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jueves, 28 de agosto de 2008

Constitucional, la ley de aborto en el DF, dictamina la SCJN

Por 8 votos a 3, los ministros consideraron infundada la acción de inconstitucionalidad. La reforma capitalina, dictaminaron, no violenta el derecho a la vida ni principios de aplicación de la ley.

La Jornada On Line y Jesús Aranda
Publicado: 28/08/2008 13:11

México, DF. Al ratificar su intención resolutiva, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron por mayoría de ocho votos contra tres declarar "parcialmente procedente e infundada la acción de inconstitucionalidad" sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal dentro de las primeras 12 semanas de gestación, tal como lo establecieron las reformas a Ley de Salud y del Código Penal de la ciudad de México, en abril de 2007.

Con tal resolución se determinó finalmente que no se violenta el derecho a la vida ni tampoco los principios de exacta aplicación de la ley en cuestión. Dicha normatividad obliga al Gobierno del Distrito Federal a establecer las condiciones de gratuidad y sanidad necesarias para cumplir con lo que en particular establece.

Luego de que el ministro promovente del proyecto del dictamen Sergio Salvador Aguirre expusiera sus elementos ante la sesión en pleno, los once ministros emitieron su voto final, aunque desde el lunes pasado cada uno de ellos, en su turno, fue manifestando su postura sobre el particular.

Al estimar "suficientemente discutido" el punto, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, instruyó a cada uno de los magistrados a emitir su intención de voto, toda vez que el pronunciamiento final se daría hasta haber agotado el séptimo y último punto a discutir, enfocado al planteamiento de violación al principio de certidumbre y exacta aplicación de la ley penal.

Una vez agotada esa discusión, Ortiz Mayagoitia también declaró el sobreseimiento del artículo 148 del Código Penal del DF y del 16 de la Ley de Salud local y reconoció la validez de la ley impugnada en su momento por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De esta manera, los pronunciamientos siguieron la tendencia ya establecida desde ayer al concluir la sesión del martes. Los ministros que se dijeron en contra del proyecto son José Ramón Cossío Díaz, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva,

Quienes apoyaron el proyecto fueron Arturo Azuela Huitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Luego de la declaratoria, el presidente de la SCJN dijo que esto representa un "antes y un después" en
razón de sus efectos jurídicos y sociales que son innegables.

Ortiz Mayagoitia sostuvo que en la discusión de este asunto quedó demostrada la seriedad y transparencia con que se abordó el caso; asimismo, destacó la madurez con la que la sociedad mexicana encausó sus opiniones “en forma ordenada, responsable y seria, evitando manifestaciones o expresiones violentas o ruidosas”

jueves, 20 de diciembre de 2007

[RCP] ¿Hacia qué lado deben estar los escudos?

De la Lámpara de Diógenes:
El pasado viernes catorce de diciembre los elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SSP-GDF) retuvieron cerca de cuatro horas a miembros de la resistencia civil pacífica, que se manifestaban pacíficamente en contra de la presencia del presidente usurpador, durante el Informe Anual de Labores del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Ha sido práctica usual del Estado Mayor Presidencial (EMP) en lo que va del espuriato, hacer que las fuerzas públicas locales sean las que repriman a los ciudadanos. En el caso del Gobierno del Distrito Federal la situación es aun más compleja: el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal es designado por el presidente de la República en turno. Por otro lado, durante cualquier operativo en el que interviene el EMP, la SSP-GDF recibe las órdenes directamente del mando del EMP a cargo. Estas órdenes son acatadas por los mandos de la SSP-GDF sin importar que se violen derechos básicos de los ciudadanos del Distrito Federal.

Para Joel Ortega, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del D.F. es preferible recibir quejas de que se encapsula a los manifestantes, a que se tengan fricciones con el EMP que tendrían otras consecuencias. Él afirma: "Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo y no queremos que se crispen ánimos con el Estado Mayor; nosotros tomamos las determinaciones, la decisión de encapsularlos es nuestra, y la tomo frecuentemente cuando hay posibilidad de riesgo". (20/12/2007 La Crónica "Es deber de la SSP contener manifestaciones: Ortega".)

Ni con el maldito pétalo de una rosa



Video de como los granaderos de la SSP
del GDF reprimen a manifestantes de la RCP. (21 min.)

