Ciudad de México, 7 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 343
http://www.serviciodenoticiasisa.blogspot.com
Sumario:
I. Demanda López Obrador que se aplique una auditoría al director de la Comisión Federal de Electricidad por las concesiones otorgadas a empresas extranjeras.
II. La política alternativa de salud, por Asa Cristina Laurell
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DEMANDA LÓPEZ OBRADOR QUE SE APLIQUE UNA AUDITORÍA AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR LAS CONCESIONES OTORGADAS A EMPRESAS EXTRANJERAS
Al iniciar su recorrido semanal, esta vez por municipios de los estados de Morelos e Hidalgo, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó que se realice una auditoría a legisladores y servidores públicos que han hecho “jugosos negocios” con la entrega de concesiones a empresas extranjeras para generar energía eléctrica en el país, y que al mismo tiempo buscan la privatización del sector, que es un bien propiedad de la nación.
De manera particular, López Obrador solicitó que se aplique una auditoría al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, quien desde que asumió el cargo, hace 10 años, se ha convertido en el más tenaz promotor de la privatización de la industria eléctrica.
“Elías Ayub debe rendir cuentas sobre su situación patrimonial durante la década que lleva al frente de la CFE, porque ha hecho negocios al amparo de su encargo. En principio, durante la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo, se aprobó la creación de una ley secundaria, por encima de la Constitución, para permitir la entrega de concesiones y permisos a particulares para la instalación de plantas de generación de energía eléctrica en suelo nacional”, explicó.
“A partir de ese entonces, 30 por ciento de la industria eléctrica que se consume en el país es comprada a empresas extranjeras; con ello, se viola el artículo 27 de la Constitución que establece con toda claridad que compete sólo a la nación la generación y distribución del fluido eléctrico”, puntualizó.
El dirigente de la izquierda mexicasna añadió que “los gobiernos neoliberales, tanto panistas como priistas, mantienen la práctica de otorgar concesiones a empresas multinacionales, sobre todo a firmas españolas, con el deliberado propósito de que la Comisión Federal de Electricidad les compre la energía eléctrica”, y puso énfasis en que la privatización de la industria eléctrica no es para resolver el problema del suministro del energético, sino porque van de por medio apoyos a los empresarios que intervienen en la entrega de concesiones a empresas extranjeras.
Por eso, reiteró, “hay que exigir una auditoria a la CFE, porque no es posible que se siga entregando concesiones a empresas extranjeras, si ya tenemos plantas para generar energía en los próximos 50 años”.
Como resultado de la silenciosa privatización de la industria eléctrica mexicana, López Obrador mencionó que “los mexicanos hemos tenido que pagar elevadísimas tarifas por el consumo de energía eléctrica. Nosotros pagamos más por la energía eléctrica que otros países del mundo, porque todo es un negocio. Los usurpadores no sólo aplican una política económica que empobrece al pueblo y enriquece a unos cuantos, sino que desde hace 25 años se han dedicado a entregar los recursos naturales y las riquezas de México a particulares” afirmó.
Durante su recorrido, López Obrador visitó los municipios de Temoac, Zacualpan de Amilpas y Tetela del Volcán, en Morelos, donde invitó a los morelenses a participar el próximo 18 de marzo en la congregación en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera. Sin embargo, mencionó que “si los legisladores del PAN y PRI y el presidente pelele presentan una iniciativa para privatizar la industria petrolera, convocará al mismo tiempo a los mexicanos a una resistencia civil pacífica, para evitar la entrega del petróleo”.
El presidente legítimo de México adelantó que la próxima semana va a informar sobre los dueños de los medios de comunicación que abrieron espacios para que explique a la ciudadanía sobre los riesgos que implica una eventual privatización del petróleo. Al respecto, sostuvo que tiene información de que “el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón Hinojosa, echará a andar una campaña en medios de comunicación, con la abierta intención de convencer a los mexicanos sobre los supuestos beneficios de la privatización de la industria petrolera”. Asimismo, comentó que Televisa utilizó una hora para difundir que la entrega del petróleo es benéfica para millones de mexicanos y, por lo tanto, el solicitó el mismo tiempo a la televisora para explicar los problemas que traerá la entrega del bien de la Nación.
Para finalizar, Andrés Manuel López Obrador indicó que este año se definirá una disyuntiva importante: si los mexicanos queremos un país o una colonia, ante la intención del gobierno usurpador de entregar la industria petrolera.
