ISA Servicio informativo núm. 460

Ciudad de México, 28 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 460

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PREPARA ROSARIO IBARRA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY GESTAPO
Declaración de la senadora en conferencia de prensa, respecto a la Reforma Judicial

El 28 de mayo pasado, se hizo en el Senado la declaratoria de que la mayoría de los Congresos locales habrían aprobado ya la reforma en justicia penal, la llamada reforma judicial o más popularmente conocida como Ley Gestapo, y que por tanto ésta podría ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. Efectivamente, la semana pasada se publicó, completándose el proceso iniciado en diciembre pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó en primera instancia la mencionada reforma constitucional.

La aprobación y promulgación de esta reforma constituye un grave paso en el curso de vulnerar y limitar derechos para favorecer un régimen autoritario y policiaco. Es un paso que acompaña el proceso de militarización de la vida social, del incremento de presos políticos, del regreso a la práctica inhumana de la desaparición forzada de personas y de graves formas de tortura, así como de injustas condiciones carcelarias. Como parte de ese proceso de vulneración de derechos humanos, la reforma de justicia penal viene, como ya hemos dicho antes, a legalizar lo que antes era ilegal. Traducir en el terreno legal el curso autoritario y violatorio de derechos humanos que ocurre en la práctica.

La aprobación de esta reforma introduce un nuevo elemento a la crisis de representación política de las instituciones, incluido ahora el Poder Legislativo y ya no sólo el Ejecutivo con un presidente espurio. Nuevamente muestra la contradicción entre una mayoría legislativa autoritaria y el interés y la opinión de una mayoría popular expresada en la movilización en las calles que no es representada por los “representantes populares”. Se repite la contradicción entre mayoría legislativa y mayoría popular expresada antes en la reforma a la ley del ISSSTE y ahora en el intento de imponer la reforma energética.

En el caso de la reforma judicial se ha aprobado contra la opinión expresada también por muchos defensores de derechos humanos, de organismos de este tipo a nivel nacional e internacional, e incluso por las observaciones dirigidas a los grupos parlamentarios por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que seguramente aumentó el enojo gubernamental contra esta oficina de la que finalmente lograron a sacar a su representante en México.

Desde diciembre pasado una minoría legislativa, minoría pero con gran peso y sobre todo reflejando a una mayoría popular movilizada, votamos en contra de esta reforma. A principios de año la creciente opinión pública opuesta a la reforma obligó a que la mayoría legislativa tuviera que retirar uno de los aspectos más ominosos de la misma relativa a los allanamientos, pero sin lograr impedir que el resto de la reforma continuara el proceso de aprobación.

Especialmente desde el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) ubicamos a la lucha contra la reforma judicial, junto con la iniciativa de una ley de amnistía para presos y desaparecidos políticos, como los dos ejes principales de movilización para este año.

A pesar de todo lo anterior, la semana pasada se ha publicado y promulgado esta nefasta reforma que pretende elevar a nivel constitucional cambios que contradicen derechos y el espíritu mismo de la Constitución en cuanto a derechos humanos, civiles y políticos, especialmente en cuanto a lo que hasta ahora se han conocido como garantías individuales.

En este terreno destacan especialmente tres aspectos que dan la medida de la gravedad de lo aprobado:

1. Se constitucionaliza el arraigo, lo que contradice la declarada reivindicación del principio de presunción de inocencia. Por el contrario, al fortalecerse la práctica del arraigo se impone el criterio de que una persona es culpable o sospechosa y puede ser arraigada hasta que se demuestre su inocencia.

2. Se eleva a nivel constitucional una definición de delincuencia organizada que por su amplitud y laxitud se constituye en la base de la criminalización de la protesta y de la lucha social, así como de la solidaridad entre los que luchan en defensa de sus derechos.

3. Con esa definición de delincuencia organizada se crea un régimen especial, de excepción, tanto penitenciario como procesal, que permite prácticas de la época porfirista, como los traslados de detenidos o presos a lugares lejanos y diferentes, como los que ya vimos durante la represión en Oaxaca en los últimos dos años. Con la diferencia de que con esta reforma estas violaciones a derechos humanos y otras durante los procesos penales ya no podrán ser impugnadas como anticonstitucionales.

4. La constitucionalización de la orden de detención por parte del Ministerio Público sin contar con la orden de un juez.

Los autoritarios y violadores de derechos humanos en el poder, que están el poder incluso violando la ley y la voluntad popular, seguramente celebran la promulgación y publicación de la reforma en justicia penal como un triunfo definitivo.

Nosotros decimos que la lucha no ha terminado. Seguiremos oponiéndonos y peleando contra estas reformas y el régimen que las ha impuesto. Nuevamente nos encontramos frente a la contradicción entre una legalidad autoritaria y una legitimidad democrática.

Pero decimos que incluso todavía en el terreno legal hay una pelea que se puede dar. Escuchando los balances y preocupaciones expresadas por mis compañeros defensores de derechos humanos, por mis compañeros y compañeras del Comité Eureka! y la determinación de lucha del Frente Nacional Contra la Represión, así como la posición burlada de los legisladores que nos hemos opuestos a la reforma y al mismo tiempo estudiando y consultando la opinión jurídica de especialistas y asesores, me convenzo que todavía hay otro paso que dar en esta lucha.

Aunque se haya promulgado y publicado la reforma, es posible emprender una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Con todo y el desprestigio y desconfianza que ha generado la Corte y sus resoluciones ante otros reclamos de justicia, es un derecho que tenemos y debemos ejercer para no dejar un espacio de pelea.

Para interponer esta acción de inconstitucionalidad, que tendría la peculiaridad de denunciar no la contradicción de una ley secundaria con respecto a la Constitución, sino de una reforma constitucional aprobada por mayorías legislativas autoritarias contra el espíritu y el núcleo central del contenido de la Constitución aprobada en 1917 en cuanto a derechos de la ciudadanía que hoy conocemos como derechos humanos, se requiere el apoyo de por lo menos un tercio de legisladores de la Cámara de Diputados.

Para ejercer este derecho y evidenciar hasta sus últimas consecuencias la gravedad de la reforma aprobada es que hemos discutido y elaborado el texto para emprender la acción de inconstitucionalidad que ponemos a consideración de los legisladores a los que llamamos a suscribirlo y presentarlo ante la Suprema Corte, independientemente de las discusiones y posiciones que en el debate previo hubiéramos defendido, pero que hoy coincidamos en la necesidad de que se revise la inconstitucionalidad de la reforma en cuanto a la protección y vigencia de los derechos humanos.

Llamamos a las y los diputados federales de cualquier grupo parlamentario a escuchar los reclamos y protestas de defensores y organismos de derechos humanos, de la acción y movilización del Frente Nacional Contra la Represión, pero sobre todo al compromiso con esa necesaria protección y vigencia de los derechos humanos que estaba implícita en el compromiso de defender la Constitución que hoy se está adulterando con la reforma, pero que ustedes habían jurado respetar, a que se sumen a esta acción de inconstitucionalidad. Tenemos solamente un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la reforma, para que por lo menos un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados presenten esta acción de inconstitucionalidad. Con todo respeto pero con firmeza les pido que la suscriban. Muchos años defendiendo los derechos humanos en que nos hemos apoyado en postulados de la Constitución, están a punto de ser negados con esta reforma y les ha tocado, nos ha tocado, la responsabilidad histórica de hacer todo lo posible por impedirlo. Seguramente que sus electores, que los votantes que les eligieron y los que no votaron por ustedes pero que quieren ver su consecuencia democrática, están observando su conducta y exigiendo ser escuchados en éste y en otros temas cruciales estos días. Pero más allá de su responsabilidad ante los electores está también su responsabilidad consigo mismos y con una necesaria consecuencia democrática que incluye el respeto a los derechos humanos.

México, D. F. a 26 de junio de 2008.

ROSARIO IBARRA

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Urgente Hoy Jueves 6, Acciones Contra la Reforma Judicial‏

El próximo jueves 6 de marzo se votará definitivamente la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial.

Por lo mismo convocamos a todas los individuos y Organizaciones a sumarnos en una manifestación en repudio a la ejecución de dicha reforma, en el Senado de la República (Donceles 14, Centro Histórico), en punto de las 11:00 horas.

Asimismo, por la tarde a la MAGNA MANIFESTACIÓN contra las reformas energéticas, laboral y judicial, por la autonomía e independencia sindicales, por la restitución del poder adquisitivo de los salarios; saliendo del Monumento a la Revolución con destino a Zócalo en punto de las 16:00 horas.

Frente Nacional Contra la Represión

Urgente Jueves 6, Acciones Contra la Reforma Judicial‏

El próximo jueves 6 de marzo se votará definitivamente la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial.

Por lo mismo convocamos a todas los individuos y Organizaciones a sumarnos en una manifestación en repudio a la ejecución de dicha reforma, en el Senado de la República (Donceles 14, Centro Histórico), en punto de las 11:00 horas.