Ver en Google Video.


Desde su llegada frente al edificio de la SCJN, Gerardo Fernández Noroña fue rodeado por elementos de la SSP-GDF. Al llegar más miembros de la resistencia civil pacífica a la esquina de la avenida Pino Suárez y la calle Venustiano Carranza un nuevo cordón los encapsuló concéntricamente.




Alrededor de la una de la tarde, un convoy semejante a los que acostumbra emplear el presidente espurio para transportarse a Palacio Nacional hizo su arribo a la puerta lateral del edificio de la SCJN. La resistencia civil pacífica aprovechó y recordó a las personas a bordo que el usurpador se había robado la presidencia de la república. Minutos más tarde, otro convoy idéntico arribó de la misma manera que el anterior. De nuevo los miembros de la resistencia civil pacífica tuvieron la oportunidad de increpar a los tripulantes.

Pero no fue hasta el arribo del tercer convoy, idéntico a sus predecesores, que el presidente espurio realmente llegó a la cita. Con gran rapidez un par de camionetas fueron colocadas en escuadra en la esquina de la avenida Pino Suárez y la calle Venustiano Carranza, de manera de impedir la visión hacia la entrada del edificio de la SCJN. Por tercera ocasión los gritos de "¡espurio, espurio!" resonaron en la calle mientras la pequeña figura del usurpador caminaba rápidamente hacia las metálicas puertas del recinto.




La resistencia civil pacífica intentó acercarse a la esquina, para quedar más cerca de la avenida Pino Suárez, pero los granaderos de la SSP-GDF los repelieron haciendo uso de sus escudos y varios de ellos repartiendo patadas. Por varios minutos la lucha continuó hasta que fueron empujados varios metros hacia atrás.

Ya había pasado más de hora y media y los granaderos de la SSP-GDF se mantenían reteniendo a los miembros de la resistencia civil pacífica que permanecía encapsulada en la estrecha banqueta de la calle de Venustiano Carranza. A nombre de los ciudadanos retenidos, Fernández Noroña presentó un ultimatum: o en cinco minutos se dejaba ir a la resistencia civil pacífica o los varones de la resistencia civil pacífica se orinarían sobre los escudos de los granaderos como acto de protesta por la violación a sus garantías constitucionales de libre tránsito y expresión de las ideas.

Algunos granaderos reaccionaron violentamente intentando evitar ser orinados. Sus superiores les ordenaban se mantuvieran quietos, "aguantando". Las órdenes que el EMP había girado a la SSP-GDF eran cumplidas a costa del ridículo: un triple cinturón de granaderos de la SSP-GDF rodeaban con sus escudos a los manifestantes. Por más esfuerzos que Fernández Noroña y otros miembros de la resistencia civil pacífica hicieron para empujar la primera línea de escudos fue inútil.

Ya para estos momentos, los granaderos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que habían estado desde temprano en las cercanía de la esquina de la avenida Pino Suárez con la calle de Uruguay, habían rodeado a las fuerzas de la SSP-GDF, manteniendo retenes sobre la banqueta sobre la avenida Pino Suárez, a unos quince metros de donde se encontraba la resistencia "encapsulada".



Varios de los mandos de la SSP-GDF comentaban soluciones posibles a la situación. Finalmente se le presentó a Gerardo Fernández Noroña la opción de ser sacados del lugar en la "burbuja móvil", como se hizo el pasado 1 de diciembre. La opción fue rechazada por indigna. Se volvió a exigir que se nos dejara ir libremente, pero no fue aceptada por el mando del EMP.



Finalmente a las tres de la tarde se le presentó a los mandos de la SSP-GDF el siguiente ultimatum: si en cinco minutos no se les dejaba ir, la resistencia civil pacífica iba a intentar hacerlo como diera lugar.



Y efectivamente, después de cinco minutos varios miembros de la resistencia civil pacífica, haciendo uso nada más de su determinación en salir del cerco, fueron empujando, jalando, metiéndose entre los escudos de los sudorosos granaderos hasta llegar a unos centímetros de la esquina con la avenida Pino Suárez. Durante estos dramáticos momentos hubo varios incidentes violentos en los que algunos granaderos agredieron a los manifestantes, ante esto sus mandos enérgicos, les ordenaban: "¡tranquilo, usted nada más simplemente aguanta!".





