miércoles, 17 de septiembre de 2008

ISA Servicio informativo núm. 521

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2008
Servicio informativo núm. 521

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Sumario:

I. Quiebras, nuevo capítulo, por Rogelio Ramírez de la O

II. Elecciones: preparativos disolventes, por Luis Linares Zapata

III. El Grito, por Laura Itzel Castillo

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QUIEBRAS, NUEVO CAPÍTULO

por Rogelio Ramírez de la O

(publicado en El Universal el 17 de septiembre de 2008)

La quiebra de Lehman Brothers y sus repercusiones en el mercado financiero global, acompañadas de caídas del producto en Europa y Japón y menor crecimiento en China, coinciden con el anuncio del gobierno mexicano de que el crecimiento del producto en 2009 será de 3.0%, mayor al de este año. Es decir, sigue subestimando los problemas externos.

La crisis estadounidense apenas se encuentra en una segunda fase de cuando menos cinco, hasta llegar a un nuevo equilibrio macroeconómico que requiere un aumento de sus ahorros, de casi cero en el auge de 2005.

La quiebra de dos bancos de inversión de Estados Unidos (Bear Stearns en marzo y ahora Lehman Brothers) y dos hipotecarias apoyadas por el gobierno (Fannie Mae y Freddie Mac) representa la segunda fase de lo que comenzó como una crisis de hipotecas. La falta de crédito golpeó a estas instituciones, obligándolas a reconocer pérdidas multimillonarias en los negocios en los que estaban comprometidas.

En el caso más reciente, de Lehman, a diferencia del de Bear Stearns, el gobierno no quiso comprometer dinero público. Esto hay que verlo no sólo como una postura moral (evitar la socialización de las pérdidas privadas), sino por la imposibilidad de comprometer más recursos cuando ya comprometió tanto. Por ejemplo, al intervenir a las dos hipotecarias semigubernamentales, tuvo que asumir sus deudas por 5 mil 400 miles de millones de dólares.

Además, enfrenta la petición de créditos blandos para las empresas automotrices por 25 mil millones más y la devolución de impuestos y estímulos para apoyar a las familias por 168 mil millones.

La señal la dio el mismo mercado de seguros contra riesgo de falta de pago, el cual cotizó el riesgo de los bonos estadounidenses a una mayor tasa que la de otros emisores. Haber comprometido más recursos públicos hubiera sido la vía más rápida para hacer del dólar una moneda chatarra y causar el desplome de los bonos estadounidenses.

Pero, por la misma razón, esto indica que las autoridades se están quedando sin municiones para enfrentar los problemas que siguen. Éstos son quiebras en los seguros de crédito, tarjetas de crédito, préstamos a estudiantes, deudas de bienes raíces comerciales y eventualmente una caída en la recaudación.

El secretario del Tesoro, Henry Paulson, hará todo lo posible por evitar usar más dinero público, pero los problemas van a llegar a su sucesor en el nuevo gobierno, en 2009.

Algo que Paulson omitió cuando explicó su postura es que nadie puede controlar el impacto sicológico de las quiebras. Por ello, el riesgo de retiros masivos de depósitos no se debe descartar. Quizá por eso aclaró que “los depósitos en los bancos están seguros”.

Nada se puede descartar en una crisis tan seria cuando los banqueros han perdido la confianza entre ellos mismos y por eso la falta de crédito. Lo que viene en 2009 dejará de nuevo las estimaciones de crecimiento de 3% del gobierno mexicano muy por encima de lo realista. Y, por cierto, los muy tardíos proyectos de infraestructura no se materializarán en su mayor parte y los de vivienda enfrentarán problemas.

De ahí que las estimaciones presupuestales se encontrarán fuera de la realidad. Si el gobierno federal se niega a reducir su gasto burocrático para ubicarse en la realidad, los gobiernos estatales deberían reducirlo desde ahora, pues no tendrán los recursos que esperan. En un año de elecciones, sin embargo, lo más probable es que ambos hagan exactamente lo contrario y aumenten irresponsablemente el gasto.