Asimismo, por la tarde a la MAGNA MANIFESTACIÓN contra las reformas energéticas, laboral y judicial, por la autonomía e independencia sindicales, por la restitución del poder adquisitivo de los salarios; saliendo del Monumento a la Revolución con destino a Zócalo en punto de las 16:00 horas.

Frente Nacional Contra la Represión

Informe: Ley del Issste y Reforma Judicial

INFORME SOBRE LEY DEL ISSSTE Y REFORMA JUDICIAL.

INFORMAREMOS CON MAYOR DETALLE EL PROXIMO DOMINGO A LAS 13:00 HRS. EN HEMICICLO ALAMEDA CENTRAL MEXICO D.F

LIC. ROMAN DIAZ VAZQUEZ

PLATAFORMA CONSTITUCIONALISTA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MÉXICO (PCM DE LA APIMAC)

Columna

Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha
28 de febrero de 2008


No a la Gestapo

Hace dos semanas apenas advertimos del México duro. Nos unimos así a un gigantesco coro colectivo. El de la inmensa mayoría de mexicanos de buena voluntad que en toda la geografía del país y desde los más diversos estratos sociales rechazamos la reforma judicial que la sabiduría popular rebautizó como Ley Gestapo.

Y apenas ayer nos despertamos con la buena nueva de que los señores diputados eliminaron del texto de la mentada reforma el párrafo maldito que autorizaba a las policías del país el allanamiento impune de nuestros domicilios particulares, con la misma brutalidad de siempre, pero ahora bajo el amparo de la Constitución. Un ajuste que no podemos dejar de reconocer y hasta aplaudir, pero que es un engañoso espejismo. Ojo: la reforma judicial de inminente aprobación sigue siendo un retroceso en las materias sustanciales de derechos humanos y garantías individuales. Y el hecho de que se haya eliminado la parte más grotesca y “espectacular” no la hace más sensata. Seguiremos sin tener un país más justo. Pero tendremos un país más duro.


Aun reconociendo que muchos legisladores obraron de buena fe en la rectificación, escuchando sensiblemente las voces de protesta, sería muy ingenuo ignorar que como bloques de partidos evaluaron los costos políticos y decidieron meter reversa. No es del todo exacto que digan ahora que la retracción se debe “a que la medida generó una gran polémica”. No. Lo que hubo es un rechazo unánime a un atropello tan evidente como abusivo. Lo único bueno es que, por ahora, se evitó. Lo malo es que en la reforma se quedan leyes que son verdaderos agravios: el rompimiento de la privacidad mediante el acceso total de autoridades a datos personales y bancarios de cualquiera a quien consideren sospechoso; la introducción de la figura del arraigo hasta por 80 días; la extensión de dominio y una serie de nuevas atribuciones y facultades extraordinarias al Ministerio Público y cuerpos policiacos. Un paquete explosivo dada la corrupción maloliente que caracteriza a nuestros órganos de justicia y las prácticas de barbarie de policías municipales, estatales y federales. En suma, un endurecimiento autoritario que no puede sino ser una señal inquietante para el país.


No obstante, hay que reconocer que es una reforma extraña y dispareja. Y por ello con avances notables: como la novedosa inclusión de juicios orales que facilitarán la impartición de una justicia más pronta y transparente; la implementación de los llamados jueces de control con facultades para revisar actos del Ministerio Público; el acceso a una defensoría de oficio de calidad y la incorporación de principios básicos como el derecho a guardar silencio.


Pero hemos dicho que esas zanahorias no compensan los garrotes para justificar la multimencionada guerra contra el crimen organizado. Y es que, precisamente en ese punto, la reforma parece indefinida con toda intención, evitando especificar qué es exactamente el crimen organizado, qué actos se inscriben en él, quiénes son los enemigos del Estado, y cuándo y cómo atentarían contra la seguridad nacional. En un país donde todavía hay decenas de presos políticos estas preocupaciones están lejos de la paranoia y se inscriben en un realismo marcado por décadas de guerra sucia, corrupción y abusos de la fuerza pública y los aparatos de justicia de gobiernos de todo signo.






Y todavía hay quienes en el Congreso y en el PAN lamentan rabiosamente que —por conveniencia político-electoral— se haya corregido la aberración de los cateos domiciliarios indiscriminados. Si por ellos fuera, la reforma tendría que ser todavía más severa. Sobre todo con los de abajo que a veces se alebrestan como en los tiempos de las tiendas de raya y a los que hay que someter, para que aprendan.


Tengo la impresión de que —como en las plazas públicas— en las cúpulas del poder hay palomas. Pero también halcones. Éstos creen que después del trauma de 2006 lo que hace falta es un gobierno cada vez más fuerte. Pero equivocan el método y los términos. En estos tiempos la fortaleza debe provenir del diálogo, la tolerancia y la inclusión.


Lo otro es una rudeza innecesaria y perversa, con el riesgo adicional de que puede revertirse en cualquier momento.


ddn_rocha@hotmail.com

ISA Servicio informativo núm. 363

Ciudad de México, 27 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 363


Sumario:


I. El servicio de noticias ISA se solidariza con El Sendero del Peje y con Víctor Hernández


II. La reforma judicial debe ser desechada y la sociedad debe mantener su movilización y su firme oposición a la misma: José Antonio Almazán


III. Cita el Frente Nacional Contra la Represión a concentración de protesta contra la reforma judicial, mañana frente al Senado


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Nuestra palabra:

EL SERVICIO DE NOTICIAS ISA SE SOLIDARIZA CON EL SENDERO DEL PEJE Y CON VÍCTOR HERNÁNDEZ


El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Francisco Santos Arreola (quien durante los años noventa y hasta cerca del 2005 fuese miembro del derechista Partido Acción Nacional), acompañado del también diputado perredista Antonio Ortega Martínez (hermano del dirigente principal de la corriente Nueva Izquierda del PRD y candidato a la presidencia nacional de este partido, Jesús Ortega Martínez) presentó hoy una denuncia penal en contra de Víctor Hernández, fundador y principal promotor del blog El Sendero del Peje.


Dentro de esta denuncia penal, se esconde un nuevo ataque a la libertad de expresión, un ataque en particular a los medios de comunicación alternativa que mantienen su independencia en su labor informativa y se esconde también una nueva reacción de quienes desearían que el cerco informativo tendido hacia el movimiento lopezobradorista no fuera burlado por nadie.


El Sendero del Peje representa, sin duda, el medio informativo que con más éxito ha logrado romper ese cerco informativo, manteniendo informados a cientos de miles sobre lo que realmente pasa en México. Su número de lectores supera por mucho a medios de información, tradicionales o alternativos. La sapiencia de quienes le dan vida y el libre despliegue de su información por internet lo han hecho prácticamente intocable. No depende de nadie para actuar ni le debe nada a nadie para poder hacerlo. Su compromiso, reiteradamente explicitado, es con el movimiento social mexicano de resistencia civil pacífica en contra del gobierno usurpador y en contra de las elites económicas y políticas que mal gobiernan a México. También explícitamente, El Sendero del Peje ha expresado no tener compromiso con partido político alguno, ni siquiera con el partido de El Peje, Andrés Manuel López Obrador.


Lo escribimos en ocasión del tercer aniversario de este peculiar y ya famoso blog: “La fuerza de El Sendero del Peje radica en su carácter ciudadano, lo que lo ha hecho mal visto para los políticos profesionales; El Sendero del Peje es representante de ese ciudadano que hace política, pero que no convierte a la misma en su modus vivendi; de ese ciudadano que asume que lo político, lo público, no es materia de un oficio de pocos sino responsabilidad de todos y que, por lo mismo, lo primero que hay que hacer es quitarle a los llamados políticos el monopolio del quehacer político”.


El ataque a El Sendero del Peje no se da casualmente; su contexto es muy preciso. En el terreno nacional, se acerca el momento de las grandes definiciones, cuando la afrenta de la privatización del petróleo empieza a encontrar del otro lado a ciudadanos organizados y decididos a impedir tales planes del mal gobierno. En el terreno de la izquierda, sectores de esta corriente política que se han mantenido dentro del PRD se preparan a dar la batalla definitiva para tratar de rescatar ese organismo político e intentar que pueda ser una herramienta de lucha en manos del movimiento social y no botín repleto de beneficios personales para políticos mercenarios.


Es entonces cuando los ataques a los medios de comunicación ciudadanos aparecen y las corrientes afines al gobierno calderonista dentro del perredismo encuentran ocasión propicia para tratar de destruir a El sendero del Peje. Ilusos, ingenuos, no lo lograrán. Lo repetimos: ¡NO LO LOGRARÁN! No sólo por la sapiencia de los senderopejistas que sabrán defenderse de tales ataques, sino porque en su defensa y solidaridad se expresarán muchas voces.


Los del servicio de noticias ISA nos sumamos a esas voces.


