ISA Servicio informativo núm. 505

Ciudad de México, 17 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 505

Sumario:

I. La solución de fondo en el combate a la delincuencia es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas: AMLO

II. Hechos, no palabras, por José Luis Piñeyro

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LA SOLUCIÓN DE FONDO EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ES COMBATIR EL DESEMPLEO, LA POBREZA, LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, LA PÉRDIDA DE VALORES Y LA AUSENCIA DE ALTERNATIVAS: AMLO

Al pueblo de México:

En la actualidad, muchos mexicanos están sufriendo o viven angustiados por la violencia imperante en todo el país. Por eso he decidido dar a conocer mi opinión sobre este grave problema y proponer al mismo tiempo algunas medidas para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

En primer término, tenemos que preguntarnos y aclarar cómo fue que llegamos a estos extremos de inseguridad.

Desde mi punto de vista, esta descomposición social viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó después del fraude electoral.

Esta crisis tiene su antecedente inmediato en la política salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, todas las acciones del gobierno se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas en beneficio de una minoría. También en este contexto debe verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, desde la época colonial. Recordemos que Ernesto Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.

A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado del banquero Roberto Hernández pasó a ser el encargado de la Hacienda Pública. Pero lo más grave fue que Fox dio al traste con la incipiente democracia mexicana.

A estas alturas, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006 lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional.

El fraude causó un daño inmenso: lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente.

El fraude nos llevó a más pobreza, desempleo, carestía, crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Todo lo cual, si se hubiese respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad.

Además, la falta de sensibilidad y la hipocresía de los potentados, y de su representante en la Presidencia, es cada vez más notoria. Por ejemplo, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se les ocurre es amenazar con el discurso propagandístico de “la mano dura”, y quieren resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, y condenas más largas. Como si ello bastara para enfrentar una situación que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites, a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

La delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos, también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad mediante las drogas y la violencia.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero nada de eso están haciendo los hombres del poder en México.

Tampoco están dispuestos a rectificar ni practican la autocrítica. Por el contrario, a pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir.

No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que por la codicia estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir.

De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la Nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y hacer todo lo que podamos para frenar el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública.

No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social o se obliga a algunos mexicanos a abandonar al país. Todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por las calles, libres de miedos y temores.

Por lo anterior, propongo de manera concreta lo siguiente:

1. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso. Entre otras razones, nos oponemos a la privatización, porque queremos vivir en paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia. El despojo de la renta petrolera creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política.

2. Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social. La Cámara de Diputados debe autorizar mayor presupuesto a las universidades públicas con el propósito de que los 300 mil jóvenes que cada año son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales. Asimismo, deben otorgarse becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo está haciendo el Gobierno del Distrito Federal.

3. Deben renunciar, de inmediato, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Los motivos son obvios: el primero es un delincuente confeso y los otros dos ya fueron, durante el gobierno de Fox, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, han demostrado su falta de integridad e ineficiencia.

4. Debe orientarse el presupuesto público a impulsar actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar de la población. El gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos. A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más.

Por eso proponemos que se lleve a cabo una reducción del gasto burocrático de por lo menos 200 mil millones de pesos y que estos recursos, junto con los excedentes petroleros, se destinen a la inversión en infraestructura y desarrollo social. En particular, estos recursos deben orientarse a fortalecer a Pemex, a garantizar la soberanía alimentaria y a crear empleos sobre todo para los jóvenes.

5. Debemos seguir insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios. El país está secuestrado por una minoría rapaz. No se pueden enfrentar los graves y grandes problemas nacionales si continúa el predominio de una mafia política tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada.

Sí hay salidas, sigamos organizándonos. Sigamos defendiendo al pueblo y al patrimonio de la Nación. Sigamos trabajando en la transformación de la vida pública de México.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente legítimo de México

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HECHOS, NO PALABRAS

por José Luis Piñeyro

(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)

Hay dos rasgos de conducta de las élites económica y política de México y América Latina con sus gobernados: uno, entre ellas son complacientes con sus abusos y flexibles en sus reglas, pero férreas contra la participación popular autónoma que impugne la legalidad e institucionalidad; otro, recurren a la ciudadanía de manera dosificada sólo en elecciones o cuando toman decisiones coyunturales que requieren legitimar. Esto parece que va a repetirse después de que el trágico secuestro del joven Fernando Martí obligó a las autoridades a reconocer que este ilícito y otros habían aumentado.

Así, de los mutuos reproches del gobierno federal y el capitalino, y del Ejecutivo al Legislativo y del Judicial a ambos, se pasó a la calma de la clase política, como lo muestra el reciente Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad suscrito por Legislativo y Ejecutivo. Reformas a leyes federales, a instancias de seguridad pública que delimiten nuevas facultades y penas por delitos graves, y el presupuesto para impulsarlas, más un mecanismo de seguimiento y evaluación de la sociedad civil. Más legalidad y presupuesto, y búsqueda de legitimidad con mínima intervención social.

También la clase económica dominante bajó la crítica al Estado como irresponsable en su función central de dar seguridad física, patrimonial y jurídica para luego señalar que el problema era de coordinación interinstitucional e impunidad. El dirigente del CCE reconoció que no sólo la impunidad propicia delitos, sino también la desesperación por el desempleo dada la ausencia de incentivos para invertir y generar empleos. El inicio del acuerdo cupular queda más claro si agrupamos notas periodísticas por Estado, economía y sociedad.

Estado. La penetración del crimen organizado la reconoce la PGR al informar que el narco controla 80 municipios y diversas actividades delictivas (protección a empresas y a prostitutas), en especial en Michoacán y Tamaulipas. Unos expertos van más allá y señalan que el narco financió las elecciones de más de un tercio de los alcaldes del país. ¿Y a cuántos gobernadores, diputados y senadores?