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LA POLÍTICA ALTERNATIVA DE SALUD
por Asa Cristina Laurell
(publicado en La Jornada el 7 de febrero de 2008)
Frecuentemente se presentan las políticas públicas como soluciones técnicas a problemas objetivos. La formulación de estas políticas sería entonces ciencia aplicada. Esta idea es la base para descalificar a las fuerzas políticas y sociales que no aceptan ciertos “consensos” o “políticas de Estado”. La falacia de este razonamiento es que las políticas públicas corresponden siempre a concepciones sobre cómo organizar la sociedad y a quiénes beneficiar. Pese al intento de hacer creer que no hay más ruta que la neoliberal, las políticas alternativas se aplican en el Distrito Federal desde 2000 con resultados sólidos.
Por ejemplo, la política de salud se fundamenta en el mandato constitucional del derecho a la salud de todos los mexicanos y a la ley que establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal, que fija la obligación del gobierno de la ciudad de garantizarla. Para concretar esta política se inició en julio de 2001 el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, que ofrece sin costo alguno acceso a todos los servicios prestados por la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SS-DF), incluyendo los medicamentos necesarios a la población sin seguridad social. El único requisito para inscribirse es ser residente del DF y no contar con IMSS o ISSSTE. Este programa defiere del Seguro Popular porque no cobra los servicios o una prima de seguro a nadie, no restringe los servicios a un paquete limitado y no acota el número de familias que se pueden inscribir anualmente.
El programa tuvo gran aceptación. En 2004 se habían inscrito 500 mil núcleos familiares de un estimado de 900 mil elegibles. A finales de 2006 los inscritos ya eran 854 mil, o sea, prácticamente todos contaban con este derecho. Con ello, el Distrito Federal se convirtió en la primera entidad federativa con cobertura universal de servicios públicos de salud, ya que entre los institutos de seguridad social y la SS-DF nadie se quedaba al margen de la atención médica.
El acceso a la atención médica a la salud se expresa en la mortalidad de los capitalinos. Bajó en todos los grupos de edad en el periodo 1997-2005: la infantil disminuyó 22 por ciento; la prescolar, 25 por ciento; la escolar, 2 por ciento; la de edad productiva, 11 por ciento, y la posproductiva, 8 por ciento. Cabe mencionar especialmente las muertes por VIH-sida, que bajaron 16 por ciento en el DF y que aumentaron en el resto del país.
El programa de gratuidad fue planeado para remover el obstáculo económico de acceso oportuno a los servicios requeridos. La razón de no atenderse por cuestiones de dinero fue la principal reportada por la población. Los datos confirman que logró su objetivo, en particular respecto de la atención más costosa. Las intervenciones quirúrgicas aumentaron 85 por ciento entre 2000 y 2006; los partos, 44 por ciento; el número de hospitalizados, 30 por ciento; las urgencias, 34 por ciento; los estudios de rayos X, 40 por ciento, y los de laboratorio aumentaron 25 por ciento. A finales de 2006, 75 por ciento o más de los servicios se prestaban de forma gratuita, mientras el 25 por ciento restante correspondía a pacientes foráneos con capacidad de pagar una cuota de recuperación. Adicionalmente, todas las urgencias graves se atienden de manera gratuita conforme el principio ético de no perder tiempo en trámites burocráticos cuando la acción inmediata hace la diferencia entre la recuperación, la muerte o la discapacidad.
El acceso gratuito a los servicios de salud crea mayor seguridad ante la adversidad. Pero significa también un ahorro que las familias pueden usar para satisfacer otras necesidades básicas. Una estimación muy conservadora es que este ahorro fue del orden de 3 mil 742 millones de pesos entre 2002 y 2006. La importancia de este hecho se aprecia si se toma en cuenta que las familias afiliadas al programa de gratuidad pertenecen principalmente a la población pobre.
Los avances del programa se debieron a varios factores. Se comenzó como una de las prioridades del gobierno de López Obrador y fue apoyado con un incremento presupuestal significativo desde el primer año; a finales de la administración se había incrementado 80 por ciento. Una parte importante de este dinero se canalizó al fortalecimiento y ampliación de la infraestructura de salud de la ciudad, entre otros, a la construcción de dos hospitales.