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LA REFORMA JUDICIAL DEBE SER DESECHADA Y LA SOCIEDAD DEBE MANTENER SU MOVILIZACIÓN Y SU FIRME OPOSICIÓN A LA MISMA: JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN


La siguiente declaración fue dada a conocer hoy por el diputado federal José Antonio Almazán González, quien representa al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y es miembro de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD)


Violentando el proceso de reforma constitucional establecido en el artículo 72 inciso E de la Constitución Política y con hipócritas consideraciones de “mostrarse sensibles al reclamo popular”, los promotores de la reforma judicial tuvieron que recular en uno de los aspectos más controvertidos y más violatorio de los derechos humanos y las garantías individuales: la inviolabilidad del domicilio.


Es necesario precisar, con todo detalle, el sentido de la votación realizada el día de ayer para evidenciar las contradicciones, absurdos y la turbiedad con que se mueven, tanto el PRI como el PAN, con el fin de imponer su engendro de reforma judicial. El día de ayer no se votó la reforma judicial en lo general; se discutieron las observaciones enviadas por el Senado al proyecto de dicha reforma enviado por esta Cámara de Diputados, aprobada el 12 de diciembre del año pasado, y, en un hecho insólito y fuera del procedimiento constitucional, se votó otra cosa, es decir: eliminar las reformas hechas tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado al párrafo 11 del artículo 16 constitucional. Este procedimiento está señalado, con toda precisión, en el inciso E del artículo 72 constitucional que a la letra dice “E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados”.


Es decir, la Cámara de Diputados sólo podía aceptar o rechazar los dos párrafos enviados por la Cámara de Senadores: 1.- la supresión del párrafo décimo del artículo 16 que otorga facultades al Procurador General de la República para tener acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado o confidencial, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.”, 2.- la modificación del nuevo párrafo duodécimo del artículo 16, que aprobó la Cámara de Diputados el 12 de diciembre, que faculta a la policía para ingresar sin orden judicial a un domicilio, modificando en dicho párrafo las palabras “información o conocimiento de”.


El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría de dos tercios, la supresión del párrafo décimo del artículo 16, tal y como lo envió la Cámara revisora del Senado; pero en el caso de la modificación enviada por el Senado para el nuevo párrafo duodécimo, en lugar de aceptar o rechazar dicha modificación, aprobó la supresión de dicha modificación, violentando con ello el proceso de Iniciativas y formación de Leyes.


De tal forma que, para restablecer el procedimiento constitucional y reconociendo que la votación de la Cámara de Diputados violentó este procedimiento, la Cámara de Senadores puede: a) dejar en suspenso todo el artículo 16, b) si insiste en su modificación al párrafo duodécimo “…todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones y c) “…a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.


Existe una obvia explicación política de todo este embrollo parlamentario. El profundo descontento que ha desatado entre la población el intento del gobierno espurio de establecer un estado policiaco y violatorio de los más elementales derechos humanos y garantías individuales. Este descontento se ha expresado en múltiples movilizaciones y críticas emitidas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destaca el Frente Nacional Contra la Represión, José Luis Soberanes (presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), organizaciones sindicales y campesinas, numerosos intelectuales y artistas e incluso el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.


Ante esta andanada de reclamos, y teniendo tan cerca el año electoral de 2009, la mayoría priista y panista tuvo que realizar una maniobra de último momento, retirando uno de los aspectos más impopulares de dicha reforma, pero dejando intactos aspectos tan abominables como la inclusión de figuras como el arraigo domiciliario, las facultades extraordinarias al Ministerio Público y la ambigua definición de “delincuencia organizada”.


En mi carácter de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados y por elemental congruencia con mi compromiso con los movimientos sociales y vocación democrática, mantengo mi firme rechazo al conjunto de este engendro de “reforma judicial” y hago un llamado a todos los senadores, comprometidos con estas mismas causas, para que utilicen todos los recursos a su alcance a fin de desechar esta iniciativa y a la sociedad para que mantenga su movilización y su firme oposición.


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CITA EL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN A CONCENTRACIÓN DE PROTESTA CONTRA LA REFORMA JUDICIAL, MAÑANA FRENTE AL SENADO


Mañana jueves 28 de febrero, en el Senado de la República, en la calle de Xicotencatl 9, en el Centro Histórico (a media cuadra del metro Allende), en punto de las 9:00 horas, ha citado el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) a fin de que se exprese con la mayor energía posible el rechazo ciudadano a la reforma judicial que los partidos de derecha PRI y PAN pretenden aprobar.


Después de la aprobación que dicho proyecto legislativo recibió el día de ayer en la Cámara de Diputados, el FNCR ha insistido en que la “rasurada” del proyecto original que llevó a retirar la pretensión de legalizar el allanamiento de morada sin orden de cateo es del todo insuficiente y que se requiere rechazar en su conjunto dicha iniciativa de ley.


Cabe recordar que, entre otros aspectos, el FNCR ha señalado que la también conocida como Ley Gestapo incorpora a la Carta Magna la figura de arraigo, que ha sido definida como una forma arbitraria de detención preventiva por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.


Asimismo, se argumenta en la Ley Gestapo que el propósito es combatir al “crimen organizado”; sin embargo, este concepto se mantiene en la más absoluta ambigüedad. Basta con que tres o más personas se pongan de acuerdo para presionar a algún funcionario o institución, con la intención legítima de resolver reivindicaciones de carácter social, para que eso se tipifique comoe “delincuencia organizada”. Como dice Amnistía Internacional, esto va más allá de la Convención de Palermo e implica un proceso judicial con garantías limitadas, una contravención al principio universal del Debido Proceso.


En resumen, el FNCR considera que en la práctica, esta contrarreforma constitucional echa abajo derechos históricos del pueblo mexicano, de ahí su llamado a que la ciudadanía se pronuncie mañana frente al Senado en contra de su aprobación.


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Dan marcha atrás a cateos sin orden judicial

Ricardo Gómez y Andrea Merlos
El Universal
Ciudad de México
Martes 26 de febrero de 2008

11:08 Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que retirarán de la reforma Judicial, que se prevé hoy discutir y votar en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que las policías puedan entrar a un domicilio sin orden judicial.

César Camacho (PRI), presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, confirmó que en la sesión de este martes, propondrán al pleno suprimir el párrafo que permite a las policías ingresar sin orden del juez.

Hecho esto, explicó, el dictamen irá al Senado para que esa cámara ratifique o deseche el cambio, y de ahí, en el primer caso, vaya a los congresos estatales para su ratificación.

Camacho informó –a unos minutos de que inicie la sesión del pleno- que buscan el consenso en este tema, y fueron sensibles al escuchar la advertencia de varias organizaciones de la posibilidad de violar derechos humanos.

Incluso, dijo, diputados de su partido se manifestaron en contra de esa medida, la cual será retirada del dictamen.

Dan marcha atrás a cateos sin orden judicial

Ricardo Gómez y Andrea Merlos
El Universal
Ciudad de México
Martes 26 de febrero de 2008

11:08 Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que retirarán de la reforma Judicial, que se prevé hoy discutir y votar en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que las policías puedan entrar a un domicilio sin orden judicial.

César Camacho (PRI), presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, confirmó que en la sesión de este martes, propondrán al pleno suprimir el párrafo que permite a las policías ingresar sin orden del juez.

Hecho esto, explicó, el dictamen irá al Senado para que esa cámara ratifique o deseche el cambio, y de ahí, en el primer caso, vaya a los congresos estatales para su ratificación.

Camacho informó –a unos minutos de que inicie la sesión del pleno- que buscan el consenso en este tema, y fueron sensibles al escuchar la advertencia de varias organizaciones de la posibilidad de violar derechos humanos.

Incluso, dijo, diputados de su partido se manifestaron en contra de esa medida, la cual será retirada del dictamen.

Urgente - Contra la Reforma Judicial, martes 26 de febrero‏

México D.F., 23 de febrero de 2008
Al Pueblo de México
A Las Organizaciones Sociales
A los Sindicatos

Hacemos un llamado urgente para integrarse a las actividades que desarrollaremos el próximo martes 26 en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la finalidad de fijar la posición del FNCR y de un amplio sector de la sociedad mexicana ante la muy posible aprobación de la iniciativa de reforma en materia judicial.

Allí, el Frente Nacional Contra la Represión expresará su decisión de iniciar una etapa de lucha en todos los espacios necesarios para echar abajo estas reformas que expondrían de manera peligrosa al abuso policiaco a todo el pueblo de México.

Las siguientes son las acciones que realizaremos y a las cuáles hacemos una invitación amplia a participar:

Hora Acciones

8:30 Ya que por lo general a partir de las 9:00 horas los legisladores sostienen reuniones plenarias con sus respectivos grupos parlamentarios, y allí fijan sus posiciones ante la agenda legislativa del día, convocamos a expresarnos en los accesos de San Lázaro con materiales visuales que expresen nuestro rechazo a la reforma judicial, y nuestras exigencias a los legisladores.