Además, recién se informó del arresto de tres militares y dos civiles de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por colusión con el cártel de los Beltrán Leyva (El Universal, 11 y 12/VIII/08).

Economía. Santiago Creel declaró: “Que no nos engañen. El dinero del narco no anda viajando en maletas. Está en los bancos”. Un reporte del Departamento de Estado de EU revela que entre 2003 y 2008 los narcos repatriaron a México 22 mil millones de dólares al sistema financiero. La Asociación de Bancos de México rechazó esto dados los estrictos controles financieros, ya que hoy el pago entre narcos, afirmó, es en efectivo y se lava comprando inmuebles, autos y joyas. Un experto destaca el fracaso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y un ex funcionario afirma que los bancos y casas de bolsa a menudo reportan “información basura” por la falta de regulaciones que los obliguen (La Jornada 12 y 13/VIII/08).

Sociedad. El secretario de la Defensa reveló que 500 mil personas apoyan al narco (sembradores: 300 mil; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160 mil; capos de diverso rango: 40 mil); a este narcoejército habría que agregar otras bases de apoyo social de actividades criminales: tráfico de autos, armas, migrantes, mujeres, niños, órganos humanos, mercancías. Además, en 2007 se cometieron un millón 578 mil delitos en un contexto de deterioro de empleo, ingreso y seguridad laboral, más el millón 300 mil nuevos pobres extremos que reporta el Banco Mundial por la crisis alimentaria de 2008 (El Universal, 9/VIII/08).

El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad es posible que incluya reclutamiento riguroso de personal; depuración radical de las policías municipales, estatales y federales; control interno sistemático de las mismas; capacitación técnica y logística de la tropa; restructuración de mandos, saneamiento del sistema judicial (MP y jueces) y penitenciario (custodios y directores) que reduzca la impunidad basada en la corrupción e ineficiencia. Pero si no incorpora formas de participación ciudadana vía grupos de expertos y organismos de contraloría social; campañas permanentes de prevención de delitos (drogadicción, narcotráfico, contrabando); campañas masivas de participación social y de rehabilitación de drogadictos, seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación. Continuará la visión estatocéntrica: el Estado es el único responsable de brindar seguridad pública, la sociedad debe legitimar los acuerdos de las élites y mantenerse pasiva frente a sus acciones y omisiones, como no atacar el vital nervio financiero del crimen organizado.

Si la estrategia anticriminal no es acompañada de una política económica de generación masiva de empleo bien remunerado y una social de combate real a la generalizada pobreza, la descomposición moral y material de la nación avanzará, se debilitará más el Estado y la economía dependerá más de los narcoflujos financieros. Serán más palabras que hechos la inclusión ciudadana.

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Jorge Gómez Naredo :: El cinismo de los de arriba ::

JORGE GÓMEZ NAREDO

El cinismo de los de arriba

Mucho cinismo, demasiado cinismo, un montón de cinismo. El gobernador, los jefes de los partidos políticos y la elite del empresariado jalisciense hablan en nombre de la sociedad, del pueblo, de la gente, del bien del estado: juntos defendiendo lo que beneficiará a la entidad. Pero todo es cinismo, demasiado cinismo, un montón de cinismo.

Emilio González Márquez decidió presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la reforma electoral del estado de Jalisco. Y lo hizo, dijo, por el bien de la sociedad, porque él “escucha los reclamos ciudadanos que exigen un manejo eficiente del gasto, y porque debemos hacer que esta administración pública se oriente, cada vez más, a criterios y reglas de austeridad”. Eso mencionó, eso argumentó, eso concluyó. Pero la realidad lo desmiente. El gobierno que encabeza se ha caracterizado por infinidad de pifias y por el despilfarro de los recursos públicos: pingues donaciones a Televisa, TV Azteca y a la Arquidiócesis de Guadalajara, gatos excesivos, sueldos millonarios para la alta burocracia, viajes al extranjero, etcétera. ¿Dónde está la austeridad? Mucho cinismo, demasiado cinismo, un montón de cinismo.

González Márquez ni escucha ni ve “los reclamos ciudadanos”. Ahí están los pobladores de Temacapulín que dicen no a la construcción de la presa El Zapotillo, que reclaman y reclaman y nunca son escuchados. También diversas organizaciones ciudadanas han mostrado su inconformidad hacia las actitudes autoritarias del gobernador, y éste: calla, no escucha. ¿Dónde queda, pues, la sensibilidad hacia “los reclamos ciudadanos”? ¿No será que el gobernador entiende como ciudadanía sólo y exclusivamente a unos cuantos empresarios?

Los partidos políticos están en crisis, de ello no cabe duda. Se supone que fungen como vías por los cuales la gente puede acceder a diversos cargos de representación popular, pero esto no pasa. Se alejan cada día más de los piensos ciudadanos, de lo que quiere y desea el pueblo. Esta crisis, sin embargo, no les impide buscar mayores recursos económicos y defenderlos con tesón y ahínco, ese mismo tesón y ese mismo ahínco que les falta cuando se trata de defender los intereses supremos del pueblo. Los líderes de los partidos políticos se dicen cercanos a la gente: hablan y hablan y en sus discursos ensalzan a la gente, la representan, tienen un compromiso con ella. Mucho cinismo, demasiado cinismo, un montón de cinismo.

Los miembros de la elite empresarial jalisciense también se dicen representantes de la sociedad. Ellos son los ciudadanos, ellos luchan por las causas justas y ellos tienen el derecho a ser escuchados y siempre tomados en cuenta por las autoridades. Hablan de democracia y de justicia, de honestidad y de lucha contra la corrupción. Se inconforman contra la ley electoral que aumenta el presupuesto a los partidos políticos, pero no mencionan palabra alguna cuando se sabe que ellos, los honestos entre los más honestos, reciben como “subsidios” borbotones de dinero de las arcas públicas.