Una nueva negociación de la SSP-GDF con el EMP logró conseguir que se permitiera salir a los miembros de la resistencia civil pacífica del "encapsulamiento", pero sólo para dirigirse frente al edificio del Gobierno del Distrito Federal para dar por terminada la protesta.

Mientras la resistencia civil pacífica salía triunfante del encierro, rápidamente los elementos del EMP reacomodaban las eternas vallas metálicas para impedir que algunos ciudadanos intentaran ahora colarse, en contra sentido de la circulación de la avenida Pino Suárez, y lograran acercarse al edificio de la SCJN.



Para terminar la protesta, ya frente al edificio del Gobierno del Distrito Federal y antes de cantar el himno nacional, se convocó a la clausura simbólica de las instalaciones de la SSP-GDF como protesta al comportamiento represivo de los mandos del operativo.

¿Hacía qué lado deben estar los escudos?

Que si las órdenes de "encapsular" a la resistencia civil pacífica son de orgullosa autoria de Joel Ortega y la SSP-GDF o no, no está a discusión. Lo que queda muy claro es lo "eficiente" que es la SSP-GDF para evitar que "tengan fricciones con el EMP", a costa de la violación de los derechos de libre tránsito y de manifestación.

Tal vez la orden de "encapsular", reteniendo a los manifestantes en contra de su voluntad, no provenga del EMP, pero seguro que de sus mandos sí proviene la instrucción a la SSP-GDF de que ni se vea ni se escuche la protesta. Según lo que se puede observar en otras acciones de "encapsulamiento" tanto en las protestas del día 2 septiembre frente al Zócalo, el 27 de septiembre a un costado del Palacio de las Bellas Artes, en el hotel Camino Real, el 10 de octubre, el 18 de octubre frente a la sede del Senado, el 5 de noviembre frente al Palacio Nacional y el 1 de diciembre en la avenida 20 de Noviembre, tienen por objeto impedir que el presidente usurpador vea o escuche las protestas de la resistencia civil pacífica, neutralizando los grupos de manifestantes y bloqueando con tablas, autobuses de pasajeros, camionetas, bocinas, camiones con equipos de sonido o con los escudos de granaderos la protesta de la mirada y oídos del espurio.

Pero hay otro punto a consideración: los granaderos de la PFP. Tanto en la acción del 1 de diciembre como ahora se ve claro que la PFP está lista para actuar en contra de los manifestantes si es que la SSP-GDF flaquea de alguna manera en su intento por impedir que la resistencia civil pacífica salga del "encapsulamiento". Las palabras de Joel Ortega pueden ser un lacónico eufemismo cuando habla de "crispar los ánimos" del EMP.

¿Qué pasa si la resistencia civil pacífica queda "expuesta" directamente a las fuerzas federales al "escapar" del "encapsulamiento" de la SSP-GDF? La respuesta puede estar en lo que les sucedió a los miembros de la resistencia civil pacífica que se encontraban en la esquina de la calle Venustiano Carranza y la avenida Pino Suárez el pasado día primero de diciembre y que fueron violentamente desalojados por los elementos del EMP y de la PFP.

Si es cierto lo que dice Joel Ortega, entonces, ¿hacía qué lado deben estar los escudos de los granaderos de la SSP-GDF?


Muchas más fotografías en la Lámpara de Diógenes.

domingo, 16 de diciembre de 2007

VIDEO: "La marcha de los niños"

De la Lámpara de Diógenes:
La "marcha de los niños", en la que algunas docenas de menores de edad acompañados de sus padres y varios centenares de ciudadanos se manifestaron en contra de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, finalizó frente al recinto de la Avenida Pino Suárez. Ahí eran esperados por varias personas más, entre ellas Elena Poniatowska y la ex fiscal de delitos contra las mujeres Alicia Elena Pérez Duarte.

Después de que Jesusa Rodríguez y varios ciudadanos más hicieron uso de la palabra para dejar claro su repudio al fallo de la corte en el caso de Mario Marín y Lydia Cacho, un par de niñas rociaron con cognac barato las imágenes de los magistrados que habían sido recargadas contra las metálicas puertas del edificio.