Simultáneamente se desarrollarán acciones de propagandización, las cuáles tendrán por objetivo informar a la gente sobre lo que ese día decidirán los legisladores, repartiendo volantes, el cómic de El Fisgón, y con mantas en esquinas y cruceros.

Para desarrollar lo anterior hacemos un llamado a todas las personas para que impriman sus propios materiales, lleven volantes, y hagan sus mantas y pancartas, para lo cual compartimos algunos materiales y frases, a la vez de pedirles su creatividad (Ver Anexo1)

12:00 Acto político - cultural en la entrada principal al palacio de San Lázaro.


Además hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas a lo largo y ancho del país, así como a los frentes estatales contra la represión, a que se pronuncien de las maneras que consideren convenientes en torno a este tema.

Atentamente,
Comisión de Difusión, Prensa y Propaganda


Anexo 1

Las siguientes son frases que consideramos oportunas para imprimir en pancartas, mantas y volantes, además enviamos en archivos adjuntos el logotipo del FNCR, y un cartel de Mujeres sin Miedo.
1. ¿Confías en la policía, la quieres adentro de tu casa? No a la Reforma Judicial
2. ¿Confías en el criterio de autoridades que solapan la pederastia? No a la Reforma Judicial
3. ¿El poder judicial mexicano es confiable? Ya no te respaldará ni la Constitución No a la Reforma Judicial
4. ¿Va a desaparecer la corrupción con una ley que instiga la impunidad de las autoridades corruptas? No a la Reforma Judicial
5. El narcotráfico y las autoridades están coludidos, la ley se aplicará a discreción del poder ¿tienes el poder para defenderte de la impunidad? No a la Ley Judicial
6. La impunidad será legal No a la Reforma judicial
7. Menos garantías para los ciudadanos, más poder para la policía. No a la ley judicial
8. Los gorilas salen a las calles, van a entrar a tu casa ¿te sientes más seguro? No a la Ley Judicial
9. Tus cuentas bancarias van a ser botín de las "autoridades" No a la Reforma Judicial
10. Tus teléfonos van a estar intervenidos, ¿estás dispuesto a la extorsión de autoridades corruptas? No a la Reforma Judicial
11. Hasta Soberanes está en contra de esta reforma. No a la Ley Judicial
12. Si aprueban la Reforma Penal vamos directo a una sociedad cavernaria No a la Ley Judicial
13. La violencia institucionalizada, el asalto a los hogares, la confiscación de tu bienes ¿así quieres vivir? No a la Ley Judicial
14. La reunión de tres amigos puede convertirlos en criminales bajo esta ley. No a la Reforma Penal
15. Reforma penal/ Ley judicial/ Ley Penal todas estos nombres describen la infamia de quien no sabe gobernar y requiere de la violencia para mantenerse
Para los diputados:
16. El fuero no dura eternamente, todas las acciones tienen su merecido ¿están seguros de no arrepentirse de ésta? No a la Reforma Judicial
17. Señores Diputados ¿Usted confiaría a su familia con un policía? El Fuero no es eterno, No a la Reforma Judicial
18. ¿Alguien a escuchado hablar sobre el abuso policial? No a la Reforma Judicial

ISA Servicio informativo núm. 354

Ciudad de México, 18 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 354



Sumario:



I. No a la reforma judicial, sí a una ley de amnistía general: Declaración del Frente Nacional Contra la Represión


II. Convocatoria a la Marcha Contra la Reforma Judicial y por la Ley de Amnistía


III. El engaño de la reforma judicial, por Bernardo Bátiz

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NO A LA REFORMA JUDICIAL, SÍ A UNA LEY DE AMNISTÍA GENERAL. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS


AL PUEBLO DE MÉXICO:


Es de conocimiento público que las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados han tomado ya el acuerdo de aprobar en los próximos días la llamada reforma judicial, que significará la modificación, en materia de justicia penal, de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del texto constitucional.


A pesar de que diversos sectores sociales han elevado sus voces de preocupación sobre las gravísimas implicaciones de esta reforma, una vez más, el grupo gobernante, a través del Congreso federal, muestra oídos sordos, y sin un mínimo de consulta a la población, parece encaminado a una nueva imposición legislativa de espaldas a la sociedad.


En respuesta a la inminente imposición, las organizaciones y ciudadanos miembros del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) manifestamos que la pretendida reforma:


1. Incorpora a la Carta Magna la figura de arraigo, que ha sido definida como una forma arbitraria de detención preventiva por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.


Se argumenta que el propósito es combatir al “crimen organizado”; sin embargo, este concepto se mantiene en la más absoluta ambigüedad. Basta con que tres o más personas se pongan de acuerdo para presionar a algún funcionario o institución, con la intención legítima de resolver reivindicaciones de carácter social, para que eso se tipifique de “delincuencia organizada”. Como dice Amnistía Internacional, esto va más allá de la Convención de Palermo e implica un proceso judicial con garantías limitadas, una contravención al principio universal del Debido Proceso.


2. Más grave aún, se contempla la permisión del allanamiento de morada por parte de los agentes policíacos, respecto a lo cual Amnistía Internacional dice:


La propuesta de que los policías puedan ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando está en juego la vida o la integridad de las personas o en caso de flagrancia, genera serias preocupaciones. El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por Amnistía Internacional, advirtiéndose en no pocas ocasiones que la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el juez mediante el uso de evidencias fabricadas para justificar la actuación de los agentes policiales. La nueva facultad no se muestra en la dirección de eliminar tales abusos, ni tampoco incluye disposiciones que coincidan con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.


3. En la práctica, esta contrarreforma constitucional echa abajo derechos históricos del pueblo mexicano, lo cual viola flagrantemente el Artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala:


Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.


El Estado mexicano se ha declarado respetuoso del orden jurídico internacional y, en particular, de la normatividad relativa a los derechos humanos, por lo que para ser congruente con ello tendría que retirar en lo inmediato la propuesta de reforma judicial.


4. Para el FNCR, la aprobación de la llamada reforma judicial representaría la culminación de una serie de cambios al marco jurídico orientados a fortalecer las funciones e instituciones represivas del neoliberalismo, para garantizar el control autoritario sobre los trabajadores, la ciudadanía organizada y la sociedad civil. Se busca legalizar lo que ya ahora se practica, pero es ilegal. Se pretende legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales, en concordancia con la agenda de seguridad impuesta por Estados Unidos al gobierno de nuestro país.


Por todo lo anterior, el Frente Nacional Contra la Represión:


Expresa su rechazo a la aprobación de la reforma judicial y exige al Congreso federal la deseche por regresiva y violatoria de los derechos humanos y de nuestras garantías individuales y colectivas.


Hace un llamado al pueblo, a los ciudadanos y a las organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas y civiles a estar alertas, a movilizarnos de manera unitaria para impedir la aprobación de la reforma judicial y de todas las contrarreformas neoliberales que lesionarán de manera grave los derechos de todos los mexicanos.


Llamamos a participar de manera masiva en la MARCHA CONTRA LA REFORMA JUDICIAL Y POR UNA LEY DE AMNISTÍA GENERAL que haga posible la libertad de todos los presos políticos y la presentación con vida de todos los desaparecidos.


TODOS A LA MARCHA EL MARTES 19 DE FEBRERO, A LAS 4 DE LA TARDE, DEL HEMICICLO A JUÁREZ AL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.


FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN


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MARCHA CONTRA LA REFORMA JUDICIAL Y POR LA LEY DE AMNISTÍA: FNCR


Al Pueblo de México
A los Sindicatos
A las Todas las Organizaciones Políticas y Sociales


Actualmente la agenda del Frente Nacional Contra la Represión posiciona dos temas esenciales y urgentes, dada su magnitud en la vida nacional.


Primero, consideramos que la propuesta de iniciativa de reforma en materia judicial es un retroceso en materia de derechos humanos, pues legitimaría y facilitaría prácticas que a lo largo de la historia se han demostrado como de lesa humanidad, además de enfocarse en criminalizar la movilización y la lucha social.


Por otro lado, en México se estiman más de 600 presos políticos y de conciencia, y a lo largo de cuatro décadas un número desconocido de desaparecidos.


En virtud de lo anteriormente expuesto, hacemos una invitación amplia para sumarse a la Marcha Contra la Reforma Judicial y por la Ley de Amnistía, que tendrá lugar el próximo martes 19 de febrero a las 16:00 horas, partiendo del Hemiciclo a Juárez con destino al Palacio Legislativo.


Asimismo a desarrollar a partir de esa fecha acciones paralelas en las ciudades del interior del país, proponemos las siguientes:


• Volanteo
• Mítines, marchas y plantones
• Reenviar correos con las informaciones que les hemos hecho llegar
• Mandar cartas y denunciar en todos los medios de información
• Crear propaganda y reproducir la que estaremos enviando
• Desarrollar todas las formas creativas de resistencia


Consideramos que la magnitud de la marcha y todas las iniciativas de movilización serán de gran impacto para el voto de los legisladores; por ello hacemos un LLAMADO URGENTE Y ABIERTO PARA ADOPTAR ESTA CAUSA.


