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miércoles, 22 de abril de 2009

ISA Servicio informativo núm. 680

Ciudad de México, 22 de abril de 2009
Servicio informativo núm. 680

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Solicitan Ibarra de Piedra y López Obrador a la CNDH investigar el cobarde crimen de López Leyva

II. Sangre derramada en Semana Santa, por Miguel Ángel Granados Chapa

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SOLICITAN IBARRA DE PIEDRA Y LÓPEZ OBRADOR A LA CNDH INVESTIGAR EL COBARDE CRIMEN DE LÓPEZ LEYVA

La senadora Rosario Ibarra de Piedra y el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaron formalmente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja por el cobarde y vil homicidio de la luchadora social Beatriz López Leyva.

En una carta dirigida al presidente del organismo, José Luis Soberanes Fernández, pidieron que se esclarezca el crimen de la activista política, ocurrido el pasado 6 de abril en Jicayán, Oaxaca, y se castigue tanto a los autores intelectuales como materiales para garantizar que el caso no quede impune.

Ibarra de Piedra y López Obrador explicaron que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investiguen también las posibles acciones y omisiones en que haya incurrido la autoridad investigadora en el caso de la representante del Gobierno Legítimo en Oaxaca, debido a que en la entidad se han registrado un importante número de asesinatos y en todos ellos prevalece la impunidad.

A continuación, la carta de Rosario Ibarra y Andrés Manuel López Obrador

México, D.F., 20 de abril de 2009

Dr. José Luis Soberanes Fernández

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

P R E S E N T E

Como usted sabe el pasado 6 de abril del presente año fue asesinada nuestra compañera y luchadora social Beatriz López Leyva, cuando se encontraba en el interior de su domicilio en el municipio de San Pedro Jicayán, Oaxaca.

Ante este lamentable suceso, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación, sin que hasta el momento haya informado a los familiares de López Leyva sobre los avances de la indagación del cobarde y vil homicidio, así como no ha brindado protección, ni el auxilio necesario a los familiares, amigos y compañeros de la activista política.

Debido a que en la entidad ha habido muchos asesinatos y en todos ellos desgraciadamente prevalece la impunidad, y que la PGR actúa bajo consigna política y en franca complicidad, los suscritos solicitamos su pronta intervención a fin de que se investiguen las posibles acciones y omisiones en que haya incurrido la autoridad investigadora, para garantizar que se esclarezca el crimen, se castigue a los autores intelectuales y materiales y el caso no quede impune.

Sin otro particular, le enviamos un saludo cordial.

Sen. Rosario Ibarra de Piedra

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado

Andrés Manuel López Obrador

Presidente Legítimo de México

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SANGRE DERRAMADA EN SEMANA SANTA

por Miguel Ángel Granados Chapa

(publicada en Reforma el 12 de abril de 2009)

Bien se sabe. Pero no hay que dejar de repetirlo: la impunidad es el mejor caldo de cultivo de la violencia. Lo es de modo especial en Oaxaca, donde no ha habido poder institucional o político que resuelva los asesinatos de más de veinte personas ocurridos en el segundo semestre de 2006. No sirvió para nada la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso, emitida hace ya cerca de dos años, en mayo de 2007. Ruiz la eludió como es de suponerse que hará con la investigación constitucional que la Suprema Corte de Justicia mantiene en curso sobre el mismo periodo y los mismos casos. El informe de los magistrados responsables de la indagación fue ya presentado al tribunal y ahora está en manos del ministro Mariano Azuela, ex presidente de ese cuerpo, elaborar el dictamen correspondiente, que el pleno discutirá y aprobará. Después de los fallos de la Corte en casos precedentes, no parece que el Gobernador oaxaqueño tenga mucho que temer. Cuando más, en condiciones análogas a las violaciones constitucionales en Atenco, se resolverá que las hubo también en Oaxaca. Pero en consideración más propia de la metafísica que del derecho, se concluirá que habiendo faltas no hay a quién atribuirlas.

Antes y después de estas intervenciones parajudiciales prevalece en aquella entidad la sensación de que es posible matar sin consecuencias. Si se trata de víctimas que de alguna manera se oponen al Gobierno, el actual o al anterior, con mayor razón se buscará que sus verdugos queden sin castigo. Tales con los casos emblemáticos de Serafín García Contreras, asesinado a palos en julio de 2004; de Guadalupe Ávila Salinas, ultimada en septiembre siguiente, y el de las reporteras de una radio comunitaria indígena, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, emboscadas hace un año, el 7 de abril de 2008. A esa macabra lista se agregó el lunes pasado el nombre de Beatriz López Leyva, una militante de izquierda, de 34 años, muerta de un balazo en la cabeza en su propio domicilio en San Pedro Jicayán, cerca de Pinotepa Nacional.

La joven activista participó en 2004 en la campaña del ahora senador Gabino Cué, cuando contendió contra Ulises Ruiz por la Gubernatura. Al año siguiente actuó en el Ayuntamiento local, no sé si como secretaria o como regidora. En ese tiempo sufrió un atentado a balazos, que no le causó daño pero la hizo comprender que su militancia era mal vista por los grupos de poder locales. Participó en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y permaneció a su lado en los años siguientes: apenas el 21 de marzo anterior fue una de las doce mil personas reunidas en la “convención nacional de comités municipales del gobierno legítimo”. Poco antes o poco después, según confió a sus allegados, había recibido un telefonema de Jorge Franco, lugarteniente del Gobernador, presidente del PRI estatal, en que quiso sonsacarla para que abandonara su activismo. Beatriz se preparaba para animar una movilización el miércoles siguiente a su muerte, en protesta contra acciones del presidente municipal de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, a quien ya había acusado de malos manejos de los recursos municipales.

Por ese motivo hacia el Alcalde debería enfocarse las averiguaciones, pero la Procuraduría de Justicia Estatal no procedió de ese modo, transcurrieron ya cinco días desde el asesinato y no se percibe intención alguna de orientar por esa ruta la investigación ministerial. Eso asegura la impunidad del funcionario señalado, como se garantizó la de los asesinos de Serafín García Contreras (uno de los cuales intentará volver a la Cámara de Diputados en septiembre próximo) y la de Cándido Palacios Loyola, el presidente municipal de San José Estancia Grande, prófugo por el asesinato de Guadalupe Ávila Salinas, que postulada por el PRD aspiraba a suceder a quien la privó de la vida. No sabemos siquiera si se investigó el crimen de las muy jóvenes activistas y locutoras de La voz que rompe el silencio, la emisora indígena de San Juan Copala. Nadie ha sido responsabilizado de su muerte.

Al día siguiente del asesinato de Beatriz López Leyva, que además de las instancias ministeriales será denunciado en Xicoténcatl por el senador Cué pasado mañana, cuando concluya el receso de la Semana Santa, fue muerto a tiros en Nueva Italia, Mich., un candidato a diputado suplente del PRD, Gustavo Bucio Rodríguez. Empresario —fue ultimado en una gasolinería de que era franquiciante—, de 45 años de edad, había sido tesorero municipal y acababa de ser elegido en la fórmula para contender en el primer distrito, con cabecera en Lázaro Cárdenas. Era suplente de César Godoy Toscano, hermano paterno del gobernador Leonel Godoy Rangel. Aunque el hecho mismo de que en Michoacán haya un Gobierno perredista muestra las muy diferentes condiciones de hoy comparadas con las de los primeros años noventa, es imposible dejar de recordar la matanza de miembros de ese partido, naciente entonces, emprendida sin miramientos y sin castigo alguno por los gobiernos locales o el federal de Carlos Salinas. Es de esperarse que la impunidad no sea el desenlace de esta muerte, cuyos móviles importa esclarecer tanto como detener y sentenciar a quienes la provocaron.