Posteriormente, primero los niños y luego los adultos, arrojaron huevos contra las puertas y paredes del edificio de la SCJN:

martes, 4 de diciembre de 2007

Sepultando la Corte

Ciudad de México, 30 de noviembre.- Con la decisión de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, se demuestra la impunidad que existe en el país. El viernes pasado, inmediatamente después de dichas resoluciones que agraviaron, aun más, a la periodista Lydia Cacho, Jesusa Rodríguez y la resistencia civil pacífica convocaron y se reunieron ese mismo día a las seis de la tarde, para un acto de protesta a las puertas de la susodicha institución e increpar a los magistrados -“el mal olor que despide la Corte abarca todo el país. Es una vergüenza para todos los mexicanos que hayan tomado una decisión tramposa y corrupta en este caso”- dijo enfática la actriz.






Posteriormente, junto con las viudas de la justicia, literalmente comenzaron a “sepultar” la entrada e invitar a todos los ciudadanos indignados por esta resolución, que va en contra de las garantías individuales de los mexicanos, a continuar con la protesta el día martes 4 de diciembre y hacerle saber a Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia , Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls Hernández que son una vergüenza para la institución que representan.






“Si la suprema corte (así, con minúsculas) sepultó los agravios contra Lydia Cacho, sepultemos nosotros a la suprema corte.”

Jesusa Rodríguez


La cita es hoy, martes 4 de diciembre a las cuatro de la tarde en la puerta de la suprema corte (Pino Suárez y Plaza de la Constitución.) Metro Zócalo, línea 2

Nota: Se solicita que lleven costales, bolsas o camiones de tierra y velas o lo que cada quien pueda.

viernes, 30 de noviembre de 2007

ISA Servicio informativo núm. 275

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2007
Servicio informativo núm. 275

Sumario:


I. No es cierto que la CFE cuente con autorización para continuar con La Parota, afirma el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota


II. La Corte una vergüenza para México, por absolver a Marín como responsable de violar las garantías de Lydia Cacho: AMLO


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NO ES CIERTO QUE LA CFE CUENTE CON AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR CON LA PAROTA, AFIRMA EL CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PAROTA


Frente a las más recientes declaraciones públicas que hizo el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan desmintieron hoy que el gobierno federal y estatal cuenten con autorización alguna para poner en marcha el proyecto hidroeléctrico La Parota.


Las organizaciones citadas consideraron no apegadas a la verdad y lamentables las afirmaciones de Elías Ayub, “porque a la fecha la paraestatal no ha ganado ningún juicio relacionado con la presa; contrario a ello, existen siete resoluciones emitidas por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y jueces de distrito con residencia en Acapulco, que explícitamente impiden al gobierno federal y estatal continuar con el proyecto”, afirmaron.


Al abundar en los detalles sobre lo que se considera un intento gubernamental de dar un golpe mediático sin apego a la realidad, el CECOP señaló que por lo que toca al juicio de amparo 879/2007 que en materia de aguas y ambiental interpuso el CECOP con la asesoría del CEMDA “es pertinente aclarar que el mismo sigue en trámite, pues está pendiente por resolverse el recurso de revisión de amparo frente al Tribunal Colegiado de Circuito. Más aún, mediante la admisión del recurso de revisión señalado sigue vigente la suspensión definitiva otorgada por la jueza octava de Distrito, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, lo cual constituye una muestra irrefutable de que carecen de veracidad y sustento las declaraciones de Elías Ayub”.


Las organizaciones opositoras al proyecto hidroeléctrico de La Parota evidenciaron la mentira que encierran las declaraciones triunfalistas del gobierno federal al recapitular las siete resoluciones judiciales que en materia agraria ha emitido el TUA protegiendo los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los ejidos de La Palma, Los Huajes y Dos Arroyos son los siguientes:


· 447/2005 relativo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 23 de agosto del año 2005, por la cual supuestamente el núcleo agrario aceptó la expropiación de sus tierras.

· 72/2006 relativo al ejido de Los Huajes y en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 27 de diciembre del año 2005, por la cual supuestamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.

· 73/2006 relativo al ejido de Dos Arroyos, en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 16 de diciembre del año 2005, por la cual presuntamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.

· 74/2006 relativo al ejido La Palma y en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 27 de diciembre del año 2005, por la cual supuestamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.


