Ciudad de México, 1 de junio de 2008
Servicio informativo núm. 436
Sumario:
I. Con los recursos provenientes de la industria petrolera se integra 40 por ciento del presupuesto nacional. López Obrador llama a la comunidad mexiquense a tomar conciencia sobre la importancia de defender el petróleo
II. La demagogia es la hipocresía del progreso, por Mario Di Costanzo
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CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA SE INTEGRA 40 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO NACIONAL. LÓPEZ OBRADOR LLAMA A LA COMUNIDAD MEXIQUENSE A TOMAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE DEFENDER EL PETRÓLEO
México no tendría recursos para construir escuelas y hospitales, ni para pagar los salarios de los maestros, ni las pensiones del personal jubilado, si se arrebata el petróleo a la nación y se entrega a compañías transnacionales, alertó Andrés Manuel López Obrador al cerrar su programa de reuniones de esta semana destinado a impulsar la organizción en todo el país de las brigadas en defensa del petróleo.
Desde el municipio de Tultepec, en el estado de México, el presidente legítimo de México aclró: “Con los recursos provenientes de la industria petrolera se integra 40 por ciento del presupuesto nacional, a pesar de la corrupción y del desbarajuste en las finanzas de Petróleos Mexicanos. Las obras de introducción de agua, drenaje y energía eléctrica no se realizarían y se cancelaría la posibilidad de desarrollo nacional si se permite que la derecha panista entregue el patrimonio y los recursos naturales a particulares”.
En las asambleas informativas de este domingo con brigadistas de los Comités en Defensa del Petróleo de los municipios de Atizapán, Cuautitlán, Tultepec, Coacalco y Tultitlán, López Obrador afirmó que México ya no tendría en sentido estricto un presidente de la República, sino un gerente o un empleado de las multinacionales si los legisladores del PRI y del PAN aprueban la denominada reforma energética.
En consecuencia, señaló, “México se convertiría en una colonia o un Estado asociado y perdería condición de nación libre, soberana e independiente. Entonces, sería el acabose, sería una situación grave, no tendríamos porvenir, no tendríamos futuro”.
En el encuentro que sostuvo con los brigadistas de Atizapán, llamó a la comunidad del Estado de México a tomar conciencia sobre la importancia de defender el petróleo y de explicar a la gente de que hasta el momento no han arrojado ningún beneficio las privatizaciones de aproximadamente mil empresas públicas realizadas en los últimos 25 años.
“Los únicos favorecidos han sido los grandes capitalistas, los potentados”, expresó al resaltar que el capital extranjero no pagaría los impuestos que actualmente paga Pemex y la mayoría de la población enfrentaría una mayor pobreza, un mayor abandono y una mayor violencia e inseguridad.
Acompañado por representantes de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista y de la secretaria del Estado del Bienestar de su gabinete, Martha Elvia Pérez Bejarano, el dirigente de la izquierda mexicana afirmó que la ola de violencia no se resolverá con nuevas cárceles, con nuevos policías y soldados, ni con amenazas de mano dura, ni con leyes más severas.
“Para abatir los niveles de inseguridad, se requiere garantizar el bienestar de la mayoría de las familias mexicanas y garantizar oportunidades de empleo y de estudio para miles de jóvenes, en vez de orillarlos a las conductas antisociales”, propuso.
En respuesta a una denuncia ciudadana, mencionó que el presidente municipal Gonzalo Alarcón Bárcenas —de extracción panista— pretende donar un predio de varias hectáreas, con un valor estimado en 120 millones de pesos, al Tecnológico de Monterrey, en lugar de vender ese terreno y de ocupar los recursos captados para la construcción, ampliación y mejoramiento de los planteles educativos públicos.
El alcalde cuenta con el apoyo del diputado local del PAN, Francisco Garate Chapa, quien funge como representante legal del Tec en el proceso de donación de dicho espacio físico que se ubica en la llamada zona Esmeralda.
Posteriormente, López Obrador se reunió con los brigadistas de Cuautitlán Izcalli. En esta localidad se refirió al abandono en que se encuentra el campo, al grado de que los campesinos ni siquiera tienen recursos para comprar fertilizantes, debido a la política antipopular y entreguista que se aplica en nuestro país desde hace 25 años.