Pablo Lemus, líder de la Coparmex Jalisco, al conocer la decisión de González Márquez de interponer una controversia constitucional contra la ley electoral del estado, declaró: “El señor gobernador ha decidido jugar en la cancha de los ciudadanos y no de los partidos políticos. El gobernador se dio cuenta de las graves afectaciones que tenía esta reforma electoral, que a todas luces va en contra del espíritu democrático de la reforma electoral federal, al tener graves afectaciones en el presupuesto estatal, dando mayores recursos para los partidos políticos, [lo] que definitivamente descuidaría los proyectos productivos y sociales del estado”. Sí, ellos, la elite empresarial, un bastión en la defensa de la democracia. Ellos, que no observaron ninguna irregularidad en el proceso electoral fraudulento de 2006 y que cada tres años invierten dinero en candidatos para, cuando éstos accedan al poder, tengan un trato preferencial (digamos, de gente bien, de gente VIP). Ellos, los demócratas. Mucho cinismo, demasiado cinismo, un montón de cinismo.

La elite jalisciense (la empresarial y la política) está en guerra. Pero una guerra interna, entre ellos mismos. Todos se dicen representantes de la sociedad, todos argumentan actuar por el bien de la gente, del pueblo. Sin embargo, nunca le preguntan a la sociedad su parecer: qué piensa, qué quiere, qué desea. Claramente, los de arriba demuestran mucho cinismo, demasiado cinismo, un montón de cinismo.

jorge_naredo@yahoo.com

HOY LA CITA FUE EN CUERAMARO

Hoy la cita fue en Cuerámaro, Gto.


Desde el jueves 14 de Agosto de 2008, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México está de gira por Guanajuato y hoy, sábado 16, nuestra cita con él fue en la ciudad de Cuerámaro.

Salimos de León a las cuatro de la tarde, Yazmín al volante y yo de copiloto; no estuvimos seguras de asistir sino hasta las 12:30 del día de hoy, pero ¿cómo no estar cuando menos en uno de los lugares visitados por AMLO?, dejaríamos de ser “las infaltables” como, nosotras sí, nos hemos autonombrado y por lo mismo decidimos asistir al mitin que tendría lugar a las 6:45 p.m.

Cuando llegamos, ubicamos el módulo de credencialización del Gobierno Legítimo y le preguntamos a Virgilio Arce, quien estaba a cargo del mismo, en dónde se podía comer, pues no habíamos tenido oportunidad de hacerlo y nos recomendó unos mariscos riquísimos, por lo fuimos enseguida a saborear unos cocteles deliciosos, acompañados de la cervecita de rigor.

Después de comer regresamos a la plaza principal del municipio, donde tendría lugar el mitin y tomamos el kiosco para colocar de frente al templete en donde estaría Andrés Manuel la lona de la Brigada Enaguas Profundas en Yunqueland. Un poco después llegaron compañeros de la resistencia, miembros del Partido del Trabajo y Yazmín, tomando el mando, dirigió la operación de colocación de banderines.

Después de todo lo anterior, y un poco antes de las 7:00 p.m. llegó la “Banda Única de Cuerámaro” y se colocó detrás de nosotros en el kiosco y en el templete iniciaron los discursos informativos y la gente se empezó a reunir, acompañados por la música.

A las 7:20 p.m. arribó a la plaza Andrés Manuel López Obrador y toda la gente acudió a su encuentro, y él atendía a todos y contestaba los saludos, siempre acercándose al templete desde donde dirigiría su mensaje. La plaza estaba llena y todo el mundo estaba contento, desde los niños hasta personas de la tercera edad.

Nos habló de la importancia que tiene para nuestro país que evitemos la privatización de PEMEX, de la lucha de nuestro movimiento, que debe continuar hasta que consigamos un verdadero cambio y que de nuestra lucha depende que podamos sacar a México del atraso en que se encuentra, de la pobreza y la marginación y que por eso no podemos claudicar.

También nos hablo de los 25 años de políticas neoliberales, del abandono por parte del gobierno a las actividades productivas y que por lo mismo, muchos mexicanos, sobre todo los jóvenes, tienen que emigrar, por la falta de oportunidades y de que sólo una minoría es la que se ha salido beneficiada.

Nos habló de cómo fue privatizada Fertimex, y del aumento del 200% en el precio de los fertilizantes ya que actualmente se tienen que comprar en el extranjero, de los aumentos de precios que se han dado durante la usurpación de calderón en alimentos y gas, de como en ese mismo tiempo hemos tenido más de 5000 asesinatos, además de los 25 años sin crecimiento económico, sin bienestar y sin oportunidades.

También nos habló del gran negocio que es el petróleo ya que el precio de la extracción de un barril es de cuarenta pesos y se vende en mil doscientos y nos hizo unas cuentas que se me escapan en este momento, que demuestran que la utilidad de la venta del petróleo de sólo diez días, es igual que el presupuesto del estado de Guanajuato,(30.000 mil millones de pesos) por lo que se explica el gran interés que tienen los extranjeros en él y que no debemos permitir que se concrete ese robo a la nación pues de los recursos provenientes del petróleo se pagan la mitad de los sueldos de los maestros, de los médicos, de los programas sociales como Procampo y Oportunidades, así como de las pensiones a los jubilados y otros más.

También nos explicó cómo fue gracias a la toma de la Tribuna del Congreso por parte del los diputados del PRD, PT y Convergencia y de las protestas de la gente en el Distrito Federal, que se impidió que en 15 días, como era el plan de calderón, se privatizara a PEMEX.

