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PIDE ORTIZ PINCHETTI A SENADORES QUE SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE UNA CONSULTA DIRECTA AL PUEBLO DE MÉXICO SOBRE EL TEMA DEL PETRÓLEO
Discurso del martes 13 de mayo de 2008 del secretario de Relaciones Políticas del gobierno legítimo de México, José Agustín Ortiz Pinchetti, durante el foro de debate sobre la reforma energética, con el tema “Principios que deben regir la reforma energética”, realizado en el Senado de la República
En primer término, hago a ustedes una aclaración pertinente: vengo en representación del Gobierno Legítimo de México a dar a conocer nuestra postura sobre el intento de violación a la Constitución para privatizar la industria petrolera nacional y a reiterar sobre nuestra propuesta para fortalecer a Pemex.
CAPÍTULO I
Fundamento constitucional que impide la privatización de la industria petrolera
El párrafo sexto del artículo 27 constitucional establece que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Este fragmento del artículo 27 no formó parte del texto original de la Constitución de 1917, es consecuencia directa de la expropiación de los bienes de las empresas petroleras extranjeras, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, y de las reformas hechas al artículo 27 constitucional, en 1939 y 1960.
El decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938 concentró en la nación la propiedad de todos los bienes destinados a la industria petrolera. Esta propiedad a favor de la nación hizo posible que la industria petrolera, en todas sus etapas, quedara bajo su control. Así ocurrió, tanto con la exploración como con la extracción, la refinación, el almacenamiento, el transporte, la distribución del petróleo y de los hidrocarburos.
No obstante, con la precavida intención de evitar en el futuro malas interpretaciones legales a favor de intereses particulares y extranjeros, el Ppresidente Lázaro Cárdenas anunció, en su informe de gobierno de 1º de septiembre de 1938 al Congreso de la Unión, que enviaría una iniciativa de reforma constitucional para, según sus palabras, “…que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que el Estado sea el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera”.
En virtud de esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de noviembre de 1940, se adicionó un párrafo al artículo 27 constitucional, cuya parte final dispuso que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirían concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos”.
De esta suerte, la explotación de los yacimientos de petróleo y de más hidrocarburos en su sentido de acción y de efecto de sacar utilidad de la industria petrolera en exclusivo provecho propio de la nación, quedó reservada al Estado.
Pero ante las ambiciones de una minoría de potentados y las presiones internacionales, desde el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho y al amparo de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, se evadió la prohibición constitucional de otorgar concesiones mediante los llamados “contratos de riesgo”, celebrados con empresas extranjeras que obtenían permisos para la exploración y la perforación de pozos petroleros en grandes áreas del territorio nacional.
Por esta razón, el presidente Adolfo López Mateos promovió una nueva reforma al artículo 27 constitucional, para agregar a su párrafo sexto, que no se otorgarían concesiones “ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”.
La mencionada reforma tuvo, pues, el propósito obvio de terminar con la indebida práctica de eludir la prohibición constitucional de concesionar la explotación de los yacimientos petrolíferos, mediante la celebración de contratos a las empresas privadas, extranjeras y mexicanas, que realizaban actividades de explotación, constitucionalmente reservadas al Estado.
Actualmente, es precisamente este mandato constitucional el que pretende violarse con las iniciativas enviadas al Senado de la República, por el presidente usurpador, Felipe Calderón. Por ejemplo, en la Iniciativa de Ley para la Creación de la Comisión del Petróleo, en el Artículo 3º, se dice que corresponde a dicha comisión: “Otorgar y revocar los permisos para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos”.
Así mismo, en la Iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, propuesta por Calderón en su artículo 46, se establece que: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posteridad”.
“Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes, y podrá pactar incentivos pendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo”.
También, en las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, se plantea la apertura a la inversión privada de actividades de la industria petrolera, hasta ahora reservadas en exclusiva al Estado mexicano.
Las iniciativas de reforma y adiciones a esta ley dejan fuera de la exclusividad del Estado “el transporte y el almacenamiento (del gas), indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración”, también excluye la distribución y ventas de primera mano “de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”.
De igual manera, la propuesta del nuevo artículo 4º de esta ley establece que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos”.
Además se propone que “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo…”, y también se consigna que las personas “que pretendan realizar o prestar los servicios a los que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”.
En suma, es evidente que las iniciativas de ley propuestas por Felipe Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a los mismos intereses creados, que desde la expropiación del petróleo han estado al acecho para consumar el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional.