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ELECCIONES: PREPARATIVOS DISOLVENTES

por Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 17 de septiembre de 2008)

El notorio desgobierno del señor Calderón empieza una alarmante cuenta regresiva con miras a las elecciones intermedias de 2009. Sabe, a ciencia cierta, que las simpatías populares no estarán del lado de su partido. El deterioro de las condiciones de vida de la población es manifiesto y va atado con la carestía que ya rebasó cualquier predicción pesimista en todos los sectores de la actividad económica. La inseguridad ha dado un salto cualitativo gigantesco con las granadas asesinas lanzadas, a mansalva, contra la población civil por el crimen organizado durante la ceremonia del Grito en la ciudad de Morelia. El entorno mundial profundiza el asedio a la desarticulada fábrica nacional con la crisis financiera en que cayeron varios bancos y aseguradoras estadunidenses que se creían fuera de todo peligro (Lehman Brothers, ING et al).

En el frente interno tampoco cuenta el PAN con las correas de transmisión para conectarse con las mayorías nacionales. Se ha ido aislando en la medida en que sus cúpulas se encierran acicateadas por riñas de ambiciones y afanes de control. Sus cuadros partidistas se han enganchado a las distintas administraciones bajo su férula, en especial la federal, y se dedican, con ferocidad creciente, a la grata tarea de asegurar, para sí mismos y sus familias, los mayores ingresos posibles.

La polarización social que desató el fraude electoral de 2006 se ha recrudecido por la tentativa de una reforma energética privatizadora y entreguista. De continuar con tal propósito legislativo, que choca con la asentada conciencia colectiva de los mexicanos para conservar la riqueza petrolera expropiada, se acentuará todavía más la división que aqueja a la nación.

El modelo de gobierno mantiene y acrecienta los mecanismos de concentración del ingreso donde el injusto sistema de recaudación fiscal es sólo uno de ellos. Así, las ya intolerables condiciones del reparto de la riqueza abren brechas adicionales en las precarias oportunidades de desarrollo para millones de connacionales. La acumulación del capital en la cúspide de la pirámide se agranda con los días y su velocidad se manifiesta con claridad meridiana entre las distintas clases sociales y las regiones del país. No caben, por tanto, incautos u oportunistas llamados a la unidad nacional cuando permanecen inalterados e intocados los muchos supuestos que trabajan en sentido contrario.

El señor Calderón no ha hecho acto alguno que transmita un mensaje efectivo de reconciliación, a pesar de la siempre presente necesidad de trabajar y convivir en armonía dentro de la variada pluralidad de este inmenso país. En cambio, sus preparativos, algunos de ellos con ilegalidad flagrante, se dirigen a consolidar los instrumentos que tiene a su alcance para manipular el sentir popular. Quiere llegar a las elecciones intermedias con las seguridades de una buena votación para su partido. Sabe que no las tiene todas consigo. Los presagios lo van confirmando y las encuestas, aún las más favorables, se lo recuerdan a cada paso.

El PRI podría cosechar más votos que los previstos por la cordura de los lectores, y la real oposición de izquierda no consigue presentar un frente, común y organizado, pero tiene a su favor el descontento que se generaliza por plazas, centros de trabajo, gremios y hogares. Es la izquierda la única opción de cambio cierto que los mexicanos tienen a la vista. Habrá que confiar en la visión, el trabajo cotidiano y la reciedumbre demostrada de su liderazgo para catalizar disposiciones que están ya sembradas.

El señor Calderón ha desplegado toda una estrategia para la conquista y, también, qué duda cabe, para el avasallamiento de las conciencias individualizadas de los electores, esta vez en su calidad de concesionarios de la radio o beneficiarios de programas sociales del gobierno. El señor Calderón ha emitido sendos decretos, uno para abrir nuevas concesiones de FM y otro para modificar el artículo 19 bis del reglamento de la Ley de Desarrollo Social que legaliza sus acciones de propaganda ya realizadas.

En ambos casos los costos son inmensos para el erario. En uno el señor Calderón envía millones de cartas a beneficiarios de los distintos programas sociales. Con el otro, trata de rescatar a los pedigüeños concesionarios de estaciones de AM en proceso decadente por cambios tecnológicos y en los patrones de inversión publicitaria.