Informó a la gente congregada que la consulta ciudadana en el estado de Guanajuato se llevará a cabo el próximo domingo 24 de agosto y nos pidió acudir a votar por la que consideráramos la mejor opción para nuestro país, y de que en Cuerámaro habrá 10 casillas para hacerlo, y de que una vez que se concluya con dicha consulta, y en caso de que el gobierno usurpador no respete la voluntad popular, si es preciso, paralizaremos al país, para defenderlo.

También nos dijo lo que ya sabemos, que fox y calderón son unos grandes rateros, para decirlo con gran claridad, y de cómo algunos presidentes municipales panistas son igual que ellos, como el presidente de Pénjamo que compró un terreno para la feria y supuestamente lo pagó a 15 millones y que por medio de un avalúo se demostró que vale apenas 2 millones y de como estos ladrones del PAN han ofendido al pueblo pues llegaron al poder diciendo que eran distintos pero son iguales a los priístas. También mencionó que respeta mucho a los priístas y panistas de las bases, pero que arriba, en las cúpulas del poder prístas y panistas son lo mismo y que lo que buscamos con este movimiento es que haya justicia, patria para todos, patria para humillado y menos desigualdad.

Invitó a todos a credencializarse para ser representantes del Gobierno Legítimo y a estar organizados, ya que también por falta de organización fue que nos pudieron robar la presidencia y mencionó los trescientos mil votos falsos que en este estado le consiguieron a calderón y de que mosqueda, secretario de gobierno de Guanajuato lo comentó en una reunión, motivo por el cual el gobierno del estado demandó al periódico que publicó estas declaraciones.

Nos llamó a tener cuidado pues calderón es un ladronzuelo que todo lo quiere arreglar con dinero y de que en los años electorales entregan dinero para que les compren votos, pero que eso representa PAN para hoy y hambre para mañana.

Nos dijo que él nunca va a cambiar, y nos dio su palabra de que nunca nos va a traicionar y citó a Juárez diciendo: “vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda” y de esta forma concluyó.

Al dejar el templete la gente se le acercó a saludarlo, a hablarle de sus problemas y muchos más para solicitarle que firmara los ejemplares del libro “La mafia nos robó la Presidencia” a lo que amablemente accedío y le preguntaba a cada uno su nombre para personalizar una dedicatoria, lo que pude ver porque me ubiqué a su lado y pude sentir como lo quieren y lo admiran, como yo, por su convicción, su compromiso con México y su gente y sobre todo, por su congruencia.

A él la gente lo quiere y él permite que nos acerquemos con confianza, el otro, el espurio, no sería capaz de caminar ni una cuadra sin encontrarse con algún mexicano ofendido que le reclame o que cuando menos se la “miente”.

Después, como en las ocasiones anteriores en que hemos estado en presencia del Presidente, Yazmín y yo nos regresamos a León, acompañadas de una luna llena hermosísima, y hablando de nuestra tarea el próximo 24 de agosto en que estaremos cada una de nosotras en mesas ubicadas en la zona centro de León, recogiendo los votos emitidos en la consulta ciudadana.

Genito, reportando desde Yunqueland.

Van las fotos del evento:



































LES DEJO EL AUDIO DE LA ETREVISTA A YAZMIN POR MARIOBCS





APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
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Jorge Gómez Naredo -Opinión-

JORGE GÓMEZ NAREDO

Una telenovela de controversia y tema electoral

Jalisco se ha convertido en escenario de una telenovela donde varios actores se diputan el papel principal. Todos salen a escena, gritan, quieren atención, desean establecer su preponderancia, decir, ufanos: “aquí yo mando”. Al primer actor se le conoce como “poder legislativo” o “Congreso”, el cual está conformador por diputados que elaboraron un reforma electoral donde desviaron (legalmente, claro está) millones de pesos a los partidos políticos. El segundo, pletórico de “gente bien”, podría denominarse el “club del progreso y el bienestar económicos”. Está conformado por un empresariado que amenaza con irse de Jalisco si se aprueban las modificaciones hechas por el poder legislativo. En un arranque de furia (y de sinceridad), dicho actor reclamó a su subordinado su incapacidad para poner orden en la casa. El tercer histrión, protagonizado por Emilio González Márquez, un día dice sí y el otro no. Este cambio de ideas quizá se deba a que todas las decisiones que toma están regidas por “la luz de la ética” y el deber con su “conciencia”.

El problema surgió cuando el poder legislativo decidió aprobar una ley que incrementó en 253 millones de pesos anuales los ya pingues presupuestos de los organismos políticos. Los miembros de la élite empresarial jalisciense dijeron no, declararon no, decidieron que no. Convertidos rauda e inconcebiblemente en luchadores sociales, “llamaron a la sociedad” a acompañarlos en la batalla para impedir el atraco a las arcas públicas. Este desenfreno justiciero fue matizado, prontamente, al saberse que esos ínclitos personajes de la vida económica, que tanto bien le hacen al pueblo, recibían de las mismas arcas públicas más de 200 millones de pesos en “subsidios”. Dicho dato no los inmutó. Como adalides de la honestidad y la equidad prosiguieron su lucha con ahínco.

Emilio González Márquez, el tercer actor, ha querido por todos los medios posibles congraciar al empresariado. Primero intentó vetar la ley y su falta de capacidad se lo impidió. Se enemistó con el Congreso, pero decidió establecer una tregua: como en las batallas épicas, llamó a la concordia, a la paz y la reconciliación, y ya entrado en amor (murmuraron las malas lenguas en su momento), cabildeó la creación de nuevas plazas a cambio de apoyar la aplicación de la millonaria reforma electoral. Por este rumor hasta se enemistó con el segundo actor, el empresariado, en especial con uno de sus líderes, Pablo Lemus. En un arranque de lacrimosa ternura, reclamó González Márquez: “¿En dónde está su amor al estado y su deseo de generar empleo aquí, para los jaliscienses? No, yo no me dejo presionar. ¡Pablo Lemus miente!”.

