto quiere decir, que en realidad el IVA y el IETU son dos impuestos que tienen la misma “base”, por lo que la Suprema Corte de Justicia podría considerar al IETU como inconstitucional, puesto que la ley establece que dos impuestos no pueden tener la misma base.
El IETU tiene graves problemas de proporcionalidad, ya que al permitir la deducibilidad de prácticamente cualquier gasto en activos, como la inversión, o los inventarios, que se adquieran, serán las grandes empresas y los grandes grupos empresariales los que seguirán eludiendo una importante cantidad de impuestos. Provocará que las estrategias fiscales utilizadas por las grandes empresas para disminuir artificialmente su utilidad de operación continúen vigentes y en todo caso, sean las pequeñas y medianas empresas y las personas físicas con ingresos diferentes a salarios, las que aportarán la mayor parte de la recaudación proveniente del IETU, continuando con la inequidad del sistema tributario mexicano, por lo que también estas últimas podrán recurrir al amparo.
En el caso de las personas físicas que obtengan ingresos diferentes a salarios (honorarios o cualquier otro ingreso), serán las de los niveles intermedios, principalmente las que obtengan ingresos entre 10 mil y 35 mil pesos, las que mayor incremento tengan en su carga tributaria, lo que necesariamente atenta contra los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.
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