En lugar de entregar apoyos a los productores nacionales, “el presidente pelele, Felipe Calderón, optó por abrir las fronteras para la libre importación de granos básicos, precisamente cuando hay una crisis mundial de alimentos. Hasta hace unos años, México era autosuficiente en frijol y arroz, pero ahora sólo produce 35 por ciento del consumo nacional”, agregó.
Tanto en Cuautitlán Izcalli como en Tultepec y Coacalco, el presidente legítimo de los mexicanos retomó el tema de la privatización del petróleo. “Por el afán de lucro, las empresas multinacionales no darán mantenimiento a la red de ductos de petróleo y de gas natural y el territorio nacional correría el riesgo de convertirse en una bomba de tiempo”, advirtió.
Mientras los brigadistas gritaban una y otra vez: ¡el petróleo no se vende, se defiende! , López Obrador aseguró que el petróleo no se encuentra en aguas profundas, ni hay hasta el momento ningún estudio de exploración que lo acredité y el mencionado recurso está en aguas someras y en tierra.
En Tultepec, la capital nacional de la pirotecnia, López Obrador estuvo acompañado por el presidente municipal, Sergio Luna. En el mensaje que dirigió a los brigadistas de la comunidad, mostró copias fotostáticas de los recibos de dos niños que contribuyeron económicamente para el pago de las indemnizaciones a las empresas petroleras extranjeras que resultaron afectadas con la expropiación petrolera de 1938.
Subrayó que la propuesta de reforma de Calderón es anticonstitucional, porque cede soberanía al permitir que controversias entre el país y compañías extranjeras se resuelvan en tribunales internacionales.
Ante los integrantes de la brigada “Heberto Castillo” de Cuautitlán Izcalli, abordó nuevamente las alzas sufridas a los productos de consumo básico y puso de ejemplo el caso de la tortilla, cuyo precio por kilogramo paso de 6 a 12 pesos en tan sólo 18 meses de gestión calderonista.
Tanto en Coacalco, como Tutltilán, López Obrador explicó que Calderón propone en su iniciativa que el Consejo de Administración de Pemex esté integrado por 15 ciudadanos, 10 de los cuales él mismo los nombraría y los 5 restantes serían designados por el líder sindical, Carlos Romero Deschamps.
“Pero eso no es todo —puntualizó—, los 15 miembros del Consejo de Administración de Pemex tendrían poder absoluto, estarían sujetos a un régimen de excepción y de privilegios y gozarían de protección jurídica, mediante la contratación de seguros y fianzas en caso de que cometan una irregularidad o un acto de corrupción. En suma, se trata de legalizar la impunidad, porque a los consejeros no se les podría hacer nada, ni se les podría tocar con el pétalo de una rosa”, declaró.
En Tultitlán, el presidente legítimo de México reiteró que se debe garantizar mínimos de bienestar, así como oportunidades de empleo y de estudio, “si queremos vivir en paz”.
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LA DEMAGOGIA ES LA HIPOCRESÍA DEL PROGRESO
por Mario Di Costanzo
secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México
(publicado en La Jornada el 1 de junio de 2008)
Ahora resulta que 15 meses después de que Andrés Manuel López Obrador advirtiera de la necesidad de establecer un programa para defender la economía popular frente a la carestía, Felipe Calderón anunció un plan para apoyar la economía de las familias más pobres del país y al mismo tiempo garantizar el abasto de alimentos básicos para la economía.
Sin embargo, es conveniente advertir que su propuesta es demagógica e ineficiente, por lo que resultará totalmente ineficaz para revertir el deterioro del nivel de vida de la población y en especial de los grupos más vulnerables.
Para corroborar lo anterior basta mencionar que el plan anunciado por Calderón es sólo un resumen de lo que se ha venido haciendo desde que estallara hace más de un año la llamada “crisis del maíz y la tortilla”; es decir, los “eruditos” diseñadores de este plan pretenden solucionar el problema del abasto y del precio de los alimentos, permitiendo la entrada de mayores importaciones de los mismos.