Sin embargo, dos días después, en el clímax de esta historia llena de congojas, el gobernador decidió siempre sí entablar la controversia constitucional, ya que, “estoy empeñado en hacer las cosas correctas, dentro de nuestras capacidades, y siempre sin desviarnos de los principios y valores que debe tener el servicio público”. Así pues, el empresariado logró su objetivo: el subordinado cumplió las órdenes.

Esta historia de telenovela sucede en Jalisco, y los actores están muy bien delimitados. Cada uno quiere preponderancia y mandar al otro. Por un lado, el Congreso, que no representa a la sociedad, sino a las élites de los partidos políticos. Por otro, el empresariado, que invierte cada tres años en las campañas electorales de sus nuevos subordinados y eso, piensa, le da derecho a ordenar. Por último, aparece González Márquez, que juega al sí y al no. No sabe qué hacer y cuando se decide a hacer algo, lo hace mal y a destiempo.

La cuestión aquí es preguntarse, ¿el pueblo de Jalisco, dónde queda?, ¿dónde la sociedad que dicen representar los diputados y el gobernador? González Márquez acata las ordenanzas de un empresariado voraz. A ellos sí hace caso, a ellos sí escucha, a ellos sí los ve. La mayoría de los diputados en el Congreso obedecen los mandatos de sus líderes partidarios y los defienden a capa y espada. Lo que verdaderamente demuestra este conflicto digno de cualquier telenovela es el fracaso de la democracia representativa en el estado. Porque, la sociedad, el pueblo, la gente de a pie, ¿dónde queda?, ¿dónde está su opinión sobre un tema tan importante como una reforma electoral y de participación ciudadana?, ¿dónde?

ISA Servicio informativo núm. 504

Ciudad de México, 16 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 504

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Sumario:

I. Olimpiadas y política, por Alejandro Encinas

II. Juegos en Pekín, por Ignacio Ramonet

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OLIMPIADAS Y POLÍTICA
por Alejandro Encinas
(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)

Para un importante sector de mexicanos de las generaciones de jóvenes en los 60 y 70, los Juegos Olímpicos están asociados a la represión de que fue objeto el movimiento estudiantil que en 1968 demandaba cambios profundos en la vida política del país, dominada por un régimen autoritario que inhibía el ejercicio de las libertades democráticas elementales.

Este no es un hecho aislado. Desde que en 1896 en Atenas se reviviera su celebración, la política está ligada a estos juegos. La misma motivación de Pierre de Coubertin para retomar estas competencias tenía un propósito político al pretender reunir en un mensaje de paz a atletas de todo el mundo. Está claro: las Olimpiadas, además de ser la más importante manifestación deportiva del orbe, tienen una connotación política y se han convertido en un buen negocio.

Desde la preguerra, la disputa por la sede olímpica tiene que ver con la búsqueda de legitimidad de los gobiernos convocantes para demostrar —más allá de la capacidad económica que exige la organización y construcción de la infraestructura deportiva y logística necesaria— gobernabilidad y diplomacia.

Lo pretendió Hitler en Berlín 1936, al querer utilizar la justa como medio de propaganda de la Alemania nazi, demostrar la superioridad aria y cambiar la percepción internacional adversa ante la supresión de libertades, la violencia antijudía y la represión a los comunistas y socialistas alemanes. Jesse Owens derrumbó tal propósito. Esta situación condujo al primer boicot a los juegos, cuando se organizaron de manera alternativa las Olimpiadas Populares en Barcelona, evento que fue suspendido al estallar la guerra civil en España en julio de 1936.

El boicot se hizo patente en Montreal 1976: 33 países abandonaron las Olimpiadas en protesta porque el COI no sancionó a Nueva Zelanda, cuya escuadra de rugby había competido en Sudáfrica, país excluido del movimiento olímpico por su política de segregación racial. Más adelante el boicot adoptó una más de las caras de la guerra fría, como sucedió en Moscú 1980 tras la invasión soviética a Afganistán, y en Los Ángeles 1984, cuando el bloque hizo lo propio aduciendo una campaña anticomunista.

El acontecimiento más lamentable en la historia olímpica fue, en Munich 1972, la irrupción del comando Septiembre Negro que, demandando la liberación de 234 palestinos presos en cárceles de Israel y Alemania, secuestró y asesinó a 11 integrantes de la delegación israelí tras un fallido intento de rescate. Los juegos continuaron hasta su clausura.

En México 1968, tras el milagro mexicano y una reconocida política exterior, el gobierno buscaba ocultar su rostro autoritario. Pero como en otros países, ese año emergió un movimiento político y cultural que cuestionó al establishment y demandaba reconocer el agotamiento de un régimen negado a asumir la diversidad y conformar una nueva sociedad. La protesta estudiantil fue sofocada “para evitar afectar la imagen de México en el exterior”. No obstante, los estadounidenses John Carlos y Tommie Smith levantaron sus puños en guantes negros, símbolo de los Black Panthers, organización que reivindicaba los derechos de los afroestadounidenses, durante la ceremonia de premiación en pruebas de atletismo. Al igual que el movimiento de los estudiantes, ambos atletas fueron castigados a su regreso.

China no es la excepción. El despliegue económico, tecnológico, diplomático y la fuerza de una cultura milenaria no ha ocultado las inconformidades por la intervención en el Tíbet, las disidencias e incluso los atentados en el marco de la contienda, que pese a la consolidación de ese país como potencia mundial y su irrupción en el siglo XXI como era de modernidad de los países asiáticos, reclaman libertades democráticas, como a lo largo de todas las justas olímpicas.