Al respecto, sólo quisiera agregar que es lamentable, por inmoral, la actitud que han asumido los defensores de dichas reformas, al estar sosteniendo de manera cínica que estas modificaciones legales no pretenden violar la Constitución, ni privatizar la industria petrolera.
CAPÍTULO II
Las iniciativas de Calderón cancelan la posibilidad de utilizar de manera integral al sector energético como palanca del desarrollo nacional
También es necesario señalar que al otorgarse permisos a extranjeros y privatizar la exploración, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a Pemex como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo.
Nos quieren quitar la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita nuestro país. Nos quieren condenar a que sólo vendamos materia prima y nunca podamos utilizarla para producir nosotros mismos la gasolina, los productos petroquímicos y la energía eléctrica, y con ello, industrializar a México, crear empleos, fortalecer nuestro mercado interno, reducir los precios al consumidor del gas, la luz y las gasolinas, y sobre todo, elevar los niveles de bienestar de nuestro pueblo.
CAPÍTULO III
Entrega de la Soberanía Nacional
Por si fuese poco, con el nuevo marco legal propuesto por Calderón, se compromete gravemente la soberanía nacional, al aceptarse la obligación de acudir, en caso de controversias con empresas extranjeras a tribunales internacionales. Por ejemplo, en la Iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, en el artículo 44, se dice que “Cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de los contratos, deberá resolverse conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de México o a tribunales arbitrales nacionales o internacionales”.
Así mismo, en el artículo 49, se establece que “Tratándose de actos jurídicos de carácter internacional, Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios podrán convenir la aplicación de derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales, cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto”.
Tengamos presente que si perdemos la soberanía, como sueñan los entreguistas, será muy difícil, por razones geopolíticas, recuperar el dominio de la nación sobre nuestros recursos energéticos. ¿Cuánto faltaría entonces para dejar de ser un país y convertirnos en colonia?
¿Acaso queremos que los gobernantes sean una burocracia al servicio de los intereses externos? De estas dimensiones es el riesgo actual de volver a abrir las puertas a compañías extranjeras.
CAPÍTULO IV
El imperio de la corrupción
Aunque todos sabemos que el principal problema de Pemex es la corrupción, Felipe Calderón en vez de llevar a cabo acciones para enfrentarla, plantea en sus iniciativas la creación de un régimen de excepción para alentarla y legalizarla.
En la Iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, de manera abierta y descarada, se propone que Calderón nombraría a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, y estos incondicionales o prestanombres, tendrían facultades para no llevar a cabo licitaciones públicas y entregar contratos de obras y servicios por asignación directa a sus empresas favoritas.
Además, podrían actuar sin informar a la sociedad, sin rendir cuentas a nadie, sin estar sujetos al régimen de responsabilidades como cualquier otro servidor público. También podrían conceder a su arbitrio, sueldos fuera del presupuesto, autorizar incentivos adicionales a funcionarios y empresas, y contratar deuda pública sin la autorización del Congreso.
Por ejemplo, en el artículo 8º, se proponen como miembros del Consejo de Administración, a cinco representantes del cuestionado sindicato de trabajadores petroleros, y tanto ellos como los diez restantes y el director general de Pemex tendrían el privilegio de la impunidad, porque según el artículo 37 de dicha Iniciativa: “Petróleos Mexicanos contratará en favor de los miembros del Consejo de Administración y del director general, los seguros, fianzas o cauciones, que cubren el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que llegaren a causar a dicho organismo y sus organismos subsidiarios”.
Se trata ni más ni menos de legalizar la impunidad, de algo así como un blindaje jurídico para futuros pemexgates.
CAPÍTULO V
Más burocracia de cuello blanco
En las cinco iniciativas que se propone es notoria la creación de consejos, comisiones y comités que engrosarán aún más la alta burocracia existente en todo el sector energético. No hay nada en las iniciativas de Calderón para dotar a Pemex de geólogos, ingenieros petroleros o técnicos especializados para labores operativas, sino sólo se habla de la contratación de financieros y administradores.
Simplemente es crear una superestructura tecnocrática. Las funciones importantes dependerán del Consejo, de comités y de la Comisión del Petróleo. Incluso, el director general de Pemex se quedaría como un simple adorno, como un florero.
Al mismo tiempo, se trata de un aparato centralizado, donde todo dependería de Calderón y de la secretaria de Energía.
Como ya dijimos, Calderón nombra a los consejeros, la presidenta del Consejo es la secretaria de Energía, que tiene voto de calidad en caso de empate y propone al secretario del Consejo. Además, se crean tres comités con tres consejeros cada uno: el Comité de Transparencia, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones. A estos consejeros los propone la secretaria de Energía.