Los asesinos no descansaron en el asueto de la Semana Santa, los días en que la liturgia católica recuerda la voluntad de Jesús de derramar su sangre para redimir al género humano no sin antes asegurarle que contará siempre con su propia carne y su propia sangre en la Eucaristía. Sangre de gente común, presuntos delincuentes o agentes de la autoridad fue vertida por medios violentos a lo largo y lo ancho de la geografía nacional. Aun en Ciudad Juárez, donde la tasa de homicidios ha disminuido notablemente merced a la presencia de once mil efectivos militares y policiacos, no ha dejado de haber ejecuciones. Se practicaron al menos tres el Jueves Santo, eso sí por rumbos distintos a aquel en que se concentra la vigilancia federal.

Un reporte de Lourdes Cárdenas en la revista Expansión, da cuenta de los móviles que condujeron a la militarización de esa frontera, más allá de la proclama gubernamental de dar garantías a la población en general, tan asolada en los años recientes:

“La gota que derramó el vaso fue el 13 de enero pasado. Ese día, Rodolfo Vázquez, director de la planta Lear Río Bravo, fue secuestrado en Ciudad Juárez mientras se trasladaba de la empresa a su domicilio de El Paso, Texas. Los plagiarios pidieron 1.5 mdd por su rescate. Seis días después el ejecutivo fue liberado en un operativo militar. La inseguridad era incontenible. La prensa local reportaba que 150 altos ejecutivos fueron extorsionados bajo amenaza de secuestro en el último año.

“Las policías municipal, estatal y federal y el Ejército se unieron y establecieron a partir de febrero un corredor de seguridad. El operativo incluye una sobrevigilancia de las rutas que van desde los puentes internacionales hasta 17 parques industriales de la ciudad. Entre 15 y 20 kilómetros son vigilados a diario por más de 300 agentes de los tres niveles...

“El Paso Economic Development Corporation estima que entre 3,400 y 5,000 gerentes estadounidenses viven en El Paso y cruzan diariamente para trabajar en las plantas de Juárez.

“Ha sido una buena medida para garantizar la seguridad a las personas que tienen inquietud por su traslado’, dice Manuel Ochoa, vicepresidente para desarrollo binacional de esa agencia”.

La sangre fluye sin cesar en el país porque la vida humana está tasada. Su precio es muy variable, pero parece que siempre es pagadero. Un narcotraficante preso en Uruapan fue asesinado y destazado en el penal, por sólo doscientos pesos. En cambio ascendió a cien mil la suma pagada por quitar la vida a Carlos Alberto Rayas Gutiérrez, jefe policiaco de Jalisco, cuya muerte precedió en una semana a la de Roberto Alejandro Mercado, comandante policial de Guadalajara, acribillado el Viernes Santo mientras hacía un rondín en la capital jalisciense.

Ese mismo día fue asesinado Roberto Martínez, comandante de la Policía de Ecatepec, que hasta dos meses atrás era guardia del obispo Onésimo Cepeda. Dos de sus hermanos, policías también, fueron atacados con violencia meses atrás: Ernesto murió hace cinco; sobrevivió Mario, apenas en febrero.

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jueves, 6 de noviembre de 2008

ISA Servicio informativo núm. 577

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2008
Servicio informativo núm. 577

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Calderón carece de capacidad para enfrentar los graves problemas nacionales, declara López Obrador

II. Juan Camilo Mouriño, por Miguel Ángel Granados Chapa

III. 1938 y 2008: una comparación, por Lorenzo Meyer

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CALDERÓN CARECE DE CAPACIDAD PARA ENFRENTAR LOS GRAVES PROBLEMAS NACIONALES, DECLARA LÓPEZ OBRADOR

Al iniciar la gira de trabajo por 23 municipios de Michoacán, Andrés Manuel López Obrador indicó que la crisis económica, política y social que prevalece en el país se debe a que los potentados no aceptaron que en el 2006 se iniciarán los verdaderos cambios. “Y actualmente —señaló—, el gobierno usurpador en vez de aplicar un programa para frenar la crisis económica y la carestía de la vida, pretende entregar lotes, parcelas del territorio nacional para que empresas extranjeras exploren y exploten el petróleo”.

Asimismo, el presidente legítimo de México afirmó que Calderón en vez de defender al pueblo, rescata a los grandes empresarios y prueba de ello es que Nacional Financiera dio un préstamo de mil millones de pesos a la empresa Vitro, ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Durante las seis asambleas informativas que sostuvo este día, López Obrador recordó que el pasado martes entregó el Programa de la Defensa de la Economía Popular a los legisladores del Frente Amplio Progresista en la Cámara de Diputados. En las plazas principales de cada municipio de la tierra del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, explicó que propuso a los diputados del PRD, PT y Convergencia establecer precios de garantía en beneficio de los productores rurales y construir tres refinerías para dejar de importar las gasolinas; “solicitamos que se instrumente un programa de construcción de caminos de concreto para crear empleos, utilizando mano de obra y menos maquinaria, orientado a los municipios de zonas marginadas; e impulsar la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos”.

Frente a los habitantes de Angangueo, Ocampo, Zitácuaro, Jungapeo, Tuxpan y Uruapan, López Obrador los invitó para que participen el próximo 23 de noviembre en la marcha-mitin que se realizará del Ángel a la Independencia a Bellas Artes para defender el petróleo y la economía popular.

Al término de la reunión informativa con los habitantes de Angangeo, el presidente legítimo de México visitó la Escuela Primaria “Isaac Arriaga”, donde los maestros y estudiantes le solicitaron su ayuda para que reparen las instalaciones del centro educativo.

Ante el llamado de la comunidad estudiantil y magisterial, López Obrador se comprometió a hablar con el gobernador del estado, Leonel Godoy, para que atienda la petición y brindó unas palabras a las niñas y niños de la primaria: “me dio gusto estar con ustedes y no se olviden de decirle a sus padres que estamos luchando para que en México haya justicia”.

En otro orden de cosas, López Obrador se congratuló por la decisión de los estadounidenses de dar un giro político con la elección del senador demócrata Barack Obama como su nuevo presidente. Al conceder una entrevista expresó: “yo creo que fue muy bueno el triunfo de Barack Obama, es muy refrescante y muy alentador, porque hasta en Estados Unidos quieren el cambio”.

Sin embargo, aclaró, “México vive una crisis económica, política y social, porque los potentados, los que se creen amos y señores, impidieron que en el país se llevaran a cabo los cambios necesarios para sacar adelante el pueblo mexicano. Con el fraude electoral de 2006, Felipe Calderón fue impuesto en la Presidencia de la República, resultó ser un inepto y no tiene capacidad para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales”.

Los representantes de los medios de comunicación le preguntaron su opinión sobre cuál debe ser el perfil del nuevo secretario de Gobernación. “Lo primero es que se aclare la muerte de Juan Camilo Mouriño, que se realice una profunda investigación y, sobre todo, que se informe a la gente sobre el caso”, demandó.