En México pocos cuestionan el derecho a la educación gratuita y de calidad. La gratuidad y la calidad de los servicios médicos también deben ser un derecho. La diferencia entre vida y muerte no puede ser el dinero
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Servicio informativo núm. 343
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Sumario:
I. Demanda López Obrador que se aplique una auditoría al director de la Comisión Federal de Electricidad por las concesiones otorgadas a empresas extranjeras.
II. La política alternativa de salud, por Asa Cristina Laurell
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DEMANDA LÓPEZ OBRADOR QUE SE APLIQUE UNA AUDITORÍA AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR LAS CONCESIONES OTORGADAS A EMPRESAS EXTRANJERAS
Al iniciar su recorrido semanal, esta vez por municipios de los estados de Morelos e Hidalgo, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó que se realice una auditoría a legisladores y servidores públicos que han hecho “jugosos negocios” con la entrega de concesiones a empresas extranjeras para generar energía eléctrica en el país, y que al mismo tiempo buscan la privatización del sector, que es un bien propiedad de la nación.
De manera particular, López Obrador solicitó que se aplique una auditoría al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, quien desde que asumió el cargo, hace 10 años, se ha convertido en el más tenaz promotor de la privatización de la industria eléctrica.
“Elías Ayub debe rendir cuentas sobre su situación patrimonial durante la década que lleva al frente de la CFE, porque ha hecho negocios al amparo de su encargo. En principio, durante la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo, se aprobó la creación de una ley secundaria, por encima de la Constitución, para permitir la entrega de concesiones y permisos a particulares para la instalación de plantas de generación de energía eléctrica en suelo nacional”, explicó.
“A partir de ese entonces, 30 por ciento de la industria eléctrica que se consume en el país es comprada a empresas extranjeras; con ello, se viola el artículo 27 de la Constitución que establece con toda claridad que compete sólo a la nación la generación y distribución del fluido eléctrico”, puntualizó.
El dirigente de la izquierda mexicasna añadió que “los gobiernos neoliberales, tanto panistas como priistas, mantienen la práctica de otorgar concesiones a empresas multinacionales, sobre todo a firmas españolas, con el deliberado propósito de que la Comisión Federal de Electricidad les compre la energía eléctrica”, y puso énfasis en que la privatización de la industria eléctrica no es para resolver el problema del suministro del energético, sino porque van de por medio apoyos a los empresarios que intervienen en la entrega de concesiones a empresas extranjeras.
Por eso, reiteró, “hay que exigir una auditoria a la CFE, porque no es posible que se siga entregando concesiones a empresas extranjeras, si ya tenemos plantas para generar energía en los próximos 50 años”.
Como resultado de la silenciosa privatización de la industria eléctrica mexicana, López Obrador mencionó que “los mexicanos hemos tenido que pagar elevadísimas tarifas por el consumo de energía eléctrica. Nosotros pagamos más por la energía eléctrica que otros países del mundo, porque todo es un negocio. Los usurpadores no sólo aplican una política económica que empobrece al pueblo y enriquece a unos cuantos, sino que desde hace 25 años se han dedicado a entregar los recursos naturales y las riquezas de México a particulares” afirmó.
Durante su recorrido, López Obrador visitó los municipios de Temoac, Zacualpan de Amilpas y Tetela del Volcán, en Morelos, donde invitó a los morelenses a participar el próximo 18 de marzo en la congregación en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera. Sin embargo, mencionó que “si los legisladores del PAN y PRI y el presidente pelele presentan una iniciativa para privatizar la industria petrolera, convocará al mismo tiempo a los mexicanos a una resistencia civil pacífica, para evitar la entrega del petróleo”.
El presidente legítimo de México adelantó que la próxima semana va a informar sobre los dueños de los medios de comunicación que abrieron espacios para que explique a la ciudadanía sobre los riesgos que implica una eventual privatización del petróleo. Al respecto, sostuvo que tiene información de que “el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón Hinojosa, echará a andar una campaña en medios de comunicación, con la abierta intención de convencer a los mexicanos sobre los supuestos beneficios de la privatización de la industria petrolera”. Asimismo, comentó que Televisa utilizó una hora para difundir que la entrega del petróleo es benéfica para millones de mexicanos y, por lo tanto, el solicitó el mismo tiempo a la televisora para explicar los problemas que traerá la entrega del bien de la Nación.
Para finalizar, Andrés Manuel López Obrador indicó que este año se definirá una disyuntiva importante: si los mexicanos queremos un país o una colonia, ante la intención del gobierno usurpador de entregar la industria petrolera.