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JUEGOS EN PEKÍN
por Ignacio Ramonet
(publicado en Le Monde Diplomatique en español, núm. 154 de agosto de 2008)

Con el lema “Un mundo, un sueño”, los Juegos Olímpicos de Pekín deberían ofrecer a los dirigentes chinos, del 8 al 24 de agosto, la ocasión de una rehabilitación internacional después de la condena mundial de la que fueron objeto tras la matanza de la plaza Tiananmen en 1989. Por eso el éxito de las Olimpiadas es tan primordial para ellos y, por eso, el primer ministro Wen Jiabao insiste en las consignas de “armonía” y de “estabilidad”. Ello explica también la brutalidad de la represión contra la revuelta del Tíbet en marzo pasado. Así como el furor de las autoridades contra las manifestaciones que perturbaron, en algunos países, el paso de la antorcha olímpica. O la rapidez en enviar auxilio a los damnificados del terremoto de Sichuan del 12 de mayo. Nada debe perturbar la consagración mundial de China en este año olímpico.

Asimismo, estos Juegos celebran los treinta años del inicio de las reformas impulsadas en 1978 por Deng Xiaoping que han permitido el milagro económico y el excepcional renacimiento de China. Cierto es que sus triunfos impresionan. Su PIB duplica cada ocho años y, en 2008, debería rebasar el 11%. Con una población de 1 350 millones de habitantes —igual a la suma de la de las Américas (900 millones) más la de Europa (450 millones) —, este país es ya la tercera economía del planeta. Ha aventajado a Alemania, sobrepasará en 2015 a Japón y debería superar a Estados Unidos en 2050. Se ha convertido en el primer exportador mundial y en el principal consumidor del planeta.

Pero ese “milagro” presenta varios lados ocultos. En primer lugar, las graves violaciones en materia de derechos humanos que contradicen los valores del olimpismo. China, por ejemplo, lleva a cabo más de 7 000 ejecuciones capitales al año, o sea el 80% de todas las penas de muerte aplicadas en el mundo. Además, la estabilidad de este coloso se ve amenazada por otros peligros: un previsible desplome bursátil, una inflación desmedida, un desastre ecológico y motines sociales que se están multiplicando.

El propio vicepresidente de la Asamblea popular, Cheng Siwei ha alertado: “Se está formando una burbuja especulativa. Los inversores deberían preocuparse por los riesgos” (1). Y Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, acaba de afirmar que los mercados bursátiles chinos están “sobrevalorados” y han alcanzado niveles “insostenibles”. El índice de la Bolsa de Shanghai se ha multiplicado por cinco desde 2006, y su crecimiento desde principios de 2008 es del 106%. Cuando una Bolsa alcanza semejantes picos, su hundimiento pocas veces está lejos.

Por el momento, el número de ricos no cesa de aumentar. China ya posee unos 250 000 millonarios en dólares. Pero las políticas liberales del sistema también han aumentado las desigualdades entre ricos y pobres, entre ganadores y perdedores. Unos 700 millones de chinos —47% de la población— viven con menos de dos euros diarios, y, de ellos, unos 300 millones con menos de un euro diario.

Porque el “milagro” está basado en la represión y la explotación de una inmensa hueste de trabajadores (los que fabrican para el mundo entero toda clase de bienes de consumo baratos). A veces trabajan entre sesenta o setenta horas semanales por sueldos inferiores al salario mínimo. Más de 15 000 obreros mueren cada año en accidentes laborales. Los conflictos sociales están aumentando anualmente un 30%: huelgas salvajes, revueltas de pequeños campesinos, además de escándalos de los niños esclavos.

El actual contexto es propicio al descontento. Pues en China, como en muchos países, el incremento de los precios de los alimentos y de la energía (el 19 de junio pasado, el Gobierno aumentó el precio de los carburantes un 18%) se traduce en una subida de la inflación —que ya alcanzaba el 7,7% en mayo— y una consiguiente degradación del nivel de vida. Las autoridades temen la amenaza de una inflación desestabilizadora que podría provocar manifestaciones de masas semejantes a las que fueron aplastadas por el ejército en la plaza Tiananmen en junio de 1989.

A todo ello se añade el peligro de una catástrofe ecológica que cada día preocupa más a los ciudadanos. El propio ministro del Medio Ambiente, Pan Yue, ha admitido la enormidad del desastre: “Cinco de las ciudades más contaminadas del planeta se hallan en China; las lluvias ácidas caen sobre un tercio de nuestro territorio; la mitad de las aguas de nuestros siete principales ríos son inutilizables; un tercio de nuestra población respira un aire muy contaminado. En Pekín, entre el 70 y el 80% de los cánceres tienen por causa el medio ambiente degradado” (2).

Todos los descontentos de China van a querer aprovechar la gran cita de las Olimpiadas y la presencia de unos 30 000 periodistas extranjeros para expresar sus iras. Las autoridades se hallan en estado de máxima alerta. Sueñan con poder desactivar a tiempo el gigantesco barril de pólvora social a punto de estallar. Para que los Juegos de Pekín no le prendan fuego a toda China.

Notas:

(1) Financial Times, Londres, 30 de enero de 2007.
(2) Der Spiegel, Hamburgo, abril de 2005.

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invitacion a foro juvenil en el tianguis cultural,, transmision en vivo por internet

Los invitamos a sintonizar la transmisión especial del Foro de Jovenes por la no Violencia en Guadalajara, donde habra mesas de trabajo con diferentes tematicas de actualidad y una especialmente destinada a la defensa del Petroleó mexicano.

Actividades desde las 11 de la mañana.