A su vez, el Comité de Transparencia designa al auditor externo y decide sobre la contratación de otros auditores. El comisario de Pemex será nombrado también por el Ejecutivo Federal y dependerá de la secretaria de Energía.
Todos estos órganos, tanto el Consejo de Administración como los tres comités y el director general, tendrán por ley estructuras burocráticas y los sueldos de estos funcionarios públicos, serán fijados de acuerdo con el “mercado laboral”.
Además, se propone crear la Comisión del Petróleo, integrada por cinco comisionados, quienes serán propuestos también por la secretaria de Energía y en la misma iniciativa de ley se establece, en su artículo 4º Transitorio, que “la Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo Federal, asignará a la Secretaría de Energía los recursos presupuestarios necesarios para la debida consecución del objetivo de la Comisión del Petróleo y, en su caso, se establecerán los derechos correspondientes para su financiamiento en la ley respectiva”.
En fin, una maraña burocrática, discrecional, onerosa, que hará aún más ineficiente y corrupta toda la operación de Pemex.
Senadoras y senadores:
Como es lógico, nosotros nunca aceptaríamos semejante agravio al pueblo de México y a la nación.
Hablemos claro: las iniciativas de Calderón, no tienen el propósito de fortalecer a Pemex, sino de entregar la industria petrolera nacional a los grandes tiburones de las aguas profundas del mundo de los negocios.
CAPÍTULO VI
Nuestra propuesta
La propuesta que nosotros hemos venido haciendo para fortalecer al sector energético es completamente distinta a la del gobierno usurpador y sus aliados.
Nosotros no planteamos ni permitiremos nada que signifique violar la Constitución, privatizar la industria petrolera, comprometer la soberanía nacional, cancelar la posibilidad de utilizar al petróleo como palanca del desarrollo nacional y agravar la corrupción en Pemex y en el gobierno.
Nuestra propuesta se sustenta en cinco lineamientos básicos:
1. Que se destinen todos los excedentes por precios altos del petróleo al fortalecimiento de Pemex para ser invertidos en exploración, perforación, refinación, petroquímica, mantenimiento y construcción de ductos e instalaciones petroleras, así como para el desarrollo tecnológico.
Estos excedentes significarán para este año 20 mil millones de dólares adicionales, que al ser entregados a Pemex representarían más del doble del presupuesto actual de este organismo público. Sólo agregamos que desde el gobierno de Vicente Fox no hay transparencia ni se conoce el destino de estos recursos.
2. Que se fortalezca al Instituto Mexicano del Petróleo para llevar a cabo, entre otras actividades, todas las investigaciones para la exploración de petróleo en tierra y en aguas someras, fundamentalmente en el sureste, donde realmente existen reservas posibles y probables, hasta para 20 años en adelante.
3. Que el Consejo de Administración de Pemex reduzca su número de miembros que dependen del Ejecutivo Federal y del sindicato, y en su lugar el Congreso elija, por consenso de todos los partidos, a representantes de la sociedad civil, de inobjetable honestidad, cuya tarea primordial sería evitar la corrupción en los contratos públicos, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias.
4. Que se fortalezcan las áreas sustantivas de Pemex para atender sobre todo los problemas operativos que tienen que ver con la disminución de la producción en la Sonda de Campeche, donde no sólo se extrae menos petróleo crudo por la declinación del yacimiento Cantarell, sino también por problemas de contaminación de nitrógeno y de agua, que ha llevado a cerrar 80 pozos y a quemar a la atmósfera alrededor de 700 millones de pies cúbicos diarios de gas, por falta de inversión y negligencia de los anteriores y actuales directivos de Pemex.
5. Que se reunifique Pemex en una sola empresa del Estado, revirtiendo su división artificial en diferentes subsidiarias, para manejar de manera integral todo el sector energético, desde la extracción del crudo y gas hasta la refinación y la petroquímica y para aprovechar toda la cadena de valor que permita impulsar la generación de electricidad y el desarrollo económico independiente que necesita el país y el bienestar del pueblo de México.
En unos días más, presentaremos a la opinión pública nuestra propuesta de manera detallada.
Por último, solicitamos a ustedes senadoras y senadores, que se contemple y analice desde ahora la posibilidad de llevar a cabo una consulta directa al pueblo de México sobre el tema del petróleo.
Como hemos venido afirmando, es posible que la última palabra sobre las reformas energéticas la tengan los legisladores, pero la primera palabra siempre la tendrá el pueblo de México.
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