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LA POLÍTICA ALTERNATIVA DE SALUD
por Asa Cristina Laurell
(publicado en La Jornada el 7 de febrero de 2008)
Frecuentemente se presentan las políticas públicas como soluciones técnicas a problemas objetivos. La formulación de estas políticas sería entonces ciencia aplicada. Esta idea es la base para descalificar a las fuerzas políticas y sociales que no aceptan ciertos “consensos” o “políticas de Estado”. La falacia de este razonamiento es que las políticas públicas corresponden siempre a concepciones sobre cómo organizar la sociedad y a quiénes beneficiar. Pese al intento de hacer creer que no hay más ruta que la neoliberal, las políticas alternativas se aplican en el Distrito Federal desde 2000 con resultados sólidos.
Por ejemplo, la política de salud se fundamenta en el mandato constitucional del derecho a la salud de todos los mexicanos y a la ley que establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal, que fija la obligación del gobierno de la ciudad de garantizarla. Para concretar esta política se inició en julio de 2001 el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, que ofrece sin costo alguno acceso a todos los servicios prestados por la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SS-DF), incluyendo los medicamentos necesarios a la población sin seguridad social. El único requisito para inscribirse es ser residente del DF y no contar con IMSS o ISSSTE. Este programa defiere del Seguro Popular porque no cobra los servicios o una prima de seguro a nadie, no restringe los servicios a un paquete limitado y no acota el número de familias que se pueden inscribir anualmente.
El programa tuvo gran aceptación. En 2004 se habían inscrito 500 mil núcleos familiares de un estimado de 900 mil elegibles. A finales de 2006 los inscritos ya eran 854 mil, o sea, prácticamente todos contaban con este derecho. Con ello, el Distrito Federal se convirtió en la primera entidad federativa con cobertura universal de servicios públicos de salud, ya que entre los institutos de seguridad social y la SS-DF nadie se quedaba al margen de la atención médica.
El acceso a la atención médica a la salud se expresa en la mortalidad de los capitalinos. Bajó en todos los grupos de edad en el periodo 1997-2005: la infantil disminuyó 22 por ciento; la prescolar, 25 por ciento; la escolar, 2 por ciento; la de edad productiva, 11 por ciento, y la posproductiva, 8 por ciento. Cabe mencionar especialmente las muertes por VIH-sida, que bajaron 16 por ciento en el DF y que aumentaron en el resto del país.
El programa de gratuidad fue planeado para remover el obstáculo económico de acceso oportuno a los servicios requeridos. La razón de no atenderse por cuestiones de dinero fue la principal reportada por la población. Los datos confirman que logró su objetivo, en particular respecto de la atención más costosa. Las intervenciones quirúrgicas aumentaron 85 por ciento entre 2000 y 2006; los partos, 44 por ciento; el número de hospitalizados, 30 por ciento; las urgencias, 34 por ciento; los estudios de rayos X, 40 por ciento, y los de laboratorio aumentaron 25 por ciento. A finales de 2006, 75 por ciento o más de los servicios se prestaban de forma gratuita, mientras el 25 por ciento restante correspondía a pacientes foráneos con capacidad de pagar una cuota de recuperación. Adicionalmente, todas las urgencias graves se atienden de manera gratuita conforme el principio ético de no perder tiempo en trámites burocráticos cuando la acción inmediata hace la diferencia entre la recuperación, la muerte o la discapacidad.
El acceso gratuito a los servicios de salud crea mayor seguridad ante la adversidad. Pero significa también un ahorro que las familias pueden usar para satisfacer otras necesidades básicas. Una estimación muy conservadora es que este ahorro fue del orden de 3 mil 742 millones de pesos entre 2002 y 2006. La importancia de este hecho se aprecia si se toma en cuenta que las familias afiliadas al programa de gratuidad pertenecen principalmente a la población pobre.
Los avances del programa se debieron a varios factores. Se comenzó como una de las prioridades del gobierno de López Obrador y fue apoyado con un incremento presupuestal significativo desde el primer año; a finales de la administración se había incrementado 80 por ciento. Una parte importante de este dinero se canalizó al fortalecimiento y ampliación de la infraestructura de salud de la ciudad, entre otros, a la construcción de dos hospitales.
En México pocos cuestionan el derecho a la educación gratuita y de calidad. La gratuidad y la calidad de los servicios médicos también deben ser un derecho. La diferencia entre vida y muerte no puede ser el dinero
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