Sintonizalo

Una excelente oportunidad para que conozcan el "Chopo" de Guadalajara.

ISA Servicio informativo núm. 503

Ciudad de México, 15 de agosto de 2008
Servicio informativo núm. 503

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

EN DEFENSA DEL PETROLEO

Con la participación de destacados expertos en materia constitucional y del petróleo —Dr. Raúl Jiménez Vázquez, Dr. Raúl Carrancá y Rivas, Dr. Jaime Cárdenas Gracia, Lic. Rodrigo Olvera Briseño y el Ing. Rafael Decelis Contreras— el pasado 10 de julio, en el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, se llevo a cabo el Foro: “El Debate Constitucional sobre la reforma de Pemex: Conclusiones y Propuestas”. Por la importancia fundamental que el tema constitucional tiene en la discusión nacional, generada a partir de las iniciativas de ley para una reforma de Pemex presentadas por el Ejecutivo Federal, la oficina del diputado federal José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD, ha difundido los aspectos relevantes de las conclusiones y propuestas presentadas en torno al contenido inconstitucional, privatizador y entreguista de las Iniciativas de Ley de Felipe Calderón, documento que aquí publicamos.

CONCLUSIONES

a) Los argumentos vertidos en el Foro Senatorial a fin de apuntalar la constitucionalidad de las iniciativas privatizadoras carecen de validez jurídica, además de que no tienen arraigo ni precedente alguno dentro de la doctrina nacional y están totalmente divorciados de la historia de las luchas del Pueblo Mexicano cristalizadas en los cuatro principios rectores de los derechos de la Nación sobre los hidrocarburos.

b) Las iniciativas en cuestión no pueden, ni deben, ser aprobadas por el Poder Legislativo Federal.

c) Serían inconstitucionales las reformas legislativas que llegaran a aprobarse por su contradicción, principalmente, con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) El poder revisor de la Constitución previsto en el artículo 135 de la Constitución es un poder subordinado a la Constitución y al constituyente originario. Se trata de un órgano constituido y limitado por decisiones políticas fundamentales cuyos actos deben estar sujetos al control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

e) El fraude a la Constitución o golpe de Estado constitucional se produciría al utilizar la formalidad constitucional y legal para trastocar la legitimidad constitucional representada en los principios constitucionales que establecen los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que son decisiones políticas fundamentales del pueblo de México.

f) En su defecto, es preciso promover y dar curso legislativo a una verdadera reforma energética:

· Que esté a la altura de las luchas históricas del Pueblo de México.

· Que sea rigurosamente apegada a los mandatos constitucionales.

· Que tenga un carácter acendradamente nacionalista.

· Que esté imbuida de una visión de Estado.

· Que no esté alimentada de un espíritu privatizador.

· Que se oriente hacia el genuino fortalecimiento de la industria petrolera nacionalizada y de las cadenas productivas nacionales que giran a su alrededor.

· Que le permita a Pemex desarrollar el potencial que le ha llevado a ser la segunda empresa a nivel mundial en materia de captación de ingresos brutos.

· Que preserve la propiedad, el control y el usufructo de la renta petrolera a favor de los mexicanos.

· Que auspicie la construcción del andamiaje que se requiere para que las mayorías populares puedan ejercer el derecho humano al desarrollo, el derecho humano al futuro.

· Que sea fruto de una consulta popular cuyos resultados sean atendidos por el Congreso de la Unión.

La pretensión de Calderón de abrir áreas estratégicas, reservadas en exclusividad a la Nación a la participación del capital privado, específicamente extranjero, atendiendo a la geopolítica mundial del petróleo, sería devastadora en términos de soberanía y seguridad nacional.

Los problemas que enfrenta Pemex son el resultado del saqueo criminal al que ha sido sometido durante décadas de neoliberalismo en México. La solución a la problemática de Pemex no requiere de la privatización del petróleo y de PEMEX. Pueden y deben ser resueltas respetando el marco constitucional vigente. Fundamentalmente se requiere un Plan Nacional de Energía. La propuesta del gobierno federal debe rechazarse por inconsistente. No es una reforma energética ya que no incluye la petroquímica, ni el gas y tampoco a la electricidad.

Las iniciativas de Calderón responden a los compromisos y acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, particularmente a los compromisos contraídos desde el sexenio de Fox en la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Es decir, para garantizar la seguridad y prosperidad de nuestros vecinos del norte, que conciben a México y a nuestro petróleo como un elemento clave de su seguridad energética y como un apetecible botín de las grandes trasnacionales del petróleo.

PROPUESTAS

Los trabajos de este Foro se orientaron a desarrollar una serie de propuestas que, desde el ángulo de la defensa constitucional, permitan a los Legisladores del Congreso de la Unión y a millones de ciudadanos mexicanos, contar con instrumentos jurídicos necesarios para evitar el quebrantamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

JUICIO POLÍTICO

El artículo 27 de la Constitución prescribe en su párrafo sexto que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. A su vez el artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que propone el Presidente dice a la letra en lo conducente: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros”. El citado mandato constitucional prohibitivo es categórico, no admite excepciones ni interpretaciones. Se refiere a concesiones y contratos in extenso, o sea, no es alegable que sí se pueden otorgar contratos de obras y de prestación de servicios. En lo tocante a que no subsistirán los que se hubiesen otorgado cabe señalar que el artículo 6º de la vigente Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (Diario Oficial, noviembre 29 de 1958), ordena en lo conducente que: “Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”. Ley, la anterior, anticonstitucional y que ha favorecido la subsistencia de concesiones y contratos que expresamente prohíbe el artículo 27 de la Constitución. El texto que rige determina que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” y el que propone el Presidente emplea la palabra exploración. Pero al margen de las disquisiciones gramaticales acerca de una palabra y otra lo claro y evidente es que están prohibidos por la Carta Magna concesiones y contratos. Y eso de “los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva” obliga a ésta a reglamentar, o sea, a determinar las reglas para la ejecución del mandato constitucional; siendo un desatino mayúsculo suponer siquiera que “las disposiciones constitucionales vigentes en materia de petróleo admiten diversas variantes en la reglamentación secundaria, que derivan del margen de interpretación que corresponde al legislador”, confundiendo lamentablemente la interpretación auténtica (propia de legislador) con la interpretación constitucional (propia del órgano de control de la Carta Magna).