Asimismo, CECOP, CEMDA y Tlachinollan señalaron la existencia de los siguientes juicios de amparo ventilados ante el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Acapulco y que ha ganado el CECOP:


· 638/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de Los Huajes y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.

· 637/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de Dos Arroyos y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.

· 821/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de La Palma y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.


“Las siete resoluciones enlistadas son de suma relevancia porque, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley Agraria, es indispensable que las asambleas comunales y ejidales brinden su anuencia para que sus tierras puedan ser ocupadas con motivo de una expropiación. Es decir, en tanto los núcleos agrarios que serían afectados por la presa hidroeléctrica no den su consentimiento para que les arrebaten sus tierras, es imposible que les expropien y que continúe el proyecto”, subrayaron.


Al detallar la real situación jurídica que guarda el conflicto, las organizaciones declarantes indicaron que las cuatro primeras resoluciones dan cuenta en primer lugar de que el gobierno federal y el estatal de manera ilegal pretendieron imponer la presa La Parota mediante asambleas en donde incluso aparece que personas difuntas dieron su anuencia para que las despojaran de sus tierras. En segundo lugar, al ser declaradas nulas las asambleas, implica que la CFE no cuenta con la autorización que legalmente requiere la Ley Agraria para poner en marcha el proyecto hidroeléctrico.


Las otras tres resoluciones, que en materia de amparo se emitieron a favor de los núcleos agrarios de La Palma, Dos Arroyos y Los Huajes, son contundentes en términos de establecer tajantemente el impedimento de la CFE para ingresar a los territorios ejidales a efectuar acciones ni preparativas, ni ejecutorias del proyecto hidroeléctrico La Parota.


“Es importante hacer énfasis en que las siete resoluciones dan protección legal a los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los ejidos de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma, los cuales representan 63 por ciento de la tierra que el gobierno utilizaría para poner en marcha la presa hidroeléctrica. En este sentido, es claro que existe una mayoría opositora al proyecto que detenta la mayor parte de las tierras que serían afectadas por el proyecto”, aseveró el CECOP.


Aunado a estos datos, el 12 de agosto del 2007, el núcleo de Cacahuatepec (el más grande y el de mayor población de los territorios proyectados por la CFE para la presa, sitio donde se planea edificar la cortina), celebró una asamblea en la que una evidente mayoría de los asistentes (más de tres mil), votaron contra la construcción de La Parota, una vez que escucharon los argumentos a favor de la obra por parte de funcionarios de la CFE, entre ellos el director de Inversión Financiada, Eugenio Laris Alanís, quien manifestó ante el pleno de la asamblea que sería respetuoso de la decisión de los campesinos. Ante la CFE, la voluntad de los habitantes de Cacahuatepec fue rechazar la hidroeléctrica.


“Es por eso que si la CFE pretende iniciar la construcción de la presa, estaría incurriendo en un grave desacato al mandato del TUA y pisoteando el marco jurídico, a la vez que vulneraría la voluntad de los pueblos que se oponen a La Parota porque es una obra que viola los derechos humanos de las comunidades”, precisaron.


Por todo ello, el CECOP, CEMDA y Tlachinollan reiteraron nuesustra preocupación ante el las declaraciones de Elías Ayub, “pues tergiversan el carácter del fallo de la juez octava de Distrito en Acapulco y pretende hacer de esta resolución el argumento para que la CFE ingrese a las comunidades para construir la hidroeléctrica La Parota, aún sabiendo que legalmente no le está permitido”.


Finalmente, los opositores a La Parota exigieron al gobierno federal, estatal y a la CFE “el respeto pleno y absoluto de la voluntad de las comunidades que han manifestado su rechazo a la presa La Parota, así como el respeto de los fallos emitidos por los tribunales y las resoluciones judiciales que han prohibido la construcción de la hidroeléctrica, pues de lo contrario, tanto la CFE, como el gobierno federal y estatal, siguen dando el mensaje de que apuestan por una salida violenta, que en los hechos sería la de imponer por la vía de la fuerza el proyecto, sabiendo que los campesinos del CECOP están dispuestos a defender sus tierras”.