Para mañana, el presidente legítimo de los mexicanos visitará los municipios de Carácuaro, Nocupétaro de Morelos, Turicato, Tacámbaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro.

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JUAN CAMILO MOURIÑO
por Miguel Ángel Granados Chapa

(publicado en Reforma el 6 de noviembre de 2008)

Eficaz desde la discreción de la Oficina de la Presidencia, exponerlo a la atención pública en la Secretaría de Gobernación en enero pasado mostró la vulnerabilidad del amigo de Calderón, al punto de que quizá estaba próximo a ser relevado

Excepto Héctor Pérez Martínez, nunca murió un secretario de Gobernación en el desempeño de su delicada función, hasta que Juan Camilo Mouriño perdió la vida al caer el avión en que viajaba con José Luis Santiago Vasconcelos. Pérez Martínez había sido gobernador de Campeche, el estado adoptivo del ahora finado sucesor suyo. Secretario de Gobernación de Miguel Alemán, y tempranamente señalado como precandidato presidencial, sólo despachó en Bucareli 14 meses y medio, pues falleció de muerte natural el 13 de febrero de 1948.

Mouriño permaneció menos tiempo en esa oficina que su virtual paisano. Nombrado secretario el 16 de enero pasado, apenas duró 300 días en el cargo. Habría sido más breve su desempeño si la fragilidad política que padeció desde su nombramiento no la hubiera suplido el firme apoyo que le brindó el presidente Felipe Calderón que en su responso del martes encomió en su amigo y colaborador virtudes que una amplia gama de voces públicas no vieron nunca o habían dejado de ver en él.

Cercanos durante menos de 10 años (se hicieron amigos a partir de 2000, cuando fueron diputados federales en el numeroso grupo panista en la LVIII Legislatura que encabezó el ahora Ejecutivo), Mouriño desplazó en el ánimo de Calderón a panistas de cuño más antiguo, amigos también de más vieja data del ahora presidente de la República. Pero, si se atiende a los chismes palaciegos que alcanzaron estatus público en semanas recientes, Calderón había llegado al punto de prescindir de su colaborador querido. Apenas el 30 de octubre Mouriño mismo había salido al paso del persistente rumor que lo colocaba ya fuera del palacio de Covián. Dijo que seguía en su cargo, “trabajando con la misma convicción, con el mismo nivel de compromiso y con la misma decisión, de ser parte de esta generación política llamada a transformar el país y de un gobierno que trabaja todos los días por conseguirlo”.

La proximidad de Calderón y Mouriño, expresada continuamente durante el primer lustro de esta década, no interrumpida sino afianzada en el año y medio del infortunio político del ahora Presidente (el que medió entre su renuncia a la Secretaría de Energía y su triunfo en la contienda por la candidatura presidencial del PAN) había llegado a su culminación. Fue manifiesto el poder que Calderón le confirió al reconstruir la Oficina de la Presidencia, dotada de mayores facultades formales y reales que la ejercida al máximo por José Córdoba en tiempos de Carlos Salinas. Actuaba desde allí como una suerte de vicepresidente o jefe del gabinete, no sólo del staff personal que rodea al Ejecutivo, sino del integrado conforme a la Constitución. Paradójicamente, su fuerza decisoria decayó al ser nombrado secretario de Gobernación, no obstante que la intención presidencial pareció la contraria para situarlo como el principal aspirante a la todavía remota sucesión presidencial de 2012.

Al salir de la eficaz discreción con que se movía en Los Pinos y quedar expuesto a la atención pública como miembro formal del gabinete, se discutió su nacionalidad. Nacido en Madrid en el seno de una familia gallega (que retornó a su solar nativo después de construir una fortuna enorme en menos de tres décadas y que ayer se afanaba en llegar a las exequias de su hijo sobresaliente) no quedaba clara su elegibilidad como secretario de Estado, pues la Constitución es rigurosa respecto de la nacionalidad de tales colaboradores del Ejecutivo. Explicado formalmente el cumplimiento del requisito constitucional quedó claro también el ambiguo uso del doble pasaporte que poseyó por lo menos durante el tiempo de sus estudios en la Universidad de Tampa. Permaneció por lo tanto vigente la duda de su idoneidad para un cargo que reclama experiencia y conocimiento profundo de la historia y la política mexicana.

Fue de mayor gravedad y trascendencia el descubrimiento de un conflicto de intereses que protagonizó siendo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara. Lo documentó la reportera Ana Lilia Pérez en la revista Contralínea, apenas al mes siguiente del nombramiento de Mouriño. Pero le dio proyección política y tono denunciatorio la exhibición de los contratos hecha en asamblea pública por Andrés Manuel López Obrador, que entregó la documentación a diputados que sólo la manosearon. Pero fue inequívoco, reconocido a la postre por el propio secretario, el hecho de que Mouriño representaba ante Pemex los intereses de su familia, dedicada entre otros giros al transporte y venta de combustibles, al mismo tiempo que en su función legislativa se ocupaba de temas relacionados con esa empresa pública.

Mouriño trastabilló. Dejó ver sus inseguridades, y quedó inhabilitado para la gran operación política en que debía participar: concertar con el PRI la reforma energética. Durante sus meses en la Oficina de la Presidencia había mostrado capacidad para entenderse y aun hacer amistad con los dirigentes reales y formales del antiguo partido del gobierno, con los que departía socialmente. Pero ya no pudo figurar en el largo proceso de la reforma, en que aparecieron protagonistas indeseables y no previstos en la negociación original.

Dejado al margen de ese proceso, no estuvo lejos de la atención pública. Requerida información sobre la fortuna de su padre, la Procuraduría General de la República buscó proteger la reputación de la familia negando acceso a un expediente que finalmente debió entregar al IFAI. En eso estaba Mouriño a la hora de su muerte.

Cajón de Sastre

Nunca se ha reconocido que fueron provocados (quizá porque no lo fueron) accidentes de aviación en que murieron miembros de la clase política. El más antiguo en nuestra memoria es el de Gabriel Ramos Millán, álter ego del presidente Miguel Alemán desde sus días de estudiantes y de fraccionadores en Cuernavaca y la Ciudad de México. Murió el 26 de septiembre de 1949, al estrellarse cerca del Popo el avión de pasajeros en que también viajaba Blanca Estela Pavón. Respecto al accidente en que al llegar a Monterrey murieron, el 4 de junio de 1969, Carlos Madrazo y su esposa, muy tardía y vagamente su hijo Roberto lo ha definido como atentado. Lo hizo después de su derrota en 2006, sin que se animara a denunciarlo legalmente o a demandar una investigación de que se encargara una comisión independiente.

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1938 Y 2008: UNA COMPARACIÓN
por Lorenzo Meyer

(publicado en Reforma el 6 de noviembre de 2008)

Nota de Inicio. Una felicitación a unos Estados Unidos que, finalmente y como conjunto, superaron el racismo. Enhorabuena.

Espíritu. En su mensaje de ocho minutos en cadena nacional del 28 de octubre, Felipe Calderón felicitó a los legisladores por “el patriotismo, la visión y la altura de miras” que, según él, habían mostrado al aprobar una legislación que, en su letra, es diferente a la que él había presentado al Poder Legislativo en abril, y que pretendía legalizar la inversión privada en exploración, extracción, refinación, ductos, almacenamiento y transporte de los recursos petroleros. La reacción del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo logró cambiar bastante los términos de la legislación, aunque no necesariamente su espíritu.