El señor Calderón les entregará, si así lo solicitan, otra concesión espejo de FM mediante una oscura negociación pendiente que salve el mandato de la Suprema Corte de Justicia donde se ata cualquier concesión con su debida licitación y pago respectivo.

En la carta de marras, el señor Calderón estampa firma, coloca foto y alerta a los beneficiarios de que sabe él, personalmente, que lo son. Para las personas que las reciban, todos ellos en condiciones de desamparo, este conocimiento individualizado bien sonará a una amenaza si no se conducen en forma adecuada, con él, o con su partido.

Los listados o padrones respectivos para llegar a los beneficiarios de los programas sociales reciben un trato de instrumental electivo, aspecto por demás ilegítimo. El decreto de concesión, por su parte, deja flotando, además, la iniciativa que el senador Beltrones había introducido con idéntico propósito de granjearse cercanías. El anticipo del señor Calderón desatará, sin duda, rencores y desavenencias entre los que se veían como asociados en las decisiones de gobierno y que ya sentían suyo el paquete de favores con la radiodifusión, un aliado apetecible en época electoral o para la construcción de candidaturas futuras.

Como bien puede apreciarse, las tácticas y las pretensiones de los panistas no son distintas de lo acostumbrado en el pasado del priísmo. Los rendimientos en votos, sin embargo, están por verse, tal como le han venido siendo decrecientes a los aventureros que perpetúan el decadente modelo de gobierno.

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EL GRITO

por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México

(publicado en El Gráfico el 17 de septiembre de 2008)

El pasado 15 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador convocó al pueblo mexicano a conmemorar el 198 aniversario de la independencia de México defendiendo el petróleo y la soberanía de la patria. Durante el evento, efectuado en el Zócalo capitalino, dio a conocer un plan para salvar a México en el que plantea tres objetivos básicos: frenar el empobrecimiento y la inseguridad del pueblo; defender el petróleo, y lograr la transformación de la vida pública de México.

Entre las medidas propuestas están: la cancelación al aumento de los combustibles (gasolina, diesel, gas, electricidad), el aumento del presupuesto a las universidades públicas, el otorgamiento de becas a los estudiantes de preparatoria en todo el país, la pensión alimentaria a los adultos mayores, así como la entrega de sus ahorros a los ex braceros.

En el mismo plan se demanda un programa de construcción de obra pública, que contemple vivienda y servicios, y la edificación de tres refinerías. De igual manera, reclama un presupuesto suficiente para el campo mexicano, y cancelar la denominada alianza educativa promovida por Elba Esther Gordillo, quien, entre otras cosas, impulsa el cierre de escuelas normales del país.

Finalmente el plan urge la renuncia de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, así como también del procurador General de la República. Estos funcionarios han mostrado ampliamente su ineficacia, pero sobre todo su falta de integridad.

Como es de suponerse, el multitudinario evento encabezado por el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, no existió para las televisoras. Pero es de llamar la atención que en la transmisión de Televisa de nuestras fiestas patrias desde distintas plazas del país, se haya ocultado completamente la información acerca de los sangrientos hechos ocurridos en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde perecieron al menos siete personas y hay más de un centenar de heridos. ¿Qué credibilidad pueden tener los medios, si se omite la realidad de nuestro agraviado país?

El pasado 15 de septiembre se cumplieron también 40 años de que, en plena efervescencia del movimiento estudiantil de 1968, Heberto Castillo Martínez diera el Grito de Independencia en el campus de la UNAM, siendo catedrático universitario e integrante de la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior pro Libertades Democráticas. Por este motivo el genocida Gustavo Díaz Ordaz le puso a Heberto el sobrenombre de presidentito. Después de ser aprehendido por el Ejército y posteriormente torturado, tuvo que cargar también, entre múltiples acusaciones, con la de usurpación de funciones. Al respecto, es recomendable ver El Grito, documental de aquella época producido por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, dirigido por Leobardo López Aretche.

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