Por Ángel Torres
Tráfico de influencias
Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación en el gabinete de cómplices del espurio que arrebató la titularidad del Poder Ejecutivo Federal a Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, ha sido exhibido con pruebas contundentes e irrefutables que lo vinculan, por lo menos, en el tráfico de influencias.
Al respecto, la nota del diario El Universal publicada el 28 de febrero de 2008, con crédito de Ricardo Gómez y Andrea Merlos, informa: “Andrés Manuel López Obrador entregó a legisladores documentos en los cuales Pemex y Transportes Especializados Ivancar acordaron convenios de prestación de servicios.”
La misma nota añade: “En los contratos aparece la firma de Juan Camilo Mouriño; Iván, para sus más cercanos”, lo que pone en evidencia el tráfico de influencias. Los contratos fueron firmados por Mouriño, como apoderado general de la empresa Ivancar, el 20 de diciembre de 2002, el 1 de septiembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2003.
“En esas fechas Mouriño era asesor del entonces secretario de Energía (el hoy usurpador del cargo de Presidente de la República), señala la información y agrega: “Antes, en la Legislatura 57, fue presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. En 2004 fue subsecretario de Electricidad.”
Así queda acreditado que Mouriño Terrazo firmó esos convenios, como apoderado general de su empresa con Petróleos Mexicanos, cuando era legislador federal o funcionario público, hecho evidentemente ilícito. A mayor abundamiento, la información hemerográfica destaca:
“Los documentos entregados por López Obrador incluyen acta notariada del 25 de febrero de 1997 en Campeche, en que se constituye el Grupo Energético de Sureste de la familia Mouriño, con Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, administrador, además del propio Juan Camilo, María de los Angeles Terrazo Blanco, Carlos Mouriño Terrazo y María de los Angeles Mouriño Terrazos.”
Las pruebas
Entre las pruebas ofrecidas por el presidente legítimo de México, se encuentra el convenio G11-00142-01-2004 al igual que otros dos instrumentos contractuales. Al inicio de ese documento se lee:
“Convenio de Prestación de Servicios de Transporte Terrestre por autotanque para la aplicación de Transporte dedicado, que celebran por una parte Pemex-Refinación, representado por el ingeniero Jesús Villarreal Gallegos en su carácter de gerente de transporte terrestre, a quien en lo sucesivo se le denominará, “Pemex-refinación” y por la otra la empresa transportista “Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., representada por el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general a quien en lo sucesivo se le denominará el “transportista”, al tenor de las siguientes declaraciones."
Para tratar de refutar las pruebas aportadas por el presidente legítimo de México, Mouriño Terrazo mal hilvanó un pobre discurso, tan endeble como su moral, en el que calificó de “mezquino y doloso” el actuar de López Obrador, pero en ningún momento rechazó la autenticidad de los documentos que lo involucran en tráfico de influencias.
La reacción de la opinión pública puede apreciarse en el editorial de El Universal que en su titular afirma: “‘Iván’ nos debe una explicación” y en una de sus partes indica: “Va a ser muy difícil demostrar que no hay un conflicto de intereses en esta operación”.
Más adelante, el citado editorial, razona:
“El contubernio de poder y negocios, la corrupción, deben ya ser extirpados de nuestra vida pública. No es posible que cada nuevo sexenio la situación parezca empeorar, en lugar de ser saneada, y de hecho hasta ahora hemos visto sólo cambios de partido, de grupos y de personas, no de hábitos.”
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