El artículo 71 de la Constitución concede al Presidente de la República “el derecho de iniciar leyes o decretos”. Al respecto una cosa es tener un derecho y otra ejercerlo. Al ejercerlo el Presidente ha llevado a cabo, un acto de autoridad, el que como todo acto de autoridad o de particular se puede realizar en una de dos vertientes: ser conforme a la Constitución y a la ley o no serlo, violando una, otra, o ambas. Y el Ejecutivo Federal ha violado el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto. El artículo 87 de la Constitución obliga al Presidente a prestar la protesta de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, manifestando inmediatamente: “y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

¿Cómo demandárselo? El Título Cuarto de la Constitución, denominado De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, es un maremágnum lleno de contradicciones. El Presidente sin duda es un servidor público y un representante de elección popular (artículo 108), pero protegido por una inmunidad e impunidad odiosas ya que “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común” (artículo 108 en su párrafo segundo). La contradicción, que no excepción, reviste suma gravedad habida cuenta de que otros servidores públicos e incluso representantes de elección popular, de menor jerarquía jurídica y política que el Presidente, “serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales (artículo 108 en su párrafo tercero y artículo 110). En otras palabras, se les impondrán mediante juicio político las sanciones procedentes “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (artículo 109 en su fracción I). Acoto que desde mi punto de vista tales actos u omisiones pueden ser equivalentes a violaciones a la Constitución y a las leyes federales, a lo cual se refiere el artículo 108 en su párrafo tercero.

¿Qué hacer? La Constitución es un órgano jurídico vivo, dinámico, sujeto siempre al desentrañamiento de su ratio legis, de su espíritu. La Constitución se puede y debe interpretar con base en la hermenéutica jurídica. Son varias las interpretaciones que se utilizan en la ciencia constitucional: la gramatical, la auténtica, la declarativa o estricta, la restrictiva, la extensiva, la histórica, la lógica, la sistemática, la progresiva, la teleológica o finalista, entre otras. Y es precisamente ésta última la que ofrece una perspectiva mayor partiendo de la pregunta “¿cuál es el telos o fin de la Constitución? Entonces preguntémonos: ¿habrá querido el constituyente (el juicio político se introdujo en el cuerpo constitucional en 1982) que el Presidente de la República goce de inmunidad e impunidad en los casos de la especie? Si la respuesta es afirmativa dejémoslo allí, concediéndole al “depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión” (artículo 80) un privilegio antidemocrático y superado ya en la historia junto con el absolutismo. Si la respuesta es negativa no hay más camino que recurrir a la interpretación teleológica o finalista, sin exclusión de las otras, y concluir que un Presidente de la República que viola la Constitución o las leyes federales, o que incurre en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, debe ser sujeto de juicio político para todos los efectos del Título Cuarto constitucional.

En el caso de legisladores, los que voten a favor, incurrirían en la hipótesis de procedencia política establecido en el capítulo IV, y reglamentada en la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, “cuando éstos lleven a cabo actos u omisiones que afectan los intereses públicos fundamentales o su buen despacho” o cuando se efectúen violaciones graves a la norma constitucional y este sería el caso.

AMPAROS Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Si se llegare a aprobar esta aberrante reforma, los millones de ciudadanos que estamos en contra de tal pretensión interpondremos sendos juicios de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, vía los correspondientes Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Nuestra legitimación procesal activa, nuestro interés jurídico para activar dicho medio de defensa jurisdiccional de la Norma Constitucional, se haría consistir en el hecho de que con la privatización en cita se vulneraría de manera flagrante, directa e inmediata nuestra esfera de intereses jurídicamente tutelados, los cuales emanan de los derechos constitucionales que nos asisten en nuestra condición de integrantes de la Nación en materia del dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre el petróleo y los demás carburos de hidrógeno, y de la explotación directa, absoluta, exclusiva y excluyente de dichos recursos estratégicos, en forma de una industria petrolera nacionalizada de carácter integral a cargo de organismos públicos sujetos a la propiedad y el control del Gobierno Federal, mismos en los que no puede tener intervención alguna el sector privado.

En su oportunidad procesal, en grado de revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que asumir la responsabilidad jurídica, histórica y política de revertir ese magno atropello a una de las decisiones políticas fundamentales consagradas en el Pacto Constitucional de los Mexicanos.

Los principales Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos) reconocen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país, a través de sus representantes y directamente. De igual manera, la Carta Democrática Interamericana, suscrita por México, reconoce que la participación ciudadana en los asuntos trascendentales de un país, es un derecho de toda persona y es un elemento indispensable para considerar democrático a un Estado.

Otra vía, sobre la que no hay duda en su procedencia, es la acción de inconstitucionalidad que pueden promover los legisladores del Frente Amplio Progresista en contra de la aprobación de las leyes. Los legisladores del Frente en la Cámara de Diputados o en el Senado con el apoyo de legisladores de otras fuerzas políticas podrían tener el 33% necesario para interponer la acción prevista en la fracción II del artículo 105 de la Constitución. En este caso, el reto al que se enfrentarían los legisladores radica en el conservadurismo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los vínculos que tienen muchos de ellos con el PAN y con el PRI.

México, D. F., a 14 de agosto de 2008

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