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LA CORTE UNA VERGÜENZA PARA MÉXICO, POR ABSOLVER A MARÍN COMO RESPONSABLE DE VIOLAR LAS GARANTÍAS DE LYDIA CACHO: AMLO


La Suprema Corte de Justicia representa una vergüenza para la Nación y su resolución de exonerar al “góber tramposo” Mario Marín como responsable de violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho viene a confirmar que el pleno de ministros está al servicio de los poderosos, de los potentados del país, afirmó Andrés Manuel López Obrador, durante el inicio de su gira semanal, esta vez por los estados de México y Quintana Roo.


“La absolución de Marín —destacó el presidente legítimo de México— ratifica que las instituciones responsables de impartir justicia están al servicio de una minoría rapaz y de que es urgente un cambio real, de fondo, de todas las instituciones públicas”.


El caso de referencia fue motivo para que López Obrador declarara nuevamente: “Al diablo con sus instituciones” e informó que millones de mexicanos trabajan en la construcción de una nueva República, la cuarta en la historia nacional. “Es una muestra más de que las instituciones están al servicio de los poderosos y, por ello, hay que construir una nueva legalidad y una nueva República, para instituir un cambio verdadero en el país”, subrayó.


Antes, en Tenango del Aire, aseguró que nunca reconocerá a las autoridades que surgieron del fraude electoral de 2006, a casi un año de que Felipe Calderón usurpara la Presidencia de la República. Por eso “dijimos: es un gobierno usurpador y Calderón es un presidente espurio, un presidente ilegal e ilegítimo”, puntualizó. Al respecto, López Obrador aseveró: “para que no se abriguen esperanzas en ese sentido, nunca vamos nosotros a reconocer a Calderón como presidente de México, porque para nosotros siempre va a ser un usurpador”. Ante los habitantes del municipio, indicó que “en un año, el presidente espurio sólo se ha dedicado a aumentar los precios de la canasta básica, como son el pollo, la leche, el huevo, la tortilla, y ahora pretende incrementar las tarifas de la gasolina y el diesel”.


En Juchitepec de Mariano, denunció que en enero “el gobierno del pelele dará tres fuertes golpes a la economía popular: habrá libre importación de fríjol y maíz, como parte del Tratado de Libre Comercio; aumentarán los precios de la gasolina y el diesel, y se impondrá la reforma fiscal, que representa el cobro de más impuestos para los pobres y las clases medias de México”.


Por ello, el presidente legítimo de los mexicanos hizo un llamado a los mexiquenses para “manifestar sus inconformidades con las medidas que pretende aplicar el presidente pelele y una forma de hacerlo es colocar cartulinas en el exterior de los domicilios particulares con las leyendas: ¡no al gasolizano! ¡no al aumento de impuestos! y ¡no a la libre importación de maíz y fríjol!”


En el mismo tenor, advirtió a las autoridades espurias: “no vamos a quedarnos con los brazos cruzados y vamos a defender la economía de millones de mexicanos. Es necesario transformar la política económica del país, porque desde hace 25 años no hay crecimiento económico y, si no hay crecimiento económico, no hay empleos; tampoco hay apoyo a las actividades productivas y los jóvenes tienen que abandonar su país”.


Indicó que se puede mejorar la situación del país si se distribuye con justicia el presupuesto del pueblo y se impulsan las actividades productivas, “no como ahora que 70 por ciento del presupuesto se utiliza para pagar los sueldos de los altos funcionarios del gobierno espurio. Además —explicó—, es un hecho vergonzoso que los ex presidentes reciban una pensión de 5 millones de pesos cada mes, porque no es posible que haya un gobierno rico, con pueblo pobre”.


Frente a los habitantes de Juchitepec de Mariano, el presidente legítimo de México expresó que “el gobierno usurpador quiere entregar el petróleo a extranjeros, como lo han venido haciendo las anteriores administraciones neoliberales con los ferrocarriles, los bancos y las minas. Actualmente —detalló—, el gobierno espurio ya ha avanzado mucho en la privatización de la industria eléctrica y prueba de ello es que 31 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país la generan empresas privadas”.


“La Comisión Federal de Electricidad —explicó— se ha dedicado a comprar la energía eléctrica a empresas privadas y ello provocó que las hidroeléctricas públicas de Tabasco no pudieran generar energía y las autoridades estatales abrieran las compuertas de la presa Peñitas, para expulsar 2 millones de litros de agua por segundo de agua durante tres días, lo cual provocó una inundación en Villahermosa y en municipios colindantes”.


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