UAM: que termine la huelga
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Hoy hace ya cuatro semanas que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) está en huelga.
La difícil relación entre el sindicato de trabajadores y la autoridad universitaria ha estorbado aun el comienzo de conversaciones, que apenas en esta semana se encauzaron a la búsqueda de una solución que ponga fin a la ya prolongada suspensión de labores.
Ésta ha generado costos académicos que deben cesar, según clamor creciente de profesores y estudiantes, núcleo de la actividad universitaria que está ausente de las negociaciones salariales y de la relación laboral en la UAM.
Un problema que dificulta la negociación en instituciones como la UAM es que junto con los motivos legales de un emplazamiento a huelga, el sindicato enarbola posiciones políticas a que tiene pleno derecho, pero que son irresolubles en el trato laboral, que se constriñe a la fijación de las condiciones de trabajo, incluido su remuneración.
Al explicar el 18 de febrero por qué están en huelga los trabajadores, el comité respectivo enumera en cinco apartados una decena de razones, de las que en rigor estricto sólo un par son atendibles a la luz del derecho laboral en que se basa una suspensión de trabajos como la que está en curso.
Es legítimo que los representantes sindicales mantengan un credo y denuncien al autoritarismo del Estado “que impone topes salariales e impide una remuneración salarial de acuerdo con las necesidades económicas de los trabajadores” y que luchen “por recuperar el poder adquisitivo... que hoy tiene un rezago salarial superior al 35%” respecto al de hace 10 años, y que hagan saber que “el 99% de los trabajadores administrativos tiene un sueldo base que va de dos a cuatro salarios mínimos generales; que el salario de profesionales con licenciatura y algunos con posgrado o especialidad no rebasan los cuatro salarios mínimos generales”.
Y también es legítimo, como en otra parte lo hacen algunos profesores miembros del Situam, que se contrasten esas remuneraciones con las del personal administrativo de alto nivel, que excede con mucho aquellos montos.
Pero nada de eso es materia de una negociación presionada con una huelga ni se resuelve con ella. Ésta se emplaza y comienza por violaciones al contrato colectivo de trabajo y en pos de un incremento salarial.
La autoridad universitaria ha reconocido algunas de aquellas violaciones y ofrecido enmendarlas tan pronto sea posible.
Por ejemplo, ha habido contratación de empresas que suministran servicios que deben ser prestados por personal sindicalizado debido a la peculiar situación de la unidad Cuajimalpa, que carece de sede propia y no puede establecer con precisión el personal que necesite cuando se haya establecido. Algo semejante ocurre con la contratación de personal académico temporal, que agravia a la organización sindical y a los profesores situados en la precariedad, y que se ha ofrecido ya abordar con seriedad Pasó ya el tiempo en que autoridades universitarias caracterizadas por su autoritarismo e incomprensión de los derechos laborales de su personal propiciaban conflictos interiores con los sindicatos, creando frentes que con disfraz académico demonizaban las reivindicaciones de los trabajadores, y aun la existencia misma de sus agrupaciones.
Pero en un conflicto que se alarga, el cuerpo de profesores e investigadores que no está sindicalizado tiene una palabra que decir, y en este caso lo hace con mesura agradecible. “Si bien es cierto —dicen, por ejemplo, profesores de Cuajimalpa— que consideramos legítima la aspiración de los trabajadores a contar con mejores condiciones de trabajo y una mayor remuneración salarial, también estamos convencidos de que la institución no puede exceder sus posibilidades financieras, más aún si su propuesta ha igualado o superado las de otras universidades que optaron por no ir a la huelga”.
Estos académicos, en concepción que de modo semejante han expresado otros agrupamientos del mismo sector, reparan en la peculiaridad de la UAM y su responsabilidad social: “Estamos seguros de que la mejor defensa de la universidad pública es mantenerla abierta, realizando sus actividades sustantivas, fo- mentando la discusión y el de-bate informados, y formando a los jóvenes profesionales que el país necesita”.
Las autoridades de la UAM dicen haber ofrecido cuanto estaba a su alcance antes del 1 de fe-brero, para impedir la huelga, sin reservarse cartas ocultas.