Hacer de una necesidad una virtud es una característica del discurso político. De ello es ejemplo lo dicho por “Los Pinos” en torno al petróleo. Quizá llevado por el entusiasmo de haber visto el fin del largo y complicado proceso por el que atravesó su paquete de iniciativas de ley, Calderón declaró que la reforma aprobada era la más importante en materia de petróleo desde 1938. Sin embargo, “Los Pinos” tomaron como punto de referencia para su argumento una circunstancia histórica que en realidad no favorece la comparación. Y es que el ánimo que hace 70 años movió al presidente Lázaro Cárdenas a resolver de tajo la disputa entre el Gobierno mexicano y las empresas petroleras norteamericanas y angloholandesas mediante la nacionalización de la industria petrolera, es opuesto al que hoy domina en la casa presidencial, en el Congreso, en los partidos y entre los “factores de poder” que pretenden dirigir las actuales circunstancias.

Indicadores. La decisión tomada en marzo de 1938 por Lázaro Cárdenas fue la culminación de un largo proceso que se inició cuando el presidente Francisco I. Madero chocó con el Gobierno norteamericano por haber decretado un impuesto de veinte centavos por tonelada al petróleo exportado. La insólita decisión del presidente Cárdenas dio al Estado mexicano el control pleno de la explotación de los hidrocarburos mediante la expulsión de las empresas privadas extranjeras, fue, ésa sí, una determinación realmente “patriótica, visionaria y con altura de miras”.

El espíritu del 38 significó usar todo el poder del régimen, mediante la nacionalización, para acabar de tajo con las prolongadas controversias legales y políticas entre las empresas extranjeras y el Gobierno mexicano en torno al Artículo 27 y sus leyes reglamentarias. Ese impulso fue también el que alimentó la resistencia a las presiones externas e internas que desencadenó el decreto expropiatorio del 38. La posición inicial de Washington fue que si no se daba marcha atrás o se procedía a pagar de inmediato los bienes nacionalizados, la acción de México dejaría de ser una expropiación para transformarse en una confiscación, situación contraria al derecho internacional y que permitía a Estados Unidos actuar en consecuencia. La voluntad y la habilidad de Cárdenas y del grupo que le rodeó, terminaron por escribir la que quizá ha sido la página más brillante del nacionalismo mexicano. En contraste, la actual reforma petrolera y la clase política que la diseñó y avaló, apenas si lograron insertar un pie de página más en el largo y tortuoso proceso de abandono del viejo proyecto nacionalista; un abandono donde el vacío dejado por el nacionalismo que fue, no ha sido sustituido por algo equivalente o mejor.

En contraste con el espíritu del 38, el que presidió la actual reforma petrolera es uno pobre, que busca disfrazar sus objetivos por carecer éstos de legitimidad a ojos de parte de la opinión pública. La propuesta original para modificar tanto la ley reglamentaria del Artículo 27 como la de Pemex mismo, tuvieron como meta sustituir lo que aún queda del propósito de hacer de esa gran empresa estatal un símbolo de la determinación mexicana de manejar por sí y para sí su recurso natural más estratégico, por un nuevo marco jurídico inspirado en la ideología e intereses económicos de quienes desean que prevalezca un entorno donde la lógica del mercado global determine la asignación de los recursos económicos.

Desde la óptica privatizadora, Pemex es una empresa ineficiente en extremo y la única vía realista para enmendarla es abrirla a la influencia benéfica de la competencia directa y asociación con las grandes petroleras internacionales. Desde esta perspectiva, Pemex debe regirse por las reglas del mercado mundial, producir lo más que pueda para ese mercado y usar sus beneficios para fortalecer las finanzas públicas y evitarle al Gobierno el duro proceso de disminuir el gasto público y/o tener que llevar a cabo una auténtica reforma impositiva.

Juego Sucio. Aunque no se compartan estas premisas y valores, es posible entender el contexto ideológico y político en que surgió la propuesta de reforma petrolera de abril, pero lo que no se puede justificar ni aceptar es el espíritu que dominó al final del proceso reformista, al que se le puede calificar de inspirado por quien no apuesta a un juego limpio. Como se recordará, al término del complicado y tenso proceso legislativo, se intentó hacer pasar de manera subrepticia un cambio en el contenido de la exposición de motivos que había sido enviada por el Senado a la Cámara de Diputados en relación a la ley reglamentaria del Artículo 27 y a la de Pemex. Alguien, sin anunciarlo, cambió la redacción original de la exposición de motivos. Y la razón de tal transformación obedeció a principios poco claros: si bien una modificación a la redacción misma de la ley hubiera obligado a los diputados a devolver el documento a la Cámara de Senadores y a reabrir el encarnizado debate, una modificación a la exposición de motivos no.

Sin embargo, como cualquier exposición de motivos es parte integral y fundamental de la ley, puede ser la base para interpretar “lo que el legislador quiso decir” en relación a cualquier ambigüedad. En suma, en esa introducción está “el espíritu de la ley” y es ahí donde buscó hacer su nido en San Lázaro la mala fe, (véanse los detalles en Reforma y La Jornada, del 29 de octubre).

La modificación intentada no era insignificante, pues pretendía ser el sustento legal para volver a permitir, en el futuro, lo que ya se había autorizado en el sexenio de Miguel Alemán, pero que se había clausurado en 1970: los “contratos riesgo” con empresas particulares. Como se sabe, esos contratos, siempre controvertidos y combatidos por el ex presidente Cárdenas, permitieron que cinco empresas norteamericanas pudieran explorar y extraer petróleo en el Golfo de México con base no en una remuneración fijada de antemano sino en un porcentaje de lo extraído.

El intento por cambiar, sin la debida discusión, dicha exposición de motivos podía acarrear consecuencias. La modificación ampliaba la posibilidad de llevar a cabo “contratos incentivados” entre Pemex y empresas particulares, a las que se ofrece no sólo una suma fijada inicialmente sino incentivos o “compensaciones adicionales” según su desempeño. Como ello era lo que revivía el espíritu de los contratos riesgo, y tras varias consultas que incluyeron al titular de Gobernación, los líderes del PAN y del PRI aceptaron cortar por lo sano y cancelaron dichas modificaciones dentro de las exposiciones de motivos.

Finalmente, el incidente relatado no pasó a mayores, pero eso no le resta importancia, pues mostró la naturaleza del espíritu del legislador, uno empeñado en lograr a la oscuridad de las Cámaras lo que no se alcanzó a la luz del día. Evidentemente, lo anterior obliga a seguir de cerca y con la ayuda de especialistas, la forma como va a operar la nueva legislación, pues por ahora y en el caso del petróleo, es difícil confiar en el “espíritu del legislador” y en los encargados de interpretarlo.

El Gran Ausente en el Debate. Antes de 1938 el sindicalismo petrolero era ya un actor destacado en la industria, pero su importancia se disparó a partir de la constitución del sindicato nacional (SNTPRM) y de la expropiación. En poco tiempo, la organización se convirtió en una base de apoyo del PRI y del presidencialismo autoritario. Desafortunadamente, ese notable aumento de fuerza política fue acompañado de otro: el de la corrupción. Hoy, ninguna reforma de Pemex tiene sentido si no se aborda el tema de un sindicato que ha hecho suya una parte sustantiva de la riqueza que es de todos. Sin embargo, ni los legisladores, ni tampoco el Movimiento en Defensa del Petróleo han querido tomar al toro sindical por los cuernos. Y mientras eso no se haga, ni Pemex ni la democracia mexicana serán lo que deben ser.