¿Qué acaso no saben que una parte del problema es que el precio de los alimentos se ha incrementado en el resto del mundo y que por más que se “abran las fronteras” compraremos comida cara en el exterior?
Por esa misma razón, López Obrador propuso desde el 29 de enero de 2007 que la solución debía ser de fondo y centrarse en aumentar la producción, con base en una mayor productividad, en programas de apoyo a productores, inversiones públicas y la adopción de una estrategia moderna de mediano y largo plazo, para recuperar la autosuficiencia en la producción de alimentos, y con ello estar razonablemente protegidos ante los aumentos de los precios internacionales, cuyas causas escapan a nuestro control.
Resulta insultante que ahora le preocupe a Calderón el incremento en el costo de los fertilizantes y que hace dos semanas haya “cerrado” operaciones –por no ser rentable– la petroquímica de Cosoleacaque, que era la única planta en el país que producía amoníaco, el principal insumo para la elaboración de fertilizantes.
Pero la demagogia de su programa alcanza su punto máximo con el incremento de 120 pesos en el apoyo que hasta ahora es de 535 pesos al mes y que se otorga a 5 millones de familias mediante el programa Oportunidades: en primer lugar, porque el apoyo otorgado, con todo y el incremento (655 pesos mensuales), sigue siendo inferior al Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores que implementó López Obrador durante su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal a las personas de la tercera edad.
Es mezquino, ya que el incremento de 120 pesos a cada beneficiario del programa Oportunidades representa un costo adicional de sólo 600 millones de pesos mensuales, cuando las finanzas públicas al mes de marzo del presente año registraron un superávit (es decir, más ingresos que gastos) por 100 mil millones de pesos.
Es una aceptación tácita de que el costo de la vida se ha incrementado, en lo que va del año, en más de 22 por ciento y no en 4.5 por ciento como lo establece el Banco de México, ya que el incremento de 120 pesos representa apenas 22 por ciento más de lo que hasta ahora reciben estas personas.
Vuelve a ser mentiroso cuando señala que “el gobierno federal seguirá realizando un esfuerzo para evitar el aumento del precio de los energéticos y para ello se destinarán casi 200 mil millones de pesos, que provienen de los recursos excedentes derivados del mayor precio del petróleo”.
En este punto, y en particular en el tema de la gasolina, Calderón vuelve a decir medias verdades, ya que actualmente el costo promedio de la gasolina en Estados Unidos es de 3.78 dólares por galón, lo que significa que un litro de gasolina en la Unión Americana cuesta aproximadamente un dólar: luego entonces, un barril de gasolina (a precio de gasolinera) cuesta 159 dólares.
Por ello, si asumimos que por máximo (dado que estamos tomando un valor de gasolinera) el costo de importación para México de un barril de gasolina es de 159 dólares por barril y de acuerdo con Pemex al mes de abril se habían importado 38 millones 64 mil barriles de gasolina, el gasto en importación fue de 65 mil 19 millones de pesos, pero a este total tenemos que descontarle los ingresos que obtuvo Pemex por la venta de esa gasolina importada, puesto que la vende en el mercado nacional: en virtud de que el precio promedio de venta de la gasolina que importa Pemex (Magna y Premium) es de 8 pesos, es decir 0.73 centavos de dólar, se puede decir que Pemex recupera 116 dólares por cada barril que importa, o dicho de otra manera, “que el subsidio neto actual por cada barril de petróleo importado es de 42.9 dólares”.
Lo cual implica que durante los cuatro primeros meses del año, el subsidio neto total a la importación de gasolina fue de 17 mil 555 millones de pesos, cifra que representa 34 por ciento de los excedentes petroleros, que se ubicaron en 51 mil 500 millones de pesos.
Finalmente, quiero mencionar que como respuesta a mi colaboración anterior, se recibió en este periódico una carta enviada por la oficina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en la que señalaba entre otras cosas que no había pruebas o evidencias de que durante la reprivatización de los bancos hubiesen existido irregularidades o tráfico de influencias.
En razón de lo anterior, no me queda más que invitar al ex presidente a debatir públicamente sobre este asunto, sin que esto sea un tema de “política ficción”.
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