Por eso no hay nuevas ofertas.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Hoy hace ya cuatro semanas que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) está en huelga.
La difícil relación entre el sindicato de trabajadores y la autoridad universitaria ha estorbado aun el comienzo de conversaciones, que apenas en esta semana se encauzaron a la búsqueda de una solución que ponga fin a la ya prolongada suspensión de labores.
Ésta ha generado costos académicos que deben cesar, según clamor creciente de profesores y estudiantes, núcleo de la actividad universitaria que está ausente de las negociaciones salariales y de la relación laboral en la UAM.
Un problema que dificulta la negociación en instituciones como la UAM es que junto con los motivos legales de un emplazamiento a huelga, el sindicato enarbola posiciones políticas a que tiene pleno derecho, pero que son irresolubles en el trato laboral, que se constriñe a la fijación de las condiciones de trabajo, incluido su remuneración.
Al explicar el 18 de febrero por qué están en huelga los trabajadores, el comité respectivo enumera en cinco apartados una decena de razones, de las que en rigor estricto sólo un par son atendibles a la luz del derecho laboral en que se basa una suspensión de trabajos como la que está en curso.
Es legítimo que los representantes sindicales mantengan un credo y denuncien al autoritarismo del Estado “que impone topes salariales e impide una remuneración salarial de acuerdo con las necesidades económicas de los trabajadores” y que luchen “por recuperar el poder adquisitivo... que hoy tiene un rezago salarial superior al 35%” respecto al de hace 10 años, y que hagan saber que “el 99% de los trabajadores administrativos tiene un sueldo base que va de dos a cuatro salarios mínimos generales; que el salario de profesionales con licenciatura y algunos con posgrado o especialidad no rebasan los cuatro salarios mínimos generales”.
Y también es legítimo, como en otra parte lo hacen algunos profesores miembros del Situam, que se contrasten esas remuneraciones con las del personal administrativo de alto nivel, que excede con mucho aquellos montos.
Pero nada de eso es materia de una negociación presionada con una huelga ni se resuelve con ella. Ésta se emplaza y comienza por violaciones al contrato colectivo de trabajo y en pos de un incremento salarial.
La autoridad universitaria ha reconocido algunas de aquellas violaciones y ofrecido enmendarlas tan pronto sea posible.
Por ejemplo, ha habido contratación de empresas que suministran servicios que deben ser prestados por personal sindicalizado debido a la peculiar situación de la unidad Cuajimalpa, que carece de sede propia y no puede establecer con precisión el personal que necesite cuando se haya establecido. Algo semejante ocurre con la contratación de personal académico temporal, que agravia a la organización sindical y a los profesores situados en la precariedad, y que se ha ofrecido ya abordar con seriedad Pasó ya el tiempo en que autoridades universitarias caracterizadas por su autoritarismo e incomprensión de los derechos laborales de su personal propiciaban conflictos interiores con los sindicatos, creando frentes que con disfraz académico demonizaban las reivindicaciones de los trabajadores, y aun la existencia misma de sus agrupaciones.
Pero en un conflicto que se alarga, el cuerpo de profesores e investigadores que no está sindicalizado tiene una palabra que decir, y en este caso lo hace con mesura agradecible. “Si bien es cierto —dicen, por ejemplo, profesores de Cuajimalpa— que consideramos legítima la aspiración de los trabajadores a contar con mejores condiciones de trabajo y una mayor remuneración salarial, también estamos convencidos de que la institución no puede exceder sus posibilidades financieras, más aún si su propuesta ha igualado o superado las de otras universidades que optaron por no ir a la huelga”.
Estos académicos, en concepción que de modo semejante han expresado otros agrupamientos del mismo sector, reparan en la peculiaridad de la UAM y su responsabilidad social: “Estamos seguros de que la mejor defensa de la universidad pública es mantenerla abierta, realizando sus actividades sustantivas, fo- mentando la discusión y el de-bate informados, y formando a los jóvenes profesionales que el país necesita”.
Las autoridades de la UAM dicen haber ofrecido cuanto estaba a su alcance antes del 1 de fe-brero, para impedir la huelga, sin reservarse cartas ocultas.
Por eso no hay nuevas ofertas.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
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