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miércoles, 5 de noviembre de 2008

Los Mouriño


MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

En 1978, cuando en su patria se abría el horizonte a la democracia, Manuel Carlos Mouriño Atanes decidió salir de Madrid. Como reprochaban los criollos a los peninsulares del siglo XVI, "vino de España por la mar salobre/ a nuestro mexicano domicilio (...) de salud falto y de dinero pobre". A poco andar, sin embargo, esta última condición desapareció por completo: 30 años después, vuelto de regreso a su tierra natal, Mouriño Atanes posee un considerable patrimonio y encabeza un consorcio de empresas muy rentables; tanto, que le permitieron satisfacer un capricho: adquirir el equipo de futbol Celta de Vigo, que participó sin fortuna en la liga ibérica de primera división hasta su descenso el año antepasado.

A partir de la modestia de una gasolinería, Mouriño Atanes generó el Grupo Energético del Sureste (GES), que por cuenta de Pemex transporta combustibles en aquella región del país. Su actividad en este rubro se vio estimulada cuando hace ocho años su hijo Juan Camilo fue elegido diputado federal y encabezó la Comisión de Energía de la Cámara. Mientras desempeñaba esa responsabilidad, representaba a su familia ante Pemex y suscribía en su nombre contratos que hicieron crecer el consorcio. En la misma línea de negocios apoyados por el gobierno, GES participa en la industria eléctrica, si bien lo hace de modo sesgado.

En 2006, el grupo de Mouriño adquirió 20 hectáreas a la vera del camino que comunica a Mérida con Progreso. Criticada por el Diario de Yucatán la prontitud con que se le autorizó un proyecto que se creyó de bienes raíces, Carlos Mouriño Terrazo, primogénito y tocayo de su padre, así como hermano mayor del secretario de Gobernación (que por entonces era ya el principal asesor del candidato presidencial panista Felipe Calderón), informó oficialmente:
"El Grupo Energético del Sureste invertirá, en coinversión con una empresa española, 300 millones de pesos en una fábrica que elaborará torres eólicas de última generación, mismas que serán comercializadas principalmente en el mercado estadunidense". Pero también en México, si se atiende a la denuncia que en mayo pasado hizo Javier González Garza, líder de los diputados perredistas.

Según su información, la sigla GES, que identifica en México al negocio de los Mouriño, es la misma de Global Energy Services, de la que forma parte la empresa española Gamesa Eólica, instalada en el parque La Venta II en Oaxaca para la generación de electricidad a partir del viento. El equipo para la operación de esa planta fue provisto por Gándara Censa, otra empresa hispana que, adquirida por Mouriño padre en España, es la que formalmente coinvierte con GES en la fábrica yucateca. Si así son las cosas, no sólo sería esa planta proveedora de Gamesa Eólica, sino que ambas formarían parte del mismo grupo empresarial.

La actividad empresarial de Mouriño Atanes ha despertado curiosidad más en España que en México. Eso no obstante, en 2003 algún órgano policiaco mexicano solicitó por los conductos diplomáticos debidos información sobre procedimientos legales en torno a aquel súbdito español. Dicha información, según hemos venido a saber mucho tiempo después, "la proporcionó el reino de España con el carácter de confidencial al Estado mexicano, por lo que se considera reservada (...) y su publicación podría causar un detrimento a las relaciones internacionales de nuestro país".

Eso se lee en un comunicado de la Procuraduría General de la República, fechado el 29 de octubre, para informar por qué no se entregó, primero a un particular solicitante y después tampoco al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), aquella respuesta española. El IFAI necesitaba conocer el expediente para determinar si en efecto le es aplicable el artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que considera reservada la información que pudiera menoscabar las relaciones internacionales de México, especialmente cuando es entregada a título confidencial por un gobierno o un organismo internacional.

Ante la insistencia del IFAI por conocer la documentación del caso, la PGR llegó a un extremo inusitado a fin de proteger a los Mouriño. Hizo que el jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, demandara amparo contra el IFAI, y quizá por tratarse de quien es, y del órgano al que representa (que no puede acudir por sí al juicio de garantías), recibió el beneficio de la suspensión del acto reclamado. Se hizo tan notoria, sin embargo, la posible colusión entre la Procuraduría y el interés de la familia Mouriño, que la PGR solicitó al gobierno español autorización, no para divulgar la información tenida como reservada, pero sí para entregarla al órgano facultado para determinar su carácter, y ya la puso a disposición del Instituto, tras desistirse del amparo solicitado.

Mientras eso ocurre, los días del secretario Mouriño en Bucareli parecían aproximarse a su final. Eso dicen, al menos, los chismes palaciegos. Desde que en enero pasado pasó de la Oficina de la Presidencia a Gobernación fue cuestionada su designación, no sólo por su equívoca nacionalidad (pues, nacido en Madrid, a partir de la mayoría de edad ha utilizado indistintamente, según convenga, pasaporte español o mexicano), sino por su inexperiencia política. Cierto es que esa secretaría perdió a lo largo del tiempo las facultades legales y extralegales que la hacían centro de la política interior, pero su ejercicio requiere aún amplio conocimiento de las realidades del país, de los factores de poder y de los procesos políticos y jurídicos en curso. Nacido fuera de México, Mouriño cursó también su preparación universitaria más allá de la frontera, y su vida pública se extiende apenas por un decenio, en que ha sido diputado local en Campeche, legislador federal en la lista de representación proporcional del PAN, subsecretario de Energía, asesor principal del candidato Calderón, según queda dicho, y jefe de su Oficina de la Presidencia. Claro que un currículo puede no reflejar conocimiento y experiencia, pero el desempeño del secretario en los 10 meses de su estancia en Bucareli ha mostrado que carecía de aquellas prendas, al punto de que aun entre las filas de los adictos al gobierno se cuestionaba la pertinencia de su permanencia en ese cargo.

Según la información filtrada desde Los Pinos, Mouriño transitaría a una de dos candidaturas como salida airosa y mampara de lo que sería en realidad un despido. Se le presume aspirante a la jefatura de los diputados federales panistas que sean elegidos el año próximo (seguramente en número menor a los que actualmente ocupan curules). Tendría que contender para ello, entre otros interesados por la posición, con su antecesor en Gobernación y exgobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, que por esa vía pretende ser rehabilitado después de que lo arrojó del gabinete.

También se le presenta como precandidato al gobierno de Campeche, donde ha vivido la mayor parte de su tiempo mexicano. Se buscaría que sea el panista que eche al PRI del gobierno de ese estado, algo que hace cinco años estuvo a punto de ocurrir. En efecto, la contienda de 2003 resultó especialmente competida, al grado de que la diferencia de votos entre el candidato priista triunfador y su opositor panista llegó apenas a dos puntos porcentuales, menos de 5 mil votos en números absolutos. Se apostaría a que el peso que da a Mouriño su pertenencia al gobierno federal, amén de la influencia económica de su familia, le ayudaría a remontar esa diferencia y pasar de Gobernación a la gubernatura.