Atentamente,

Frente Nacional Contra la Represión (FNCR)


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EL ENGAÑO DE LA REFORMA JUDICIAL
por Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 18 de febrero de 12008)





No los diputados, sino los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN en la Cámara, anuncian que en unos días concluirán la primera etapa de la reforma constitucional en materia penal, que se ha presentado al público consumidor como “la reforma judicial”. Si lo hacen, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.





Pero vamos por partes. Tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellan la forma y el fondo al pretender imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos toman la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.





Pero allá ellos. Lo más importante es el atropello a los derechos humanos con reformas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.





Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policiacos y a la violación de derechos humanos elementales. Pero hay todavía algo más: la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.





Por ejemplo, se dice que lo que se pretende es instaurar en México un proceso penal en el que la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez sean sus “nuevas” características; pero resulta que nuestros juicios penales ya son orales: hay audiencias, careos y otras diligencias, las más importantes del juicio, que ya tienen esa característica; ya son transparentes y públicas, salvo excepciones razonables; hay la obligación de los jueces de estar presentes en todas las diligencias de los juicios, que es lo que significa inmediatez, y ya tienen nuestros procesos el carácter controversial desde 1917, puesto que los jueces de instrucción que en el siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del acusado. Esto es, desde 1917 nuestro proceso penal es acusatorio y controversial.





Todo esto tiene, sin embargo, un sentido: es sólo una cortina de humo para introducir detrás de ella, en nuestra Constitución, francas y abiertas restricciones a los derechos humanos garantizados en el capítulo primero de la misma, dando marcha atrás en garantías fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual.


Las reformas serán, so pretexto del combate a la delincuencia organizada y la pretendida modernización de nuestro tribunales (léase imitación de programas estadunidenses de La ley y el orden), un paso firme hacia un Estado policiaco y represor.





¿Qué está en el fondo? En el fondo está dar más facultades a las policías, restárselas a las procuradurías para convertir a éstas y a sus agentes en simples litigantes acusadores en los procesos y dejar la investigación en manos de la policía, la que se ha planeado desde el sexenio pasado como centralizada y controlada desde el Ejecutivo federal, autorizada para actuar con manos libres en la persecución de quienes los mismos policías definan como criminales.





Me parece que el busilis de la reforma, el punto más grave, que amarra las otras violaciones a las garantías individuales, está en lo que se pretende hacer con el artículo 21 constitucional.





En la redacción elegante y precisa del actual artículo 21 se dice que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en la propuesta a debate, se modifica este párrafo para quedar de la siguiente manera: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. Así, sin matizar, ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales, o cualquier otra que por ahí aparezca, con el agravante de que, de paso, se cuela, sin aparecer en texto alguno, que los militares con los que mayoritariamente se formó la Policía Federal Preventiva serán también investigadores y perseguidores de delito.





Ciertamente, ya se cometen atropellos; reiteradamente sabemos de allanamientos violentos, de verdaderas tomas de pueblos y rancherías, de disparos y de muertes en los retenes de calles y carreteras, y ya nos estamos acostumbrado a que los policías humillen y vejen, obligándolos a arrodillarse o a tenderse en el suelo, a todos los que detienen, sean culpables o no, sospechosos o simples viandantes; ya hay cateos sin orden judicial, arraigos injustificados y detenciones arbitrarias, pero lo que se pretende ahora es que todo eso tenga un sustento constitucional y nada menos, oh ironía, nada menos que en el capítulo de garantías individuales.





Es cierto que en la reforma se agrega un matiz que en apariencia la salva, que las policías estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero a éste, para tenerlo bien controlado, simultáneamente se le restringen derechos laborales en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución, que va en el paquete; quisiera ver a un agente del Ministerio Público de un pueblo, o de cualquier lugar, dando órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías del AFI o a los que García Ramírez ha llamado los “supercomandantes”.





Con la reforma al 21 se ponen en el primer párrafo, en igualdad de responsabilidades, a la institución investigadora, el Ministerio Público, con las policías, y esto es abrir la caja de Pandora de las arbitrariedades y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura, que con estas reformas recibirá el banderazo de salida. Las leyes secundarias se encargarán de los detalles.





No hay duda de que esta reforma es un retroceso, es tan grave como la del ISSSTE o la de los energéticos, porque será el instrumento que puede usarse para reprimir movimientos sociales. Ciertamente, la gente, el pueblo, ante crímenes y delitos reales y también ante la propaganda para meter miedo, exige seguridad y ésta debe prestarse por parte del Estado, pero no al precio de la libertad.





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Invitación Marcha Contra la Reforma Judicial y por la Ley de Amnistía 19 de febrero‏

Comisión de Difusión, Prensa y Propaganda
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México D.F., a 14 de febrero de 2008



Al Pueblo de México

A los Sindicatos

A las Todas las Organizaciones Políticas y Sociales



Actualmente la agenda del Frente Nacional Contra la Represión posiciona dos temas esenciales y urgentes, dada su magnitud en la vida nacional.



Primero, consideramos que la propuesta de iniciativa de reforma en materia judicial es un retroceso en materia de derechos humanos, pues legitimaría y facilitaría prácticas que ha lo largo de la historia se han demostrado como de lesa humanidad, además de enfocarse en criminalizar la movilización y la lucha social.



Por otro lado, en México se estiman más de 600 presos políticos y de consciencia, y a lo largo de cuatro décadas un número desconocido de desaparecidos.



En virtud de lo anteriormente expuesto hacemos una invitación amplia para sumarse a la Marcha Contra la Reforma Judicial y por la Ley de Amnistía, que tendrá lugar el próximo martes 19 de febrero a las 16:00 horas, partiendo del Hemiciclo a Juárez con destino al Palacio Legislativo.



Asimismo a desarrollar a partir de esa fecha acciones paralelas en las ciudades del interior del país, proponemos las siguientes:



· Volanteo

· Mítines, marchas y plantones

· Reenviar correos con las informaciones que les hemos hecho llegar

· Mandar cartas y denunciar en todos los medios de información

· Crear propaganda y reproducir la que estaremos enviando

· Desarrollar todas las formas creativas de resistencia



Consideramos que la magnitud de la marcha y todas las iniciativas de movilización serán de gran impacto para el voto de los legisladores, por ello hacemos un LLAMADO URGENTE Y ABIERTO PARA ADOPTAR ESTA CAUSA.



Para su impresión y propagación desmedida, enviamos cartel en archivo adjunto.



Atentamente,

Frente Nacional contra la Represión

SUPER TOCADA MUSICAL en RECHAZO a la LEY JUDICIAL (TLALPAN)‏

Participa ahora!

¡No te lamentes después!

SUPER TOCADA MUSICAL en RECHAZO a la LEY JUDICIAL que anula tus garantias individuales y atenta contra derechos humanos y libertades democráticas, sobretodo, criminaliza la protesta social.

Los jóvenes deben informarse sobre este tema ya si se aprueba ellos serían los más afectados al poder ser acusados de asociación delictuosa si los ven en bola...ser
detenidos, incomunicados y arraigados por 40 días...etc. etc.con esa ley cualquier policía podrá entra a nuestras casas, etc

¡Participa, informate, baila y resiste!

No permitamos que esa reforma del PRI Y PAN pase!!

La cita es en la explanada de Tlalpan Centro, de las 12:00 a 8 p.m. el dia sábado 16 de febrero

ENTRADA LIBRE

Nos honraran con su presencia la Senadora Rosario Ibarra de Piedra, el General
Francisco Gallardo, el reconocido periodista Jaime Aviles,el diputado Federal Lic.Jose Antonio
Almazan, la diputada Federal Lic. Iliana Garcia, el diputado Federal Lic. Felipe
Canseco.

En las bandas tendremos a:

"Bele-Bele"
"Yo i Yo"
"Pimiento Pastel"
"Chamomile"
"Bolillo"

Tambien disfrutaremos canciones de arpa, hasta tendremos el gusto de escuchar al nieto
de la senadora Rosario Ibarra tocando la gaíta y toda una gran tardeada informativa
musical en rechazo a la aberrante Ley Judicial.

¡No puedes faltar!

Reforma judicial pasará con todo y cateos: Gamboa

De la Jornada


Reforma judicial pasará con todo y cateos: Gamboa
El PRD se opone por considerar que, al permitir allanamientos sin autorización de un juez, viola las garantías individuales.

Roberto Garduño y Enrique Méndez
Publicado: 12/02/2008 19:24

México, DF. La minuta de reforma judicial será aprobada, sin cambios, el próximo jueves 21 de febrero por las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y Partido Verde, toda vez que el PRD, junto con Convergencia y el PT, ha sostenido que la rechazarán porque la consideran violatoria de las garantías individuales.


