Utopía
Pacto por la legalidad
Eduardo Ibarra Aguirre
El aniversario número 91 de la Constitución fue seleccionado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como la mejor ocasión, en sus 14 meses de gobierno, para presentar en la capital queretana la plausible propuesta de la suscripción de un pacto nacional por la legalidad y la seguridad.
Partidarismos políticos y prejuicios ideológicos aparte, es evidente que la iniciativa gubernamental intenta responder a un clamor para que los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, los actores políticos y sociales, los agentes económicos y financieros sumen voluntades para frenar el baño de sangre –y las abundantes víctimas mortales inocentes-- en que el narcotráfico introdujo al país, la abulia de la autodenominada pareja presidencial y antes la protección al cártel sexenal.
El economista michoacano formuló la propuesta enseguida de que Juan Camilo Mouriño Terrazo compartió una extraordinaria primicia que sólo los mexicanos de a pie, los que no disponen de escoltas particulares o públicos, no quieren ver:
"El crimen organizado se ha debilitado", porque se dañó su estructura y su presencia en plazas muy significativas, a grado tal que ha dejado de serlo, y hoy ya no están bajo su control".
Para el novel secretario de Gobernación los resultados "están a la vista, siendo la violencia, las guerras entre las mafias y las ejecuciones, síntomas claros de que el crimen organizado se ha debilitado". Al madrileño de nacimiento y gallego de origen poco o nada le importan los cientos de inocentes caídos al fragor de fuego delincuencial.
La visión triunfalista del hijo del próspero dueño del Grupo Energético del Sureste, se refrendó con la llamada telefónica a Los Pinos del prominente petrolero texano que despacha --con todo y descrédito y aislamiento-- desde la Casa Blanca, y "reconoció la labor del gobierno de México en la lucha contra el crimen organizado", aunque éste puntualmente sigue abasteciendo al anchísimo mundo de los adictos que no disminuyen con las políticas represivas de George Walter Bush.
En contrapartida, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, vino a México a advertir a los gobernantes lo que no quieren asumir: la milicia no debe intervenir en tareas policiacas, de seguridad pública. Y si lo hace, debe estar bajo estricto control civil. Louise Arbour se contrapuso, así, a uno de los proyectos estratégicos del Pentágono para Latinoamérica.
Pero el abogado de la Libre de Derecho sólo atinó a responder a la canadiense que la participación del Ejército es en plan subsidiario. Y que el respaldo militar "será cada vez más esporádico", siempre y cuando su convocatoria del Teatro de la República se haga realidad. Éste, por cierto, fue cerrado una semana antes a miles de visitantes "para que el señor presidente nos haga el honor de visitarnos", informaron a Utopía varios guías turísticos.
Si para festejar la ley de leyes se cierra un recinto histórico y el Estado Mayor Presidencial se apodera de espacios públicos, violentando derechos de terceros que sólo son registrados por la mediocracia –la que Joaquín López-Dóriga dice no conocer, Milenio Diario, 6-II-08, página 3--, cuando lo hacen los hombres y mujeres del mundo del trabajo y de la cultura, y se impide a los queretanos acercarse al recinto, entonces los siete discursos pronunciados allí son meros rituales.
La importante propuesta de Calderón Hinojosa tiene, en consecuencia, una debilidad de origen: el proponente. Porque gobierna --desde que fue designado presidente electo-- atropellando a la luz del día la legalidad en la que ahora se quiere envolver.
Pacto por la legalidad
Eduardo Ibarra Aguirre
El aniversario número 91 de la Constitución fue seleccionado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como la mejor ocasión, en sus 14 meses de gobierno, para presentar en la capital queretana la plausible propuesta de la suscripción de un pacto nacional por la legalidad y la seguridad.
Partidarismos políticos y prejuicios ideológicos aparte, es evidente que la iniciativa gubernamental intenta responder a un clamor para que los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, los actores políticos y sociales, los agentes económicos y financieros sumen voluntades para frenar el baño de sangre –y las abundantes víctimas mortales inocentes-- en que el narcotráfico introdujo al país, la abulia de la autodenominada pareja presidencial y antes la protección al cártel sexenal.
El economista michoacano formuló la propuesta enseguida de que Juan Camilo Mouriño Terrazo compartió una extraordinaria primicia que sólo los mexicanos de a pie, los que no disponen de escoltas particulares o públicos, no quieren ver:
"El crimen organizado se ha debilitado", porque se dañó su estructura y su presencia en plazas muy significativas, a grado tal que ha dejado de serlo, y hoy ya no están bajo su control".
Para el novel secretario de Gobernación los resultados "están a la vista, siendo la violencia, las guerras entre las mafias y las ejecuciones, síntomas claros de que el crimen organizado se ha debilitado". Al madrileño de nacimiento y gallego de origen poco o nada le importan los cientos de inocentes caídos al fragor de fuego delincuencial.
La visión triunfalista del hijo del próspero dueño del Grupo Energético del Sureste, se refrendó con la llamada telefónica a Los Pinos del prominente petrolero texano que despacha --con todo y descrédito y aislamiento-- desde la Casa Blanca, y "reconoció la labor del gobierno de México en la lucha contra el crimen organizado", aunque éste puntualmente sigue abasteciendo al anchísimo mundo de los adictos que no disminuyen con las políticas represivas de George Walter Bush.
En contrapartida, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, vino a México a advertir a los gobernantes lo que no quieren asumir: la milicia no debe intervenir en tareas policiacas, de seguridad pública. Y si lo hace, debe estar bajo estricto control civil. Louise Arbour se contrapuso, así, a uno de los proyectos estratégicos del Pentágono para Latinoamérica.
Pero el abogado de la Libre de Derecho sólo atinó a responder a la canadiense que la participación del Ejército es en plan subsidiario. Y que el respaldo militar "será cada vez más esporádico", siempre y cuando su convocatoria del Teatro de la República se haga realidad. Éste, por cierto, fue cerrado una semana antes a miles de visitantes "para que el señor presidente nos haga el honor de visitarnos", informaron a Utopía varios guías turísticos.
Si para festejar la ley de leyes se cierra un recinto histórico y el Estado Mayor Presidencial se apodera de espacios públicos, violentando derechos de terceros que sólo son registrados por la mediocracia –la que Joaquín López-Dóriga dice no conocer, Milenio Diario, 6-II-08, página 3--, cuando lo hacen los hombres y mujeres del mundo del trabajo y de la cultura, y se impide a los queretanos acercarse al recinto, entonces los siete discursos pronunciados allí son meros rituales.
La importante propuesta de Calderón Hinojosa tiene, en consecuencia, una debilidad de origen: el proponente. Porque gobierna --desde que fue designado presidente electo-- atropellando a la luz del día la legalidad en la que ahora se quiere envolver.
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