Pero es temprano para saberlo. No lo es, en cambio, para saber que si se le busca una salida airosa es porque aun en el régimen del amiguismo a ultranza ya no es bien visto. l


http://www.proceso.com.mx/opinion_articulo.php?articulo=63581

3 de noviembre de 2008

lunes, 27 de octubre de 2008

ISA Servicio informativo núm. 563

Ciudad de México, 27 de octubre de 2008
Servicio informativo núm. 563

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:mi

I. “Esta lucha continúa”, crónica de La Lámpara de Diógenes

II. Observatorio ciudadano del petróleo, por Miguel Ángel Granados Chapa

III. Ganar, por José Agustín Ortiz Pinchetti

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“ESTA LUCHA CONTINÚA”

(Crónica de La Lámpara de Diógenes sobre la jornada de lucha del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo del 26 de octubre de 2008)

NOTA: Se recomienda ampliamente visitar el blog de La Lámpara de Diógenes (http://lamparadediogenes.blogspot.com) para conocer las fotografías que ilustran esta crónica y percibir el ambiente y combatividad de los actos reseñados.

El compromiso se ha tomado y la lucha continúa, por lo que desde muy temprano, de Tijuana hasta Campeche, de todos los puntos del país, la gente se movilizó para atender el llamado de Andrés Manuel López Obrador y reunirse en la gran explanada del Monumento a la Revolución. A las 11 de la mañana la plaza ya estaba a reventar; esta vez no hubo jaranas que tocaran ni grupos musicales que amenizaran la Asamblea.

Jesusa Rodríguez tomó el micrófono y saludó a todas las brigadas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo ahí presentes y listas, como lo estaban también Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Isela Vega y Alejandro Encinas, quienes fueron muy bien recibidos al grito de ¡Ese apoyo sí se ve!

Una vez instalados todos los convidados al templete, donde se leía en una gran manta las famosas 12 palabras que no se quisieron incluir en la fracción séptima del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, Jesusa presentó al presidente legítimo y le cedió la palabra, anunciando que, en esta ocasión, él iba a ser el único orador.

López Obrador, antes que nada, agradeció a todos los presentes su asistencia por mantener sus convicciones y la disposición de luchar por las causas justas. A lo largo de su discurso, volvió a mencionar cómo con la práctica del neoliberalismo y la política de pillaje han dejado a un país devastado por la miseria, y presentó documentos que prueban que el empresario Claudio X. González y el ex asesor de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, están asociados con empresas particulares que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad y que mantienen contratos con Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Los tiempos pasan y la nación enfrenta un nuevo fantasma: la devaluación del peso y la actual crisis económica y financiera; tras estas circunstancias, Andrés Manuel López Obrador anunció que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo defenderá ahora la economía popular. Mano a mano estas dos defensas se harán con la misma dedicación y como se ha venido haciendo: casa por casa, colonia por colonia y pueblo por pueblo.

Nuevamente comentó que la trampa para no discutir el Artículo 60 fue ejecutada por los del PRI y PAN, quienes desecharon la discusión sin argumento alguno y que lo único que se solicita es que pongan por escrito y claramente que no se cederá parte del territorio nacional, por lo que indicó que ése es el verdadero motivo de las movilizaciones, las cuales continuarán, e invitó a todos para que este próximo martes 28 de octubre acudan junto con él a la Cámara de Diputados, partiendo desde el Zócalo de la Ciudad de México.

López Obrador sabe que su mejor patrimonio es la gente, por lo que agradeció de manera muy enfática la participación de todos en los pasados meses, pero sobre todo por los últimos días, recordando que la decisión tomada el miércoles pasado fue certera, y pidió a todos no enojarse y luchar con alegría, refiriéndose a algunos medios de comunicación que han comenzado su campaña de linchamiento y desinformación; particularmente habló de Televisa, en donde aseguró que pronto irá hasta las puertas de esa empresa a solicitar réplica y espacio para la información, dejando en claro que no hay nada en contra de los reporteros, camarógrafos y fotógrafos que realizan su trabajo de la mejor manera que pueden; pero ante el cerco informativo volvió a solicitar a los brigadistas que nuevamente realicen la labor de informar y les dijo que cada uno debe convertirse en un medio de comunicación para decirle a la gente lo que verdaderamente está pasando en el país.

El calor era agobiante, pero este nuevo camino anunciado por Andrés Manuel López Obrador hacía ver una frescura nueva en los rostros de los asistentes. Un nuevo brillo de ánimo se reflejaba en sus miradas al cantar junto con el presidente legítimo el himno nacional. Ésta ha sido una jornada histórica en donde en 11 días se logró reunir a multitudes en siete ocasiones distintas y todas con un mismo objetivo: la defensa del petróleo y la soberanía.

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OBSERVATORIO CIUDADANO DEL PETRÓLEO

por Miguel Ángel Granados Chapa

(publicado en Proceso el 26 de octubre de 2008)

Aprobada por el Senado la reforma petrolera, es seguro que lo haga también la Cámara de Diputados, el martes o el jueves próximos, en el recinto principal de San Lázaro o en una sede alterna, dentro o fuera del predio en que se alza el Palacio Legislativo. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que fue capaz de imprimir al debate correspondiente un sentido y un alcance de los que carecía, ha de tener claro que no puede impedir la consumación del proceso legislativo y que, por lo tanto, se desgastaría estérilmente si lo intentara. Por mayor que fuera la movilización en torno de la Cámara, por más que se les obligara a ir a salto de mata, los diputados encontrarán el modo de sesionar y votar los dictámenes elaborados sobre las minutas senatoriales, sin tocar una coma, a fin de evitar que la decisión parlamentaria vuelva al Senado. Tener claridad respecto de lo que el movimiento puede y no puede lograr es determinante para el futuro de la defensa del petróleo, que no concluye con el proceso legislativo esta semana.

Importa igualmente cobrar conciencia de lo conseguido, no disimular por algún extraño rubor la certidumbre de que el movimiento, con acciones dentro y fuera de las cámaras, frenó el intento inicial de reforma. Debido a la relativamente menor fuerza parlamentaria de las fracciones del Frente Amplio Progresista, si el proceso se hubiera iniciado y desarrollado conforme a la mecánica y la aritmética puramente congresistas, su oposición hubiera sido estéril, arrolladas por la mayoría pripanista. Por lo tanto, la magnitud del resultado, favorable a la causa defendida por el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, debe medirse en relación con lo que pudo haber sido y no fue. Por más insatisfechos que se manifiesten los defensores del petróleo, debe quedarles claro que el desenlace pudo haber sido peor. Se dirá que es un triste consuelo, pero es un consuelo real dada la relación de poder en las cámaras.

Por ello, en vez de que una vez más cunda la sensación de que los intereses particulares se han impuesto a los de carácter general, debe rescatarse la índole del resultado, y encauzar la acción del movimiento (cuya dirección cometió el error táctico de pretender que el Congreso no cumpliera sus funciones; doble error si se considera que la actuación de los senadores había ya recibido el visto bueno de López Obrador, por más cauteloso que fuera ese aval) hacia nuevas tareas. Adicionalmente al hecho de que los recorridos de López Obrador por los municipios de todo el país seguirán su curso, y con ellos la animación de la conciencia popular, no deberían desmovilizarse los ciudadanos que, dentro del marco legal, se opongan a la política petrolera del gobierno, no arreglada del todo conforme al interés nacional.