Emilio Gamboa, coordinador de la fracción del PRI, dijo que a pesar de la oposición perredista, la reforma será aprobada con la aceptación de los cateos.

La minuta devuelta por el Senado ya fue recibida en San Lázaro para su análisis y estudio, o en el remoto caso modificación. El texto, que en primera instancia fue aprobado por la Cámara de Diputados, incluido un sector importante de perredistas, contiene los cambios al Código Penal que ahora son motivo de debate, pues se contempla acortar el espacio a las libertades individuales, incluso familiares, al otorgarse facultades discrecionales a los policías para ingresar a hogares e inmuebles sin orden de cateo.

Posteriormente, los diputados enviaron al Senado la reforma aprobada la misma que llegó a Xicoténcalt como minuta, donde los legisladores de ese órgano incluyeron cambios al texto original lo que implicó desde entonces que en San Lázaro ya no se pueda reincidir en cambiar su contenido porque si fuera este el caso, el trámite legislativo quedaría invalidado.

De tal forma la minuta que será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia será objeto de análisis por sus integrantes que no deberán incluir una sola coma al texto, pues si fuera así se destinaría al archivo muerto.


En ese escenario, Emilio Gamboa, dijo al diario La Jornada que el martes 19 de febrero el pleno en San Lázaro conocerá, en primera lectura, el contenido de la minuta, y dos días después, el 21 del mismo mes se someterá en segunda lectura para conseguir la aprobación de la misma.

Foro Contra la Reforma Judicial

Frente Nacional Contra la Represión


El Frente Nacional Contra la Represión hace una invitación abierta a participar en el Foro Contra la Reforma Judicial, que tendrá lugar el próximo lunes 11 de febrero, en el Salón Zona C de los Cristales en la Cámara de Diputados (junto al restaurante Ávila), edificio G (por la entrada principal), en el cual se promoverá y enriquecerá el posicionamiento del FNCR respecto a la reciente iniciativa de reforma judicial, con la siguiente orden del día:

Posicionamiento del FNCR ante la iniciativa de reforma judicial.

Comentarios y aportaciones

Iniciativas del FNCR para leyes de amnistía

i. Ley Federal

ii. Prototipo para Leyes Estatales


Nota. Los asistentes deberán llevar identificación oficial para ingresar a la Cámara de Diputados.

A continuación, compartimos el documento base que ha consensuado el FNCR.


LA REFORMA JUDICIAL Y DE SEGURIDAD NACIONAL


La Reforma Judicial y de Seguridad Nacional significa en el contexto nacional una trasgresión a la ley y la justicia, ya que busca elevar a rango constitucional la violación de derechos humanos elementales y establecer un régimen de excepción en contra de cualquier ciudadano que sea considerado como sospechoso o clasificado dentro del concepto de delincuencia organizada y sabemos que para estar dentro de este rango, solo basta con la reunión de tres personas, con lo cual nadie puede estar a salvo ni siquiera en su casa.


Y habría que aclarar que esta Reforma Constitucional en materia penal viene construyéndose desde hace varios años, por lo cual los legisladores de ambas cámaras sabían de su existencia, hace más de un año Calderón la mando para su conocimiento como Ley de la neutralidad
a la par con la Ley contra el Terrorismo, y los legisladores de todos los partidos en lugar de recurrir a la difusión y sociabilización de esta ley y buscar en base a figuras jurídicas que ya existían como el plebiscito y el referéndum , mecanismos para que la sociedad civil participara, y definiera la defensa de las garantías individuales ya consagradas en la constitución, dichas leyes se guardaron como material secreto, sabiendo el carácter regresivo de estas reformas, que anulando por ello mismo derechos constitucionales en los que se protegen las libertades sociales, políticas, civiles, y favoreciendo de facto un Estado policiaco, que deja al descubierto y sin ninguna protección la salvaguarda del hogar, la familia, los bienes y pertenencias de los ciudadanos, amen de la criminalización de la lucha social.


Los artículos reformados son los siguientes:

Al artículo 16 se le adiciona un décimo párrafo y dice: La autoridad judicial, tratándose de delincuencia organizada (que sabemos que únicamente basta con tres personas para considerarse delincuencia organizada) podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale y podrá decretarse arraigo de una persona hasta por 40 días, con las nuevas disposiciones el arraigo podrá prorrogarse hasta por 80 días.

Esta modificación violenta la fracción II del artículo 20 que a letra dice: El inculpado "No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación por tortura. La confesión rendida ante cualquier tipo de autoridad o el juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio".

La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio, "cuando exista amenaza actual o inminente a la vida, a la integridad física de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esta persiguiendo al inculpado". Con estas reformas el allanamiento de morada sin orden judicial se esta elevando a rango constitucional, con ello los ciudadanos ya no se podrán proteger contra los abusos de autoridad, ni ampararse de ninguna forma.

"Se prevén como herramientas especiales en materias de investigación de la delincuencia organizada las órdenes de arraigo, los cateos, las intervenciones telefónicas y de comunicaciones privadas". Se eleva el espionaje y la intervención en la intimidad y privacidad de los ciudadanos a rango constitucional.

Las comunicaciones privadas que eran consideradas inviolables y en las cuales las leyes sancionaban cualquIer acto que atentara en contra de la libertad y privacidad de las mismas, hoy se le agrega, "excepto cuando estas sean aportadas de forma voluntaria por algunos de los
particulares que participen en ella". el juez valorara el alcance de ellas siempre y cuando tengan información en relación con la comisión del delito. Con esta reforma se favorece la delación, la traición y el inculpar a inocentes, y luego agrega para contradecirse. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Articulo 18. Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración en la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no se aceptara en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieren medidas especiales de seguridad, esta medida violenta los preceptos ratificados en el Derechos Internacional y la fracción II del artículo 20 que a letra dice: El inculpado "No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación por tortura. La confesión rendida ante cualquier tipo de autoridad o el juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio."

Otro agregado a este artículo es: "Que la ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos de materia de delincuencia organizada".

Una lectura simple, rápida y sencilla, nos permite entender que esta modificación constitucional busca favorecer la política de la delación, la traición y en muchos a casos el acusar a quien se les antoje de delitos que no cometieron.

Artículo 21. Se le dará a los policías la facultad de investigación, detención, allanamiento de morada en el ejercicio de sus funciones, estas competencias y facultades ya están en funciones, violentando la constitución, los derechos humanos y creando en consecuencia un Estado de excepción que no debería de existir, así como lo demuestran, los casos de Atenco, Oaxaca, Chiapas, Sicartsa, Ayotzinapa, etc. hoy todas estas atrocidades e infamias las están convirtiendo en ley constitucional, este agregado que ironía esta en las garantías individuales y por su mismo carácter represivo las elimina, les da a los policías y militares disfrazados de estos un poder infinito.

En el artículo 22. Se declara la extinción de dominio: "No se considerara confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas de impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivado de la comisión de un delito. Tampoco se considerara confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del articulo 109, la aplicación de los bienes confiscados a favor del estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni las de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto de sentencia".

En lenguaje común la extinción del dominio implica el arrebato de tus bienes, propiedades y pertenencias, sin que seas considerado culpable y sentenciado por ningún delito, bastando que se te considere presunto responsable de delincuencia organizada.


En síntesis:

1. Se pretende elevar a nivel constitucional las graves violaciones a las garantías individuales y derechos humanos, que ya se han materializado en la hasta inconstitucional Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada y . . .

… además se legaliza el hasta hoy inconstitucional régimen de exterminio que existía ya en los Centros de Readaptación Social.

Así con estas Reformas Penales el Estado Mexicano atenta en contra de los derechos civiles que deberían ser irrenunciables con el pretexto de la Seguridad Nacional y la lucha en contra de la violencia organizada, intercambiándola por la libertad sin ninguna vergüenza y entendiéndola como seguridad únicamente para las elites en el poder. La Reforma dice también que se podrá arraigar o incomunicar a un delincuente hasta por 80 días; con esta modificaciones constitucionales y su manera de ver la delincuencia, se le da carta abierta a las autoridades para violentar los derechos humanos de cualquier ciudadano, pudiéndolo obligar a declarar lo que ellos quieran (amenazándolo como bien sabemos con su familia, o amedrentándolo con la tortura y el aislamiento con todo lo que ello implica).

Esta Reforma Judicial y de Seguridad Nacional es mas grave que la llamada Ley Antiterrorista o Acta Patriótica de George Bush, ley que ya pudo ser impugnada y frenada parcialmente, ya que el Acta Patriótica solo es una ley más, supeditada a la Constitución Estadounidense y no una Reforma Constitucional, como las Reformas Penales Constitucionales en nuestro país, que no podrán ser impugnadas, ya que no hay posibilidad de ampararse ante ellas.

La Nueva Reforma Judicial y de Seguridad Nacional forma parte de las leyes que se crean y promueven en nuestro país para eliminar derechos humanos fundamentales que deberían ser irrenunciables, con estas se podrán violar los derechos humanos de cualquier persona a cualquier hora y en cualquier lugar, de tal manera que nadie se podrá sentir seguro y a salvo ni siquiera en su propia casa.

Por otra parte los policías y militares adquieren autoridades y competencias ilimitadas, amen de la corrupción que ya existe en estos cuerpos, estas modificaciones fomentaran la barbarie, el salvajismo y el abuso, favoreciendo, aumentando y convirtiendo en ley, elevada a rango constitucional la impunidad de que ya gozan estos cuerpos represivos y dándole un poder que ninguna institución, poder o autoridad debe tener. De esta manera los golpes de Estado en contra de la democracia se llevan a cabo de manera simulada, invisible y ilenciosa. Por un lado el golpe blanco por medio de la ley en las dos Cámaras, como en el Chile de Salvador Allende en los años 70, y, por otro, el golpe militar con la salida del ejército a las calles, realizando funciones que le corresponden a la policía y eso que todavía no se aprueban las Reformas Penales.

Es por ello que nosotros proponemos que los cuerpos represivos del Estado sean eliminados, ya que hay otras formas alternativas de gobierno, de convivencia y de coexistencia pacífica, tenemos como ejemplo sin salir de nuestro país a las comunidades zapatistas, a las policías comunitarias emanadas del pueblo en Guerrero, Morelos y en Oaxaca a los topiles.

Habría que mencionar que en este contexto el Estado ha tenido un carácter represivo en la forma de responder a los movimientos sociales como bien lo muestra el haber transitado de la represión selectiva y en la sombra en los 70s a la represión masiva y abierta que marca nuestro presente, los ejemplos son: Atenco, Oaxaca, San Luis Potosí, Zimapan, Ayotzinapa, Sicartsa, Pasta de Conchos, Cananea y que quede claro que quienes cometen estas atrocidades gozan de toda la impunidad y protección del régimen , y ahora con la Reforma Judicial ni siquiera tendremos la posibilidad de que sean juzgados por sus crimines, dentro de esta caracterización entran: Ulises Ruiz Ortiz, Zeferino Torreblanca, Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chon, Juan Sabines, Mario Marín, Marcelo de los Santos, José Reyes Reza, Nazar Haro, Luis Echeverría, Lázaro Cárdenas Batel, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Ramírez Acuña, Medina Mora, Wilfredo Robles, Elba Esther Gordillo, etc, con la anuencia y complicidad de Felipe Calderón, además de los que ya murieron sin dar cuenta de las infamias cometidas.

En esta lógica del poder la represión y la violación de los derechos humanos se vuelve norma en el territorio nacional y hoy con esta Reforma Jurídica la transforman en ley constitucional, sin importar el partido que gobierne en los distintos estados, municipios y regiones del país, así un gobierno ilegitimo y débil como el de Calderón tienen que inventar enemigos, internalizar el miedo y por medio de los escenarios de histeria que trasmiten los medios justificar la militarización del país, situación que recrudece y generaliza la violencia, y para prueba solo basta un botón: Calderón cerro su primer año de mandato con 2600 ejecuciones, con decenas de desaparecidos políticos, asesinados, cientos de luchadores sociales encarcelados injustamente y miles de reprimidos y torturados en formas inenarrables por los organismos policíacos y militares que actúan bajo sus ordenes y por la misma debilidad e ilegitimidad de su gobierno lanza como decreto presidencial que los militares permanecerán en las calles hasta el 2012.

Y si nosotros permitimos que estas reformas pasen con el pretexto de
a guerra contra el terrorismo (que en nuestro país ni existe) y la guerra contra el narcotráfico, ellos sellaran la alianza mas peligrosa de criminales: los paramilitares, los militares, la ultraderecha y el gobierno, los cuales se quieren convertir en mecanismos de control de la voluntad popular, lo que se significa y sintetiza en la práctica en un monstruo de mil cabezas.

En síntesis a las autoridades de los tres poderes del Estado Mexicano se les olvida que el pueblo les confirió a ellos un mandato y que están obligados a hacer respetar los derechos y garantías individuales que le confieren protección, cobijo y salvaguardo al pueblo, así como las leyes que los beneficien y les ayuden al desarrollo integral de sus capacidades, dándoles la posibilidad de una vida sana y feliz, por lo cual en el momento que cualquiera vulnere o traicione este mandato, según lo dispuesto en el artículo 39 podrán ser revocados.

Por estas razones consideramos que esta Reforma Judicial y de Seguridad Nacional debe ser frenada en su totalidad, porque pone en riesgo la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas, así como la tranquilidad y cobijo que les debe de dar su hogar. Conminamos a los legisladores a reflexionar en su postura sobre esta reforma judicial y a, los ciudadanos a movilizarnos y construir la legalidad, con iniciativas de ley surgidas del pueblo, con el uso de figuras jurídicas como el referéndum y el plebiscito, para no solo derogar esta ley, sino la ley contra el terrorismo y todas las leyes que disfrazadas de Reformas Estructurales han sido elaboradas con el fin de arrebatarnos nuestros recursos naturales y estratégicos para entregarlos al extranjeros, así como para eliminar derechos laborales y sociales que han sido producto de la luchas sociales y consagradas en la Constitución de 1917.

Por todo lo anteriormente expuesto pediremos la intervención de la Comisión Interamericana para derogar la Reforma Penal, ya que el Derecho Internacional en su marco jurídico plantea: Que no se puede retroceder en los beneficios y los derechos humanos que establecen las constituciones o las legislaciones de los países del mundo.

Tiempos legislativos: desde el martes 5 de febrero el PRD pedirá suspensión, se podría discutir el día 12, hacer el Foro antes de ese día, hay posibilidades de tener un tercio si vota todo el PRD, el PT, Convergencia y con otros 8 votos , ya que se necesitan técnicamente 159.

Manifestación y marcha por la Ley de Amnistía y en contra de la Reforma Penal el día 19 de febrero Libertad de los presos políticos y de los desaparecidos, ley de Amnistía y en contra Reforma Penal.

Círculo de estudios Coapa "Ley Gestapo" Jaime Avilés

Fotos:Jorge "Pinturitas resistente" Comité CahUAMero
Audio:Germinal RadioAMLO

HOY CIRCULO DE ESTUDIOS COAPA

EL CIRCULO DE ESTUDIOS COAPA

INVITA

A LA CONFERENCIA SOBRE
"LA REFORMA JUDICIAL"
(" MEJOR CONOCIDA COMO "LEY GESTAPO" )
CON EL PERIODISTA Y ESCRITOR JAIME AVILÉS.


TE ESPERAMOS ESTE JUEVES 7 DE FEBRERO A LAS 19 HRS.

AUDITORIO "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN" DE LA SUBDELEGACIÓN DE VILLA COAPA.(REGISTRO CIVIL).

CANAL DE MIRAMONTES #3755, ESQ. CÁRCAMO Y PROL. DIV. DEL NORTE, JUNTO A LA GLORIETA DE VAQUERITOS.


ENTRADA LIBRE.


circulocoapa@gmail.com

circulo.coapa@yahoo.com.mx

ISA Servicio informativo núm. 294

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 294


Sumario:


I. La reforma judicial es más grave que la ley antiterrorista o “Acta Patriótica” de George Bush. Pronunciamiento del Frente Nacional Contra la Represion

II. Corte: recuento de agravios, por Alejandro Encinas Rodríguez


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LA REFORMA JUDICIAL ES MÁS GRAVE QUE LA LEY ANTITERRORISTA O “ACTA PATRIÓTICA” DE GEORGE BUSH. PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESION


El Frente Nacional contra la represión denuncia ante la comunidad nacional e internacional que nuestro Congreso de la Unión esta a punto de convertir a nuestra nación en un Estado Policiaco, por medio de una Reforma Judicial y de Seguridad Nacional, impulsada por Felipe Calderón. Con unos cuantos remiendos de los legisladores, esta ley elimina garantías individuales, Acuerdos y Tratados Internacionales, dejando al ciudadano común en un estado de completa indefensión, en relación a sus derechos humanos fundamentales.


A partir de la modificación del artículo 16 de la Constitución que a letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Al respecto el FNCR aclara que la modificación a este artículo elimina la obligación de que policías y militares presenten órdenes de aprehensión o de cateo otorgadas por la autoridad competente.


Y la fracción II del Artículo 20 que a letra dice: El inculpado “No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio”.


Con ello el Estado Mexicano atenta en contra de derechos civiles que deberían ser irrenunciables con el pretexto de la seguridad nacional. La reforma dice también que se podrá arraigar a un presunto delincuente hasta por 80 días, con estas modificaciones constitucionales se les da carta abierta a las autoridades para violentar los derechos humanos de cualquiera de los ciudadanos.


Con estas reformas constitucionales se esta suprimiendo la presunción de inocencia que de por si no existía en nuestro marco jurídico.