Para las acciones por venir, amén de las asambleas informativas que sea necesario convocar (a partir de la conciencia de que es un mecanismo susceptible de sufrir agotamiento, correspondiente al de los ciudadanos que concurren a ellas), parece pertinente iniciar otra estrategia de presencia de la sociedad ante la industria petrolera, la empresa que la maneja y los órganos de gobierno que la rigen y regirán. De modo análogo a diversos mecanismos de observación que la sociedad ha generado (en materia educativa, de medios de comunicación, de gasto público y el que se prevé en torno a la seguridad), parece pertinente la creación de un Observatorio Ciudadano del Petróleo que, desde una combinación de saberes técnicos y convicciones políticas, sujete a escrutinio la aplicación de las nuevas leyes y, en general, el desempeño de Pemex y las autoridades en esta materia.

En tal sentido, la participación ciudadana, complementaria de la que se expresa en el movimiento defensor del petróleo ha comenzado ya, de hecho. Un grupo de expertos e interesados en la reforma energética (que no sólo petrolera) fue convocado por López Obrador y las fracciones parlamentarias del FAP, y preparó una propuesta cuya naturaleza y contenidos constituyó pieza relevante en el debate legislativo propiamente dicho, al que como iniciativa propia la introdujeron los grupos fapistas. Una porción de ese grupo asesoró a los senadores durante la discusión en comisiones y contribuyó a que los legisladores frenaran retrocesos y consiguieran avances muy por encima de su fuerza legislativa, mediante un diagnóstico que identificó 13 líneas rojas, propuestas peligrosas para el interés nacional. Finalmente, evaluaron el resultado y determinaron que la reforma merecía respaldo pleno, porque ocho de esas zonas de alerta fueron enteramente eliminadas y en diversos grados las cinco restantes quedaron, por un lado, claramente delineadas y, por otra parte, son susceptibles de atención más allá de la reforma misma.

El miércoles pasado, Jorge Eduardo Navarrete presentó las conclusiones de ese grupo ante la asamblea informativa, que prefirió persistir en el combate de los peligros latentes y no detenerse en el festejo de los evitados. En nombre de ese grupo, Navarrete (embajador eminente, subsecretario de Energía durante un breve tiempo y ciudadano a carta cabal) recomendó a los asambleístas no cantar victoria y, sin embargo, no negar los logros, pero al mismo tiempo “mantenerse alerta y vigilantes”. Enumeró acciones que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, a través del Observatorio Ciudadano que aquí se propone (o mediante otros mecanismos), podría emprender:

“...Asegurarse de que el nuevo marco legal para Pemex se aplique sin desviaciones y contribuya lo más posible a combatir la corrupción.

“Vigilar las formas y modalidades que se determinen para la exploración y desarrollo de los yacimientos de Chicontepec, donde se requiere una auditoría ciudadana de lo que hasta ahora se ha hecho.

“...Asegurar que el aprovechamiento de las nuevas provincias petroleras en el Golfo de México no se realice de manera precipitada e irracional, para alimentar una exportación excesiva de crudo, sino cuidando un recurso que pertenece sobre todo a los mexicanos de la segunda mitad de este siglo.

“... (Urgir a) la pronta reactivación de la petroquímica, larga y costosamente abandonada en los últimos decenios...”

El Observatorio, o el mecanismo que se elija, tendría, en fin, una misión esencial, que supla mediante el examen público permanente la negativa de la mayoría pripanista a incluir en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional las palabras que López Obrador quiso proponer personalmente en el Senado:

“No se suscribirían contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas.”

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GANAR

por José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 26 de octubre de 2008)

Reforma petrolera tal como fue aprobada en el Senado (aun con sus deficiencias) significa el desenlace de una controversia histórica. ¿Quién fue el vencedor? Sin duda el lado progresista. La reforma de Calderón quedó devastada. Irreconocible. El intento de privatización, derrotado. Eliminados los contratos de riesgo. Eliminadas las empresas espejo, propuesta del PRI. Se puso la base para restructurar las finanzas de Pemex. Quedan dos temas delicados: los bonos ciudadanos y los contratos en bloque. No puede descalificarse la presión para ajustarlos y completar la reforma.

¿Qué factores concurrieron para este resultado? Nadie puede negar el carácter decisivo del liderazgo de AMLO y su operación magistral que me recuerda por su precisión y astucia la maniobra de Lázaro Cárdenas para lograr la expropiación en 1938.

Recordemos los hechos: AMLO se posicionó temprano y desenmascaró al gobierno que mentía, negando primero la reforma y después su carácter privatizador. Su posición nacionalista dejó atrás al PRI, quien no actuó como un verdadero opositor. Organizó el movimiento, le dio un sentido estratégico y lo disciplinó. Impactó a la opinión pública con mítines cada vez más numerosos y con propaganda casa por casa, que volcó la opinión pública contra la privatización. Mantuvo las cosas bajo control sin afectar a las personas y a la propiedad.

Con un golpe maestro descalificó a Juan Camilo Mouriño, negociador clave de Calderón. En abril frenó el golpe haciendo coincidir 30 mil brigadistas en las calles con la toma de tribuna del Senado. Propició un debate público sobre el tema sin precedente en la historia legislativa de México. Los representantes del FAP, bien seleccionados, barrieron con la débil defensa calderonista. Organizó consultas nacionales. Convocó a 100 de los mejores intelectuales del país que elaboraron en tiempo récord una propuesta que fue aceptada sin una sola modificación por PRD, PT y Convergencia. Hay que reconocer el excelente trabajo de los negociadores del PRD y también la intervención de Dante Delgado y de los representantes de Convergencia y del PT. Las nuevas leyes tienen resquicios peligrosos y debemos estar alertas. Pero la reforma es un éxito monumental.

AMLO triunfó, pero el protagonista mayor es la nueva organización política que impulsó. Esta es la gran lección del episodio. El movimiento es considerado con desdén por las elites capitalinas. Pero los que han estado involucrados saben el verdadero peso que tuvieron las redes de activistas. ¡Yo brindaría por su triunfo! Ganaron la batalla y seguramente ganarán nuevas batallas en el futuro.

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miércoles, 10 de septiembre de 2008

SEROTONINA PURA

Javier Palou García

palou2006@hotmail.com


“No hay arte más difícil que el arte de escribir sin arte”
Javier Cercas


GRANADOS CHAPA


Un hombre congruente, culto y con un bagaje de conocimientos históricos impresionantes, un hombre que ha sido elegido recientemente por la Academia Mexicana de la Lengua para ocupar la silla XXIX, dentro de la Academia, silla que dejó vacante don Ernesto de la Torre Villar, quien la ocupara por más de 37 años, Granados Chapa ha enaltecido todos los oficios a los que ha dedicado su vida: el periodístico; siendo un extraordinario investigador y defensor nato del Derecho a la Información, el académico; convertido en un auténtico historiador y el de escritor, en todos ellos, con un excelente y acurado uso del idioma español, pero sobre todo, ha enaltecido al ser humano, siendo una persona íntegra, sincera, sencilla. Comprometido, dedicado, inteligente y congruente que ha sabido defender la autonomía y la independencia durante toda su trayectoria.