El FNCR denuncia que esta Reforma Judicial es más grave aún que la llamada ley antiterrorista o “Acta Patriótica” de George Bush, en Estados Unidos, ley que ya pudo ser impugnada y frenada parcialmente. El “Acta Patriótica” es una ley más, supeditada a la Constitución estadounidense y no una reforma constitucional, que no sería impugnable, como es el caso de la reforma judicial en México.


El FNCR denuncia a los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, y así mismo a los 44 diputados del PRD, quienes votaron “a conciencia” a favor de la reforma, entre ellos Javier González Garza, Ruth Zavaleta, Raymundo Cárdenas, Rutilio Escandón, Mónica Fernández, Juan N. Guerra, Andrés Lozano, Faustino Soto, David Mendoza Arellano, Susana Monreal, Rubén Montalvo Rojas, Miguel Ángel Navarro Quintero, Pablo Trejo, etc., También el FNCR denuncia públicamente a los legisladores que estuvieron en la elaboración de los remiendos en lugar de buscar una figura jurídica, como el referéndum o el plebiscito, para llevar a votación del pueblo cualquier transformación constitucional que afecte derechos civiles y garantías individuales, como Tomas Torres y Cristina del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Lo anterior demuestra que los partidos en el poder se han enquistado, creciendo como un cáncer, y hoy serán responsables de los atropellos e injusticias que por medio de esta ley se llevan a cabo. Hoy, han traicionado al pueblo que voto por ellos, y no hay nada que justifique tal traición.


La nueva reforma judicial y de seguridad nacional forma parte de la serie de leyes que se crean y promueven en nuestro país para eliminar derechos sociales, civiles y políticos que deberían ser irrenunciables: La ley contra el terrorismo, la ley de la neutralidad, que buscan eliminar la obligación de que una autoridad competente gire las órdenes para detener, allanar, etc. Y que hoy a la luz de estas transformaciones se podrán violar los derechos humanos de cualquier persona, a cualquier hora y en cualquier lugar, de tal manera que no se podrán sentir seguros y a salvo ni en su propia casa. Por otra parte, se les dara a los policías y militares competencias ilimitadas, amen de la corrupción que existe en estos cuerpos, lo cual fomentara la barbarie, el salvajismo y el abuso, favoreciendo y aumentando la impunidad de que ya gozan y dándoles un poder que ningún cuerpo represivo del Estado debe tener, es más ni siquiera deben de existir los cuerpos represivos. Así los golpes de Estado en contra de la democracia se llevan a cabo de manera simulada e invisible. Por un lado el golpe blanco por medio de la ley, como en el Chile de Salvador Allende, en los 70, y, por otro, el golpe militar con la salida del ejército a las calles, realizando funciones de seguridad que pertenecen a la policía.



En este contexto el Estado ha tenido un carácter represor en la forma de responder a los movimientos sociales, como bien lo muestra el haber transitado, de la represión selectiva y en la sombra, en los 70s, a la represión masiva y abierta que marca nuestro presente, los ejemplos son, Atenco, Oaxaca, Zimapán, Ayotzinapa, etc. Y quienes cometen estas atrocidades, gozan de toda la impunidad y protección del régimen: Ulises Ruiz Ortiz, Zeferino Torreblanca, Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chon, Juan Sabines, Mario Marín, Marcelo de los Santos, José Reyes Reza, Nazar Haro, Luis Echeverría, Lázaro Cárdenas Batel, Ramírez Acuña, Medina Mora, Elba Esther Gordillo, con la complicidad y anuencia de Felipe Calderón.


En la actualidad, Calderón, representa un gobierno ilegitimo y débil, situación que recrudece y generaliza la violencia, ya que en su primer año de mandato cierra con 2600 ejecuciones, cientos de encarcelados injustamente y miles de luchadores sociales reprimidos en forma brutal y salvaje por la organismos militares y policíacas que actúan bajo sus ordenes y que por esas mismas características de debilidad: militariza al país. En esta lógica del poder, la represión y la violación de los derechos humanos se vuelve norma en el territorio nacional, sin importar el partido que gobierne en los distintos estados, municipios, regiones del país.

A las autoridades de los tres poderes del Estado Mexicano se les olvida que el pueblo les confirió a ellos el mandato y que están obligados a hacer respetar todas aquellos derechos civiles, sociales y políticos que les beneficien y les ayuden al desarrollo integral de sus capacidades, dándoles la posibilidad de una vida sana y feliz, por lo cual en el momento que cualquiera de los poderes traicione y vulnere este mandato podrá ser revocado según los dispuesto en el artículo 39 constitucional


Por estas razones, el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) considera que esta Reforma Judicial debe ser frenada en su totalidad, porque pone en riesgo la integridad física y la seguridad de las personas, así como la tranquilidad y cobijo que les debe de brindar su hogar Conminamos a los legisladores a reflexionar en su postura sobre esta Reforma Judicial y de Seguridad Nacional y a los ciudadanos a movilizarnos y construir la legalidad de figuras jurídicas como el referéndum y el plebiscito para revocarlos del mandato con defender los derechos humanos del pueblo o para en su defecto impugnar esta ley.

¡Alto total a la reforma judicial!
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
¡Libertad, libertad a los presos por luchar!
¡Sin justicia no hay paz!
¡No al allanamiento de morada!


El Frente Nacional Contra la Represión


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CORTE: RECUENTO DE AGRAVIOS
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Universal el 18 de diciembre de 2007)



2007 marcará uno de los años en que el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejará mucho que cuestionar.


Los agravios cometidos en algunas de sus resoluciones dejan en indefensión garantías fundamentales que la Constitución otorga a los mexicanos y permiten la impunidad en el ejercicio del poder.


Cuando se vislumbraba un ejercicio autónomo del máximo órgano encargado de impartir justicia, por ejemplo, al haber declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Radio y Televisión, la mayoría del pleno de la Corte privilegia a los hombres del poder.


La resolución en torno al caso Lydia Cacho implica una lamentable violación a la libertad de expresión y, por ende, la implícita negación del ejercicio periodístico en México. Representa un claro ejemplo de la privatización de la justicia y de la complicidad indecible entre autoridades políticas y judiciales.


Cabe recordar que el Congreso de la Unión envió una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de su facultad de interpretación de la ley determinara si existió algún hecho que constituyera una violación grave a las garantías individuales de la periodista.


El caso era particularmente grave, se trataba de actos cometidos en agravio de una periodista que tenían trascendencia social. Presumiblemente en Puebla se vulneraba el estado de derecho dada la intervención del gobernador para que el Poder Judicial de esa entidad ordenara la aprehensión de la periodista, aplicando una suerte de justicia transestatal. Los indicios señalaban además que durante el traslado de la periodista de Cancún a Puebla los agentes de la policía judicial que la capturaron la sometieron a tortura sicológica y le causaron aflicción física.


Lamentablemente, tras un escabroso proceso, el Poder Judicial federal determinó que no hubo violación grave a las garantías individuales de Lydia Cacho. Determinación que representa un atentado no sólo contra los derechos humanos de una periodista, sino una mordaza a los mismos, y que exhibe además la interconexión entre corrupción, violencia y poder, pues resulta paradigmática la relación simbiótica entre el poder político y el poder económico.


No es la primera resolución de esta naturaleza, basta recordar la exoneración a Óscar Espinosa Villareal, con relación a la utilización del erario público para el pago de facturas de comunicación del entonces Departamento del Distrito Federal.


Desde el punto de vista penal, Espinosa Villareal fue condenado, no solamente por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sino por los jueces federales que le negaron el amparo y protección de la justicia federal.


Sin embargo y sin lógica jurídica alguna, la Corte atrajo el caso y resolvió un recurso que correspondía tramitarse ante un Tribunal Colegiado, exonerando totalmente y otorgando a Espinosa Villareal una patente de corso, al apoyarse en el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y al establecer en la sentencia que de ninguna forma las autoridades locales podían sujetar nuevamente a Óscar Espinosa Villareal a juicio alguno derivado de su actuar como jefe del Departamento del Distrito Federal.


A estos casos se suma a una lista de agravios, como sucedió con el fallo a favor del anatocismo que permite a los banqueros cobrar a particulares intereses sobre intereses; el caso Aguas Blancas; Acteal; la impunidad que se ha otorgado a Ulises Ruiz en Oaxaca, y los escándalos que enfrentan los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde el inicio de su gestión son cuestionados por la presunta corrupción en la adquisición de inmuebles para ese organismo o el posible soborno a algunos de sus miembros para ratificar el registro del candidato del PRI al gobierno de Baja California.


El Poder Judicial de la Federación debe ser el guardián de la Constitución, el protector de los derechos y garantías fundamentales, manteniendo el equilibrio que requiere un estado de derecho.


Cabe reconocer que si bien estas decisiones han sido adoptadas por el pleno de la Corte y algunos ministros se han comportando a la altura de su investidura, se requiere que la Corte asuma su responsabilidad fundamental: impartir justicia.



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