Estudió en la Facultad de Derecho y en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se licenció en periodismo, con mención honorífica, en 1969. Años más tarde, cursó el doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Creador de la columna diaria Plaza pública –que aparece desde 1977 (30 años)–, ha sido maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha colaborado con los diarios Últimas Noticias, Excélsior, El Universal, Cine Mundial, Unomásuno, La Jornada, El Financiero, El Norte, Reforma. Las revistas Señal, Proceso, Siempre!, Razones, Crítica Política, Expansión y Mira, y de las emisiones radiofónicas Opinión pública (Radio ABC), Onda política (XEB) y Monitor (Radio Red). Condujo el programa de entrevistas Con sus propias palabras (Canal Once) y el programa semanal Punto de encuentro, en el que participaban los connotados periodistas Virgilio Caballero, Ricardo Rocha y Javier Solórzano (Radio Educación, 2004-2006). Desde 1994, conduce el programa radiofónico Plaza pública (Radio UNAM).


Entre sus obras publicadas, destacan Vicente García Torres, monitor de la República (México, Secretaría de Educación Pública, 1967; segunda edición: Gobierno del Estado de Hidalgo, 1987), Excélsior y otros temas de comunicación (México, El Caballito, 1980), Examen de la comunicación en México (México, El Caballito, 1980), La reforma política (México, UAM Azcapotzalco, 1981), La banca nuestra de cada día (México, Océano, 1982), Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense (México, Océano. 1984), Votar, ¿para qué? (México, Océano, 1985), Comunicación y política (México, Océano, 1986), ¡Nava sí, Zapata no! (México, Grijalbo, 1992), ¡Escuche, Carlos Salinas! (México, Océano, 1996), El siglo de Fidel (México, Pangea, 1996), Vivir en San Lázaro (México, Océano, 1998), Constancia hidalguense (México, Grijalbo, 1999), Fox & Co. (México, Grijalbo, 2000) y Tiempo de ruptura. La coalición Elviazul (Planeta, 2004).


Granados Chapa ha recibido numerosos premios; entre ellos, los premios José Joaquín Fernández de Lizardi del Club de Periodistas de México (1978); Nacional de Periodismo por artículo de fondo (1981); Manuel Buendía a la trayectoria periodística (1987); al Periodismo Político (1989); del Mérito Periodístico del Instituto de Relaciones Culturales México-Israel (2004) y Nacional de Periodismo a la trayectoria periodística (2005). Pertenece a la Unión de Periodistas Democráticos, la cual presidió de 1983 a 1984, y a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Forma parte del Colegio Madrid; del Club de Roma, Sección Mexicana, A. C., y del Instituto de Relaciones Culturales México-Israel. Es caballero de la Orden del Mérito de la República Francesa.


Hoy Miguel Ángel Granados Chapa uno de los “grandes” periodistas mexicanos -junto a Julio Scherer y Vicente Leñero-, compañeros en Excélsior, es candidato a recibir la medalla Belisario Domínguez, la distinción más alta que otorga el Senado de la República a un ciudadano mexicano, no es tarea fácil ya que disputa la presea con: Gilberto Rincón Gallardo, recién fallecido y otro gran periodista: Jesús Blancornelas.


La propuesta de Serotonina Pura es recabar firmas de los periodistas y ciudadanos poblanos que piensen que el maestro Miguel Ángel Granados Chapa merece tal distinción, para posteriormente entregarlas en el Senado de la República. Ante tantísimo periodista oficioso que hoy acaparan prácticamente todos los periódicos, la televisión y la radio, este premio para Granados Chapa reconocería al verdadero periodismo mexicano- el íntegro, el honesto, el valiente y comprometido- que también existe y está olvidado por todo el territorio nacional. Sumémonos a esta propuesta mandando sus correos electrónicos a la dirección electrónica que aparece al calce.

Si usted desea comunicarse con esta columna: palou2006@hotmail.com

lunes, 19 de mayo de 2008

Teólogos y pontífices del petróleo

Periódico Reforma. domingo 18 de mayo de 2008, 06:00hrs

Miguel Ángel Granados Chapa









Se equivocó Martínez. Tales teólogos y pontífices no sólo no impiden el debate sobre el tema, sino que el foro en que hablaba fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo, y su realización resultó del acuerdo a que llegaron las fracciones senatoriales, incluidas las de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista. El debate previo a la discusión en las Cámaras (que no hubiera sido posible si, como ostensiblemente se pretendió, se apresurara en abril el trámite a las iniciativas presidenciales) es parte de la estrategia del movimiento encabezado por López Obrador, para que la sociedad, los ciudadanos, la gente tengan claros los propósitos de quienes buscan entregar nuevas porciones de la industria petrolera a capitales privados, y de quienes se oponen a ese propósito.












Desde el primer momento Cárdenas percibió la inconstitucionalidad de la propuesta calderonista para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en materia petrolera. Lo hizo apenas tres días después de presentadas las iniciativas, cuando instó a resistir la pretensión reformadora en esa dirección, por esconder una modificación constitucional. Este martes insistió, citando con mofa a la secretaria de Energía que aseguró la semana anterior que no se propone reformar la Constitución, que "sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Esto, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta tanto o más grave, todavía, que reformarla". Se refirió explícitamente a la porción de la reforma que permitiría maquilar la refinación y construir y operar ductos: "según la interpretación del gobierno no se está haciendo en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la Constitución, sino a otros, y pregunto entonces: ¿a contratos y concesiones que no son contratos ni concesiones según la definición constitucional. El Estado directamente o por conducto de sus agentes está constitucionalmente impedido, desautorizado para contratar o conceder concesiones a personas físicas y morales, tratándose del petróleo y de todos los hidrocarburos. Que no se pretenda, con el subterfugio de llamar contrato de maquila al contrato concesión, y permiso a la concesión, violar impunemente la Constitución".
















Egresado como Cárdenas de la Escuela Nacional de Ingenieros, Javier Jiménez Espriú la dirigió ya como facultad en los años setenta. Luego de ser secretario de Administración y aspirar sin éxito a la Rectoría, salió del campus (aunque mantuvo su vinculación con el club de futbol hasta 2001), realizó una carrera en la administración federal (que incluyó la dirección de comercialización de Pemex). Con ese equipaje, Jiménez Espriú sintetizó dos días después el sentir de una porción importante del miembros del PRI (él lo es desde 1958). Quién sabe si su posición es compartida por los legisladores de ese partido (no podemos saberlo ni siquiera respecto de la sostenida por la lideresa del tricolor), pero refleja un parecer que no podrá ser soslayado a la hora de legislar. Descalificó a la propuesta presidencial como "insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante del contenido histórico y ayuna de sensibilidad política".



Salvo la de Germán Martínez, no hubo en los dos días iniciales del debate una defensa explícita de las iniciativas presidenciales, aunque sí expresiones favorecedoras de su intención y descalificadoras de la oposición a tales proyectos. Por ello adquirieron mayor relieve las posturas contrarias a la legislación propuesta, entre las que sobresalió la expuesta el jueves por Claudia Sheinbaum, en representación del gobierno que se estima legítimo frente al espurio que encabeza Calderón. Con propuestas puntuales de reforma, como la de asignar 75 por ciento de los excedentes petroleros de este año a fortalecer las finanzas de Pemex, la eventual aplicación de esa medida tendría que superar la amarga sorpresa de que no obstante el alza continua de los precios internacionales del petróleo, no hubo tales excedentes en el primer trimestre, según informó el viernes el secretario de Hacienda.